lunes, 30 de junio de 2008

Matando a los periodistas

El gobierno y el Congreso miran con apatía cómo crece el número de periodistas asesinados y desaparecidos. Quizá será tarde cuando se den cuenta que esta tragedia gremial ha silenciado al vigía clave de cualquier democracia.

Las voces de alerta de la comunidad internacional no han servido de mucho. Desde abril, tres misiones han visitado México, formadas por organismos defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. La más reciente, la semana pasada, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Ninguna ha obtenido sino promesas y discursos.

Entre 1986 y 1996, Colombia vivió una sangrienta historia que amenazó con despedazar su territorio por la disputa del Estado con narcos, guerrilla y paramilitares. En esa década, 55 periodistas fueron asesinados. A muchos más se les desapareció, secuestró o fueron orillados al exilio.

Desde 1997, en México han sido asesinados 69 periodistas y 11 están desaparecidos. Ningún caso ha sido esclarecido plenamente. La PGR atrajo siete casos, en los que resulta ostensible la implicación del narcotráfico. No ha aclarado ninguno.

La lista negra de estas muertes no se concentra en algunos estados, pues hay periodistas muertos en 17 entidades, si bien Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán son las más peligrosas para desempeñar el oficio. El mapa de impunidad en el tema crece con el narco. De acuerdo con múltiples analistas, la muerte de periodistas se agravará, pues la influencia del narco se extiende a más de la mitad de los municipios, donde las autoridades están total o parcialmente subordinadas al dinero sucio.

Diversos acuerdos internacionales establecen que oficios como el del periodista —lo mismo que el del sindicalista o el defensor de los derechos humanos— requieren protección especial por parte del Estado, pues su labor busca garantizar la vigencia de libertades básicas.

Pese a ello, funcionarios, intelectuales e incluso miembros del gremio periodístico desestiman la seriedad del problema, sea argumentando que la violencia también afecta a otros ciudadanos, sea con la infamia de atribuir a los diaristas muertos vínculos con el crimen.

El panorama se repite en el Congreso. Una comisión de diputados que encabeza el panista Gerardo Priego encara la indiferencia de sus colegas. Los legisladores han cerrado los ojos incluso cuando algunos reciben agresiones del narco, como ocurrió con el priísta Horacio Garza, de Nuevo Laredo, baleado en febrero de 2007 por lo cual dejó el país. O antes, el panista David Figueroa, de Sonora, amenazado por las mafias. El Senado ha rechazado formalmente crear una comisión que investigue ataques contra la libertad de expresión.

El Poder Judicial ya acumula también ataques —algunos mortales— contra jueces federales, y existen versiones de un alto número de atentados o amenazas sobre juzgadores que no se han hecho públicas.

El gobierno federal propondrá una iniciativa de reforma constitucional que permitiría atraer bajo jurisdicción de la PGR ciertos casos de atentados contra periodistas, pero existen fundadas dudas sobre el impacto que ello tendrá en la impunidad reinante. Las reservas se alimentan en el papel meramente cosmético de la fiscalía ad hoc creada en febrero de 2006, sin resultados reales hasta ahora.

A Colombia le tomó años corregir su estrategia. Lo hizo cuando se agolpaban ya no sólo muertes de periodistas, sino presidentes ligados al narco, candidatos presidenciales asesinados y, en suma, un Estado fallido. Si México se hunde en una tragedia semejante, los apáticos de hoy deberán ser considerados cómplices de tal horror.

APUNTES

  • MORELOS Y SINALOA, cuyas leyes de acceso a la información fueron en su momento modelos, enfrentan crisis. El PAN morelense busca reducir atribuciones al órgano garante, dentro de los trabajos, para que estas legislaciones se ajusten en todo el país a la reforma constitucional en la materia. En la entidad sinaloense, una corriente de oscuro origen trabaja en el mismo sentido regresivo. Habrá que estar pendientes.

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lunes, 23 de junio de 2008

¿Doblegarán magnates a Calderón?

En los próximos días el gobierno decidirá si se doblega ante la presión de un poderoso grupo empresarial. Esto mandará una señal a los hombres más ricos del país, en su mayoría acostumbrados a imponerse sobre el Estado.

La atención está centrada en el refrendo de la concesión para la compañía telefónica Iusacell, de Ricardo Salinas. Los permisos ya cumplieron un año vencidos, y hay dos posturas en disputa: Sectores del gobierno han demostrado técnicamente que la empresa debe pagar al menos 400 millones de dólares por la renovación, pero ésta advierte que ya se amparó contra cualquier cobro.

En la misma fila en que hoy está Iusacell se hallan otras compañías en espera de refrendo, como Nextel o MVS, pero este asunto influirá en la actitud que el gobierno asumirá ante los apetitos empresariales lo que resta del sexenio.

Una sola secretaría, la de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Luis Téllez, deberá canalizar permisos para negocios por casi 70 mil millones de dólares durante la presente administración. Ello incluye a sectores como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones. Téllez es el interlocutor principal de ocho de los 10 hombres más ricos del país, si se considera el ránking que elabora la revista de negocios Expansión.

En mayo pasado, el frágil régimen de Ecuador —que hoy encabeza Rafael Correa—, cuyo anterior presidente fue expulsado a pedradas por la población, tuvo la capacidad de imponer un precio de 480 millones de dólares por renovar durante 15 años la concesión para que operara una compañía telefónica filial de Telmex. Esa cifra debería servir en el futuro para calcular —con sus debidas proporciones— lo que el fisco mexicano debe recabar por licencias, concesiones y refrendos, que en el pasado virtualmente fueron obsequiados a capitales privados.

La presión es sin duda brutal. Cuando llegó al cargo, tras seis años de trabajar para la iniciativa privada, Téllez respondió así cuando su equipo le advirtió que perdería a muchos de sus amigos: “Ya me conseguiré otros”. Sin embargo, hay señales de que esas amistades perduran, sólidamente. Y no se circunscriben sólo a Téllez, sino a muchos personajes del gobierno. Caso notable es el de Gerardo Ruiz Mateos, el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia, uno de los tres hombres más cercanos al Presidente y considerado poderoso aliado de grandes empresarios dentro de Los Pinos.

Pero esta presión no se reduce al ámbito del Poder Ejecutivo. En el Congreso son ampliamente conocidos los legisladores al servicio de los magnates del país. Una muestra menor de ello fue el frenón registrado la semana recién terminada para evitar que la ley de radio y televisión fuera ajustada a lo que ya dispone la propia Constitución.

En esta misma línea actúa la obsequiosidad de muchos miembros del Poder Judicial de la Federación con los dueños de tan acaudalados intereses, lo que ha merecido incluso alarmados reportes de instituciones como el Banco Mundial.

Ante los ministros de la Corte se halla hoy una disputa legal entre la Secretaría de Hacienda y Cemex, del empresario Lorenzo Zambrano. La firma es señalada de fabricarse a sí misma un paraíso fiscal al depositar en una compañía suiza el usufructo de su marca.

Todo esto se trata de un orden de cosas que viene del pasado y que se niega a cambiar. Son los intereses de los inmensamente ricos, capaces de devorar o de plano saquear el patrocinio del Estado, alejados de toda transparencia, en lo oscurito.

Apuntes

  • LA MINISTRA Margarita Luna Ramos trabaja en el dictamen sobre si fue constitucional desaparecer al órgano de transparencia en Querétaro. Nos aseguran que revertirá esa decisión.

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lunes, 16 de junio de 2008

La causa de Creel

Con su rebeldía ante la directriz de Calderón para pactar una alianza electoral con Elba Esther Gordillo, Santiago Creel rompió su último lazo con el actual gobierno

Apenas unos días después de que el gobierno de Calderón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hubieran utilizado el pretexto educativo para mandar el mensaje de un pacto político, el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional se reunió y discutió el tema.

Ahí estuvo la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, para explicar, en los términos más entusiastas de que fue capaz, una “alianza educativa” que a juzgar por los documentos difundidos sólo alcanza a un segmento del magisterio federal, acaso 10% del total existente en el país.

Todos presenciaron de nuevo cómo la secretaria Vázquez Mota escenificaba su nueva relación con la cacique magisterial Elba Esther Gordillo, de quien tomó distancia por años, pero de la cual —en un gran viraje— se tornó aliada y promotora, en público y en privado. Ello incluye hacerse de la vista gorda frente a los manejos administrativos, políticos y gremiales del subsecretario Fernando González —formalmente su subordinado— quien opera administrativa, política y gremialmente con absoluta autonomía.

Todo ello se explica por el anuncio que en esa reunión del consejo panista hizo su dirigente, Germán Martínez, quien presentó ante más de 40 consejeros, una propuesta de alianza electoral en 2009 con el partido político de la profesora Gordillo, el Panal.

Algunas voces aisladas, entre ellas la de Santiago Creel y la de Javier Corral, colocaron en la mesa la pregunta de cuál es la moneda de cambio en esta negociación con la Gordillo, pues está acreditado de sobra su apetito por cargos para sus incondicionales, protección de dirigentes locales y opacidad financiera en los fideicomisos que opera el gremio, por mencionar sólo algunos de sus típicos requerimientos.

Estos cuestionamientos no encontraron respuesta. Germán Martínez puso a votación la propuesta, con un apoyo abrumador, salvo por un voto en contra —de Corral— y una abstención de Creel.

Ese es el actual balance de fuerzas en Acción Nacional, cuya dirigencia conduce el único tipo de adhesión que permite hoy el equipo de Los Pinos: el apoyo incondicional. Tal es la coyuntura interna que permitió echar a Creel, de un manotazo, de la coordinación parlamentaria blanquiazul en el Senado.

Mucho han cambiado las cosas desde que Creel sumó su apoyo y el de los sectores que lo siguen dentro del PAN, para ayudar al arribo de Martínez a la presidencia partidista. Sin embargo, la historia blanquiazul está llena de vuelcos, y no será difícil que nos toque ver cómo los verdugos de hoy son los chivos expiatorios del mañana.

La pregunta es si Creel tendrá los arrestos para empujar una nueva correlación hacia el interior del panismo, que represente un contrapeso ante los dictados desde el poder central.

Salvo etapas aisladas, no se le conoce al senador blanquiazul vocación guerrera. Tras quedarse en la raya durante la disputa por la candidatura presidencial que le arrebató Felipe Calderón, mostró una institucionalidad que le fue reconocida por el propio michoacano. Su cargo de coordinador se lo debió a que Manuel Espino resistió la directriz transmitida por Juan Camilo Mouriño, que intentó vetarlo en nombre del entonces presidente electo. Pese a ello, Creel tuvo deferencias con Mouriño incluso cuando éste se tambaleó al exhibirse su conflicto de interés en el tema de Pemex.

Su apenas relativa autonomía de Los Pinos, su despunte en las encuestas electorales, su aparente tibieza frente a la agónica reforma petrolera y su valerosa postura frente a las televisoras ofrecieron los argumentos necesarios para cortarle la cabeza, quizá no por su desempeño anterior, sino por lo que podría crecer en el futuro.

Habrá que ver ahora si con independencia y peso propios, Creel es capaz de reinventarse y emprender una carrera que le hubiera sido imposible dentro del establo calderonista.

Apuntes: La bomba del ISSSTE

  • ESTA SEMANA comenzará a discutirse en la Corte la salida a los cientos de miles de amparos presentados contra la reforma a la ley del ISSSTE. Quizá no se perciba, pero se trata del conflicto laboral más importante de las últimas décadas. Una larga lista, integrada por 140 cuestiones en este tema, concentrará la atención de los ministros. Le adelanto que el gobierno no se irá con todas las canicas en la resolución respectiva. Es posible que, entre otros aspectos, se le impongan límites para dar de baja a trabajadores que no han cotizado ante el instituto que hoy encabeza Miguel Ángel Yunes, y que el Estado deba revertir la política que por décadas le ha permitido desmantelar compromisos con sus trabajadores en materia de vivienda, centros culturales y de entretenimiento.
  • DUELO DE TITANES es lo que ha generado la demanda de una cuentahabiente de Banamex que exige el pago de abultados intereses por una muy antigua cuenta (una especie de anatocismo inverso). Por el lado de la querellante forma filas el despacho del aún poderoso Diego Fernández de Cevallos, mientras que el banco ha conseguido los buenos oficios del procurador de la República, Eduardo Medina Mora, acaso por una debilidad familiar.
  • LA COFETEL, y muy particularmente su presidente, el panista Héctor Osuna, dejó al parecer sus huellas digitales en la propuesta presentada por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones para que los concesionarios de radio en la banda de AM reciban una frecuencia de FM, para evitar su quiebra.
  • LAS AEROLÍNEAS no son objeto de semejante generosidad por parte del Estado, el cual en rigor técnico y financiero ha evitado extender subsidios al precio de la turbosina, que ha crecido hasta alcanzar 40% de los costos de operación de tales compañías. Este es el drama que se halla detrás de la reciente cancelación de operaciones en Magnicharter, a la que podría sumarse en las próximos días la empresa Aviacsa, y luego otras…
  • EL REGRESO a las lides políticas de Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón y estratega en la comunicación durante su campaña presidencial, catapulta ya las versiones de un “vocero en la sombra” dentro de Los Pinos.

expedientesabiertos@hotmail.com

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lunes, 9 de junio de 2008

Cuando los jueces nos gobiernan

“Hay que escoger las batallas que se dan, y el momento en que se dan”, establece la frase que gusta utilizar desde hace años el presidente Felipe Calderón. Es la filosofía que parece determinar hoy un papel disminuido de su gobierno, acosado, sin iniciativa, agazapado.

Otro de los poderes del Estado, el Judicial, y en particular la Corte, ha tenido un rol central en la conformación de un nuevo país, elevando de rango derechos ciudadanos, acotando el peso de los poderosos y mostrando, en los hechos, que hay batallas a las que no se les puede dar la espalda, pues el momento que la historia asigna es ahora.

En los próximos seis meses, la Corte determinará sobre el más relevante número de asuntos que haya asumido desde que se transformó tras la reforma zedillista de 1994. Lo que de ello resulte marcará por años no sólo el perfil del máximo tribunal, sino el rostro mismo de la nación.

Estos asuntos están envueltos en terminología jurídica y formalismos de procedimiento, pero la determinación de los ministros impactará en temas como el sistema de pensiones del que depende la viabilidad financiera del Estado (la nueva Ley del ISSSTE); el peso del poder económico en los comicios (la reforma electoral), los derechos humanos fundamentales (el aborto), la evasión de grandes empresas usando los paraísos fiscales, la autonomía del Estado frente al cada vez más poderoso sector de las telecomunicaciones (amparos por Cofetel), y, por si faltara algo, los límites en el despliegue policiaco y militar durante disturbios populares (caso Atenco).

El alcance de estos temas puede hacer recomendable una entrega individual en este espacio, pues cada uno es verdaderamente un expediente abierto que concentraría mayor atención y debate si la opinión pública no estuviera capturada sólo por nuestros escándalos de un día. Le ofrezco por ahora, algunas previsiones.

Más de 223 mil demandas, presentadas por al menos 700 mil ciudadanos, impugnan ante tribunales la Ley del ISSSTE, publicada en marzo de 2007, aunque algunas de sus partes centrales entraron en vigencia hasta enero de este año. El tema se resolverá este mes. Se prevé que la ley sea avalada, salvo en algunos apartados.

El tema del aborto surge después de que el 26 de abril de 2007 cobró vigencia en el Distrito Federal la reforma que permite interrumpir el embarazo antes de la semana 12 de gestación. Pese a ser una práctica muy extendida en el mundo, su constitucionalidad ha sido impugnada por la CNDH y la PGR. Los ministros prevén votar al respecto hacia octubre. Sobre este asunto, estrechamente ligado a los derechos de la mujer y del no nacido, todo el mundo tiene su propia opinión, casi siempre irreductible. Hasta este momento la postura de los ministros parece orientarse a declarar constitucional esta determinación adoptada por la Asamblea capitalina.

La Corte ha concentrado bajo su mano todas las impugnaciones a la ley electoral animadas, con buena o mala fe, por el argumento de que afecta la libertad de expresión el no permitir que particulares paguen spots en radio y televisión. Se prevé que la ley sea avalada y desechados estos recursos.

El tema de Cofetel ya ha visitado este espacio. A simple vista, se trata de dos particulares, hoy funcionarios públicos, que piden amparo para que se respete la designación que en su favor hizo el Ejecutivo para ser parte del órgano regulador de las telecomunicaciones. Que la justicia federal los proteja mandará una señal para rescatar a ese órgano de manos de los empresarios del sector, tan poderosos que han logrado que el abogado de la nación, el procurador Eduardo Medina Mora, haga cabildeo con los ministros en contra de este amparo, contraviniendo lo que al parecer está en el interés del gobierno. Pese a ello, parece ser un hecho que el amparo será otorgado y la Cofetel renovada.

Apuntes: ¿Quién paga los ajustes?
  • LA POBREZA, agudizada por el encarecimiento de los alimentos, será amortiguada con nuevos subsidios gubernamentales, pero como el dinero no es de hule, de algún lugar se recortarán gastos. Y, entre otros, las universidades públicas ya recibieron el anuncio de que verán reducirse sus presupuestos, de por sí castigados, como lo demuestra el creciente número de jóvenes sin acceso a la enseñanza superior. A ello ha seguido un jaloneo con Hacienda por parte de las casas de estudio, incluida la UNAM.
  • LA RADIO es materia de negociaciones intensas entre el Congreso y el gobierno. El presidente Calderón recibió desde hace meses, por parte de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, la propuesta de atender la crisis en la que se hallan las estaciones que transmiten en amplitud modulada (AM), que se están muriendo por falta de mercado. Por motivos políticos, la idea acabó en el escritorio del líder priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien hace días impulsó un pronunciamiento para que estos radiodifusores reciban una frecuencia en el cuadrante de frecuencia modulada (FM). La robusta claque beltronista declaró y escribió que el sector recibió con alborozo esta idea. Ello es cierto para un segmento de la industria, pero pregúntele usted a empresarios como Olegario Vázquez Raña o Joaquín Vargas, qué opinan de que otros reciban como regalo lo que a ellos les costó oro. O a quienes desaprueban que el gobierno use el patrimonio nacional para rescatar a empresarios en problemas.
  • MARCELO EBRARD disfruta la proyección política que le otorga la estrategia del gobierno federal contra su anunciada consulta pública sobre la reforma petrolera. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y personajes del PAN, como su dirigente nacional, Germán Martínez, y su coordinador en el Senado, Santiago Creel, han debido participar en una campaña que tendrá efectos bumerán, pues nada impide legalmente que la consulta se haga, y sus resultados captarán ahora mucha mayor atención nacional de lo que se anticipaba.
  • TERMINÓ MAYO, mes del maestro, y todos vimos cómo el gobierno se doblegó ante el poder del magisterio, regenteado por Elba Esther Gordillo. Se firmó una alianza por la educación, cuyo valor no parece ir más allá del papel que la describe, pues no hay compromiso alguno garantizado, por ejemplo, de los gobernadores. Se volvió a validar la prueba ENLACE, mediocre ensayo de lo que hacen naciones de la OCDE. Y ya ni le platico el manejo burdo que dominó este fin de semana el examen para la carrera magisterial.

lunes, 2 de junio de 2008

Muere la reforma petrolera (y el FAP)

Fracasó el gobierno de Ernesto Zedillo cuando, en sus meses finales, encomendó a su secretario de Energía, Luis Téllez, convencer al Congreso de abrir paso a reformas en materia de electricidad. Falló Vicente Fox cuando el PAN impulsó, como gobierno, la misma propuesta que había rechazado como partido opositor. Y faltan algunas semanas para que todos concluyamos que Felipe Calderón también deberá olvidarse de su iniciativa, en este caso en el ámbito petrolero. El tema energético está maldito, ni qué dudarlo.

Es curioso, pero en estas tres etapas hay otro común denominador: la abrumadora incompetencia del gobierno para explicar bien no sólo las bondades de su idea sino los efectos positivos de la misma. En esta oportunidad, los estrategas de Los Pinos erraron con la imagen del tesorito enterrado en el océano; se quedaron pasmados ante la presión para un debate, mostraron incapacidad para promover las propuestas propias. E incluso recurrieron al vil expediente de hacer publicar libelos en contra de aquellos que en los foros convocados por el Congreso se han opuesto a la iniciativa presidencial. Quienes hayan sido, estos operadores merecen un premio a la torpeza.

Si bien ese es el escenario central, en este circo hay pistas paralelas, como la que ocupa la propuesta energética del PRI y de sus gobernadores. Convencidos de que la reforma Calderón busca abrir la puerta al capital extranjero para que desfonde a Petróleos Mexicanos, los priístas han concebido la misma idea pero con capital criollo, de casa: crear empresas nacionales, e incluso regionales, que eventualmente sustituyan a Pemex. Son geniales, pero tras su oreja se asoman las mismas compañías beneficiadas por décadas en la transportación y en la comercialización del crudo, pero que ahora quieren ir por todo. Aunque se tengan que asociar con los políticos… otra vez.

El PRD apostó a cohesionarse internamente con la batalla por el petróleo. El propio Andrés Manuel López Obrador parece, dicen sus cercanos, exclusivamente concentrado en este tema. Mientras eso ocurre, Jesús Ortega se va consolidando como ganador de las farragosas elecciones internas, y el “chuchista” Guadalupe Acosta hizo ya lo propio como dirigente interino. Alejandro Encinas luce exhausto y cada vez más solo en esta batalla.

El Frente Amplio Progresista, que en las elecciones de 2006 hizo creer que el arribo de la izquierda al poder era una realidad, es ya historia en los hechos. Sólo falta extenderle su certificado formal de defunción. Su coordinador, Porfirio Muñoz Ledo, no encuentra ya argumentos válidos para seguir convocando a encuentros, donde sólo se confirmaría que el FAP es una coalición en la que todos se marcharon ya a casa. Quizá el propio Muñoz Ledo haga lo mismo, harto de la brega partidista, y dé los últimos toques a un libro que, le adelanto, se llamará La fractura que viene.

Todo eso ocurre en momentos en que el petróleo tiene parado al mundo de cabeza, discutiendo temas como la forma en que han disparado sus tarifas las compañías privadas exploradoras, esas que al gobierno le urge contratar. La manera en que aumentó el costo en la construcción de nuevas refinerías (76% desde el año 2000), lo mismo que la inversión necesaria para desarrollar nuevos campos de explotación (110% en el mismo periodo). O cómo los movimientos nacionalistas en Medio Oriente o las viejas repúblicas soviéticas impiden el acceso de capitales privados en el manejo del petróleo —¿nos suena familiar?

Todo esto ocurre mientras aquí dormimos… o nos despertamos sólo para pelear.

Apuntes: Otra vez la Corte

  • LA CENTRALIDAD del máximo tribunal en la vida del país quedará nuevamente patente esta semana, cuando los ministros tomen una decisión que impactará en el manejo de las telecomunicaciones en el país, sin duda el sector más relevante en la economía durante los próximos años. Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous han peleado por dos años el amparo de la justicia federal contra un veto del Senado al nombramiento que hizo en su favor el Ejecutivo para ser integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Atrás de esto están en juego no sólo los balances entre el gobierno y el Congreso, sino la agenda del sector, actualmente rehén de los poderosos intereses en la telefonía, la radio y la televisión, que dominan a la Cofetel. Una eventual llegada de Del Villar y de Martínez Pous a ese órgano, más una mayor voluntad política del régimen, abriría la puerta a cambios de fondo. De ese tamaño, con esas implicaciones, es la decisión en manos de los ministros. Habrá que regresar al tema.
  • SIGUE ATORADA la renovación de concesiones de radio en más de 150 casos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ofreció hace meses que se avanzaría en esta línea, sin que nada ocurra aún. Y ello es por la misma indefinición del sector, donde se subraya la necesidad de otorgar nuevas concesiones. Ya no le hablo del refrendo de concesiones de telefonía, que debe suponer un pago importante, que no quieren cubrir los empresarios del ramo.
  • LA CRISIS en la seguridad pública exhibe, según los expertos, diversas fallas del gobierno. Entre ellas, la incapacidad para estimular un mayor compromiso de los ciudadanos en el combate al crimen organizado. Y vea usted un ejemplo: los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR —un sólido grupo de personalidades a nivel nacional— aguardandesde hace meses un espacio en la agenda del presidente Calderón para que se tome protesta al nuevo grupo directivo, electo desde febrero pasado, y ahora encabezado por el reconocido empresario Marcos Fastlich. Ni Los Pinos ni el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, parecen interesados en las implicaciones de esta demora.
  • NUEVO LEÓN es ya un caldero de ambiciones por la sucesión de Natividad González Parás, programada para el próximo año. No habrá candidatos sino hasta febrero, pero corceles y jamelgos ya intercambian coces en la línea de arranque. Por el PRI, la lideresa cenopista y beltronista Marcela Guerra, Abel Guerra, Benjamín Clariond y el senador Eloy Cantú. El mandatario estatal tiene un delfín: su secretario de Gobierno, Rodrigo Medina, pero también tiene un compadre: el senador Jorge Mendoza, ambos muy abajo en las preferencias. Por el PAN ha avanzado el alcalde regiomontano, Adalberto Madero, pero mantiene presencia el senador Fernando Elizondo, un blanquiazul muy cercano al gobernador tricolor. También está en la pelea el diputado local Fernando Larrazábal.

expedientesabiertos@hotmail.com

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