Los compromisos anunciados por el presidente Calderón para frenar los homicidios contra periodistas sólo se cumplirán con un gremio y una sociedad organizados.
Menos de 24 horas después de que el presidente Calderón asumiera compromisos concretos ante organismos internacionales protectores de la libertad de expresión, integrantes del Gabinete de Seguridad reunidos el jueves último en Los Pinos, recibieron instrucciones de presentar un programa de trabajo orientado a la protección de periodistas.
En la agenda presidencial –al menos, en la pública- quedaron marcadas asignaturas pendientes como el impulso a reformas legales que combatan la impunidad en casos de agravios a periodistas, agraven penas de los respectivos delitos y permitan que en algunos de éstos no prescriba la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.
Durante la gestión de Calderòn Hinojosa se ha disparado el número de ataques a periodistas, no como un “daño colateral” del crecimiento de la violencia, sino producto de una estrategia clara de las mafias para controlar no sólo rutas y mercados, sino también la información que consume la sociedad.
Por el camino que recorre actualmente la nación, donde la prensa es amedrentada, amordazada o asesinada, se multiplica el riesgo de que concrete la existencia de un narco-Estado. De llegar ese día, no habrá quién alerte de ello, ni quién pueda impedirlo. La sociedad carecerá de ojos, oídos y músculo para evitar el infierno.
Asumiendo que el compromiso de Calderón es auténtico, difícilmente se avanzará en esta agenda si otros sectores no hacen también su respectiva tarea, lo mismo los medios de comunicación, el gremio periodístico y el conjunto de la sociedad civil, acompañando y respaldando, pero también empujando a los órganos del Estado, tan diestros para atorarse en la maraña de los intereses creados y la burocracia.
Cada vez resultan más claras las tareas que le corresponden a la prensa en esta circunstancia: profesionalización de reporteros y editores, lo mismo en el plano operativo ante coberturas de la violencia, que en el campo ético. En esta última línea, las redacciones deben comenzar a ser limpiadas de aquellos que tienen nexos con las mafias, los que son tan discretos como un elefante en un elevador.
A naciones como Colombia le tomó al menos una década desarrollar mecanismos esencialmente eficaces contra las mafias de las drogas, tanto en el ámbito gubernamental como en el gremial. Con toda la complejidad del proceso colombiano, allá las cosas son jurídicamente más fáciles, pues si bien se trata de un régimen central, no federal, por lo que aquí es obligada la participación de los estados para integrar un sistema de protección y medidas cautelares para periodistas amenazados.
Es urgente contar con un monitoreo científico e independiente de estos casos, que permita darles seguimiento de manera sistemática y determinar, con el mayor rango de prueba posible, cuándo los referidos ataques han tenido como motivo el ejercicio de la libertad de expresión.
Una tarea inaplazable es desarrollar una red de solidaridad con los medios de comunicación de estados y regiones que experimentan todos los días, en carne propia, los riesgos de cubrir la amenaza que representa el crimen organizado en las comunidades a las que buscan servir. Ya diversos medios nacionales han ensayado algunas medidas en esta línea, con éxito reconocible.
Estos esfuerzos deben encontrar su verdadero alcance en una mayor participación de la sociedad, la cual debe determinar cuál es su lugar en esta batalla. Unidos, todos, sí podemos.
Apuntes: La voz del rector
JOSÈ NARRO ha ofrecido un nuevo rostro con el telón de fondo del centenario de la UNAM. Su voz a favor de un mejor país ha traído viento fresco a los discursos chatos y mezquinos que permean nuestra política.
EL MINISTRO José de Jesús Gudiño Pelayo generará con su súbita y lamentable muerte un vacío en la Corte donde fue factor de equilibrio, con una visión en favor de ampliar los derechos ciudadanos.
CANCÚN, el principal polo turístico del país, agoniza bajo el crimen organizado, que lo mismo controla ejecuciones y narcomenudeo que extorsión de negocios locales. En un clima donde todo se vale, autoridades locales, estatales y federales se entregan a negocios rápidos.
domingo, 26 de septiembre de 2010
lunes, 20 de septiembre de 2010
DF: elecciones sin ciudadanos
Es posible que la capital del país se halle a la vanguardia en diversos campos, pero la apertura hacia la participación vecinal no es algo que la distinga.
Once años le ha tomado a la ciudad de México organizar la primera elección de representantes vecinales desde que en 1999 un ejercicio de esta naturaleza resultó frustrado por la apatía del gobierno perredista, que llegaba entonces a su segundo año en el poder.
En aquella oportunidad, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas –que en 1997 conquistó la primera elección de jefe de gobierno del DF- habría sido convencido de que la estructura clientelar del PRI se apoderaría de la red de representantes vecinales que serían electos. El proceso no atrajo apoyo institucional alguno, y el escaso caudal de votos impuso a los beneficiarios tal debilidad tal que acabaron esfumándose.
Quizá usted lo ignore incluso si es habitante del Distrito Federal, pero el 24 de octubre habrá elección de Comités Ciudadanos, en apego la Ley de Participación Ciudadana, reformada recientemente bajo criterios opacos y como producto de una negociación entre bloques del perredismo, a lo que se plegó la lideresa de la Asamblea capitalina, Alejandra Barrales.
La ley establece ahora que los Comités Ciudadanos tendrán peso real en las delegaciones, colonias y pueblos; dispondrán el destino de un porcentaje importante del presupuesto delegacional así como de recursos para operar, que les debe proporcionar el Instituto Electoral del DF, al que se le impusieron compromisos que no corresponden con su perfil jurídico ni con el presupuesto asignado.
La ausencia de un presupuesto mínimo para organizar estas elecciones está haciendo que el proceso agonice por inanición.
La Asamblea del DF se distingue ya por su desaseo político y jurídico, por no mencionar el mediocre perfil de muchos de quienes integran la mayoría perredista. No es posible decir gran cosa tampoco de los bloques opositores, del PAN o del PRI, cuyas bancadas han sido incapaces de constituir un contrapeso real ante el grosero manoseo que se hace en los trabajos de ese cuerpo presumiblemente colegiado.
La elección de Comités Ciudadanos prevé periodos de entrega de formatos para el registro de fórmulas en lo pocos más de siete mil colonias y pueblos que forman en Distrito Federal, según una nueva cartografía diseñada por el IEDF. Este órgano contaba con otra cartografía que le tomó más de dos años realizar con un costo de 12 millones de pesos, pero que por orden de los partidos fue tirada a la basura.
Hacia principios de este mes, sólo medio centenar de grupos ciudadanos había solicitado los formatos para registrar su planilla. De pronto, se produjo el milagro de la multiplicación de los panes, y en unas cuantas semanas el número de registros se acercó a los nueve mil.
Ya la prensa ha dado cuenta de delegados perredistas que citan a personajes diversos –no a ciudadanos, pues ello exige una vocación cívica independiente- a los que les ordenan formar una planilla, con la visión lógica de tener representantes a modo y crear desde ahora una red electoral hacia la elección del nuevo jefe de Gobierno, en 2012.
Dos delegados, Francisco Sánchez, en Iztacalco, y Víctor Hugo Lobo, en Gustavo A. Madero, acumulan denuncias formales del PRI ante el IEDF por esas prácticas, que según se sabe, se multiplican en las muchas delegaciones donde tiene influencia el controvertido René Bejarano y su esposa Dolores Padierna.
El proceso ha puesto en alerta a decenas de asociaciones vecinales que durante décadas han realizado un legítimo trabajo de representación, que la ley en la materia simplemente ignora. Lo mismo puede decirse de agrupaciones empresariales, de comerciantes o desarrolladores inmobiliarios, que por años han sostenido interlocución con autoridades delegacionales. Al parecer, pasarán también al limbo, o deberán pelear, con los dientes, para ser escuchados.
Mañana martes, cuando el jefe de Gobierno del DF, Macelo Ebrard, rinda su cuarto informe en la Asamblea, podrá documentar aspectos en los que la izquierda en el gobierno ha construido una vanguardia.
Sin embargo, el tema de la participación vecinal sigue siendo una asignatura pendiente en la ciudad, y nada permite suponer que ello cambie tras la elección del próximo 24 de octubre.
lunes, 13 de septiembre de 2010
Desdén por grupos vulnerables
A Colombia le tomó 15 años crear una estrategia para proteger de la violencia organizada a diversos sectores. El Estado mexicano da traspiés al respecto.
La Secretaría de Gobernación ha iniciado cabildeos con el Congreso para crear un órgano que extienda medidas de protección para periodistas amenazados bandas criminales.
La idea puede ser sensata, pero luce animada tan sólo para fines mediáticos, sin metodología ni alcances claros. Incluso, la “letra pequeña” de la propuesta prevé acciones que pueden ser lesivas contra la libertad de expresión, que formalmente busca proteger.
En el año 2000, tras lustros de violencia a cargo de la guerrilla, el narcotráfico y las bandas paramilitares, el Estado colombiano creó un programa que identificó a 16 sectores de la población con mayor vulnerabilidad frente a la violencia. Ello incluye a defensores de derechos humanos, a alcaldes en zonas controladas por la criminalidad, a periodistas, a sindicalistas y a líderes comunitarios expulsados de sus poblaciones. Se trata de proteger a miembros de la sociedad cuya tarea representa en estas circunstancias un dique contra la descomposición. De ahí que su eliminación física pueda atraer un impacto mayor en la sociedad.
Este es el espejo en el que nos debemos ver en México. Es preciso que el país cuenta con una estrategia similar, que detecte sectores en riesgo y construya un entramado de medidas de prevención y protección, que frene la actual escalada de muertes que presenciamos entre personajes clave dentro de la población civil.
En los 10 años que ha operado el referido programa en Colombia, cientos de integrantes de poblaciones en riesgo han sido entrenados para no incurrir en mayores peligros, han recibido radios de comunicación para comunicarse con la policía, usado por lapsos breves vehículos blindados o tenido la protección de guardaespaldas. En este 2010, 170 de ellos están bajo este esquema. En promedio, sólo 2% del total de beneficiados por el programa eran periodistas.
A diferencia de Colombia, que es Estado central, no una Federación, en México sería preciso construir una red de estos programas, por lo menos en aquellos estados mayormente afectados por la violencia.
Pero existirían muchos aspectos por resolver. Por ejemplo, qué hacer si la amenaza viene del propio ámbito local, incluso de esferas públicas de alto nivel estatal. En la experiencia colombiana se acepta que una deficiencia de su programa es que no incluye un componente contra la impunidad de los criminales. Y tampoco se protege a la familia de los personajes amenazados, muchos de los cuales no se pueden dar el lujo –como han hecho tantos gobernadores mexicanos- de sacar del país a su esposa e hijos.
El modelo que se discute en el gobierno mexicano se concentra en periodistas y se discute si incluirá a defensores de derechos humanos. Una versión de esta propuesta, mostrada a relatores de ONU y OEA, busca imponer a los medios compromisos sobre los que no existe consenso alguno. Entre otros, la creación de un colegio de periodistas que acredite tal condición a quienes ejercen este oficio.
La colegiación obligatoria de periodistas ha sido una larga tentación autoritaria en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia en contra. Se trata, de plano, de una pésima idea.
Urge que la autoridad transparente los alcances de sus propuestas, aliente el debate público sobre éstas y construya una estrategia en verdad integral de protección a sectores vulnerables frente al crimen organizado.
Apuntes
“LA BARBIE”, el sanguinario capo cuya presencia en horario triple “A” de las televisoras sólo sirvió para que millones de personas notaran su risa burlona, sigue causando bajas a las fuerzas del Estado. El presidente Calderón desmintió ante CNN que la captura haya sido realmente una entrega, pero no aludió al presunto reporte policiaco según el cual la detención fue producto de un incidente de tránsito. El tema rebasó al vocero oficial para temas de seguridad, Alejandro Poiré, quien aún no cumple un mes en el cargo. Otro aspecto incomprensible de esta historia es por qué si se conocen desde hace años los crímenes de Edgard Valdés, está arraigado. ¿No había órdenes de aprehensión en su contra, que obligaran a entregarlo a un juez desde el primer momento?
La Secretaría de Gobernación ha iniciado cabildeos con el Congreso para crear un órgano que extienda medidas de protección para periodistas amenazados bandas criminales.
La idea puede ser sensata, pero luce animada tan sólo para fines mediáticos, sin metodología ni alcances claros. Incluso, la “letra pequeña” de la propuesta prevé acciones que pueden ser lesivas contra la libertad de expresión, que formalmente busca proteger.
En el año 2000, tras lustros de violencia a cargo de la guerrilla, el narcotráfico y las bandas paramilitares, el Estado colombiano creó un programa que identificó a 16 sectores de la población con mayor vulnerabilidad frente a la violencia. Ello incluye a defensores de derechos humanos, a alcaldes en zonas controladas por la criminalidad, a periodistas, a sindicalistas y a líderes comunitarios expulsados de sus poblaciones. Se trata de proteger a miembros de la sociedad cuya tarea representa en estas circunstancias un dique contra la descomposición. De ahí que su eliminación física pueda atraer un impacto mayor en la sociedad.
Este es el espejo en el que nos debemos ver en México. Es preciso que el país cuenta con una estrategia similar, que detecte sectores en riesgo y construya un entramado de medidas de prevención y protección, que frene la actual escalada de muertes que presenciamos entre personajes clave dentro de la población civil.
En los 10 años que ha operado el referido programa en Colombia, cientos de integrantes de poblaciones en riesgo han sido entrenados para no incurrir en mayores peligros, han recibido radios de comunicación para comunicarse con la policía, usado por lapsos breves vehículos blindados o tenido la protección de guardaespaldas. En este 2010, 170 de ellos están bajo este esquema. En promedio, sólo 2% del total de beneficiados por el programa eran periodistas.
A diferencia de Colombia, que es Estado central, no una Federación, en México sería preciso construir una red de estos programas, por lo menos en aquellos estados mayormente afectados por la violencia.
Pero existirían muchos aspectos por resolver. Por ejemplo, qué hacer si la amenaza viene del propio ámbito local, incluso de esferas públicas de alto nivel estatal. En la experiencia colombiana se acepta que una deficiencia de su programa es que no incluye un componente contra la impunidad de los criminales. Y tampoco se protege a la familia de los personajes amenazados, muchos de los cuales no se pueden dar el lujo –como han hecho tantos gobernadores mexicanos- de sacar del país a su esposa e hijos.
El modelo que se discute en el gobierno mexicano se concentra en periodistas y se discute si incluirá a defensores de derechos humanos. Una versión de esta propuesta, mostrada a relatores de ONU y OEA, busca imponer a los medios compromisos sobre los que no existe consenso alguno. Entre otros, la creación de un colegio de periodistas que acredite tal condición a quienes ejercen este oficio.
La colegiación obligatoria de periodistas ha sido una larga tentación autoritaria en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia en contra. Se trata, de plano, de una pésima idea.
Urge que la autoridad transparente los alcances de sus propuestas, aliente el debate público sobre éstas y construya una estrategia en verdad integral de protección a sectores vulnerables frente al crimen organizado.
Apuntes
“LA BARBIE”, el sanguinario capo cuya presencia en horario triple “A” de las televisoras sólo sirvió para que millones de personas notaran su risa burlona, sigue causando bajas a las fuerzas del Estado. El presidente Calderón desmintió ante CNN que la captura haya sido realmente una entrega, pero no aludió al presunto reporte policiaco según el cual la detención fue producto de un incidente de tránsito. El tema rebasó al vocero oficial para temas de seguridad, Alejandro Poiré, quien aún no cumple un mes en el cargo. Otro aspecto incomprensible de esta historia es por qué si se conocen desde hace años los crímenes de Edgard Valdés, está arraigado. ¿No había órdenes de aprehensión en su contra, que obligaran a entregarlo a un juez desde el primer momento?
lunes, 6 de septiembre de 2010
TV digital: ¿Cuál competencia?
El decreto que apresura la digitalización de las señales televisivas no avala el anuncio presidencial de mayor pluralidad en este campo, dominado por dos corporaciones.
Ante un entorno caótico en materia de telecomunicaciones, la administración Calderón reservó el “golpe mediático” del cuarto informe presidencial para presentar un decreto que se limita a cambiar el plazo para que el público deseche su televisor analógico y compre un receptor digital.
El decreto presidencial no garantiza mayor competencia en materia televisiva, no modifica el “regalo” hecho en 2004 por Vicente Fox a las televisoras al prorrogar hasta 2021 todas sus concesiones. Tampoco limita la posibilidad de que las dos corporaciones de las que depende 94% del negocio de la televisión controlen una mayor tajada del pastel. Un ejemplo de ello es el servicio HiTV, de Televisión Azteca, que aprovechó el espectro digital para crear un nuevo negocio.
Mientras en Estados Unidos existe absoluta claridad sobre lo que traerá el futuro tecnológico –léase “The National Broadband Plan”, de la administración Obama-, México chapotea en un pantano de contradicciones, donde gobierno, empresarios y sociedad dirimen a dentelladas la política de telecomunicaciones, clave para el crecimiento económico, educativo y democrático de la nación.
En lo que sí fue eficaz el anuncio de Los Pinos fue en desviar la atención sobre las polémicas licitaciones 20 y 21, que desataron una guerra –política, jurídica, empresarial- fuera y dentro de la errática Cofetel. Su presidente, el novato Mony de Swan, nos regaló el edificante espectáculo de insultar por Twitter a uno de sus colegas, el comisionado Rafael del Villar, por el crimen de tener criterio propio.
A esto se agregan el enorme rezago en banda ancha, los amparos sin fin de una concesionaria –Iusacel- para no pagar derechos; la batalla de una más –MVS- para evitar ser despojada de espectro; los obstáculos a que Carlos Slim ofrezca televisión, y los reclamos de telefónicas por falta de equidad en el sector.
De espaldas a este desastre, escuchamos al citado De Swan y al propio secretario del sector, Juan Molinar Horcasitas, hablar de subsidios para 23 millones de propietarios de televisores para facilitar la transición digital. Ambos repiten la profecía de Calderón de que esto traerá mayor competencia, cobertura, convergencia, democracia…
Por ignorancia o mala fe, lo que ellos dicen no resiste el menor análisis. En México existen 27 millones de hogares, según el INEGI. En ellos hay, efectivamente, 23 millones de televisores, de acuerdo con la misma fuente. Pero de éstos, 3.6 millones ya son digitales, de acuerdo con reportes oficiales. Y hay más de ocho millones de suscriptores de televisión restringida, que ya cuentan con un decodificador. Los números, por tanto, son muy diferentes. Y otorgar millones de bonos con subsidios en 2011 y 2012, años electorales, arrojará un tufillo clientelar inocultable.
Si el gobierno en verdad asumiera un compromiso con la competencia en televisión, no tendría por qué esperar. En la banda UHF (donde se ubican los canales 22, 28 o 34) existen 10 concesiones, pero caben 17, hasta llegar al canal 69, sin violentar el espacio de 6 megahertez de separación entre cada señal. Incluso puede establecerse al menos una nueva cadena nacional, si los concesionarios actuales –varios de ellos gubernamentales- son reacomodados con tal fin.
Calderón ya no será presidente en 2015, cuando se consume su propuesta del “apagón analógico” que según dice, nos traerá mayor pluralidad en la televisión. Pero puede alcanzar esa meta hoy. Ser el presidente del cambio, al menos en este ámbito.
El problema es que no quiere. O no puede. O no lo dejan. O las tres cosas.
Apuntes
COMITÉS VECINALES serán electos en el DF el 24 de octubre, de acuerdo con una ley aprobada sobre las rodillas en la Asamblea de Representantes que encabeza la perredista Alejandra Barrales. Esa institución, más el tribunal y el instituto electorales de la capital del país tienen las encomienda de organizar el proceso. Pero Barrales está saboteando los trabajos, la llave del dinero fue cerrada y, en cambio, se soltó las manos a operadores del perredismo controlados por René Bejarano, como el legislador Leonel Luna o los delegados Francisco Sánchez, de Iztacalco, y Eduardo Santillán, de Álvaro Obregón. Se teme una regresión en el campo cívico.
Ante un entorno caótico en materia de telecomunicaciones, la administración Calderón reservó el “golpe mediático” del cuarto informe presidencial para presentar un decreto que se limita a cambiar el plazo para que el público deseche su televisor analógico y compre un receptor digital.
El decreto presidencial no garantiza mayor competencia en materia televisiva, no modifica el “regalo” hecho en 2004 por Vicente Fox a las televisoras al prorrogar hasta 2021 todas sus concesiones. Tampoco limita la posibilidad de que las dos corporaciones de las que depende 94% del negocio de la televisión controlen una mayor tajada del pastel. Un ejemplo de ello es el servicio HiTV, de Televisión Azteca, que aprovechó el espectro digital para crear un nuevo negocio.
Mientras en Estados Unidos existe absoluta claridad sobre lo que traerá el futuro tecnológico –léase “The National Broadband Plan”, de la administración Obama-, México chapotea en un pantano de contradicciones, donde gobierno, empresarios y sociedad dirimen a dentelladas la política de telecomunicaciones, clave para el crecimiento económico, educativo y democrático de la nación.
En lo que sí fue eficaz el anuncio de Los Pinos fue en desviar la atención sobre las polémicas licitaciones 20 y 21, que desataron una guerra –política, jurídica, empresarial- fuera y dentro de la errática Cofetel. Su presidente, el novato Mony de Swan, nos regaló el edificante espectáculo de insultar por Twitter a uno de sus colegas, el comisionado Rafael del Villar, por el crimen de tener criterio propio.
A esto se agregan el enorme rezago en banda ancha, los amparos sin fin de una concesionaria –Iusacel- para no pagar derechos; la batalla de una más –MVS- para evitar ser despojada de espectro; los obstáculos a que Carlos Slim ofrezca televisión, y los reclamos de telefónicas por falta de equidad en el sector.
De espaldas a este desastre, escuchamos al citado De Swan y al propio secretario del sector, Juan Molinar Horcasitas, hablar de subsidios para 23 millones de propietarios de televisores para facilitar la transición digital. Ambos repiten la profecía de Calderón de que esto traerá mayor competencia, cobertura, convergencia, democracia…
Por ignorancia o mala fe, lo que ellos dicen no resiste el menor análisis. En México existen 27 millones de hogares, según el INEGI. En ellos hay, efectivamente, 23 millones de televisores, de acuerdo con la misma fuente. Pero de éstos, 3.6 millones ya son digitales, de acuerdo con reportes oficiales. Y hay más de ocho millones de suscriptores de televisión restringida, que ya cuentan con un decodificador. Los números, por tanto, son muy diferentes. Y otorgar millones de bonos con subsidios en 2011 y 2012, años electorales, arrojará un tufillo clientelar inocultable.
Si el gobierno en verdad asumiera un compromiso con la competencia en televisión, no tendría por qué esperar. En la banda UHF (donde se ubican los canales 22, 28 o 34) existen 10 concesiones, pero caben 17, hasta llegar al canal 69, sin violentar el espacio de 6 megahertez de separación entre cada señal. Incluso puede establecerse al menos una nueva cadena nacional, si los concesionarios actuales –varios de ellos gubernamentales- son reacomodados con tal fin.
Calderón ya no será presidente en 2015, cuando se consume su propuesta del “apagón analógico” que según dice, nos traerá mayor pluralidad en la televisión. Pero puede alcanzar esa meta hoy. Ser el presidente del cambio, al menos en este ámbito.
El problema es que no quiere. O no puede. O no lo dejan. O las tres cosas.
Apuntes
COMITÉS VECINALES serán electos en el DF el 24 de octubre, de acuerdo con una ley aprobada sobre las rodillas en la Asamblea de Representantes que encabeza la perredista Alejandra Barrales. Esa institución, más el tribunal y el instituto electorales de la capital del país tienen las encomienda de organizar el proceso. Pero Barrales está saboteando los trabajos, la llave del dinero fue cerrada y, en cambio, se soltó las manos a operadores del perredismo controlados por René Bejarano, como el legislador Leonel Luna o los delegados Francisco Sánchez, de Iztacalco, y Eduardo Santillán, de Álvaro Obregón. Se teme una regresión en el campo cívico.
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