La Judicatura, concebida alguna vez como herramienta para modernizar y transparentar el desempeño de los jueces federales, se encuentra ya de espaldas a esta posibilidad, y no son pocos los juristas de renombre que públicamente se declaran a favor de su desaparición.
En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo emprendió como su primer acto relevante de gobierno una reforma judicial que en los hechos constituyó un golpe de mano contra un poder formalmente autónomo. Entre otras medidas, creó el Consejo de la Judicatura a fin de procurar en este ámbito una administración eficaz e independiente, para que los jueces cumplan sin interferencias indebidas su tarea central, esto es, juzgar.
El primer grupo de consejeros, especialmente los designados por el Legislativo y el Ejecutivo, buscó frenar la influencia de la Suprema Corte en el manejo de dineros, en la promoción y disciplina de jueces y magistrados. Esto era urgente, pues los ministros se habían dividido al país en cotos donde predominaban el clientelismo, la tolerancia de abusos y casos de corrupción.
Estaba fresco entonces el caso del ministro Ernesto Díaz Infante, procesado en 2003 por recibir un soborno de 500 mil dólares para proteger a un hombre que en 1986 violó y asesinó a una niña en Acapulco. Díaz Infante fue liberado cuando apenas cumplía un año de la sentencia de ocho que le fue impuesta, y no volvió a pisar la cárcel hasta su muerte, en abril de 2006. Durante todo ese tiempo la Corte le pagó una pensión equivalente a 140 mil pesos mensuales.
En el arranque de la primera generación de los consejeros de la Judicatura cobró realce la tarea de Alfonso Oñate Laborde, a quien se le atribuye la frase: “Esto no será un jardín para el solaz de los ministros”.
Marcaba con ello un desafío para el pleno de la Corte, cuyos miembros se rotaban la designación de magistrados y jueces en el país, sin objeción alguna. Los propios ministros efectuaban visitas de inspección por los juzgados y tribunales a cuyos miembros habían nombrado, por lo que miraban hacia otro lado cuando había quejas de malas sentencias o de abierta corrupción.
La primavera de la Judicatura no duró mucho. En 1999, cuando ésta no cumplía aún cinco años, el presidente de la Corte, Vicente Aguinaco, convenció a Zedillo de la necesidad de una contrarreforma que despojó a los consejeros de su papel como última instancia en los temas de su competencia, por lo que sus sentencias pueden ser desde entonces impugnadas ante la propia Corte, a la que quedaron subordinados. “Mejorar, desaparecerlos”, ha escrito el jurista Jorge Carpizo.
Ahora la Judicatura sí es el jardín para el solaz de los ministros. Sería pertinente conocer el actual parecer de don Alfonso Oñate, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo jurídico administrativo de la Corte.
Poco tiempo después de aquel episodio, los intereses creados dieron otra vuelta de tuerca al mal fario de la Judicatura. A finales de 2002 la Corte vivía una batalla interna para determinar al nuevo presidente, que sustituiría a Genaro Góngora. Todo se inclinaba en favor de Juan Silva Meza, quien prematuramente decidió romper con Góngora, lo que dio oxígeno a la causa de Mariano Azuela.
Desde la Judicatura, el consejero Sergio Valls ofreció sus destrezas forjadas en el priísmo, para acercar apoyos en favor de Azuela. Justo el 1 de enero de 2003, cuando Azuela juró como nuevo presidente, Valls se hizo del control de la Judicatura como “presidente alterno” y cesó a todo aquel funcionario —magistrados y jueces federales de prestigio— que fuera identificado con Góngora.
Valls no sólo “depuró” la Judicatura, sino que aprovechó su nuevo poder para imponer la costumbre de hacer recomendaciones a magistrados y jueces sobre los casos que manejaban, y designó a incondicionales en puestos en toda la República. Fue la época en la que los hijos de Valls cobraron fama de “inquietos” y de estar demasiado cerca de asuntos bajo análisis de la justicia federal.
En 2004 Valls logró colarse a la terna de candidatos a ministros, que incluyó también al ex canciller Bernardo Sepúlveda, quien acusó al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, de haber conducido un proceso amañado. Valls llegó a la Corte, donde desde su arribo escenifica una confrontación abierta con varios de sus compañeros, entre ellos el citado Góngora y José Ramón Cossío.
La práctica de servir a poderosos intereses siguió cundiendo entre los miembros de la Judicatura, de acuerdo con testimonios y documentos allegados a este espacio. Hoy se habla del Consejo más como un despacho de litigantes que como una entidad independiente, responsable de vigilar el desempeño de los jueces federales en el país.
Tal perfil ha despertado la preocupación tanto de la propia Corte como del gobierno federal, al grado de que existen versiones sólidas sobre un seguimiento cercano del comportamiento de los consejeros y del estado de sus cuentas bancarias.
Pero los consejeros no deberían hallar motivos serios de preocupación sobre sus finanzas. No sólo disponen de un sueldo mensual que se acerca a los 200 mil pesos, prestaciones incluidas, sino que tienen total discrecionalidad sobre una bolsa de salarios para sus equipos de trabajo, por casi dos millones de pesos mensuales. A ello hay que sumar dos vehículos de modelo reciente, tarjetas corporativas para gastos, seguros médicos, etcétera.
Ello ha dado lugar a excesos como designar a choferes como asesores, con altos honorarios, entre otras frivolidades, renglón en el que se destaca, por ejemplo, la consejera María Teresa Herrera Tello, quien fuera secretaria de la Reforma Agraria y asesora jurídica de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox.
La Auditoría Superior de la Federación, la entidad del Congreso de la Unión responsable de supervisar el adecuado uso del erario público, fracasa siempre cuando busca seguir la pista a gastos en el Poder Judicial de la Federación, y en particular en la Judicatura, donde existe un muy opaco fideicomiso que administra fondos para comprar y mantener viviendas que son asignadas a jueces y magistrados.
Ese fidecomiso y el tema mismo de la administración de la justicia en México ameritan formar parte de un expediente abierto, a partir del cual el país decida quién vigila a los vigilantes y quién juzga a los juzgadores.
Apuntes
EN SU MOMENTO dorado, la señora Marta Sahagún estuvo a punto de encontrar un filón de oro en las partidas presupuestales otorgadas a Pemex para obras de beneficio comunitario. En la pasada entrega le hablé aquí mismo de “el tesoro de la familia”, término con el que se conoció en Petróleos Mexicanos los privilegios otorgados a empresas cercanas a la familia Fox. En 2002, la señora Sahagún hizo gestiones para crear la Fundación Pemex, que debía concentrar los millonarios recursos asignados en su presupuesto, más las también cuantiosas aportaciones de empresas contratistas, y canalizar todo a Vamos México.
Para cumplir esa misión impulsó a Gastón Pavlovich, un reconocido panista de Sonora, quien fue designado “subdirector de Transformación Cultural” por el director general Raúl Muñoz Leos. La resistencia interna, apoyada por la Secretaría de Hacienda, frustró el proyecto. Pavlovich fue eventualmente despedido tras la llegada de Luis Ramírez Corzo. DESPUÉS DE LAS ELECCIONES de 2006, el cardenal Norberto Rivera buscó mantener comunicación con Andrés Manuel López Obrador para preservar una cercanía que había sido mutuamente provechosa. El canal fue roto por el líder perredista, que en diversas ocasiones se negó a tomar la llamada del prelado. A ello siguió un ciclo de hostigamientos que incluyeron la incursión de activistas en 18 diferentes ocasiones al recinto de la Catedral Metropolitana. Hasta ahora el balance del episodio es adverso para López Obrador y para el Partido de la Revolución Democrática en su conjunto.
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