Pacto sin inocencia

Por primera ocasión desde que en 1997 inició la confrontación entre Congreso y Ejecutivo, los líderes políticos se han puesto de acuerdo en una reforma de fondo. Al fin.

Dos personajes clave en la política mexicana, el presidente Felipe Calderón y el líder parlamentario Manlio Fabio Beltrones, cuyos partidos, el PRI y el PAN, pueden hacer aprobar en las cámaras aun la reforma constitucional más compleja, gracias a la abrumadora mayoría que detentan, han arribado a coincidencias fundamentales que transformarán al país en múltiples órdenes.

Ambos han expresado su voluntad y han coincidido en la urgencia de de dar paso a una reforma política que recoja reclamos que se expresaban previamente a la alternancia en el poder del 2000, y que al concretarse gravitarán en el sistema electoral del país, en la configuración del propio Congreso, en la reelección de diputados y alcaldes…

La propuesta no tiene paternidad expresa, de ahí que los caminos para un acuerdo sin malicia sean más anchos: Calderón la hizo suya al anunciar una serie de iniciativas en el contexto de su tercer año de gobierno, pero ya antes Beltrones la había esbozado en diversas declaraciones y en un amplio artículo periodístico aparecido en el arranque del recién concluido periodo de sesiones.

Otro actor con simbolismo indudable en esta vertiente, Porfirio Muñoz Ledo, acumula lustros de experiencia en este tema, al grado de ser el político en activo con mayor conocimiento del mismo. Mucho antes de la llegada de Fox a Los Pinos, Muñoz Ledo auspiciaba encuentros y documentos de enorme profundidad en torno a la reforma del estado, con vistas a lo que él imaginaba como un nuevo Congreso Constituyente que daría paso a estos mismos puntos.

Las coincidencias en las posturas de todos ellos son abrumadoras: Reducción en el tamaño de las cámaras, sin lista nacional en el Senado y con 100 diputados plurinominales menos. Reelección inmediata en los cargos citado, referéndum…

A la luz de un consenso semejante, las diferencias son menores: en la misma orientación de los postulados de Beltrones se hallaba la necesidad de una relación más fluida entre Congreso y Ejecutivo, para evitar la “congeladora”. Pero también, Calderón entiende que sus propuestas tienen que estar acompañadas con un proceso de mayor transparencia en la designación del gabinete, y que debe existir mayor rendición de cuentas, lo que puede llevar a estudiar una acotada revocación del mandato.

Los temas de impacto electoral están ahí ya. Tienen la capacidad de evitar una nueva crisis como la de 2006, en particular no repetir en 2009 esa pesadilla. Así lo han sostenido, en documentos específicos, tanto Calderón como Beltrones.

Las coincidencias son abrumadoras, al grado de que la identidad en documentos signados por cada uno de ellos podría estremecer al analista más circunspecto.

Por fin, tenemos un acuerdo. Podemos recuperar la confianza en nuestros políticos, que han sabido estar a la altura del momento histórico que amenazaba con descarrilar al país hacia el despeñadero.

Por fin, un consenso abrumador entre las principales fuerzas políticas. Nombremos el 2010 Año del Acuerdo.

Un momento, por favor…

Recordemos que hoy es 28 de diciembre, que se dedica a las almas incautas. Algo de ello hay en este texto, pero no en su esencia: nunca en el pasado reciente parece haber habido tanta coincidencia en lo que los políticos proponen en materia de reforma del estado. Pero quizá tampoco hayamos conocido antes tan escasa estatura en sus miras ni tanta malicia, a favor de míseros intereses y de espalda al país. Acaso debamos guardar los festejos para otra época.

Apuntes: Año ominoso

PERIODISTAS. Todavía puede agravarse en lo que resta de este año, pero es probable que la cifra de profesionales de la información asesinados en este 2009 cierre en justo una docena, cifra que se redondea con el crimen perpetrado contra el reportero Alberto Velásquez, en Tulum, Quintana Roo, el pasado día 22. A ello deben agregarse ocho desapariciones de diaristas, y siete atentados con explosivos contra diversos medios del país.

Desde que inició la administración Calderón, el conteo alcanza 57 muertes, el más grave en la historia moderna del país. Es un problema que exhibe la incompetencia oficial ante el crimen y la impunidad, pero también requiere respuestas más eficaces por parte del gremio periodístico y de la industria editorial.

Morelos podrido

No se trata de partidos o personalidades: la entidad vecina a la capital de la República exhibe la manera en que el crimen organizado penetró todo y a todos puso de rodillas.

Reportes recientes –como los publicados ayer por en EL UNIVERSAL por Francisco Gómez y Justino Miranda- redondean un cuadro patético: el operativo contra el capo Arturo Beltrán Leyva requirió echar mano de la Marina porque el resto de la estructura de seguridad que el Estado mexicano podía desplegar en la zona, el Ejército incluido, estaba subordinada al enemigo.

La historia de Morelos de los cinco últimos años es la crónica de cómo el crimen organizado rindió a todas las instancias diseñadas para cumplir el fin primero y último del Estado: velar por la vida, la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos. Primero fueron las policías municipales, luego la policía ministerial, los directivos de Seguridad Pública estatal, la Procuraduría local, funcionarios antinarcóticos de la PGR…

En mayo pasado, cuando policías federales allanaron, a unos metros del Palacio de Gobierno donde despacha el panista Marco Antonio Adame, una residencia en busca de Alberto Pineda Villa, operador de los Beltrán Leyva en Morelos-, la pus, signo de putrefacción, brotaba ya dondequiera. Documentos hallados en ese domicilio demostraban la protección que otorgaban al narcotráfico los cuerpos estatales de seguridad, lo que llevó a la remoción de sus directivos, lo que atrajo una serie de ejecuciones de jefes policiacos estatales y municipales en diversos puntos de la entidad.

Pero esto no es sólo una historia de policías y ladrones que pierda interés por la caída de Beltrán Leyva. En Morelos como en un creciente número de estados, el olor del dinero sucio maniata a las autoridades, marea a la clase política, fractura grupos de poder y agrieta lealtades en grado tal que se debe reflexionar si el simple ejercicio de la política sigue siendo viable en esos entornos.

A la luz de este proceso de degradación debe explicarse la fiesta de frivolidad encarnada por el ex gobernador panista Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), al que se le llegó a atribuir un romance con una hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, que junto con Vicente Carrillo Leyva disfrutaron del cobijo oficial en el estado.

En 2000, Estrada Cajigal logró imponer a su sucesor y correligionario Adame a sus principales funcionarios de seguridad –peones todos de los cárteles-, varios de los cuales permanecían en sus puestos cuando hace algunos meses la autoridad federal los llevó a prisión. Curiosamente, su abogado es Guillermo Pasquel, el mismo que defendió a Estrada Cajigal ante una artificiosamente débil indagación de la PGR cuando se le acusó de nexos con el crimen organizado.

El nexo de Adame con Estrada Cajigal acabó eventualmente roto, y se precipitó también un ruptura en la llamada “Sagrada Familia”, el bloque de panistas tradicionales que históricamente controló a Acción Nacional en la entidad.

En un acto melodramático, Estrada Cajigal renunció en marzo al PAN, en el marco del proceso electoral local de julio pasado. Sumó entonces fuerzas, nexos y compromisos con una fracción del PRI, que regentea en el estado Guillermo del Valle.

Hoy, unos y otros, gobierno estatal, PAN, PRI, Congreso local y gobiernos municipales, exhiben inestabilidad política, en buena medida por la presión y el hambre de dinero sucio. Pero Morelos no es el único estado en semejante postración.

Apuntes: Enigma en la SEP

CON UN PIE fuera de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González, yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, cierra un ciclo en la estrategia de la poderosa profesora, cuyas apariciones públicas se han ido espaciando misteriosamente. González Sánchez, originario de Sinaloa, ha visitado asiduamente su entidad natal durante los meses recientes, y se le empieza a ver como posible candidato del Panal, el partido de la maestra, para las elecciones locales del próximo año. Sería un ingrediente turbador más en un proceso que ya parece anunciar la fractura del PRI en la designación del sucesor del gobernador Jesús Aguilar. Ello puede derivar en varias candidaturas cercanas al oficialismo, sea por su descomposición, sea como una maquiavélica estrategia para diluir la fuerza de un aspirante realmente opositor. Hace cinco años, el actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, estuvo a punto de ganar esa entidad para el panismo.

La tozudez de Felipe

Por necedad o por convicción, Calderón removió a Guillermo Ortiz e impuso con ello a la primera generación de panistas en el control del sistema financiero.

Cuando este martes el Senado ratifique a Agustín Carstens al frente del Banco de México, Felipe Calderón habrá consumado su golpe político más importante desde la conquista de la Presidencia, acaso sólo comparable – y de lejos- con el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la extinción de su sindicato, el SME.

El PAN ha iniciado su décimo año en Los Pinos, pero hasta ahora apenas había tocado con el pétalo de alguna sugerencia el búnker desde el cual una casta dorada de políticos y burócratas -priístas en su abrumadora mayoría- controlan las finanzas del país. Nadie puede saber si nos traerá beneficios o desastres, pero es un hecho que el panismo ha empezado a perderle el miedo a ejercer el poder.

Muchos fueron testigos durante el gobierno del primer presidente panista, Vicente Fox, de las condiciones que le impuso Francisco Gil Díaz para aceptar la Secretaría de Hacienda. “Esa sí fue autonomía, no sólo política y operativa. Incluyó cierto grado de humillación sobre Fox y el resto del gabinete”, comentó a este espacio un estrecho colaborador del ex mandatario.


La relación entre Calderón y Ortiz nunca fue buena. Y se registró una ruptura pública cuando un sector del panismo, que incluía al hoy Presidente, consideró inviable la permanencia de Ortiz en Banco de México tras el rescate bancario del Fobaproa, tan apoyado por otro segmento del blanquiazul, en las personas del citado Fox y de Diego Fernández de Cevallos. Menos notorio, no fue menor el diferendo de Calderón con Gil Díaz por la opacidad de los fidecomisos creados desde Hacienda con fondos de las aduanas, sin que nadie pudiera auditarlos.


Ya en el actual gobierno la comunicación entre el Banco de México y el gobierno Calderón fue virtualmente nula, pese a que Ortiz y Gil Díaz influyeron en la designación en Hacienda de Carstens, un hijo pródigo de la burocracia dorada que domina el sector financiero mexicano.

Los pronunciamientos de Calderón y de Carstens sobre una nueva etapa, con coordinación y trabajo conjunto, no sólo anticipan el fin de ese ciclo sino el tutelaje de Carstens sobre el nuevo secretario de Hacienda, el novato Ernesto Cordero, sin duda el hombre de mayor cercanía con el Presidente.


Sectores enterados fuera y dentro del gobierno identifican en Hacienda uno de los nudos que le ha permitido al PRI preservar amplios segmentos de poder. En los entretelones del erario se tejen privilegios para gobernadores y empresarios, y se benefician carreras políticas.


El PAN no ha querido o no ha podido romper esos feudos dentro de Hacienda, y es un enigma si lo hará ahora. Ello definirá la suerte, por ejemplo, de dos poderosos operadores priístas en la dependencia: el subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade, y el coordinador de asesores, José Antonio González Anaya.

El primero fue descrito a este espacio como quien coordinó la escandalosa exención fiscal a los futuros concesionarios de nuevas frecuencias para telefonía celular. Y del segundo se dijo que es quien abre o cierra el acceso de los gobernadores a los resquicios del presupuesto federal, de ahí que simultáneamente encabece la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. De acuerdo con la misma fuente, los otros subsecretarios, Alejandro Werner y Dionisio Pérez Jácome, gozarían de la confianza presidencial.

En semanas recientes, cuando el presupuesto 2010 era discutido en el Congreso, Calderón convocó a Los Pinos a notables de varios sectores para dar su versión de las cosas. Algunos de los asistentes a esos encuentros refieren un desusado protagonismo presidencial para exponer los temas, pese a sus escasas credenciales profesionales en economía, y pese también a que en las reuniones estuvo siempre Carstens, quien difícilmente abrió la boca.


De ahí que otro misterio de hoy lo constituya la medida en que Calderón intentará radicar en sus manos las decisiones sobre política económica, o si Carstens sabrá realmente construir su propio espacio de independencia, para que como propuso alguna vez en un ensayo sobre el tema, “el gobierno se asegure de que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras al apoyar la autonomía del banco central”.

Embestida precoz de la telebancada

Esta semana detonará la maniobra para sacar adelante una nueva Ley de Medios, impulsada por PRI, PRD y quizá, un sector del gobierno Calderón.

No es una novedad que ya se le haya bautizado como “mini Ley Televisa”, en alusión al grosero despliegue de fuerza con que esa corporación mediática y sus aliados impusieron su voluntad en 2006 al Congreso de la Unión para abrir nuevas líneas de negocio y blindarse jurídicamente.

No es sorpresivo tampoco que ante la influencia de las televisoras para designar a operadores suyos en diversos grupos parlamentarios en la actual legislatura, la llamada telebancada impulse iniciativas que anulen lo dispuesto por la Corte en 2007, gracias a la acción de constitucionalidad promovida un año antes para frenar, en el máximo tribunal, lo arrancado a legisladores y partidos por el poder de las televisoras.

Lo sorpresivo es quizá que estos poderes mediáticos hagan un nuevo alarde y promuevan su intentona en el Senado de la República, donde han logrado que el PRI –con el peso de Manlio Fabio Beltrones incluido- y el PRD avalen un paquete de propuestas que de entrar en vigencia, restituirían privilegios a los medios electrónicos, como el otorgamiento de refrendos permanentes, sin licitación de por medio, contra lo que dictaminó la Corte en junio de ese 2007 al derogar el artículo 16 de la ley en la materia, que ahora busca reponerse sin memoria ni sonrojo.

Con el mismo sello de la casa que en 2006 logró una aprobación unánime en Diputados, en el Senado el asunto tiene prisa. Existe ya un proyecto de dictamen aprobatorio que se buscó votar la semana pasada en la Comisión de Radio y Televisión que preside el perredista Carlos Sotelo, para llevarlo al pleno mañana martes. Los senadores panistas Ricardo García Cervantes, Santiago Creel y Marko Cortés impugnaran tal precipitación ante el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, lo que retrasó temporalmente el proceso.

De aprobarlo la cámara alta, el asunto tendría un día de campo en San Lázaro, donde medio centenar de legisladores, de diversos partidos, exhiben compromisos escandalosos con la radio y la televisión. A juzgar por la arrogancia del sector -que en días pasados hizo que sus operadores políticos se pasearan en el Senado-, seguramente se busca resolver el tema antes del próximo día 15, cuando el Congreso entra en receso.

El enigma real aquí es cuál es la posición del gobierno Calderón, y si estas propuestas reflejan la reciente promesa del Presidente de una reforma profunda en el campo de las telecomunicaciones.

Las iniciativas de PRI y PRD incluyen muy tímidos avances para medios comunitarios, un asunto que, se sabe, preocupa al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Si con ello se deja contento a Los Pinos, es probable que veamos una nueva “cargada” a favor de estas reformas regresivas, que arrastraría a un segmento del PAN en el Senado, como ocurrió con la exención fiscal para quien incursione en las nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil, lo que, se anticipa, supondrá privilegios adicionales para Televisa y sus aliados en este proyecto, presumiblemente la española Telefónica, que dirige Francisco Gil Díaz.

Esa exención –calculada en 6 mil millones de pesos- fue públicamente impulsada por el PRI y enfrentada por PAN y PRD en el Senado, hasta que el referido Gómez Mont dijo a los senadores del blanquiazul que el propio presidente Calderón avalaba la iniciativa, lo que derivó en una forzadísima retirada de Acción Nacional en Xicoténcatl. Una nueva “línea” de esta naturaleza franquearía el paso a la Ley de Medios que ahora confeccionan formalmente PRI y PRD.

Lo que ocurra en las próximos horas evidenciará si el país es capaz ya de resistir estos avances que depredan y someten al Estado, o si casi cuatro años de debate en la materia han sido inútiles ante los intereses creados que engarzan a unos y otros.

Politécnico: olvido e imposición

La administración Calderón tendrá un error costoso si procesa como mero trámite el relevo en el IPN; el agravio le traería pronto dolores de cabeza serios

Apenas el pasado día 19 el secretario de Educación, Alonso Lujambio, acudió a uno de los campus del Instituto Politécnico Nacional, para inaugurar nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Parecía tener conciencia de que se había metido en la boca del lobo.

Tenido por hombre acucioso, Lujambio aprovechó el momento para destacar que el presidium del evento, que reunía a las más altas autoridades del Politécnico, estaba dominado por egresados de Ciencias Biológicas, pues ellos forman el primer círculo del director, Enrique Villa Rivera, quien cumplió en el cargo dos periodos de tres años –el máximo permitido-, y cuyo relevo debe ser anunciado en los próximos días para tomar posesión el 12 de diciembre.

La coyuntura obliga a echar una mirada a esta institución educativa creada en 1936 bajo una visión de Lázaro Cárdenas a fin de crear los cuadros profesionales para el desarrollo industrial del país. Su antecedente histórico y su perfil popular lo llevaron a formar parte de la iconografía del PRI, lo que no impidió que los últimos presidentes del Institucional desdeñaran a la institución y la condenara a un lento deterioro.

Su último egresado ilustre, Ernesto Zedillo, arribó a la Presidencia en 1994, y ello despertó previsiones de un renacimiento del Politécnico. Pocos sabían que Zedillo sufrió su paso por la institución. Estudiante luminoso de Economía, se apresuró a abandonar lo antes posible del Politécnico cuya orientación política rechazaba, y consiguió luego una beca en la Universidad de Yale, que reconoce como su auténtica alma mater. Desde el zedillismo, son escasos los politécnicos que hallan espacio en la administración pública.

Villa Rivera halló apoyo en la dirigente Elba Esther Gordillo, pero luego rompió y se refugió en la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quien promovió su reelección en diciembre de 2006. Preparó para su relevo a un equipo de incondicionales, entre los que destaca Yoloxóchitl Bustamante Diez, secretaria académica. Otras cartas son Efrén Parada Arias, secretario general, y Héctor Martínez Castuera, secretario de Servicios Educativos. Todos, de Ciencias Biológicas.

El Politécnico tiene una implantación importante en zonas humildes del país y en el tejido social del priísmo, que siempre impidió cacicazgos como el que se intenta ahora. Bien harán Lujambio y Calderón en encontrar a un politécnico con arraigo y capacidad para evitar al país complicaciones mayores.

Apuntes: Amagos sobre el IFAI

EN LA PGR, titulares van y vienen, pero es la dependencia federal más hermética a la transparencia. Como en toda democracia con herramientas de acceso a la información pública, esta instancia es objeto de múltiples peticiones ciudadanas, que en el caso mexicano se estrellan en intereses creados y falta de voluntad política. Los operadores de esta cerrazón, ahora a cargo del procurador Arturo Chávez, dieron un nuevo paso contrario al texto constitucional: hicieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitiera un recurso contra una resolución del IFAI, que encabeza Jacqueline Peschard, quien en diversos foros ha alertado contra peligros de regresión. Dicho Tribunal ya se había declarado incompetente para resolver en la materia, pero de actuar ahora en sentido contrario e imponer una revisión administrativa a las resoluciones del Instituto, abriría la puerta para que autoridades de todos los niveles regresen a la opacidad.

PESAR por la muerte de don Joaquín Vargas Gómez, fundador del grupo MVS Comunicaciones. Su trayectoria, visionaria, esforzada y dotada de una gran autoridad moral, contrasta con los acomodos y excesos que dominan la relación entre los poderes públicos y la mayoría de los grupos de medios electrónicos, siempre prestos a intercambiar privilegios por subordinación.

EL GOBIERNO CALDERÓN cumple su primera mitad mañana, y arrastra sombríos indicadores. Es deseable un amplio debate para encontrar los debes y haberes del régimen de la alternancia, que desde el 2000 ha estado acompañado de dos males: una persistente crisis económica y una triste incapacidad del panismo para explicarnos los cambios conquistados frente al pasado.

Disfraces de la cédula de identidad

En un juego opaco y mentiroso, la Cámara de Diputados dio paso a una herramienta de control político, electoral y policiaco con enorme potencial antidemocrático.

La coordinadora del PAN en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, quizá tenga personalidad múltiple, o simplemente es falsa. Caso contrario, debe explicar su papel en la autorización de fondos para imponernos a los mexicanos una Cédula de Identidad Ciudadana (Cedi) que otorgará al Estado controles de los que carecen incluso naciones como Estados Unidos, pese a su guerra contra el terrorismo.

La Cedi ha levantado impugnaciones en múltiples sectores, entre ellos el IFE y el IFAI, pues suprimiría la credencial para votar que tanto ha costado al país política y económicamente (cerca de 4,000 millones de pesos), además de otorgar a la autoridad, por la vía del cruce de bases de información, acceso a datos personales que en muchas naciones democráticas son propiedad exclusiva de los ciudadanos, como se lo expuse ya a usted en la entrega de estos Expedientes el pasado 10 de agosto (“Una cédula incómoda”).

El Presupuesto enviado por la administración Calderón a diputados pedía gastar en 2010, poco más de mil millones de pesos para este proyecto, la tercera parte de su costo total estimado. Desde octubre fue publicada una licitación (la 4001-009-09) para adquirir equipo informático capaz de recabar un total de 10 rasgos físicos de todos los mexicanos mayores de edad, entre ellos las 10 huellas dactilares, el rostro e incluso el iris de ambos ojos. Los resultados de esa licitación, que atrajo a corporaciones nacionales y extranjeras, debieron haberse revelado ya, de acuerdo con un programa que ha sufrido diversos ajustes.

En un juego de espejos, Diputados canceló la partida presupuestal solicitada por el gobierno, pero aumentó en una cantidad similar los recursos del área respectiva, el Registro Nacional de Población, de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Fernando Gómez Mont, es el principal promotor del proyecto.

En la madrugada del martes 17, en medio de las negociaciones en San Lázaro, PRI y PRD acordaron incluir en el dictamen del Presupuesto un artículo transitorio que prohibía expresamente llevar adelante la Cedi. Fuentes legislativas aseguran que Vázquez Mota se reunió en privado con la también diputada y lideresa priísta Beatriz Paredes, tras lo cual el Institucional, por conducto del legislador Felipe Solís Acero –experto en estos temas- anunció que no apoyarían el referido transitorio.

Sin embargo, 48 horas después, en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, Vázquez Mota dijo que el Cedi se había quedado sin presupuesto y que ello abriría “un periodo de reflexión” sobre este tema, dando a entender que la iniciativa quedaba en el limbo. No fue lejos por la respuesta. En ese mismo espacio el especialista Jorge Alcocer reveló el manoseo de fondos, y citó declaraciones del subsecretario del ramo en Gobernación, Alejandro Poiré, en el sentido de que la Cedi sí va.

Se trata de un capítulo aún no cerrado. En el PRI hay suspicacias claras sobre el Cedi, el cual podría permitir a la autoridad gravitar sobre programas sociales y procesos electorales, lo que impondría una regresión indudable.

Es conocido que en primer círculo del líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones, existe rechazo a la fórmula avalada por Beatriz Paredes en San Lázaro. Los senadores beltronistas Jesús Murillo Karam y Francisco Arroyo, han sido los portadores de este malestar, que seguramente abrirá nuevos episodios al tema.

Apuntes: Infamia en Durango

EL GOBERNADOR de Durango, Ismael Hernández Deras, decidió encarar el creciente número de periodistas asesinados en su estado atacando…a las víctimas. En una entrevista televisada, dijo que los diaristas muertos se dedicaban “a otras actividades”, con lo que dio a entender que su muerte puede ser ajena al oficio, lo que no ha sido documentado por la Procuraduría estatal. El mandatario, al que se le atribuye intolerancia frente a la crítica, calificó de “enfermizos” a los que hablan de problemas en la entidad, y acabó impugnando a su propio entrevistador.

EN VERACRUZ existen dudas sobre en qué consistió la negociación del gobernador Fidel Herrera con el Partido Acción Nacional para dejar pasar la reforma a la Constitución que penaliza la práctica del aborto. Lo sabremos en los próximos meses, cuando se definan candidaturas para el relevo en el gobierno local.

Presupuesto: la noche de los cuchillos

Una pelea a dentelladas dentro del PRI, y de éste con Hacienda, marca las últimas horas de la negociación sobre el gasto federal. Perdimos, otra vez, la posibilidad de un debate sobre alternativas para la nación.

En un circo de tres pistas, la madrugada de hoy se resolvían detalles centrales del presupuesto federal. Un puñado de legisladores priístas, que representan a los principales facciones que dominan a ese partido, arrancaban a dentellas recursos a la Secretaría de Hacienda para atender apetitos de los gobernadores del tricolor o de algunos de sus sectores corporativos internos.

El momento confirmaba el extravío del liderazgo formal del coordinador priísta, Francisco Rojas, quien literalmente estuvo borrado del mapa por una ausencia oficialmente atribuida a un mal respiratorio que si bien le impidió cobrar estatura política pero en cambio lo salvó de un ridículo similar al vivido durante la discusión de la Ley de Ingresos.

En este contexto, el protagonismo lo cobró Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto gracias a su cercanía con el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. A Videgaray, hombre de pocas luces, se le escuchó decir en reuniones oficiales que él no tiene jefes, pero lo que sí exhibe desde hace semanas son dos sombras: sus compañeros de bancada Alberto Cano Vélez y Sebastián Lerdo de Tejada, reconocidos éstos como operadores de Manlio Fabio Beltrones y de Beatriz Parees, respectivamente, considerados, como Peña, aspirantes presidenciales.

La pelea a cuchilladas con el gobierno por los recursos públicos y la sorda pugna interna en el priísmo eran imágenes que anoche se complementaban con una fracción del tricolor ignorante de todo y en espera de “línea”; una bancada del PAN subordinada y sin pundonor, y un PRD vacío no sólo vacío de fuerza sino de ideas.

Era así como el país se encaminaba a definir su gasto federal, que en otras muchas naciones está siendo herramienta clave para superar la crisis e incluso para redefinir su propio rumbo. Aquí, esto es lo que tenemos. Habrá tiempo suficiente para lamentarlo.

Apuntes: Sectur y SRA la libran

CON LA PEOR CRISIS en el sector que se recuerde, la dependencia que encabeza Rodolfo Elizondo tendrá la oportunidad al parecer de demostrar por qué despertó un rechazo general la propuesta de la administración Calderón de suprimir a la Secretaría de Turismo y encuadrar sus actividades en Economía, acaso la entidad con más bajo crédito público en el gobierno. El reto es enorme: este año el ingreso de divisas en el sector caerá cerca de 2 mil millones de dólares, y los problemas en este ámbito requieren una interlocución vigorosa. La pregunta es si el secretario Elizondo conserva los arrestos, la salud y el apoyo presidencial para seguir haciendo su tarea. El Congreso simplemente pareció ignorar la propuesta oficial de suprimir Turismo, lo que al parecer también beneficiaría a la vetusta Reforma Agraria, no así a Función Pública, que sí desparecería.

EL SEGURO POPULAR era anoche también motivo de grave pugna en San Lázaro, ante la protesta de gobernadores priístas por el cambio de reglas en la asignación de presupuestos de esa entidad, que la dotarían de mayor transparencia. En realidad los mandatarios estatales se han empezado a acostumbrar a incluir las respectivas partidas en su erario estatal y luego hacer que cuadren las cifras de atención a beneficiarios.

EN SINALOA el camino hacia la designación del candidato del PRI va hacia una guerra civil por la obstinación del gobernador, Jesús Aguilar, de imponer a su amigo y socio, el controvertido alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra. Empresarios locales que han apoyado al senador Mario López encaran una serie de presiones que incluyen auditorías fiscales y amenazas directas. En esta situación se hallan lo mismo viejos simpatizantes de López Valdez –un reconocido empresario estatal-, y promotores de campaña, pero en la misma canasta han sido metidos medios de comunicación, tanto grupos de radio como periódicos, que no se han sometido al dictado de la casa de gobierno.

Medios: el efecto Argentina

Algo nuevo se cocina en el entendimiento entre la administración Calderón y los medios electrónicos. Y el ejemplo de otros países perturba a muchos.

BUENOS AIRES.- Integrantes clave del equipo del presidente Calderón, como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el de Comunicaciones, Juan Molinar, han sostenido en las últimas semanas discretos coloquios con especialistas internacionales, con una inquietud específica: hacia dónde cambiar el modelo de operación de los medios mexicanos, especialmente la radio y la televisión.

No es casual que entre esos expertos se hallen dirigentes de la Asociación Internacional de Radiodifusión, la entidad que recoge no sólo las experiencias sino los intereses representados en esta industria, y cuya visión puede representar en su momento un aval para las propuestas legislativas que impulse Los Pinos, según pudo saberse en fuentes que participan aquí en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Entre las empresas mexicanas del sector y en el ámbito político todo, viene creciendo la certidumbre de que el gobierno dará un manotazo que sirva de complemento y equilibrio político no sólo a su decisión de aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino también al veto impuesto a Carlos Slim para participar en el negocio de la televisión.

Este será el tema “fantasma” del encuentro internacional de radiodifusoras que se realizará esta semana con la presencia del presidente Calderón, el mismo al que los empresarios agrupados en la Cámara de la Radio y la Televisión le ofrecieron hace algunas semanas una larguísima ovación de pie; el mismo también cuyos gestos serán seguramente escrutado al detalle en este nuevo encuentro.

La reunión de la SIP en Buenos Aires ha estado dominada –además de la crisis galopante en los periódicos- por el estupor ante la nueva ley de medios impulsada por el gobierno Kirchner y recién aprobada por el Congreso, la cual limita el número y tipo de concesiones que un grupo puede acumular, lo que obliga a consorcios como el Grupo Clarín a malbaratar una parte sustancial de sus activos y renunciar a la posición monopólica que ostenta en televisión abierta y restringida, así como en estaciones de radio. La nueva legislación permite igualmente al gobierno controlar cierto tipo de contenidos.

En esa línea, en Ecuador el gobierno de Rafael Correa está por hacer aprobar una ley todavía más lesiva, pues incluye un consejo rector de los medios –periódicos incluso- que otorgará licencias anuales de funcionamiento, impondrá la colegiación de periodistas y abrirá la puerta a otros mecanismos de control igualmente graves. Y Colombia, Nicaragua y El Salvador ya dan pasos en el mismo camino.

El tema ya no son las locuras del venezolano Hugo Chávez, que la comunidad internacional da por descontadas. Lo que está sucediendo en Argentina sí puede influir en el resto de la región, México incluido, e irónicamente ofrecer al presidente Calderón y su equipo un mayor margen de maniobra y de negociación con los consorcios mediáticos de la radio y la televisión.

Hasta ahora las consultas que Gómez Mont y Molinar Horcasitas han cursado en las instancias referidas parecen concentrarse en los temas de cómo tener mayor flexibilidad ante radios comunitarias sin perder su control, y la necesidad de crear un sistema de refrendo de concesiones más eficaz y justo.

El marco regulatoria existente en ambos campos impone tal rigidez que está llevando al gobierno a encarcelar a grupos indígenas que montan una minúscula radio en una zona marginal. Y es causa también de que decenas de concesiones de empresas radiofónicas no hayan sido renovadas pese a tener años vencidas, en algunos casos.

Apuntes: La cuenta fatal

MÉXICO volvió a concentrar la mayor alerta de la SIP debido al número de periodistas asesinados en su territorio y a la impunidad que domina estos casos, cuya gravedad no es vista en ningún otro país que se precie de ser democrático: Trece diaristas victimados en el último año, ocho sólo en seis meses. Más de 50 desde que inició el gobierno Calderón.

Se confirma el debilitamiento si no es que la extinción del Estado en amplias regiones donde simplemente rige la ley de la selva, donde grupos criminales y autoridades cómplices se dedican silenciar a periodistas.

El desafío de los patrones

La histórica alianza entre el liderazgo panista y los grupos empresariales sufrió un boquete por el reclamo del presidente Calderón para que los magnates no eludan el pago de impuestos.
Los acuerdos alcanzados ayer en la Cámara de Diputados en materia fiscal serán leído por algunos como el fin de la polémica, pero una mirada más cercana permite identificar grietas que en el futuro volverán a causar convulsiones en nuestra vida pública.

La más notable de ellas es la serie de afrentas intercambiadas entre los dirigentes de esas entelequias que son las cámaras empresariales, usadas por los grandes magnates para cabildear su relación con el poder público.

En más de una ocasión, el presidente Calderón salió al paso de las presiones privadas para cancelar el aumento al IVA, el ISR y el fin de la consolidación fiscal. Y decidió para ello golpear la autoridad moral de los grandes consorcios, sobre los que reveló que en muchos casos no tributan más allá del 1.7% de sus ingresos. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, remataría que ello es posible gracias a un complejo esquema no de evasión sino de “elusión” fiscal.

La furia expresada por los privados no tiene precedente en los años recientes, y acaso es sólo comparable con los diferendos surgidos durante la administración de Luis Echeverría –“si los empresarios ya se cansaron, que entreguen sus fábricas a los trabajadores”, les dijo. “¿Hacia dónde, señor Presidente”, rezaba un desplegado de prensa firmado por líderes empresariales durante la gestión de Adolfo López Mateos, a quien los señores del dinero también atribuían ideas izquierdizantes.

Pero era impensable una confrontación entre empresarios y una administración surgida del Partido Acción Nacional. Insólitos son también los niveles de crítica sobre el gobierno. Si en público lo califican de incompetente y despilfarrador, en privado se reitera un señalamiento audaz: “Nosotros lo pusimos, y así nos paga”, en clara alusión al apoyo empresarial en el proceso electoral de 2006.

Es imposible desligar la actitud de Calderón de la agenda de cambios anunciada tras las pasadas elecciones, cuando el Presidente subrayó la necesidad de avanzar pese a fuerzas que buscan preservar privilegios.

México no es el único país de la región latinoamericana en donde el gobierno y los barones del capital se están enfrentando por la exasperación que está imponiendo la crisis. Lo que ocurra en las próximas semanas nos confirmará si nos hallamos ante una rebelión de los patrones contra el régimen, o si se someterán a un nuevo entorno que espera de ellos mayor corresponsabilidad ante los problemas del país.

Apuntes: Transparencia en riesgo

EL IFAI, la herramienta democrática más importante aportada por la alternancia en el gobierno, llevó a cabo una nueva jornada anual –la sexta desde que fue creado- dedicada a temas de transparencia. En el foro, la comisionada presidenta Jacqueline Peschard alertó sobre resistencias y riesgos de regresión. En la administración Calderón hay varios campeones de la opacidad; los encabeza la Procuraduría General de la República. Pero operadores gubernamentales cabildean en el Congreso a fin de reformar la ley del IFAI para que sus resoluciones sean sometidas al aval de una autoridad superior, lo que representaría un golpe de muerte para esa joven institución.

EN SAGARPA, cuyo nuevo titular, Francisco Mayorga, es rehén y beneficiario de los grupos de interés interno, despertó alerta la renuncia de Jeffrey Max Jones, quien como subsecretario puso como ejemplo el modelo de negocio del narcotráfico. Aquellos que conocen lo que ocurre en esa dependencia saben que las “cortesías” de sus funcionarios con el crimen organizado en el ámbito rural no son producto de un “lapsus” sino de profundos nexos.

EN EL DF se produjo un nuevo episodio en la vieja pugna entre las panistas Mariana Gómez del Campo, hoy coordinadora de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, y Gabriela Cuevas, diputada federal. Ya ambas chocaron cuando la segunda encabezó la delegación Miguel Hidalgo. El nuevo jaloneo impidió que Gómez del Campo se sumara al reclamo de apoyo por más recursos para la ciudad que impulsa ante San Lázaro el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

El naufragio

Como una bomba de profundidad, los efectos de la elección de julio reventaron la negociación sobre el presupuesto y desnudaron pugnas al interior de los partidos.

A Juan Francisco Ealy Ortiz.
Por 40 años de batallar.

La disputa que atrajo el manejo de los dineros federales para 2010 –año de elecciones en la mitad del país- arrojaba hasta anoche esfuerzos desesperados de la lideresa priísta Beatriz Paredes por frenar una fractura interna que atrapó ya a legisladores, gobernadores y parece herir de muerte la coordinación tricolor de Francisco Rojas en la Cámara de Diputados.

En Acción Nacional se busca atenuar daños ante la acusación del PRI de que el dirigente panista, César Nava, soltó a los demonios al exhibir al PRI como autor del IVA al 16%. Desde Los Pinos se asegura que Nava fue imprudente, pero nadie puede ocultar que el priísta Rojas cabildeó entre sus compañeros la iniciativa respectiva, que por cierto no contaba con la firma ni del gobierno ni de la bancada blanquiazul, aunque al parecer sí de la bendición de la coordinadora Josefina Vázquez Mota…pero no necesariamente del Nava.

El grupo compacto en torno al líder priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, estrenó estrategia desde el jueves al sostener, en privado, que el aumento al IVA es producto de la voracidad de los gobernadores, con aparente dedicatoria al estado de México, desde donde se tiene control sobre lo que hace y deja de hacer al menos medio centenar de los señores diputados del Institucional –y uno que otro de otras franquicias.

Este revuelto escenario estimula el activismo de personajes del sector privado, que en forma cada más airada expresan su desencanto con la administración Calderón por alentar propuestas fiscales que supuestamente les son adversas. El aumento al ISR y el fin de la consolidación –en realidad, una forma grosera de evadir al fisco- concentran la furia empresarial.

En un proceso de mutuo coqueteo, políticos y magnates han ido acercando posiciones, como quedó de manifiesto durante una reciente reunión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con dirigentes del sector. Pero más específicamente, con el “regalo fiscal” del PRI al grupo Televisa que está por ingresar al mercado de la telefonía y que, junto con otros “nuevos entrantes”, recibirá exenciones por dos años que se calculan en más de 5 mil millones de pesos. Es el caso también del 3% de aumento al impuesto a telecomunicaciones, uno de los sectores con mayor acumulación de utilidades, pero cuyos operadores están a punto de convencer al Senado de aprovechar la confusión para dar marcha atrás también en esto.

Hasta ahora lo que queda claro es que ha naufragado la operación del gobierno Calderón para resarcir su boquete financiero. Y lo que parece venir son medidas impuestas desde el Congreso: recortes en burocracia y otros gastosos, más deuda, menos control sobre el gasto. Una píldora difícil de tragar.

Apuntes

EL RECTOR José Narro aprovechó el foro que le ofreció el Premio Príncipe de Asturias para hacer un diagnóstico crudo sobre el estado de la educación en el mundo. Imposible no leerlo como un reclamo de lo que pasa aquí, donde la UNAM encabeza una rebelión de casas de estudio ante un recorte al sector de casi 6 mil millones de pesos, lo que ha deteriorado la posición del nuevo secretario de Educación, Alonso Lujambio.

RECTA FINAL en el proceso para cambio de titular en la CNDH. Este jueves deberá conocerse y votarse en el Senado la terna con los finalistas. Es muy probable que en esa lista estén Emilio Álvarez Icaza -salvo que el Congreso se someta al veto del clero-, Mauricio Farah y Luis Raúl González Pérez, aunque en las últimas horas se seguía otorgando posibilidades a Javier Moctezuma y Gerardo Laveaga.

EN EL DF hasta los jefes delegacionales provenientes del PAN se han puesto en alerta para que la ciudad no sea castigada por los diputados federales en la definición de su presupuesto y techo de endeudamiento. Obras de infraestructura vial y la mejora del sistema de salud serían las primeras bajas en un recorte.

Álvarez Icaza

Quien fuera defensor del pueblo en la capital del país comparece esta tarde en el Senado con una propuesta de renovación real para la CNDH. En los próximos días sabremos si los legisladores optan por el cambio o por una componenda partidista.

El perfil de Emilio Álvarez Icaza ha despertado entusiasmo en diversos sectores y personajes, algunos de los cuales le acompañaron a registrarse como aspirante a relevar a José Luis Soberanes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al menos 500 adhesiones atrajo su postulación, lo mismo de gente progresista como José Woldenberg o Denise Dresser, que de integrantes de familias con prosapia conservadora, como los Servitje.

Los apoyos partidistas para Álvarez Icaza Longoria son en cambio, relativos, pues su origen se halla en círculos de trabajo de inspiración católicos de los que fue eje su padre, José Álvarez Icaza —veterano articulista de EL UNIVERSAL—, promotor de Cencos, una instancia que desde hace décadas empezó a defender, a veces casi en solitario, a grupos sociales en situación vulnerable. De ahí que la raíz del apoyo a Emilio se halla especialmente en la sociedad civil.

Dos veces fue electo por la Asamblea Legislativa de la ciudad de México para desempeñarse como presidente de la comisión del ramo, donde se asumió como defensor del pueblo. Su capacidad de interlocución con la autoridad mostró altibajos, lo mismo con Marcelo Ebrard —primero como secretario de Seguridad Pública y luego como jefe de gobierno—, que con Joel Ortega, con quien tuvo sin duda el mayor encontronazo a raíz de los sucesos del New’s Divine que le costaron a éste el puesto.

Su trayectoria personal, la capacidad de alentar estándares internacionales en este campo, su voluntad de respetar al consejo consultivo que él mismo promovió, así como el impulso al servicio civil de carrera en la institución, forman algunas de las cartas credenciales que nutren el proyecto de trabajo que hoy presentará, que debería ser debatido y confrontado con otras propuestas si los senadores cumplen con su responsabilidad. Una evaluación del trabajo de Álvarez Icaza fue desarrollada por el investigador Alejandro Monsiváis Carrillo, del Instituto Mora. El resultado de la misma la puede usted encontrar aquí.

El Senado armó una enorme lista con 27 personas que cubren los requisitos de la convocatoria respectiva. De ellos, el día 26 quedarán sólo tres, que el 29 serán sometidos a votación del pleno.
Es muy probable que en la recta final también figuren: Javier Moctezuma Barragán, cuya conocida religiosidad disculpa para muchos su falta de aportaciones reales; Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, con cuyo respaldo cuenta plenamente; Mauricio Farah, que cobró realce en la propia comisión primero en el ámbito financiero y luego como visitador, alentado por el sector político cercano al PRI. Patricia Olamendi, que ofrece una proyección internacional. Y por último, Raúl Plascencia, quien fuera en la CNDH el número dos del doctor Soberanes, lo que a estas alturas parece representarle más un fardo que una plataforma.

El clásico diría: No vivirá mucho quien no vea el desenlace de esta historia. Podremos también saber si el Senado estuvo a la altura de la expectativa causada, o si sus integrantes se enredaron nuevamente en los arreglos partidistas, de cuotas, cuates y chambas para los amigos.

Apuntes: Locura eléctrica

UN TEMA esencial para el futuro del país: la generación y distribución de energía —el otro sin duda, son las telecomunicaciones— enfrenta una crisis en la que actores de uno y otro bando emprenden actitudes radicales a raíz del decreto presidencial para extinguir la compañía de Luz y Fuerza y liquidar a sus trabajadores, que integran el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vale la pena buscar análisis más serios, como los desarrollados durante los últimos años por el Banco de México, que alertan tanto sobre la ceguera del gremio al exigir prestaciones sin fin, como sobre la incompetencia gubernamental para administrar bien Luz y Fuerza y desarrollar una estrategia frente al sindicato. Para ver uno de estos interesantes documentos haga click aquí y en el blog de la misma: www.expedientesabiertos09.blogspot.com.

Obsesión cumplida

¿Qué nutrió el encono del gobierno contra el SME? Lo que ocurra en los próximos meses determinará si atestiguamos un avance del Estado frente a monopolios de diverso signo, o sólo el manotazo de intereses ocultos

Durante años, las administraciones surgidas del PAN, sus personajes centrales, sus voceros, sus intérpretes ideológicos, han tenido en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro una de sus principales motivos de irritación política y financiera; una abierta fijación contra una supuesta herencia negra del pasado.

“Somos de derechas; nos gusta más la libre empresa y no soportamos el abuso de los sindicatos”. Esta fue durante años, la base retórica de Germán Martínez -ex dirigente nacional del PAN y uno de los hombres más cercanos al presidente Calderón-, cuando sus interlocutores le reclamaban en privado la ausencia de acciones del gobierno contra los múltiples monopolios que lastran al país. Pero Martínez prefería exhibir cifras sobre el absurdo económico que protagonizan SME y LyFC, producto del abandono administrativo y la voracidad gremial.

Esta obsesión hizo crisis en los últimos días, con el conflicto entre la dirigencia formal del SME que encabeza Martín Esparza, y la administración Calderón, por conducto del escénico secretario del Trabajo, Javier Lozano, que le negó a aquél la “toma de nota” por unas cuestionadas elecciones internas en la agrupación. Ello dio paso al anuncio de ayer sobre la liquidación de la empresa para que sus activos sean operados por la Compañía Federal de Electricidad, que dirige Arturo Elías Ayub.

Ninguna voz oficial recordó que el sindicato de la CFE –el SUTERM- quedó acéfalo en agosto de 2005 a la muerte del eterno líder Leonardo Rodríguez Alcaine, pero que el puesto de secretario general fue “heredado” por su sobrino y actual dirigente Víctor Fuentes del Villar, quien recibió la “toma de nota” sin siquiera celebrar elecciones ni convocar a asamblea, “detalles” que atendió casi 18 meses después. Supimos en los últimos días sobre un rancho propiedad de Esparza. ¿Cuándo se revelará el monto de la fortuna que dejó tras su desaparición Rodríguez Alcaine –lo que incluyó jets privados- o de los “sueldos” que Fuentes del Villar se asigna discrecionalmente a él mismo y sus principales colaboradores?

La decisión de aniquilar el hoyo negro económico que representa LyFC y cancelar por decreto la existencia de un sindicato centenario y aguerrido como el SME traerá seguramente largas secuelas. Sólo hace falta asomarse a la historia gremial para imaginarlo. O hurgar en las versiones extraoficiales sobre empresas privadas que desean explotar la fibra óptica de la compañía de luz, con el intenso cabildeo de dos ex secretarios de Energía, Fernando Canales y Ernesto Martens.

Pero lo que en verdad será trascendente es si el gobierno documenta su vocación renovadora con acciones coherentes respecto de entidades que también monopolizan nuestra vida pública, como otras mafias sindicales -¿quién nos da las cifras del SNTE y los petroleros?-, o los diversos monopolios aferrados a nuestros bolsillos, como los de la televisión, la telefonía o el cemento.

Una marcha a fondo, consecuente, justa e inteligente, no merecerá sino aplausos. Doblegarse nuevamente ante los poderosos impondrá a estas acciones del régimen apenas la categoría de un melodrama barato y proyectará el mensaje de una complicidad con intereses oscuros.

Apuntes: Réplica de Soberanes

EN CARTA al autor de esta columna, en relación con la entrega del pasado lunes (“Las cenizas de la CNDH”), el ombudsman nacional, doctor José Luis Soberanes, sostiene que los términos de lo expresado son “idénticos” –recogidos en forma “antiperiodística” y “acrítica”, dice - a los que exponen ONGs que no identifica pero que describe con intereses ilegítimos, sin contrapeso y con pretensiones inaceptables.

La carta, que puede usted encontrar íntegra en la página de Internet de este diario y en el blog de la columna (http://www.expedientesabiertos09.blogspot.com/), revela la existencia de documentos en los que estas enigmáticas ONGs exhiben interés para recibir fondos de fuentes internacionales “para actuar en nombre de la sociedad civil mexicana” (?).

Asimismo, califica como “pueril” el señalamiento de que ha construido una especie de cacicazgo entre las comisiones estatales de Derechos Humanos. Soberanes, que se halla en su derecho de reclamar el tratamiento recibido en este espacio, pasa por alto en su misiva puntualizaciones sobre lo que considero otros indicadores del deterioro en el que dejará a la institución.

Pero su texto se adhiere, a querer o no, a la convicción expresada aquí de ampliar el debate sobre la que ocurre con la vigencia de los derechos humanos en el país y con el desempeño de la Comisión. Habrá tiempo de continuar la polémica.

Las cenizas de la CNDH

Procesar el nombramiento del nuevo ombudsman nacional sin debatir sobre lo que ha ocurrido con la institución nos atraerá una crisis de alcances internacionales

Una Comisión Nacional de Derechos Humanos desmantelada en su vocación y autonomía; una institución devorada por el despilfarro, el nepotismo y el amiguismo; un liderazgo mermado lo mismo por pugnas ideológicas y políticas que por sólidas objeciones internas y externas.

Este es el panorama que presenta el organismo que está a punto de cumplir 20 años de vida, la mitad de los cuales ha sido encabezado por el doctor José Luis Soberanes, quien será relevado en noviembre próximo en un contexto de gravísimo deterioro.

A la par de la descomposición que vive la CNDH, en el país crecen los indicios de una aguda crisis en materia de derechos humanos a causa de la inseguridad, los abusos de la fuerza pública y la pobreza, lo que atrae crecientemente la atención de organismos especializados y gobiernos extranjeros, a los que les preocupa si México está cumpliendo preceptos básicos de la convivencia democrática.

Esta semana el Senado cerrará la recepción de candidaturas para suceder a partir del 16 de noviembre, a Soberanes Fernández, que arribó al cargo en 1999 –fue reelecto en 2004- acompañado por el prestigio de un respetado jurista, pero que parece haber sido devorado por sus propios errores y ambiciones. Todavía hoy intenta un inverosímil salto para ser nombrado ministro de la Corte.

Dos de sus colaboradores, Raúl Plascencia y Mauricio Farah –otra más, Susana Thalía Pedroza, fue eventualmente expulsada del primer círculo- se proyectan como fórmulas de continuidad. El primero de ellos ha sido cuidadosamente cultivado como “heredero” de un patrimonio que no soporta remozamiento alguno y cuyo derrumbe arrastraría al que apueste por un soberanismo sin Soberanes.

Una táctica de la gestión que dominó a la CNDH esta década fue atraer complicidades de diverso signo, lo que llevó a la institución a personajes sin carta credencial alguna en este ámbito, pero sí con un pasado muy oscuro, al grado de que en algunos casos se les atribuyen incluso ligas con el narcotráfico.

En esta misma línea operaron contrataciones de familiares de ministros de la Corte, de la UNAM e incluso de legisladores, de ahí que el equipo de Soberanes asuma contar con la protección y el apoyo, por ejemplo, del líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones, por el hecho aislado de que una pariente suya se haya desempeñado en la Comisión. La historia de los próximos días deberá demostrar la temeridad de tal apuesta.

La contaminación de la política llevó también al titular del organismo a construir una especie de cacicazgo en el ámbito de los presidentes de comisiones estatales de derechos humanos. Las evidencias disponibles muestran que ello sólo impuso mayor mediocridad en el sector, al grado de que la mayor parte de estas comisiones no son autónomas de los respectivos gobernadores.

Pero un debate en esta materia debería centrarse en la banalidad que domina crecientemente a la Comisión; en la debilidad de su gestión; en el extravío de sus resoluciones; en la tendencia a pactar con la autoridad en demérito de las víctimas; en su desdén al consejo asesor que debería normar sus criterios; en la reciente proliferación de recomendaciones sin seguimiento ni acompañamiento de los denunciantes.

Bajo esta lógica, no debe sorprender a nadie el choque de criterios que la CNDH ha sostenido con organismos internacionales de amplia solvencia, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo representante en México, Amérigo Incalcaterra, fue humillantemente retirado a mediados de 2008 bajo la presión mancomunada de la CNDH y el gobierno mexicano.

Es el mismo caso con Human Rights Watch, que en el mismo año de 2008 desnudó a la Comisión en un reporte que despertó la furia de Soberanes y de varios funcionarios públicos.

Este proceso de recambio deberá ser espacio para un debate nacional sobre el tema. Una simulación o una componenda partidista atenida al mero principio del reparto de posiciones, acabará por sepultar a la CNDH. Y cuando la echemos de menos el daño al país será ya irreversible.

Sinaloa: coctel emponzoñado

Entre los 10 estados que cambiarán de gobernador el próximo año, ese estado garantiza desde ahora una crisis mayúscula, pero no es un caso aislado.

Cualquier aprendiz de brujo adivinaría los ingredientes: confrontación interna en los partidos, radicalización, gobernantes que se erigen en caciques y asfixian cambios en la clase política; injerencia de grupos externos, presión del crimen organizado… No hay proceso social que pueda desahogarse en una panorama semejante, ni institución que lo soporte.

En Sinaloa el PRI tiene ya dos candidatos en campaña abierta: Uno, Jesús Vizcarra Calderón, alcalde de Culiacán, protegido y socio del gobernador Jesús Aguilar Padilla, quien cuenta con un segmento de la nomenklatura partidista para imponer sucesor. El otro es el senador Mario López Valdez, que aglutina a un amplio sector del empresariado local, al priísmo contrario a Aguilar –lo que incluye al ex gobernador Juan S. Millán- y a un sector del liderazgo priísta nacional, incluido el dirigente senatorial Manlio Fabio Beltrones.

Vizcarra Calderón públicamente niega una relación familiar y de negocios con el narcotraficante Inés Calderón, muerto en uno de los cíclicos baños de sangre con que el narcotráfico ha esclavizado a Sinaloa. Pero no es lo único que lo distingue: encabeza un grupo multinacional de producción y procesamiento de carne que figura entre los privilegiados por apoyos agropecuarios federales. Es también presidente la Federación Nacional de los Municipios de México, el membrete que agrupa a los alcaldes priístas, lo que entre otros argumentos, le permite alardear del presunto apoyo de la dirigente nacional Beatriz Paredes.

Sinaloa es el único estado que no ha podido ajustar su calendario para que la elección sea en julio próximo. Ello anticipa la guerra que vendrá para la designación de candidatos oficiales.

En los pasados comicios para diputados federales, el PRI ganó por primera vez en varios años los ocho distritos con sede en el estado, pero una revisión detallada de las cifras revela que el Institucional creció apenas marginalmente, mientras que sigue avanzando el voto por Acción Nacional, cuyo candidato Heriberto Félix Guerra, casi ganó la elección de hace seis años al actual gobernador.

Apuntes

SAN LUIS POTOSÍ. Arrancó su gestión el gobernador Fernando Toranzo. Rindió protesta en el mismo auditorio –el “Miguel Barragán”- en el que lo hicieron sus antecesores y correligionarios priístas Florencio Salazar y Fausto Zapata, ninguno de los cuales concluyó su gestión. El segundo de ellos, recién derrotado en la delegación capitalina de Coyoacán, será su representante en la ciudad de México. Acompañaron a Toranzo varios gobernadores priístas, destacadamente el mexiquense Enrique Peña Nieto, el veracruzano Fidel Herrera y el oaxaqueño Ulises Ruiz, quienes durante la campaña del médico potosino “apadrinaron” personal y financieramente la causa tricolor en la entidad potosina.

DESENCANTO fuera y dentro del Instituto Federal de Acceso a la Información provocaron las designaciones presidenciales de Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén como nuevas comisionadas de esa institución que debe ser un motor del cambio democrático, pero que poco puede esperar en este campo por parte de las citadas, a juzgar por sus trayectorias. El Senado de la República hará bien en aprovechar el mes que dispone para objetar tales decisiones e indagar si hay personalidades más comprometidas y defendibles –académica, política e incluso moralmente- en este campo.

DELEGACIONES. Un tribunal regional en materia electoral determinará en las próximas horas la suerte de las delegaciones capitalinas Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, cuya definición logró entrampar el PRD gracias a la docilidad de las autoridades del Instituto electoral local e incluso del tribunal del ramo en el Distrito Federal. Se espera que hoy mismo surjan la definición sobre Cuajimalpa, y quizá mañana o el miércoles respecto a Miguel Hidalgo. En este último caso, una resolución federal previa garantiza el aval al triunfo de Demetrio Sodi, postulado por el PAN, y si no hay sorpresas, en el mismo sentido debe resolverse en torno al también aspirante panista Carlos Orvañanos.

DERECHOS HUMANOS. Hoy debe conocerse la resolución de la Asamblea del DF sobre el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital. En la contienda real están ya sólo Mariclarie Acosta, Patricia Colchero y Edgar Cortés.

Presupuestos y delirios

Un bloque mayoritario del PRI aprobará el presupuesto federal, a cambio de fortalecer el poder de los gobernadores, donde madura el huevo de la serpiente de la regresión política

Se respira tranquilidad en las oficinas gubernamentales ligadas al manejo presupuestal del próximo año. Se considera manejable el costo de un pacto planteado por los liderazgos del PRI para aprobar el paquete de medidas planteadas por la administración Calderón, a cambio de entregar a los gobiernos estatales una mayor tajada del erario.

Este pacto, de cumplirse, representará una coladera para los recursos públicos, pues en la mayor parte de los estados la transición política y las prácticas de transparencia son todavía asignaturas pendientes. El presunto pacto no beneficiaría a estados y municipios, sino directamente a los gobernadores, donde casi desde el inicio del sexenio se están incubando no programas de desarrollo y combate a los pobres, sino sueños de grandeza.

Vea usted a Veracruz, cuyo gobernador, el priísta Fidel Herrera, podría recibir el próximo año 30 mil millones de pesos de fondos federales, sometidos a una supervisión cada vez más superficial, como ocurre en el resto del país. Herrera carece de contrapesos locales. El estado es su coto personal. Hace algunas semanas cedió, como una travesura, decenas de los anuncios espectaculares que controla su gobierno para publicitar el “informe de actividades” de Gerardo Buganza, diputado panista saliente y ex candidato a la gubernatura.

Don Fidel quiere ser presidente de la República, pues se considera con mayor estatura que otros de sus colegas que también ambicionan el cargo. Como ocurre con el también priísta Enrique Peña Nieto o el panista Emilio González, la imagen de Herrera es generosamente promovida por las televisoras a escala nacional. En ceremonias públicas sus colaboradores cantan ya loas al gobernador que salvará a la patria. La deuda pública la ha multiplicado por siete. Y ahora su equipo estaría preparando el lanzamiento de una cadena de farmacias llamadas “Fiel”, en beneficio de las clases populares de todo el país.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto federal para 2010, la bolsa para los gobernadores se acercará a los 423 mil millones de pesos, presumiblemente etiquetados para obras de beneficio social. Más de la mitad de ese dinero irá a dar a manos de mandatarios priístas, varios de los cuales llevan toda su gestión dominados por las ansias futuristas, gastando en su imagen en forma demencial.

¿Debe el país financiar estos delirios, que de triunfar nos traerán a todos seguramente un regresión política? Si se va a dar más dinero a los estados como un proceso irreversible, ¿podemos fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para velar mejor por el destino de esos recursos?

Apuntes

TURISMO. Crecen el temor y la resistencia por el destino de la dependencia que hoy encabeza Rodolfo Elizondo. A la luz del presupuesto del área, nomás no salen las cuentas del recorte anunciado, pues dos de cada tres pesos que maneja van a dar a los estados, por lo que el ahorro será marginal. Pero lo peor es que se integraría a Economía, cuyo titular, Gerardo Ruiz Mateos, permanecerá en el cargo pese a los señalamientos de incompetencia y arrogancia que lo acompañan desde el inicio de su desempeño. Un solo dato: sólo las contrataciones que tiene previsto realizar la Judicatura federal el próximo año superan las que se reducirán con la desaparición de Turismo.

TRAICIÓN. En el Partido Acción Nacional crece la certidumbre de que su derrota en municipios clave, diputaciones federales y locales el Estado de México, que los llevó a dejar de gobernar a cerca de cuatro millones de ciudadanos, se debió simple y sencillamente a “cañonazos” recibidos por dirigentes estatales y candidatos –especialmente en el Valle de México-, como ya ocurrió durante el gobierno de Arturo Montiel, que un buen día salió de compras en el Congreso local, ofreciendo 25 millones de pesos a cada diputado electo del PAN que aceptara formar una fracción “independiente”. Y se llevó a los que quiso.

El hoyo negro de Sagarpa

Surgida hace 15 años en el esplendor del salinismo, una mafia manipula apoyos gubernamentales por 60 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto ahorraría el país si se atacaran estos reductos de poder feudal?

Una cadena de complicidades es intocable en la Secretaría de Agricultura. Un grupo, que manipula los principales programas de ayuda al agro, puede rastrearse hasta los tiempos de Carlos Hank González al frente de la institución (1990-1994). Los tres secretarios del ramo habidos durante los gobiernos panistas nada han hecho para combatir a esta mafia. Es un sector donde al PAN le ha dado miedo gobernar.

Este ejemplo de uno de los hoyos negros en la administración federal está enquistado en el manejo de Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), la oficina de Sagarpa que controla entre otros, el programa Procampo, dotado de 16 mil millones de pesos anuales. El profesor del CIDE Mauricio Merino ha demostrado ya que entre los principales beneficiarios están grandes agricultores como los Kondo de Sinaloa; productores de pan, tortilla o galletas, como los Servitje, Maseca o Gamesa. Y que es un dinero que patrocina incluso el cultivo de estupefacientes.

Irónicamente, el efecto inmediato de las denuncias sobre Procampo fue un reciente acuerdo para actualizar el padrón respectivo, firmado el 1º de septiembre por el entonces secretario Alberto Cárdenas, con un costo de 200 millones de pesos… que manejará la misma mafia que se ha beneficiado con la opacidad de este programa.

Aserca manejará este año más de 60,000 millones de pesos con los que se patrocinan media docena de programas –Procampo incluido- para agricultores, ganaderos, usuarios de diesel, pescadores…Un caudal de recursos sometido a padrones de beneficiarios en los que los nombres se repiten y los intereses se perpetúan.

Al frente de esta operación como directora en jefe de Aserca, se halla desde julio de 2005, Ana Graciela Aguilar Antuñano, quien ha trepado puestos desde modesta secretaria, por su cercanísima relación con José Andrés Casco Flores, funcionario de Sagarpa desde los tiempos de Hank, cuando el subsecretario de Planeación fue Luis Téllez, ex secretario de Comunicaciones y actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El nombre de Casco aparece en varios escándalos, como los ingenios azucareros, Banrural y Fobaproa. Hoy es director de Correos, donde se le tiene por “herencia” de Téllez.

El responsable de la validación de los programas de Aserca como director de Programación y Evaluación de Apoyos Directos, es Fidel Gaona Urbina, un oscuro ex funcionario de la PGR con tortuosas historias en Guerrero y Tamaulipas. Su jefe y protector, el coordinador general de Apoyos, es Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ex senador tamaulipeco. Una sola perla dibuja a Cárdenas: en 2007 tramitó “al vapor” en 2007 una guardería del IMSS para su familia, con el apoyo de un funcionario del Instituto, también tamaulipeco, cuyos parientes aparecieron luego en los padrones de apoyos de Sagarpa.

En esa institución corren nuevos aires. Hay relevo de titular, pero no entusiasmo: Francisco Mayorga Castañeda ya estuvo al frente de la dependencia; incluso, fue director en jefe de Aserca (2001-2002), relevando al citado José Andrés Casco. Mayorga ha sido también asesor. Pero nunca se ha sabido que en todas esas oportunidades haya hecho nada contra la mafia. ¿Ahora sí le ordenarán hacerlo?

Apuntes

SANTIGO CREEL presentó una propuesta en el Senado para transparentar origen y destino de los recursos públicos otorgados a los sindicatos de entidades públicas como Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, o la SEP. Esto transformaría la relación del gobierno –y de la sociedad- con gremios que siguen sujetos al corporativismo establecido por el PRI desde los años 30. ¿Acompañarán el PAN y el gobierno esta propuesta, o los anuncios de cambios quedarán sólo en retórica?

LOS GOBERNADORES, que integran el grupo de poder más importante del país, serán actores clave en la aprobación del paquete económico presentado por la administración Calderón. Y hay muchas reservas sobre el manejo de las participaciones federales. La postura al respecto del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, encontrará seguidores. En esa línea ya está también el rector de la UNAM, José Narro.

¿Hacia dónde? ¿Con quiénes?

Un golpe de timón cuando los tiempos sucesorios parecen precipitarse requiere tener claro qué se quiere hacer, cuáles son los aliados y quiénes los rivales; el presidente Calderón parece tener confundidos a unos y otros.

Nunca en los tres años del actual gobierno tantos actores se reunieron tantas veces con el Presidente, como ha ocurrido tras las elecciones de julio pasado. Líderes, gobernadores o legisladores de su partido, lo mismo que representantes de la oposición y no pocos empresarios, han atendido invitaciones individuales o para pequeños grupos, en un intenso ciclo de conversaciones en Los Pinos.

Los comentarios de algunos de estos interlocutores consultados por este espacio, describen al Presidente como “acorralado pero no vencido”, lo adivinan “con ánimo para dar un manotazo en la mesa” o lo encuentran “sin entender lo que pasó (en los comicios)”.

En la cumbre blanquiazul de Ocoyoacac, el 25 de julio, en reuniones con dirigentes priístas en días previos a su Informe de Gobierno, o en un encuentro privado con los senadores de su partido el pasado jueves 3, Calderón Hinojosa ha dejado el mensaje de que emprenderá “cambios reales”, pero en sus palabras mezcló visiones que porta desde que llegó al cargo —como la apertura de Pemex— con nuevos énfasis, como la urgencia por el tema de la pobreza.

En el encuentro en el poblado mexiquense, al que citó a gobernadores de Acción Nacional y a un grupo de legisladores, Calderón llegó acompañado de dos secretarios de Estado muy cercanos, presidenciables: Ernesto Cordero y Alonso Lujambio.

Frente al balance de las urnas y la urgencia de auténticos cambios de régimen que reposicionen a su partido, ante el Presidente se identificaron tres ámbitos de indispensable atención: la opacidad sindical, los monopolios, especialmente en las telecomunicaciones, y las ligas entre el narcotráfico y los políticos.

Surgió ahí el nombre del magnate Carlos Slim, a quien la administración Calderón ha bloqueado su acceso al negocio de la televisión. Entre otras razones, porque se pensó que la amistad con las televisoras beneficiaría electoralmente al gobierno, y que la competencia en telefonía atraería inversiones. Pero los empresarios de la televisión votaron por el PRI; la competencia a Slim —personificada por Telefónica, que dirige Francisco Gil Díaz— ha resultado mediocre, y el crecimiento del sector está paralizado. ¿Hacia dónde sería el cambio en este campo?

Sobre el problema sindical se aludió a un caso que irrita al panismo: el hoyo financiero que representan Luz y Fuerza del Centro y su Sindicato Mexicano de Electricistas. Lujambio recordó sus tiempos de politólogo y alertó que los gremios —en realidad, el corporativismo— facilitan la gobernabilidad. Este asunto, y en general el tema laboral, figura en el ánimo transformador de Calderón, que contaría con el apoyo de los empresarios… hasta que los trabajadores tomen las calles. Y si no es con los huidizos señores del dinero, ¿con quién irá el Presidente?

Del narcotráfico, ya ni hablar, por lo escurridizo del tema en el corto plazo. Y está la pobreza, que nutre los riesgos de protestas sociales, que alimenta al crimen, estimula la migración y despierta la inquietud del mundo, especialmente de Estados Unidos, sobre un injusto régimen político en México.

Es difícil calcular cuánto tiempo tiene Calderón para emprender estos cambios y por qué los anunció ahora y no en su mensaje de toma de posesión. El escenario político se desliza rápidamente hacia un clima de sucesión adelantada que crispará a los partidos internamente, desatará tensiones en el Congreso y adelgazará el espacio de maniobra presidencial. Esta será una historia para consumarse en los próximos 18 meses, o no será.

APUNTES

DERECHOS HUMANOS. La renovación de las comisiones nacional y del DF en la materia está atrayendo a muchos aventureros con respaldos poco claros. De ahí el fuerte reclamo para que la selección que realizan el Senado y la Asamblea capitalina, respectivamente, sea abierta y que los aspirantes presenten públicamente sus cartas credenciales y propuestas.

RECORTE. ¿De veras se cree que suprimiendo tres secretarías, que juntas no suman un presupuesto de 2 mil millones de pesos, se tapará un boquete de 300 mil millones?

La obsesión de Marcelo

El jefe del gobierno capitalino libra una batalla por el control de tres delegaciones; es posible que gane, pero minará la legalidad y la madurez democrática de la ciudad

 

            Una mezcla de política lumpen y política del agandalle dominan la estrategia de la administración Ebrard en la ciudad de México para hacerse del control de tres delegaciones clave: Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Se trata de una maniobra solitaria, que lo enfrenta a viejos aliados y le lleva a escalar la confrontación con el gobierno de Felipe Calderón.

            Ebrard ha encomendando a su secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, tomar control de Rafael Acosta, un paria político regional conocido como “Juanito”, jefe delegacional electo en Iztapalapa. Se le mudó a una casa en una colonia residencial cercana a Paseo de la Reforma, viaja en camioneta con seguridad y se le patrocina un paseíllo mediático.

            “Juanito” gobernará como marioneta, y eso amarrará las manos a López Obrador, al Partido del Trabajo, a Nueva Izquierda y a los bejaranistas. Ebrard dominará el principal granero electoral de la ciudad e iniciará un deslinde ante grupos que han limitado su crecimiento con rumbo al 2102. Clara Brugada, la principal damnificada de esta historia, podría arribar al gobierno local en relevo del secretario de Desarrollo Social, el lopezobradorista Martí Batres.

            La delegación Miguel Hidalgo es un tema más complejo. Las presiones del gobierno Ebrard para cancelar el triunfo del panista Demetrio Sodi convirtieron al Instituto Electoral del DF, que encabeza Claudia Zavala, en un órgano títere, lo que hizo caer a sus miembros en enormes contradicciones y aplastó su credibilidad. La consigna política y partidista dejó lamentables huellas en todo el procedimiento seguido.

            Un ejemplo escandaloso el es el doble dictamen emitido por la denominada Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF, que encabeza Luis Celhay, cuyas ligas con el PRD y en particular con el grupo de Nueva Izquierda, pueden ser fácilmente rastreadas.

            La llamativa entrevista otorgada por Sodi a Televisa durante un partido de futbol en el contexto de su campaña –muy similar a la que su contrincante Ana Gabriela Guevara concedió a la cadena deportiva ESPN- es un nudo en que todos están atorados.            En un primer de la referida Unidad, se aceptaba que no hay normatividad que permita contabilizar  dicha entrevista dentro de los topes de campaña, entre otras cosas porque el Instituto Federal Electoral se ha pronunciado ya al respecto y el tema fue atraído por el tribunal federal. Mientras una definición al respecto esté pendiente –y podría resolverse en cualquier momento-, ninguna instancia inferior se puede actuar al respecto.

            Más papistas que el Trife, los consejeros electorales capitalinos prefirieron cuidar su puesto que velar por la ley, y ordenaron un nuevo dictamen en el que ya se sanciona la famosa entrevista futbolera, se la asigna un monto y gracias a ello, se decreta que los topes de campaña fueron violados.

            Otro forzado manejo del IEDF fue el cálculo con diversa vara para los gastos en los que habrían incurrido las campañas incurrido las campañas de Sodi y de Ana Gabriela Guevara. Los estrategas de esta última hicieron publicar anuncios de su campaña en  las salas de cine que en la demarcación de Miguel Hidalgo administran cadenas como Cinemex, Cinemark y Cinépolis.  El procedimiento de producir el respectivo spot, convertirlo al formato cinematográfico de 35 milímetros y obtener tantas copias como salas lo trasmitirán puede elevar la inversión respectiva a un millón de pesos, por cada cadena cinematográfica. Pero el tope de campaña establecido por la ley es de poco más de un millón de pesos tan solo. En el reporte final de gastos integrado por el instituto electoral capitalino, se le asigna por ese concepto a Guevara la cifra irrisoria de ¡17.38! pesos.

            Como puede observarse en el documento anexado, es el mismo caso para el uso de vallas publicitarias, por el que se cargan a Sodi más de 82 mil pesos, y a Guevara sólo 586 pesos. 

            El asunto todo está ya en el tribunal electoral local, que podría resolver este jueves. Ahí los magistrados han sido también amenazados con recortes financieros y despidos si su sentencia favorece a Sodi, lo que permite prever una sentenciaa modo y que el caso vaya a dar al ámbito federal.  

            En la misma ruta se halla Cuajimalpa, donde triunfó el panista Carlos Orvañanos, quien fueras cercano colaborador del malogrado Juan Camilo Mouriño. Ahí, el grupo de René Bejarano, al que pertenece Adrián Ruvalcaba, candidato perredista perdedor en Cuajimalpa, ha ofrecido al PAN traicionar a Ebrard y ceder Miguel Hidalgo a cambio de conservar aquella demarcación, en donde han venido haciendo buenos negocios con desarrolladores inmobiliarios.

      Desde Los Pinos surgió ya el mensaje de que un atropello en estos dos asuntos atraerá un mayor deterioro en la relación entre gobiernos, al grado de que fue ordenado un análisis sobre la factibilidad de destituir al procurador capitalino Miguel Mancera –lo que es competencia presidencial-, acaso el más eficaz colaborador de Ebrard, pero desgastado en la pugna con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por la tragicomedia en la que se ha convertido el manejo de varios sonados secuestros.

      Es posible que la postura de Ebrard tenga buenos argumentos jurídicos y aun políticos. Pero lo inaceptable es hacerlos prevalecer atropellando instituciones, voluntades ciudadanos y principios elementales de la convivencia democrática.

Apuntes

• LOS CAMBIOS previstos en el gabinete presidencial son antecedidos por daños colaterales. En la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, que encabeza Manlio Fabio Beltrones, se filtró que el procurador Eduardo Medina Mora les reveló que antes de las elecciones resistió presiones para levantar cargos contra varios gobernadores del Institucional, por presuntas ligas con el narcotráfico. El eventual sucesor en la PGR debe ser ratificado por el Congreso, donde ya avisaron a la casa presidencial que se olviden del nombre del abogado panista José Francisco Blake, secretario general de Gobierno de Baja California, pues se precisa un personaje más independiente. 
  
• EN ECONOMÍA prepara maletas el titular Gerardo Ruiz Mateos, el cual sería sustituido por su subsecretario y senador con licencia, Heriberto Félix Guerra, quien incluso ya habría mudado al DF a su familia originaria de Sinaloa, donde hace cinco años estuvo a punto de ganar la gubernatura y aún se cree que puede repetir como abanderado del PAN en el 2010. 
  
• EL PRI encontró poco útil una vez concluido el proceso electoral, sostener una tarea editorial en su interior que le daba prestigio como entidad moderna, plural e incluyente. Así, la dirigencia de Beatriz Paredes dejó que un par de pequeños dinosaurios, Miguel González Avelar y Octavio West, sepultaran las revistas que conducían Miguel López Azuara y Joel Hernández Santiago.
  
• EL PREMIO que otorgó la Fundación Nuevo Periodismo en homenaje a la trayectoria del periodista Miguel Ángel Granados Chapa le atrae a éste un nuevo ciclo de felicitaciones por parte de sus colegas y lectores.