lunes, 26 de noviembre de 2007

Mafias en la justicia

La Judicatura, concebida alguna vez como herramienta para modernizar y transparentar el desempeño de los jueces federales, se encuentra ya de espaldas a esta posibilidad, y no son pocos los juristas de renombre que públicamente se declaran a favor de su desaparición.

En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo emprendió como su primer acto relevante de gobierno una reforma judicial que en los hechos constituyó un golpe de mano contra un poder formalmente autónomo. Entre otras medidas, creó el Consejo de la Judicatura a fin de procurar en este ámbito una administración eficaz e independiente, para que los jueces cumplan sin interferencias indebidas su tarea central, esto es, juzgar.

El primer grupo de consejeros, especialmente los designados por el Legislativo y el Ejecutivo, buscó frenar la influencia de la Suprema Corte en el manejo de dineros, en la promoción y disciplina de jueces y magistrados. Esto era urgente, pues los ministros se habían dividido al país en cotos donde predominaban el clientelismo, la tolerancia de abusos y casos de corrupción.

Estaba fresco entonces el caso del ministro Ernesto Díaz Infante, procesado en 2003 por recibir un soborno de 500 mil dólares para proteger a un hombre que en 1986 violó y asesinó a una niña en Acapulco. Díaz Infante fue liberado cuando apenas cumplía un año de la sentencia de ocho que le fue impuesta, y no volvió a pisar la cárcel hasta su muerte, en abril de 2006. Durante todo ese tiempo la Corte le pagó una pensión equivalente a 140 mil pesos mensuales.

En el arranque de la primera generación de los consejeros de la Judicatura cobró realce la tarea de Alfonso Oñate Laborde, a quien se le atribuye la frase: “Esto no será un jardín para el solaz de los ministros”.

Marcaba con ello un desafío para el pleno de la Corte, cuyos miembros se rotaban la designación de magistrados y jueces en el país, sin objeción alguna. Los propios ministros efectuaban visitas de inspección por los juzgados y tribunales a cuyos miembros habían nombrado, por lo que miraban hacia otro lado cuando había quejas de malas sentencias o de abierta corrupción.

La primavera de la Judicatura no duró mucho. En 1999, cuando ésta no cumplía aún cinco años, el presidente de la Corte, Vicente Aguinaco, convenció a Zedillo de la necesidad de una contrarreforma que despojó a los consejeros de su papel como última instancia en los temas de su competencia, por lo que sus sentencias pueden ser desde entonces impugnadas ante la propia Corte, a la que quedaron subordinados. “Mejorar, desaparecerlos”, ha escrito el jurista Jorge Carpizo.

Ahora la Judicatura sí es el jardín para el solaz de los ministros. Sería pertinente conocer el actual parecer de don Alfonso Oñate, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo jurídico administrativo de la Corte.

Poco tiempo después de aquel episodio, los intereses creados dieron otra vuelta de tuerca al mal fario de la Judicatura. A finales de 2002 la Corte vivía una batalla interna para determinar al nuevo presidente, que sustituiría a Genaro Góngora. Todo se inclinaba en favor de Juan Silva Meza, quien prematuramente decidió romper con Góngora, lo que dio oxígeno a la causa de Mariano Azuela.

Desde la Judicatura, el consejero Sergio Valls ofreció sus destrezas forjadas en el priísmo, para acercar apoyos en favor de Azuela. Justo el 1 de enero de 2003, cuando Azuela juró como nuevo presidente, Valls se hizo del control de la Judicatura como “presidente alterno” y cesó a todo aquel funcionario —magistrados y jueces federales de prestigio— que fuera identificado con Góngora.

Valls no sólo “depuró” la Judicatura, sino que aprovechó su nuevo poder para imponer la costumbre de hacer recomendaciones a magistrados y jueces sobre los casos que manejaban, y designó a incondicionales en puestos en toda la República. Fue la época en la que los hijos de Valls cobraron fama de “inquietos” y de estar demasiado cerca de asuntos bajo análisis de la justicia federal.

En 2004 Valls logró colarse a la terna de candidatos a ministros, que incluyó también al ex canciller Bernardo Sepúlveda, quien acusó al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, de haber conducido un proceso amañado. Valls llegó a la Corte, donde desde su arribo escenifica una confrontación abierta con varios de sus compañeros, entre ellos el citado Góngora y José Ramón Cossío.

La práctica de servir a poderosos intereses siguió cundiendo entre los miembros de la Judicatura, de acuerdo con testimonios y documentos allegados a este espacio. Hoy se habla del Consejo más como un despacho de litigantes que como una entidad independiente, responsable de vigilar el desempeño de los jueces federales en el país.

Tal perfil ha despertado la preocupación tanto de la propia Corte como del gobierno federal, al grado de que existen versiones sólidas sobre un seguimiento cercano del comportamiento de los consejeros y del estado de sus cuentas bancarias.

Pero los consejeros no deberían hallar motivos serios de preocupación sobre sus finanzas. No sólo disponen de un sueldo mensual que se acerca a los 200 mil pesos, prestaciones incluidas, sino que tienen total discrecionalidad sobre una bolsa de salarios para sus equipos de trabajo, por casi dos millones de pesos mensuales. A ello hay que sumar dos vehículos de modelo reciente, tarjetas corporativas para gastos, seguros médicos, etcétera.

Ello ha dado lugar a excesos como designar a choferes como asesores, con altos honorarios, entre otras frivolidades, renglón en el que se destaca, por ejemplo, la consejera María Teresa Herrera Tello, quien fuera secretaria de la Reforma Agraria y asesora jurídica de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox.

La Auditoría Superior de la Federación, la entidad del Congreso de la Unión responsable de supervisar el adecuado uso del erario público, fracasa siempre cuando busca seguir la pista a gastos en el Poder Judicial de la Federación, y en particular en la Judicatura, donde existe un muy opaco fideicomiso que administra fondos para comprar y mantener viviendas que son asignadas a jueces y magistrados.

Ese fidecomiso y el tema mismo de la administración de la justicia en México ameritan formar parte de un expediente abierto, a partir del cual el país decida quién vigila a los vigilantes y quién juzga a los juzgadores.

Apuntes

EN SU MOMENTO dorado, la señora Marta Sahagún estuvo a punto de encontrar un filón de oro en las partidas presupuestales otorgadas a Pemex para obras de beneficio comunitario. En la pasada entrega le hablé aquí mismo de “el tesoro de la familia”, término con el que se conoció en Petróleos Mexicanos los privilegios otorgados a empresas cercanas a la familia Fox. En 2002, la señora Sahagún hizo gestiones para crear la Fundación Pemex, que debía concentrar los millonarios recursos asignados en su presupuesto, más las también cuantiosas aportaciones de empresas contratistas, y canalizar todo a Vamos México.

Para cumplir esa misión impulsó a Gastón Pavlovich, un reconocido panista de Sonora, quien fue designado “subdirector de Transformación Cultural” por el director general Raúl Muñoz Leos. La resistencia interna, apoyada por la Secretaría de Hacienda, frustró el proyecto. Pavlovich fue eventualmente despedido tras la llegada de Luis Ramírez Corzo. DESPUÉS DE LAS ELECCIONES de 2006, el cardenal Norberto Rivera buscó mantener comunicación con Andrés Manuel López Obrador para preservar una cercanía que había sido mutuamente provechosa. El canal fue roto por el líder perredista, que en diversas ocasiones se negó a tomar la llamada del prelado. A ello siguió un ciclo de hostigamientos que incluyeron la incursión de activistas en 18 diferentes ocasiones al recinto de la Catedral Metropolitana. Hasta ahora el balance del episodio es adverso para López Obrador y para el Partido de la Revolución Democrática en su conjunto.

expedientesabiertos@live.com.mx

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lunes, 19 de noviembre de 2007

"El tesoro de la familia"

A la familia Ealy, siempre.
A usted, lector, compañero
indispensable en esta ruta

Nadie en Petróleos Mexicanos sabe quién acuñó la frase. Se le atribuye al ex director Raúl Muñoz Leos, pero éste niega su autoría. Sin embargo, “El tesoro de la familia” fue la figura creada para aludir a la construcción de un patrimonio clandestino de la familia Fox, alimentado por la asignación de contratos a empresas cercanas a Los Pinos.

Datos aportados a este espacio permiten confirmar que el eje más evidente de esta operación en Pemex fue el actual senador panista Juan Bueno Torio, designado en enero de 2003 director de Pemex Refinación por órdenes presidenciales, transmitidas a Muñoz Leos por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramón Muñoz.

Bueno Torio fue removido a finales de 2005, cuando tanto el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, como los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la Función Pública, Eduardo Romero, exhibieron a Fox pruebas contundentes, que eventualmente habían sido verificadas por el entonces director del Cisen y actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora. Bueno Torio fue arropado después por el PAN y tuvo bajo perfil durante meses, hasta que fue lanzado como candidato a senador por Veracruz, cargo que detenta actualmente.

Pero datos en control de esta columna revelan que la nómina de los constructores del “tesoro de la familia” incluyó a los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia; a miembros de la familia Fox, como José Luis Fox, e incluso a parientes de Lilian de la Concha, primera esposa del ex presidente Vicente Fox.

Un recuento al que se tuvo acceso de la agenda personal desahogada por el ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, da cuenta de que José Luis Fox se reunió en privado con aquél al menos en seis ocasiones distintas, presumiblemente para promover negocios diversos. Fuentes cercanas a Muñoz Leos confirmaron estas reuniones y que durante las mismas se habló de negocios, pero aseguraron que de las mismas no se derivó ningún tipo de acuerdo concreto.

José Luis Salas Cacho, un político-empresario de larga trayectoria en el PAN —quien dice haber sido el “cerebro” de la campaña foxista en el 2000—, aparente conexión entre los capitales regiomontanos y la asignación de negocios desde el gobierno, aprovechó a conciencia un modesto cargo de asesor externo de la Dirección General de Pemex para sostener reuniones privadas, girar órdenes, presionar e incluso amenazar a funcionarios altos y medios en la paraestatal.

Salas Cacho es hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa naviera TMM, propiedad de la familia Serrano, una corporación que ha sido capaz de extender su influencia entre apellidos claves tanto del PRI como del PAN. En este último caso es público el acercamiento durante el pasado sexenio con Marta Sahagún, con José Luis Fox y su esposa, Luz María Lozano Fuentes.

Un reporte obtenido por solicitud de acceso a la información revela que Pemex Refinación otorgó a TMM, entre 2000 y 2007, contratos por más de 219 millones de dólares; los más cuantiosos, durante la gestión de Bueno Torio. En ese mismo periodo, la compañía PMI obtuvo contratos por apenas 128 millones de dólares, pese a ser filial de Pemex mismo.

Funcionarios de la entidad y empresarios competidores de TMM dieron testimonio a este espacio sobre cómo Diego Fernández de Cevallos ejerció presiones para que dicha compañía recibiera más contratos e incluso que licitaciones perdidas fueran canceladas para ser reasignadas en favor de la primera.

Otra empresa privilegiada fue Mexlub, producto de una singular sociedad en la que Pemex tiene 49% y su socio, el señor Salvador Martínez Garza, posee 51%, lo que le da derecho a controlar la administración de la compañía, un virtual monopolio en la distribución de lubricantes en las gasolineras de todo el país.

En 2005, al iniciarse el último tramo de la administración foxista y con Luis Ramírez Corzo en la dirección de la paraestatal se inicia un proceso judicial en contra de Mexlub, por presunta administración fraudulenta, pues nunca ha presentado cuentas del manejo de la supuesta sociedad. Una docena de demandas fueron a dar a los juzgados. Bueno Torio; el entonces secretario de Energía, Fernando Canales Clariond; abogados como Antonio Lozano Gracia, y al menos uno de los empresarios favoritos del régimen, se ofrecieron como intermediarios en busca de una solución amistosa, imposible de lograr salvo componenda de por medio. El sexenio terminó sin arreglo, y al parecer así sigue.

Información disponible arroja evidencias de que Bueno Torio no sólo fue un leal colaborador de estas causas, sino que también vio por los suyos.

Quien conversa con directivos o con líderes gremiales de Pemex se topa pronto con dos escándalos ligados entre sí. El primero habla de una concesión otorgada por Bueno Torio al señor Juan Antonio Beltrán Mata para la distribución de lubricantes en el noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Su socio es el señor Luis Bueno Torio, hermano de nuestro personaje de hoy.

Singularmente, en Tamaulipas, y precisamente en Tampico, autoridades federales y de Pemex investigan desde hace años el tráfico ilegal de combustibles, incluso adulterados. En la paraestatal se asegura que con Bueno Torio se logró desviar la atención hacia la supuesta “ordeña” de ductos, cuando el robo real de combustibles se basa en el nulo control de los volúmenes que las refinerías entregan a las 77 terminales de almacenamiento en todo el país.

El señor Beltrán Mata, quien preside una organización de distribuidores de lubricantes, demandó a Pemex por 288 millones de pesos, en un caso donde la contraparte era la oficina de Bueno Torio. ¿Quién cree usted que ganó el juicio? Adivinó.

Esta historia exhibe mucho mayor calado, y ameritará nuevos acercamientos. Quede hasta ahí por ahora, como un expediente abierto.

Apuntes

LOS GOBERNADORES han ido cruzando datos sobre su problemática con el SNTE, que dirige la profesora Elba Esther Gordillo. Y una de las conclusiones es impresionante: el gremio cuenta con 100 mil “comisionados”, esto es, docentes que cobran sin trabajar. Un verdadero ejército dedicado a las batallas que sean necesarias. EL DIRECTOR DE PEMEX, Jesús Reyes Heroles, cayó en el engaño de uno de sus operadores internos cuando declaró que el accidente en Campeche que causó la muerte a más de 20 trabajadores fue causa del mal tiempo. Los reportes formales dan cuenta de un error humano en el diagnóstico de la tormenta, que debió obligar a retirar la plataforma que trabajaba en la zona. Pero también, alertan de corrupción de personal de Pemex Exploración, que permitió a la plataforma operar sin cubrir medidas de seguridad básicas.

INTRIGA QUE AUN personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador aseguren que el próximo dirigente del PRD será Jesús Ortega y no Alejandro Encinas, el más pejista. Y las especulaciones van desde un acuerdo amarrado para que el tabasqueño sea candidato presidencial en el 2012, hasta el que advierte que si López Obrador desea seguir siendo factótum del perredismo, no se arriesgará a meterse en la contienda y ser derrotado por un grupo interno.

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