Mouriño y El Club del Emperador

Varias lecciones pueden extraer los políticos mexicanos de la caída del gobernador neoyorquino, Eliot Spitzer, hundido por debilidades ampliamente explotadas en un entorno electoral

NUEVA YORK.— ¿Un hombre poderoso en pos de su fantasía, que desemboca en una patética pesadilla, es una historia que sólo puede protagonizarse en esta ciudad, o sus ingredientes son fáciles de reconocer en otras realidades, con otros personajes?

La historia del gobernador Eliot Spitzer, quien hoy consumará su renuncia al cargo, ofrece varias lecciones a personajes mexicanos en la cúspide del poder político, como a Juan Camilo Mouriño. Entre otras, sobre cuál es la salida seria para quien traiciona la confianza pública. Consúltese si no, en qué sentido están escritas las toneladas de cartas del público que en estos días han publicado los diarios de esta ciudad.

El obsesivo rastreo que apenas inicia sobre las cuentas bancarias de Spitzer —a fin de conocer si usó fondos públicos en sus aventuras— debería hacer reflexionar a muchos integrantes de la nueva generación de políticos mexicanos, entre ellos a ese encumbrado priísta, soltero codiciado, que recientemente presentó a su nueva pareja en Monterrey durante una cena de postín, ambos recién llegados de vacaciones en Suiza y luciendo relojes recién comprados, con precios imposibles de adquirir con el sueldo del carismático funcionario público: medio millón de pesos entre las dos joyas.

Otra lección: la certeza de que la pugna electoral que ya arranca en Estados Unidos podría estar atrás del mayor escándalo político en una década —desde la saga sexual de Bill Clinton, en 1998—, por lo que nadie puede olvidar que la tarea de los adversarios siempre será buscar la espalda, con el puñal levantado. Y que la única manera de que no se sepa que hiciste algo malo es... no haciéndolo.

La naturaleza humana es la misma; los impulsos desatados por la ambición de poder, dinero, fama o sexo son tan antiguos como el hombre mismo. La película de siempre. Sólo con diferentes actores, otras naciones, epílogos diversos. El final de cada historia depende de la madurez de las sociedades, de la moral reinante. Y del nivel de cinismo que el público puede tolerar en sus gobernantes.

Un ejemplo se expresa en el acelerado aislamiento al que el gobernador dimitente Spitzer estuvo sometido desde el momento en que se descubrió que contrataba prostitutas de lujo a razón de mil dólares por hora. Ofreció disculpas y regresó a la vida privada, donde seguramente perderá su licencia de abogado y vivirá muchas horas negras más, pues su familia aún no se explica por qué este hombre que a sus 49 años lo tenía todo, arrojó su proyecto a la basura para disfrutar los favores de Kristen, una chica sórdida, de 22 años de edad, integrante de una empresa en internet llamada El Club del Emperador.

Los contrastes mexicanos

En México, el sistema funciona de otra manera: Juan Camilo Mouriño fue llevado a la picota por los adversarios políticos de su jefe, el presidente Calderón. Ante la falta que cometió —cuyos alcances aún no conocemos—, se optó por envolverlo en la bandera y él aceptó trasladar el costo de sus actos al régimen y a su partido, cuando ya están casi a la vista los comicios intermedios de 2009.

A mediados de semana, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, daba por tercera vez la cara para aceptar su propia cuota de lodo. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, salía también a defender a Mouriño contra señalamientos que, bien lo sabe don Jesús, desde Los Pinos se atribuyen a infidencias dentro de su propio equipo.

Aún más, la tarde del martes, casi medio gabinete fue alertado de que debía salir al día siguiente a defender a Mouriño al unísono, con mensajes alineados. A este barco debía subirse incluso el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero. Por la noche llegó otra señal: deténganse. Quedaron en suspenso entrevistas en medios electrónicos e impresos. Si existe, el que decide la estrategia general debe entender que en toda guerra, cuando hay orden y luego contraorden, lo que se genera es desorden.

Ni los bebés de brazos dudan en Nueva York que la debacle del demócrata Spitzer será exprimida hasta la última gota por sus adversarios republicanos, encaminados hacia las elecciones generales de noviembre próximo, donde una de las contendientes podría ser la también demócrata Hillary Clinton, curiosamente parte de la clase política de Nueva York, por donde es senadora.

¿Defendió el equipo de la señora Clinton al gobernador en desgracia? Desde luego que no: se apresuró a expresar su apoyo e identificación con quien hoy jurará como nuevo gobernador, David Paterson, el cual por cierto no sólo es negro sino virtualmente ciego, pero lo sostiene un entramado más sólido que cualquier bastón o perro guía.

¿Exculpó la autoridad a Spitzer luego de que anunció su salida del poder? No, al contrario. La Fiscalía federal aclaró que no hubo pacto alguno para que el gobernador se fuera a casa, por lo que éste ya contrató uno de los mejores despachos de abogados especialistas en casos de delitos federales ligados con corrupción política. Investigadores especiales han intervenido las llamadas del gobernador dimitente, rastrearon sus cuentas bancarias, los pagos de sus tarjetas de crédito, los movimientos de sus escoltas, gastos de viaje, y están tratando de determinar si los pagos hechos a prostitutas tienen su origen en dinero público o en donativos de simpatizantes.

En México, no se sabe que Mouriño tenga los servicios de abogado alguno, apoyado como está en el aparato del gobierno mismo, como lo demuestran las fotografías donde el staff presidencial de Los Pinos lo abraza y todos sonríen. ¿De qué o quién se reirán?

Pero en México también la Fiscalía federal, la PGR, tomó ya cartas en el asunto, el cual está en manos del procurador Eduardo Medina Mora, a quien corresponderá determinar si don Juan Camilo tiene o no alguna responsabilidad en el tema de los contratos de la empresa de su familia con Pemex.

Medina Mora mostró, sin embargo, una pobre autonomía el año pasado ante los señalamientos del presunto traficante de seudoefedrina, Zhenli Ye Gon, sobre supuestas complicidades de funcionarios públicos. Antes de investigar, el procurador dijo que la acusación era absurda. Y a casi un año de aquel abril en que se produjo el decomiso de más de 200 millones de dólares, nada más se ha sabido.

No hay razón tampoco para tener confianza en lo que ha hecho al respecto el Congreso. PAN, PRI y Partido Verde son la mano del gato que saca las castañas del fuego, y han montado una farsa de comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que se tambalea desde el primer momento.

Tal vez sea necesario concluir que para avanzar en materia de transparencia de los políticos no podemos contar mucho con los políticos.

Apuntes: ajustes de cuentas en el PRD

• CUANDO concluyan los jaloneos por la elección de presidente nacional del PRD, no pierda de vista lo que ocurrirá en la capital del país. Los dirigentes perredistas Víctor Hugo Círigo y René Arce se han puesto en ruta de colisión tanto con la corriente de Jesús Ortega como con la de Andrés Manuel López Obrador. Se nos asegura que Círigo y Arce buscan una proyección más allá de los límites del DF, y que en este afán huelen ya a leña de otro hogar; con olor a pinos...
• ESTE TEMA no deja de incluir a Cuauhtémoc Cárdenas, quien el jueves muy tempranito abordó un avión en la ciudad de México para salir del país. El ingeniero sigue en la cosecha de los bonos políticos que está generando la manera en que el gobierno maneja el tema de la reforma petrolera.
  
• MARIO MARÍN, gobernador poblano, celebra a su manera que el portal estatal noticioso e-consulta.com, que conduce el periodista Rodolfo Ruiz, haya sido reconocido como el desarrollo periodístico en internet más innovador del país. Marín determinó desatar un boicot contra la mirada independiente de esa iniciativa informativa, que sin embargo se ha consolidado no sólo en el estado sino en Oaxaca y Tlaxcala.

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PRD, frente a la maldición

Con la renovación total de dirigentes, el próximo domingo, el perredismo decidirá entre un relanzamiento o una implosión; no faltará en el proceso la mano negra del PRI y el PAN

Un enfoque simplista ha querido reducir a una intensa batalla interna entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega lo que sucede en el Partido de la Revolución Democrática, y que habrá de resolverse el próximo domingo. Sin embargo, en este juego de vencidas se hallan implicados casi todos los gobernadores del país —sean del partido que sean—, inclinados por una u otra corriente.

No es poco lo que está en disputa. Además de la dirigencia nacional, será conformada toda una nueva geografía del principal polo opositor en México, aglutinado hoy en el PRD, la más importante formación política de izquierda en la historia moderna del país, desde que a principios del siglo pasado nació el Partido Comunista Mexicano.

El domingo el perredismo votará para cubrir más de 25 mil cargos a nivel nacional, estatal, de consejeros y congresistas de partido, entre otros puestos. Hay más de 83 mil candidatos en la lisa, con un padrón superior a los 6.8 millones de electores.

Quienes han seguido día con día el proceso adelantan que ni Encinas ni Ortega lograrán una victoria que les permita desarrollar un liderazgo sin la participación del otro. Y que gane quien gane, cualquiera de ellos tendrá en Andrés Manuel López Obrador y al movimiento social que éste encabeza un factor imposible de ignorar.

Mucho más relevante que quien triunfe será si el PRD logra salir cohesionado en lo básico, o entra en el tobogán que históricamente ha fracturado a la izquierda ya no digamos en corrientes, sino en facciones y sectas que por décadas protagonizaron desprendimientos, acusaciones y guerras de diverso género. La postración que de ello puede resultar mantiene ocupado a más de uno, más allá de las filas perredistas, en el PRI y en el panismo, incluido el gobierno Calderón.

Imagine usted si no será importante la influencia del priísmo, si se sabe que casi la mitad del padrón oficial de votantes se halla asentada en sólo dos entidades federativas: el estado de México y el Distrito Federal. Los respectivos mandatarios, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, han dado señales de inclinarse por uno de los principales oponentes. Así, es un hecho que el mexiquense empeña desde hace meses su peso y recursos en favor de Ortega, mientras que en la capital del país hay un abrumador alineamiento en torno de Encinas.

Más de 1.5 millones de votos —casi la cuarta parte del total— pueden técnicamente surgir del territorio mexiquense, donde es público que Nueva Izquierda, la agrupación formada por Ortega, copa los principales espacios del PRD, como es conocido también que sus principales cuadros, como Higinio Martínez y Horacio Duarte —este último compañero de fórmula de Ortega—, sostienen “relaciones peligrosas” con la casa de gobierno donde despacha Peña Nieto.

Nueva Izquierda es beneficiaria también del entusiasmo de los gobiernos de Ulises Ruiz, en Oaxaca, y de Fidel Herrera, en Veracruz, dos estados que serán claves el próximo domingo.

¿Y qué pasa con los gobernadores del PRD; cuáles son sus afectos, además del ya conocido de Marcelo Ebrard? Apunte usted: después del DF, la entidad con gobierno perredista más relevante por su peso en el padrón es Guerrero, donde Zeferino Torreblanca forma filas en la causa de Ortega Martínez, como también lo hace en Baja California Sur Narciso Agúndez. La zacatecana Amalia García se inclina discretamente por Encinas —antiguo compañero suyo en el Partido Comunista—, mientras que otro actor clave, Leonel Godoy, de Michoacán, ha buscado enviar una señal de neutralidad.

No es el caso de la familia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que apoya a Jesús Ortega, quien colaboró estrechamente en las dos últimas compañas presidenciales del michoacano, en 1994 y en 2000.

El último en el listado de mandatarios llevados al poder por el PRD es Juan Sabines, en Chiapas, entidad que también será pieza importante en la elección. Pero este hombre, de gen priísta, busca mantenerse igualmente al margen.

Los priístas Ney González, en Nayarit, o Miguel Osorio Chong, en Hidalgo, militan también, aunque más discretamente, a favor de Ortega, al parecer como pago a favores recibidos durante comicios locales, donde Nueva Izquierda ha mantenido una posición “transigente”, para decirlo de manera ortodoxa.

¿Y en el Congreso? Carlos Navarrete, uno de los cuadros más sólidos del PRD, es miembro relevante de Nueva Izquierda, por lo que es lógica su filiación orteguista. En la Cámara de Diputados se hila más fino. Ruth Zavaleta, la escénica presidenta en San Lázaro, también es de Nueva Izquierda, pero otros tres personajes han resultado instrumentales en la causa de Ortega: el coordinador Javier González Garza, y —fíjese usted— Alfonso Ramírez Cuéllar y Pablo Gómez. Ramírez, quien formalmente es contrincante de Ortega y Encinas, al parecer sólo hace “bulto” en favor del primero. Pero el gran viraje es el de Gómez, ex miembro del Partido Comunista Mexicano, como Encinas, pero colocado ya en la otra acera.

La “propaganda negra” que ha seguido a ambos candidatos, cada uno con su variante, al parecer tiene firmes asideros. Nueva Izquierda sí se caracteriza por su inclinación a las componendas con gobiernos locales, acaso herencia de aquel Rafael Aguilar Talamantes, fundador del Partido Socialista de los Trabajadores, donde se formó políticamente Ortega.

Encinas, a su vez, carga indeleble el sello de López Obrador, cuya carta de adhesión aportó a su aliado político un repunte de 12% en las preferencias electorales, en los días siguientes a su difusión, de acuerdo con encuestas no publicadas. El otro costal que don Alejandro debe llevar sobre sus espaldas es el de René Bejarano, oficialmente expulsado del PRD, pero que con su esposa, Dolores Padierna, ha llevado a cabo un abierto activismo a favor de aquél.

Ni los más convencidos creen que el enorme padrón perredista tenga sustento real. Por ejemplo, ese registro asigna al Distrito Federal cerca de 1.5 millones de afiliados, pero en la ciudad capital ya ha habido internas del PRD en las que los votos apenas rebasaron los 200 mil.

Bajo todas esas circunstancias llega el PRD a su renovación interna. Deberá surgir unido y eficaz, si desea seguir siendo opción real de poder, y no regresar al papel presencial y de opinión que la izquierda tuvo durante tantos años.

Apuntes: los agravios de Mouriño

• FALTA AÚN por conocer si el escándalo desatado en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, empieza a ceder o encuentra plataforma y argumentos para un nuevo repunte. Lo que hasta ahora debe apuntarse es el pasmo sufrido por el gobierno ante este tema, sólo comparable con la crisis Hildebrando, surgida en el segundo debate por la Presidencia de la República. Más importante que ello es la señal arrojada por sectores del PAN, especialmente en el Congreso y muy en concreto en el Senado, que habían dado ya luz verde para que se formara una comisión investigadora propuesta equívocamente por el Partido de la Revolución Democrática y a la que dio sepultura el priísta Manlio Fabio Beltrones. Hay en ese ámbito algunos panistas resentidos, a los que no costaría trabajo seguirles la pista hasta Manuel Espino —el ex dirigente blanquiazul— y hacia Francisco Ramírez Acuña, el defenestrado secretario de Gobernación, que hubo de ceder su puesto a Mouriño.
  
• UN ENGENDRO de reforma constitucional local se cocina en Querétaro, lo que incluye la desaparición de la Comisión Estatal de Transparencia, al parecer incómoda para el Congreso local y para el gobierno panista. La propuesta, que ignora la letra y el espíritu de la enmienda a la Constitución federal en esta materia, ya fue aprobada en comisiones y está por ser enviada al pleno.
• SUPERA UN MES ya la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde el sindicato es rehén de dos corrientes radicales, la denominada Tribuna Proletaria y otra identificada con el CGH que paralizó a la UNAM en 1999.

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DF: el narco tira la puerta

Un poderoso cártel se asentó ya en la capital; ¿a quién debemos aplaudir por ahuyentar a las mafias de rancherías y abrirles camino hacia la sede de los poderes federales?

Las autoridades han decidido contarnos algunas mentiras sobre la dimensión del peligro que representa que el cártel de Sinaloa, una de las bandas más poderosas del narcotráfico, haya decidido profundizar su presencia en la ciudad de México.

La información disponible no permite suponer que nuestros gobernantes quieran evitarnos angustias adicionales; más bien parece tratarse de una nube para encubrir a quienes, desde cargos públicos, locales y federales, son cómplices de esta mafia.

La explosión del pasado 15 de febrero frente a la sede de la Policía capitalina ha derivado en una historia dominada cada vez más por personajes de quinto nivel, pero la sociedad no ha sido alertada de que, por ejemplo, el explosivo usado fue realmente C-4, controlado por el Ejército. El dato figura en la respectiva averiguación previa y en informes internos de la Secretaría de la Defensa, uno de cuyos equipos fue el que validó la presencia de este explosivo en el lugar.

El procurador de Justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas, difundió el miércoles un balance de sus indagaciones sobre la explosión. Fue pródigo en detalles sobre el grupo de implicados, pero omitió muchas cosas que figuran en expedientes federales y militares. Entre otras, el uso del C-4, la implicación de desertores del Ejército, o la certeza de que quienes llevaron el explosivo ignoraban en realidad lo que estaban haciendo, pues se trataba de un grupo de novatos, ladrones de paca monta y adictos. Y que el enlace de ellos con el narco, Óscar Santoyo El Mosco, logró salir ya del país, junto con su esposa.

No son noticias tranquilizadoras que en los últimos cuatro meses efectivos policiacos y autoridades hayan interceptado en la ciudad —la ocasión más reciente, apenas el pasado día 13— a grupos de operadores del narcotráfico en posesión de arsenales suficientes para librar una guerra.

La mayor parte de los policías de la ciudad, preventivos o judiciales, ignoran que entre las armas decomisadas recientemente se encuentran las muy singulares pistolas 5.7, de manufactura belga, llamadas “matapolicías” porque sus balas podrían perforar hasta tres chalecos como los que usan nuestros guardianes del orden, y después atravesar de lado a lado el cuerpo de un hombre. Este tipo de pistolas se ha puesto de moda entre altos mandos del narco en el país.

Entre otras armas incautadas, figuran rifles capaces de derribar un helicóptero. Y ya le informé aquí detalles sobre los grupos arrestados en enero, cuando supuestamente preparaban un atentado contra José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la PGR y ex zar antidrogas del país.

Esos individuos portaban lanzacohetes o rockets, capaces de perforar el más sofisticado blindaje que haya sido inventado hasta hoy para un automóvil.

Hay otro tema que debe estar inquietando el procurador capitalino, pero también al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. El pasado 26 de enero, Ricardo McGregor, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina, fue enviado a casa en medio de fuertes sospechas de ligas de su gente con el crimen. Fuentes de la Procuraduría General de la República confirmaron a este espacio que existe un expediente abierto en contra del ex funcionario, a quien se la atribuye responsabilidad en al menos siete delitos, por lo que podría ser arrestado en cualquier momento.

Oscuridad en el aeropuerto

Pero también en el ámbito federal deberían prenderse los focos rojos. El punto concreto es el aeropuerto de la capital del país, administrado por el gobierno Calderón a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El aeropuerto es uno de los espacios más disputados por el crimen organizado por ser el punto de trasiego para la llegada y salida de cargamentos de drogas.

Dos jefes de seguridad federal que laboraron en el aeropuerto fueron asesinados en los últimos meses. La terminal aérea concentraba la atención de los operadores del narco Alfredo Beltrán Leyva cuando éste fue detenido el pasado 21 de enero.

Pero mire usted lo que son las cosas. La empresa de origen español Eulen, que inicialmente daba servicios de limpieza, ahora se encarga de la seguridad en todos los “filtros” del aeropuerto —en ambas terminales—, pero fue intervenida por autoridades capitalinas el viernes último, por operar sin los permisos correspondientes desde octubre pasado. Pese a ello, apenas en noviembre funcionarios federales otorgaron a Eulen un nuevo contrato, por más de 300 millones de pesos, para ampliar sus servicios a la polémica Terminal 2. Por ello, esta cuestionable compañía dispone de más de 1 mil 400 empleados en puntos clave de la zona.

Los narcos sinaloenses ya se asentaron en la ciudad capital. Sería ingenuo suponer que aceptarán ser expulsados para regresar a sus rancherías originales, en el noroeste del país. Alguien les mostró el camino hacia la sede de los poderes federales y los dejó entrar. Lo menos que podríamos esperar de nuestras autoridades es que no oculten la verdad ni se vuelvan cómplices de aquellos a los que deberían combatir.

Apuntes: Peña y Ebrard, en la foto

• APARECEN JUNTOS, pero las estrategias de Enrique Peña Nieto, del estado de México, y de Marcelo Ebrard, del DF, han empezado a tomar distancia al mismo ritmo que se acercan las elecciones intermedias del próximo año. Ebrard está analizando un reforzamiento de su equipo cercano, al que se le ve gris y agotado. Esto no lo puede hacer Peña, que repartió su gabinete entre grupos de interés apadrinados por los ex gobernadores. Con vistas en las elecciones intermedias del próximo año, Ebrard puede esperar que el PRD manifestará nuevamente su domino, mientras que Peña y su partido, el PRI, exhiben debilidad en ese ámbito, como lo demuestra su notable minoría en el Congreso local.
• EL SECRETARIO de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dio fe en carne propia de lo que significa salir de Los Pinos a la intemperie, al quedar en el centro de una polémica por acusaciones del PRD de tráfico de influencias, pues supuestamente gestionó contratos de Pemex en beneficio de la empresa paterna Ivancar (denominación formada con un acrónimo de su apelativo, Iván, y el nombre de su hermano, Carlos). El señalamiento había sido hecho desde el fin de semana anterior por Andrés Manuel López Obrador, pero fue convenientemente ocultado por la feria mediática armada por el acoso de perredistas radicales contra los líderes parlamentarios Carlos Navarrete y Javier González Garza.
• LA ESTRATEGIA del gobierno Calderón para la reforma petrolera, que se basó en tener todos los hilos bajo control, quizá debe sufrir ajustes ante el cambio de panorama. La iniciativa presidencial sobre este tema era esperada en el Senado para esta semana que inicia, pero el asunto podría aplazarse dadas las circunstancias.
• ALFREDO ELÍAS AYUB, director de la Comisión Federal de Electricidad, fue luego incorporado por López Obrador a esta cadena de denuncias, al asegurar que la dependencia a su cargo contrató a la española Repsol para la compra multimillonaria de gas, en la que hace de simple intermediaria, pues el energético vendría realmente de Perú.
• JAROCHOS se llevan pesado. La denuncia contra el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, sobre su presunta autopromoción, parece haber sido manufacturada en el palacio de gobierno de Xalapa, donde despacha el gobernador Fidel Herrera, con quien Yunes comparte gran animadversión. Pero el revire parece haberse producido el pasado fin de semana, cuando en las dos principales televisoras apareció el video de la diputada local Dalia Pérez Castañeda, cercana a Herrera, quien protagonizó la picante cinta Chiles xalapeños, con patrocinio del gobierno local.
• LA LEY DE MEDIOS entró nuevamente en el limbo luego de que la Corte determinó —al parecer con estímulo del gobierno— posponer hasta por tres meses el análisis de la solicitud de amparo interpuesto por Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar para entrar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por lo que ya se menciona al segundo de ellos como próximo relevo de Héctor Osuna, actual presidente de ese organismo.

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Poderes: dignidad o castración

Tomó casi un siglo dotar de poder real al Congreso y a la Corte, y crear órganos autónomos como el IFE; sus titulares deben hoy decidir: componenda efímera o un sitio en la historia

En el breve lapso de los siguientes días, los integrantes de la Corte, los miembros del Congreso, el IFE y también el gobierno de Felipe Calderón deberán demostrar no sólo de qué están hechos, sino cuál es su postura sobre el mandato que han recibido.

Esta misma semana, el máximo tribunal de justicia del país discutirá un asunto que mandará al conjunto del aparato institucional una clara señal de cómo comportarse ante los poderosos intereses de las televisoras.

El tema es la demanda de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, quienes reclaman se les restituya el derecho de ser integrantes de la entidad que regula el negocio de las telecomunicaciones —la Cofetel—, a la que no pudieron arribar pese a la designación que en su favor había hecho el Poder Ejecutivo. Ello se debió a una objeción del Senado en la pasada legislatura, presumiblemente doblado por presiones de quienes desean ver a la Cofetel como órgano subordinado a sus instrucciones. La presencia de Del Villar y de Martínez Pous en la Cofetel ayudaría a darle un vuelco en favor de su real independencia.

El ministro ponente para este caso, José de Jesús Gudiño, ha preparado un dictamen que, según observadores cercanos, niega el amparo de la justicia a Del Villar y a Martínez Pous, bajo el argumento de que no pueden reclamar ser instalados en un puesto que nunca ocuparon, lo que si bien puede ser cierto en técnica jurídica y laboral, omite considerar las implicaciones que el tema supone. Es deseable que el ministro Gudiño revise su posición, o que el pleno de sus compañeros vote en sentido contrario a la misma.

Lo que resuelva la Corte será relevante en lo que está ocurriendo en torno a una posible nueva ley de medios, cuyos dilemas le comentaba ya en la pasada entrega de estos Expedientes.

El presidente Calderón tiene ya sobre su escritorio diversos escenarios sobre lo que puede hacer con la Cofetel. De acuerdo con lo acordado por la Corte en junio de 2007 al frenar la también llamada ley Televisa el Ejecutivo puede disponer la reestructuración total de esa entidad.

El Presidente ha recibido acercamientos por parte de los partidos, que le sugieren remover por completo a los actuales consejeros, y repartirse los nuevos nombramientos, como se hizo con el IFE. Pero el gobierno no quiere entrar de nuevo en esa pesadilla ni politizar a un órgano técnico. Su apuesta está echada a favor del eventual amparo para Del Villar y Martínez Pous, que entrarían a la Cofetel. Y luego vendría, sí, el cese de Héctor Osuna Jaime, quien personifica el ejemplo más burdo de la imposición de las televisoras.

Una buena señal surgió el miércoles cuando los promotores principales del recién creado Frente Nacional a favor de una nueva ley de medios hicieron presencia en el Senado y fueron recibidos por el presidente de la Cámara Alta, el panista Santiago Creel, así como por senadores de los principales partidos que discuten este tema.

No sucede lo mismo en San Lázaro, donde los diputados están siendo llamados al redil por gobernadores que han pactado una alianza con las televisoras a cambio de una mal disfrazada promoción personal —violando en forma y espíritu la reforma electoral—. Y en esto no hay distingos partidistas, pues existen reportes de cabildeos por parte de los equipos de mandatarios de todos los colores, como el priísta Enrique Peña Nieto, del estado de México; el perredista Marcelo Ebrard, del DF, y el panista Emilio González, de Jalisco.

En diversos sectores, como le informé ya, se ha tomado nota de que el principal operador en contra de una nueva ley de medios —que acataría las resoluciones de la Corte en esta materia— es el coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa Patrón, quien no sólo ha advertido que una iniciativa en la materia no pasará, sino que, a decir de sectores cercanos, ha estimulado el veto de las televisoras contra los coordinadores de los tres principales partidos, incluso el del suyo, Manlio Fabio Beltrones, cuya añeja alianza con Gamboa parece haber entrado en una etapa de nubarrones.

Próximo reclamo a Mouriño

Esta misma semana, en el Senado se conocerá un informe interno que da cuenta del rigor de la ley del hielo aplicada por los concesionarios de la televisión contra los representantes de un órgano del Estado. En los últimos 100 días, establece tal informe, más de 20 mil noticias han sido difundidas por los dos principales noticiarios de las televisoras. De ese total, Beltrones, Creel y Carlos Navarrete —este último coordinador del PRD— han merecido apenas algunas decenas de “menciones”, lo que no necesariamente supone que su imagen haya salido a cuadro. De esas “menciones”, muchas son simples insultos.

Es previsible que a la luz de este informe el Senado envíe al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una consulta simple: ¿Las concesiones otorgadas por el Estado pueden ser usadas para atacar al propio Estado, en defensa de intereses privados?

Para redondear este ominoso panorama, el nuevo presidente del IFE, Leonardo Valdés, parece aportar todos los días su propia dosis de pusilanimidad. Con el mandato formal de hacer valer la ley en materia electoral, don Leonardo ya sacó del fuego las castañas de los spots no reportados por los partidos. Y ahora se entretiene con el envío de cartas a una larga lista de personalidades públicas.

En sus misiva, Valdés Zurita recuerda a sus destinatarios que la ley electoral fue reformada, transcribe el artículo constitucional enmendado y luego insta con eufemismos al personaje en cuestión —a quien le dice estar “seguro de su compromiso”—, para que “provea lo conducente en el ámbito de sus atribuciones” a fin de que esta ley se cumpla.

Eso es valentía, señores, no tonterías.

Apuntes: Los apuros de la transparencia

• LOS LEGISLADORES están por incurrir en una nueva violación constitucional, por esa extraña moda de poner fecha límite a la creación de nuevas leyes. Así ocurrió con la reforma del Estado, luego con la renovación del IFE y ahora con el tema de la transparencia. La enmienda a la Carta Magna en esta materia establece el 21 de julio como límite para que todas las leyes en este campo cubran un piso mínimo, lo que obliga a imprimir ajustes incluso en la normatividad federal. Pero no hay para cuándo. El IFAI, que conduce Alonso Lujambio, hizo una propuesta amplia y de fondo, pero que no ha logrado consenso ni en el gobierno ni en el Congreso. Para empeorar las cosas, hay voces panistas que quisieran cortar las alas a la transparencia y hacer que las resoluciones del IFAI sean reducidas a meras “recomendaciones”, para ser revisadas por un tribunal administrativo, lo que representaría una regresión gigantesca.
  
• EL PRD entra en la recta final para la renovación de su dirigencia. No se sorprenda si en los siguientes días hay un acercamiento mayor entre Jesús Ortega y la familia Cárdenas que, de triunfar en la lisa por sobre Alejandro Encinas, podría garantizar el arribo del ex gobernador michoacano Lázaro Cárdenas a la coordinación parlamentaria de ese partido en la próxima legislatura de 2009. Por ahí van las cosas para el hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no hacia su designación al frente de Pemex, como se ha manejado.
  
• CUBA se pone nuevamente de moda, una vez que se confirmó el retiro del comandante Fidel Castro y el arribo al poder de su hermano Raúl. A mediados de marzo viajará a la isla la canciller Patricia Espinosa, a lo que sin duda seguirá una visita de Estado del presidente Calderón, y la presencia también en La Habana de líderes parlamentarios, invitados ya por sus homólogos de la Asamblea Nacional. Se cerrará así un ríspido periodo y se abrirá la posibilidad de que México influya en el sin duda inminente periodo de transición cubano.

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Quieren ahogar nueva Ley de Medios

Intimidados por la televisión, legisladores y gobernantes exhiben ya fisuras en su compromiso para impulsar una ley que subsane lagunas jurídicas y amplíe las opciones en el campo de la radiodifusión

El gobierno calderón, el congreso y los partidos se han embarcado en un doble juego de espejos ante el extendido reclamo de que haya un nuevo marco legal en el campo de la radio y la televisión. Por un lado, sugieren que existen avances notables, en una ruta discreta como la que permitió la reforma electoral. Pero por el otro, generan evidencias de que el panorama político y económico los obligará, otra vez, a ceder al poder de los concesionarios.

El reciente escándalo que implicó al senador priísta Jorge Mendoza, ex alto ejecutivo de Televisión Azteca, fue producto de estas tensiones soterradas. El legislador gestionó ante el Servicio Postal Mexicano el envío de 1.5 millones de cartas a ciudadanos de Nuevo León, entidad que aspira a gobernar. Pero la denuncia fue cocinada por su compañero priísta Ángel Aguirre, aprovechada por PAN y PRD, para que luego los espacios de Televisa —de los que esperaba protección— llevaran a Mendoza al patíbulo mediático.

Otro actor en esta tragicomedia es el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, quien “en corto” advierte que de su cuenta corre que no pase una nueva ley en la materia. “Va pa’ trás, papá” —tal es su léxico—, debe haber dicho a sus aliados radiodifusores, con quienes tan obsequioso ha sido a lo largo de su carrera política y administrativa.

En Los Pinos se discuten ya acciones compensatorias, como emprender una depuración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuya actual membresía es un engendro de la ley frenada por la Corte. Se asegura que las televisoras ya tienen “amarrado” a sus intereses a un miembro del primer círculo presidencial.

Adicionalmente, el gobierno habría determinado atender el reclamo de un pequeño pero muy inquieto sector de dueños de estaciones de radio en la banda de Amplitud Modulada, asignándoles frecuencias en FM, las llamadas “combo”.

Todo formaría parte de un paquete para no irritar más a las televisoras en especial, pues este año será de dificultades económicas, en el próximo habrá elecciones intermedias, y los políticos quieren que nadie mueva demasiado las aguas. Así las cosas, tanto brinco no habría respondido a una visión renovadora, sino sólo a un afán restaurador de control sobre la televisión, al viejo estilo priísta.

Pocos temas como la llamada Ley de Medios describió durante el pasado sexenio la manera en que ambas cámaras legislativas y la administración Fox fueron arrodilladas por empresarios del sector, a los que a lo largo de los años el Estado puso en sus manos la pistola con la que ahora apuntan a la cabeza de la clase política.

La también conocida como ley Televisa —por el activismo que protagonizaron sus ejecutivos en este tema— fue aprobada por el Legislativo en marzo de 2006 y sumisamente publicada por el Ejecutivo en abril siguiente. En mayo, un grupo de senadores, destacadamente el panista Javier Corral, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, cuyos integrantes cobraron dimensión de estadistas en junio de 2007 cuando tomaron resoluciones que virtualmente invalidan tal legislación.

Semanas después, en julio, el Senado constituyó un Grupo de Trabajo Plural que discute este tema, aunque se sabe que la operación real se halla en los líderes de los principales partidos: Santiago Creel (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD).

La Siberia televisiva

Los tres conocen la “ley del hielo” de las televisoras: en casi cuatro meses no han merecido un solo minuto de cobertura en noticiarios; vamos, su rostro no aparece siquiera en un “paneo” o recorrido visual que hace una cámara aparentemente al azar. Es la Siberia electrónica.

Los tres pagan así el haber impulsado la ley electoral, que frena la promoción política con fondos del erario y cancela a la televisión no sólo 300 millones de dólares en época electoral, sino también una serie de manejos que ésta usaba para imponer sus intereses a los políticos.

En esto nadie se extraña, las cartas estuvieron sobre la mesa: Creel y Beltrones, especialmente, recibieron aproximaciones para asegurarles que si bloqueaban la reforma tendrían amplia promoción en la tele, “casi” tan importante como la que se otorga a esos dos gobernantes estatales que, se asegura, pagaron cada uno 85 millones de dólares a una sola televisora, disfrazados vaya usted a saber cómo, a fin de que todo México se entere de lo que hacen y dicen.

Esa reforma electoral, por cierto, es la que sigue impugnando un grupo de empresarios y de intelectuales ligados a las propias televisoras, con el argumento de que afecta la libertad de expresión, por prohibir anuncios de particulares.

Si son consecuentes, deberían presentar demandas para defender los anuncios de las cigarreras, los programas de contenido sexual en horarios para menores, o la publicidad de los productos para combatir la disfunción eréctil…

Apuntes: laberintos para la inversión

• EL PRESIDENTE Calderón anunció que para compensar los efectos de la recesión económica originada en Estados Unidos, se alentará la inversión foránea. Sin embargo, en el sector turístico hay un ambiente fúnebre, pues leyes hechas sobre las rodillas, la burocracia y la corrupción están frenando al menos 50 proyectos por cientos de millones de dólares, en todo el país. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, busca ser gestor de las iniciativas defendibles, pero se ha topado con los intereses fincados en la Semarnat, que dirige Juan Rafael Elvira. Uno de los ejes del problema —aunque no el único— lo representa la normatividad que protege al mangle, muy similar a la que se había aprobado en 2004 y luego tuvo que ser ajustada ante los absurdos que generaba. No en balde, si usted se fija bien, las alcaldías de los tres principales polos turísticos del país —Cancún, Los Cabos y Acapulco— están en manos del PRD.
  
• FERNANDO OJESTO Martínez, ex presidente del tribunal federal electoral, buscó los favores del presidente Felipe Calderón para arribar a una de las áreas clave de la UNAM, la Facultad de Derecho. Ojesto expuso al mandatario su solicitud de ayuda, quizá apostando a que Calderón haya olvidado los devaneos de don Fernando durante los meses en los que se cuestionó la elección de 2006. El actual director de Derecho, Fernando Serrano, concluirá su labor en abril, dentro de un reconocimiento general. El aspirante natural al puesto es Jorge Islas, quien hasta hace poco era abogado general de la casa de estudios.
• LA TRANSPARENCIA en los manejos de los asuntos públicos en los estados sigue enfrentando las veleidades de los gobernadores. La reforma constitucional en la materia, cuyo plazo de gracia ya corre, prevé crear un sistema electrónico de acceso para facilitar las peticiones por parte del público. Los conocidos como Infomex (Información México) deben razonablemente ser administrados por las comisiones locales de acceso —como ya ocurre en Chihuahua, Jalisco, DF y en el ámbito federal—, pero no faltan gobiernos reacios al tema, que ahora los quieren sujetar a sus caprichos. Sería una excelente oportunidad, por otro lado, para que estos órganos, incluido el IFAI, impulsaran nuevas iniciativas para conquistar su autonomía constitucional, lo que ya sucede en Morelos, Coahuila, Tlaxcala, Jalisco y Chihuahua.
  
• CONSUMIDORES, académicos y expertos en el tema de las telecomunicaciones firman hoy un desplegado que impone un nuevo enfoque al tema: los usuarios deben tener voz en un debate dominado hasta ahora sólo por los intereses de los proveedores de estos servicios (telefonía fija y celular, internet, radiodifusión). Sólo con la participación de los ciudadanos se puede construir un contrapeso a los actuales monopolios en varios de esos campos, que han generado baja cobertura, mala calidad y altas tarifas.
  
• LAS MEDICINAS, le he informado, son el eje de una pugna por un negocio multimillonario en dólares. En breve pueden surgir noticias de la Comisión Federal de Competencia, que encabeza Eduardo Pérez Motta, ante el cual el gobierno federal ha presentado una demanda contra esquemas de especulación creados por las empresas distribuidoras de medicamentos, que al parecer se ponen de acuerdo para subir los precios.

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Fox y Castañeda soñaban ser Mandela

Rodeado por cortesanos que lo alababan como el artífice de la democracia en México, Vicente Fox decidió permitir el juego de poderosos intereses, dentro y fuera de su gobierno; en ese pantano de contradicciones chapoteó su canciller

Pues si hacen eso, aténganse a las consecuencias”, expresó Vicente Fox.

Se acercaba la primavera de 2006, ya con las elecciones a la vista. Se dirigía al primer equipo de campaña del aspirante panista, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí también, Juan Camilo Mouriño, Josefina Vázquez Mota, César Nava, Javier Lozano…, quienes planteaban al mandatario que deseaban hacer pública su oposición a la llamada ley de medios, la cual tocaba ya la puerta para su discusión en el Senado. Del otro lado de la mesa, más equidistantes que nunca, colaboradores de Fox, como Ramón Muñoz y el secretario de Gobernación, Carlos Abascal.

Los calderonistas esgrimían las razones de Estado que hacían recomendable frenar la ley. Pero encontraron una férrea, abierta, desafiante defensa por parte del propio presidente de la República.

Tres asistentes a la reunión confirmaron a este espacio la escena, con diferentes interpretaciones a la postura de Vicente Fox, desde una convicción de que un pacto con las televisoras era necesario para que el PAN ganara los comicios, hasta que el compromiso obedecía a motivos exclusivos de su gobierno y que usaría todas las herramientas del Estado para velar por su cumplimiento.

El tema representa, sin duda, un expediente abierto en espera del testimonio de muchos actores vigentes aún, cuya definición será requerida ahora que una nueva ley en materia de radio, televisión y telecomunicaciones comienza a ser discutida por el Congreso de la Unión y la administración Calderón.

Esta historia, sin embargo, pone en evidencia también cómo Vicente Fox abdicó el poder que recibió con un mandato popular de impulsar cambios, pero lo que hizo fue no tocar intereses creados, que encontraron carta abierta para operar a sus anchas.

La explicación de ello está basada, según múltiples indicios, en el afán foxista de cuidar su legado, abrumado por las lisonjas generalizadas de que su llegada al gobierno representó el nacimiento de la democracia mexicana, la consumación de la tan anhelada transición política. “Eres el nuevo Mandela”, le decía con frecuencia su canciller Jorge Castañeda.

El mismo Castañeda machacaba con frecuencia con el tema del legado. Y según los testimonios disponibles, le sugirió leer el libro Seis crisis, del ex presidente estadounidense Richard Nixon, para incorporar su visión de liderazgo y lo que podría llamarse su “diálogo con la historia”.

Fox citó a Nixon en junio de 2005, durante una reunión pública, en la que pontificó sobre la fuerza social ante tiempos difíciles. Por cierto, dijo que el libro se titulaba Siete crisis, en un clásico lapsus foxista.

Hacia el final del sexenio, Castañeda le propuso emprender juntos la tarea de un libro similar, para explicar a México y al mundo los desafíos que fue necesario encarar, y poner de paso en su lugar a quienes se opusieron al luminoso arribo de la nación a la democracia.

Pero Fox ya tenía tomada otra decisión: ofrecer una visión idílica de su gobierno. Así nació La revolución de la esperanza, que firma junto con el consultor norteamericano Rob Allyn. Pero todo se frustró pues en el camino se le atravesaron el escándalo por los lujos en el rancho San Cristóbal, el jeep rojo y otras consecuencias de las veleidades de su esposa, Marta Sahagún.

Castañeda mantuvo la idea de ajustar cuentas con sus fantasmas internos. Escribió la historia como él la quería recordar, pero su temprana separación del gabinete dejaba en blanco largos periodos, por lo que reclutó al ex vocero Rubén Aguilar, otro personaje, como él, nostálgico de reflectores y sediento de ingresos. Así llegó, muy apresuradamente, La diferencia. Radiografía de un sexenio.

El libro sirvió de catarsis para ambos. Ajustaron cuentas y levantaron acusaciones falsas, como atribuir a personajes haber reclamado al gobierno privilegios que en realidad el propio Fox ofreció, infructuosamente, para pactar alianzas. Entre otros, se cebaron con el pintoresco Lino Korrodi, autor de su propio libro, en 2003 —Me la jugué—, en cuyo prólogo, escrito por Castañeda, se describe a Korrodi como ejemplo de amistad, lealtad política y amor por México. La contradicción se explica porque en esos tiempos Lino Korrodi pagaba a Castañeda una oficina de lujo, y le consiguió donativos por decenas de millones de pesos para su absurda campaña a la Presidencia.

Capítulos completos de La diferencia… fueron enviados a San Cristóbal para que Fox validara, tachara o añadiera. Algo de eso hizo el ex mandatario, pero en muchas ocasiones pidió a un tercero leerlos —como a Ramón Muñoz, ex jefe de la oficina presidencial—, o simplemente dejaba los paquetes sin abrir, otorgando así licencia para la pluma afiebrada de sus oficiosos escribanos.

En esos caminos terminó por extraviarse el legado de Vicente Fox. Sus cercanos lo ven ahora contrariado. Quizá deba, ahora sí, regresar a sus lecturas de Nixon, a quien le tomó décadas convencer a sus compatriotas de que dejó una herencia digna; que no fue el presidente del ridículo y el escándalo.

Apuntes: van por Elba

• JUAN CAMILO Mouriño, secretario de Gobernación, recibió esta semana una filosa cortesía: el PRI le anticipó que su bancada en el Senado, que lidera Manlio Fabio Beltrones, presentará un punto de acuerdo para investigar al multimillonario fideicomiso Vivienda Magisterial (Vima), que controla la lideresa Elba Esther Gordillo. En noviembre pasado EL UNIVERSAL publicó un adelanto del libro Los socios de Elba Esther, donde se documenta que Vima recibió transferencias por mil millones de pesos en los últimos días del gobierno de Vicente Fox, sin que exista claridad del destino de esos dineros.
  
• EN GOBERNACIÓN, por cierto, se recuerda aún que la salida del anterior titular, Francisco Ramírez Acuña, fue todo menos tersa. El jalisciense pedía tiempo extra, reclamaba que Mouriño le había quitado la operación de tareas centrales, y amenazaba con berrinche. Rechazó una embajada en Europa y se fue azotando la puerta.
  
• EN EL IFE renovado gana el PRI, el PAN pierde en posiciones, pero se apunta un tanto más en el aislamiento de Andrés Manuel López Obrador. Los nuevos consejeros, no hay que olvidarlo, ocuparon malos lugares en la “auscultación” de la Cámara de Diputados: Leonardo Valdés, el 21; Miguel Antonio Baños, el 31, y Benito Nacif, el 35. Baños tiene experiencia, ciertamente, en el campo electoral: hace tres años fue separado de su cargo como director del Servicio Profesional de Carrera del propio IFE, acusado de desorden administrativo y clientelismo. Quien exigió su renuncia fue la consejera Lourdes López, con quien se verá las caras nuevamente, ahora de igual a igual. O quizá no, pues no resulta difícil imaginar una pugna entre los “viejos consejeros”, vapuleados durante 18 meses, y los nuevos, supuestamente producto del consenso partidista.
• GUERRA DE MEDICINAS se avecina. Juan Antonio García Villa, director de la Cofepris, el organismo responsable de autorizar la venta de medicamentos, apoya al parecer a los laboratorios extranjeros que operan en México y golpea a la cadena de farmacias de Víctor González Torres, uno de los personajes más controvertidos y antipáticos del país. La verdadera guerra será entre los medicamentos de patente y los genéricos intercambiables, que en su mayoría son los que vende el Doctor Simi, y también los que ofrece Wal-Mart. En juego está un negocio de cientos de millones de dólares.
  
• GUANAJUATO arde. Apenas en septiembre se cumplió un año de que el presidente Calderón asistió a la toma de posesión de Juan Manuel Oliva como tercer gobernador panista. Ahora quizá deba enviar un emisario para frenar la enajenación del mandatario. Oliva pasea por el mundo a cargo del erario, deja a su esposa gobernar y, para colmo, olvida que debe al periodismo su arranque en la política, pues permite que sus subordinados acosen a editores locales. Así, se burló de la CNDH, que le pedía serenar al secretario estatal de Gobierno, Gerardo Mosqueda, quien ha amenazado e injuriado a periodistas por el “delito” de publicar críticas contra la administración local.
  
• REFORMA PENAL, ese será el nombre del juego ahora en la Cámara de Diputados, donde el tema se atoró por los jaloneos del Instituto Federal Electoral. Si no hay sorpresas de última hora, el pleno debe aprobar muy pronto la propuesta presidencial, acaso esta misma semana.

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El conspirador del silencio

La muerte de Marcial Maciel ofrece una oportunidad a la Iglesia y a la sociedad para arrojar luz sobre este personaje y los procedimientos impuestos por los Legionarios de Cristo

Le llaman “el cuarto voto”, que comple- menta los tres compromisos canónicos (castidad, pobreza y obediencia), para aquellos que se ordenan sacerdotes, y permitió construir un mundo hermético en torno a la congregación religiosa Legión de Cristo, esa especie de sociedad secreta creada en 1941 por Marcial Maciel, muerto el pasado 29 de enero.

Este “voto privado”, como también se le conoce, establece la obligación religiosa de no criticar a los directivos de la organización y a delatar a cualquier hermano en la misma que dirija señalamientos.

Maciel tuvo el impulso de una familia de hondas raíces católicas, lo que incluyó a tres tíos obispos, uno de ellos ya ascendido a los altares: Rafael Guízar y Valencia. Nacido en 1920 fue testigo infantil de la Guerra Cristera (1926-1929), y tuvo un don indudable para subyugar a cuatro papas, a cardenales y muy especialmente a hombres y mujeres acaudalados, que le permitieron crear un imperio integrado hoy por 17 universidades, 127 centros de educación superior y 175 colegios, donde se educa y adoctrina a más de 120 mil jóvenes. También, 20 seminarios, nueve noviciados y cuatro centros de estudio de filosofía y teología. Opera en más de 20 países, pero su poder más claro, su nutriente social y económica, se halla especialmente en México.

De los Legionarios han surgido tres obispos, 750 sacerdotes, 2 mil 500 novicios y religiosos que laboran en 40 naciones de todo el mundo. Su brazo social más poderoso lo constituye “Regnum Christi” (Reino de Cristo), una entidad de élite dentro de la Legión, dominada por la más estricta secrecía, integrada por 70 mil laicos de varios países, incluidos altos personajes y directivos y dueños de importantes negocios en México, en campos como el gobierno, la construcción, la banca y los medios de comunicación.

Nada mal para un hombre sobre el que se agolpan cada vez más los testimonios que lo describen como un sacerdote carismático e iluminado, pero también como un hombre de mediocre formación académica, pederasta, adicto a la morfina, mitómano, hipócrita, tortuoso, corruptor de la curia romana, prevaricador, manipulador…

Condujo con firmeza a la Legión —que originalmente bautizó como Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores— a lo largo de 67 años, durante los que cubrió los roles de fundador, padre superior y, siempre, santo virtual. Su camino hacia los altares, que incluía su madre —“mamá Maurita”, progenitora espiritual de todo legionario— es ahora muy incierto, al grado de que puede incluso descarrillar la causa de beatificación de su principal protector, el papa Juan Pablo II.

Al lado de un amplio número de trabajos que destacan sólo los aspectos ejemplares de Maciel, han sido publicados diversos trabajos con una mirada crítica de su labor; el más riguroso, quizá, es el de Fernando M. González (Marcial Maciel. Los Legionarios de Cristo; testimonios y documentos inéditos).

El debate, sin embargo, se ha centrado en la compleja personalidad de este sacerdote, sin profundizar sobre los procedimientos que se siguen aplicando dentro de esta especie de secta religiosa.

Temas como las prácticas sexuales de los sacerdotes son comunes para toda la Iglesia católica, y una revisión del tema Maciel obligaría a la jerarquía —en buena hora— a enviar un sano mensaje de arrepentimiento y enmienda, no sólo a los seminaristas que por décadas fueron víctimas de Maciel, sino a los seguidores de su obra y al conjunto de la sociedad, preocupada por la posibilidad de que continúe ese patrón de abusos.

Lo mismo vale para el proceso de reclutamiento, casi forzoso, que siguen los Legionarios, especialmente entre jóvenes que asisten a sus escuelas, un número de los cuales —su dimensión se ignora— son incorporados al “Regnum Christi” y a una filial denominada “Juventud Misionera”, que muy posiblemente incluya a miles de muchachos y chicas a las que se empuja para “consagrarse” al servicio de Cristo.

Es el caso de uno de los noviciados de la Legión ubicado en Monterrey, donde las jóvenes son recluidas, con o sin la autorización de los padres, a quienes les es permitido verlas sólo unas cuantas veces al año, durante no más de 30 minutos. Las familias de las “consagradas” reciben continuos acercamientos para aportar cantidades de dinero que pueden permitirles a las jóvenes “recorrer el mundo” y servir a Dios en otras naciones.

Juan José Vaca, uno de los denunciantes de Maciel, le dirigió a éste una carta hace más de 30 años (1976), en la que deplora un orden de cosas que, a juzgar por la evidencias, no ha variado mucho:

“Bien sabe usted que la forma de vida en que está obligando a vivir a estas señoritas es, primero, a espaldas de la Santa Sede, sin estado canónico alguno y sin ninguna aprobación eclesiástica. El Movimiento Regnum Christi en sí, con sus procedimientos de secretismo, absolutismo y sistemas de mentalización, más sigue los métodos de las sociedades secretas, que las formas abiertas y sencillamente evangélicas de nuestra madre Iglesia…”.

Todo este escenario reclama una definición, desde luego, a los legionarios para decidir lo que desean para su institución en el futuro. Pero también impone un deber a la jerarquía católica y al propio Estado mexicano que por omisión o por infiltración, no han prestado oídos y han volteado a ver a otro lado. La muerte de Maciel debe ofrecer la oportunidad de una enmienda histórica, en bien de todos.

Apuntes

• ESTA SEMANA comenzará con novedades en el Partido Acción Nacional. Su presidente, Germán Martínez, presentará una nueva conformación del Consejo Político blanquiazul, que incluirá a dos personajes que mostraron distanciamiento con el calderonismo: Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua, figura emblemática del panismo contemporáneo, y Carlos Medina Plascencia, también ex mandatario, de Guanajuato, y, como aquél, antiguo colaborador de Vicente Fox. Su presencia no sólo hablará de conciliación, sino que también mandará señales de relevos posibles en futuros ajustes en el gabinete.
  
• EL JUEVES 24 de enero la plana mayor del PAN en la Cámara de Senadores, encabezada por Santiago Creel, llegó al Club de Industriales de Polanco, donde sostuvo un encuentro privado con los barones de las telecomunicaciones en el país. Nos aseguran que no fue un encuentro terso, pues los legisladores llegaron prestos a realizar preguntas incómodas.
  
• POR CIERTO, la decisión de Creel de cancelar el debate previsto con Andrés Manuel López Obrador marcó el retorno del panista a las cámaras de las principales televisoras —así fuera para denostarlo. Creel y su homólogo priísta, Manlio Fabio Beltrones, han estado vetados en la pantalla chica desde que fue aprobada la reforma electoral.
  
• HAY MUCHAS dudas sobre el asesinato de Alejandro Barrita, comandante de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial de Oaxaca. Existen evidencias de que como ocurrió en la ciudad de México durante los años 70, con Francisco Sahagún Baca —cabeza de la ominosa DIPD—, la corporación de Barrita fue empleada en una “guerra sucia” durante los disturbios que convulsionaron al estado entre junio de 2006 y noviembre de 2007. Se ha documentado que sus agentes, encapuchados y en vehículos sin placas, tiroteaban durante las noches las barricadas de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), lo que derivó en al menos tres de las 26 muertes ocurridas en ese complejo periodo (tan bien documentado por periodistas de EL UNIVERSAL, destacadamente el fotógrafo Raúl Estrella, cuyo trabajo lo ha hecho merecedor del Premio Rey de España). Que la muerte de Barrita se le atribuya ahora al narcotráfico es un nuevo indicio de que desarrollaba actividades fuera de su competencia formal. En ese estado que gobierna Ulises Ruiz, el crimen organizado se expresa cada vez más abiertamente en el florecimiento del narcomenudeo, el tráfico de estupefacientes y en narcosecuestros o “levantones”, sin que nadie se atreva incluso a denunciar tal estado de cosas.
  
• EL DECLIVE inexorable de la popularidad del gobierno de George Bush en Estados Unidos está provocando una sangría de mandos medios y operadores políticos, ansiosos por abandonar la nave. Esto está ocasionando que el gobierno mexicano se quede sin interlocutores con Washington. Una de las defecciones más recientes fue la de Michael Jackson, nuestro contacto en el Departamento de Seguridad nacional —Homeland Security—, responsable de las tareas antiterrorismo.
  
• EL EQUIPO de Andrés Manuel López Obrador ya hace cálculos del notable daño que traerá para las causas del tabasqueño, dentro y fuera del PRD, la polémica con su correligionaria Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, a quien luego de denostar durante meses en privado, López Obrador decidió insultar en público, lo que le atrajo el bofetón de “buscapleitos de taberna”.

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