Obsesión cumplida

¿Qué nutrió el encono del gobierno contra el SME? Lo que ocurra en los próximos meses determinará si atestiguamos un avance del Estado frente a monopolios de diverso signo, o sólo el manotazo de intereses ocultos

Durante años, las administraciones surgidas del PAN, sus personajes centrales, sus voceros, sus intérpretes ideológicos, han tenido en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro una de sus principales motivos de irritación política y financiera; una abierta fijación contra una supuesta herencia negra del pasado.

“Somos de derechas; nos gusta más la libre empresa y no soportamos el abuso de los sindicatos”. Esta fue durante años, la base retórica de Germán Martínez -ex dirigente nacional del PAN y uno de los hombres más cercanos al presidente Calderón-, cuando sus interlocutores le reclamaban en privado la ausencia de acciones del gobierno contra los múltiples monopolios que lastran al país. Pero Martínez prefería exhibir cifras sobre el absurdo económico que protagonizan SME y LyFC, producto del abandono administrativo y la voracidad gremial.

Esta obsesión hizo crisis en los últimos días, con el conflicto entre la dirigencia formal del SME que encabeza Martín Esparza, y la administración Calderón, por conducto del escénico secretario del Trabajo, Javier Lozano, que le negó a aquél la “toma de nota” por unas cuestionadas elecciones internas en la agrupación. Ello dio paso al anuncio de ayer sobre la liquidación de la empresa para que sus activos sean operados por la Compañía Federal de Electricidad, que dirige Arturo Elías Ayub.

Ninguna voz oficial recordó que el sindicato de la CFE –el SUTERM- quedó acéfalo en agosto de 2005 a la muerte del eterno líder Leonardo Rodríguez Alcaine, pero que el puesto de secretario general fue “heredado” por su sobrino y actual dirigente Víctor Fuentes del Villar, quien recibió la “toma de nota” sin siquiera celebrar elecciones ni convocar a asamblea, “detalles” que atendió casi 18 meses después. Supimos en los últimos días sobre un rancho propiedad de Esparza. ¿Cuándo se revelará el monto de la fortuna que dejó tras su desaparición Rodríguez Alcaine –lo que incluyó jets privados- o de los “sueldos” que Fuentes del Villar se asigna discrecionalmente a él mismo y sus principales colaboradores?

La decisión de aniquilar el hoyo negro económico que representa LyFC y cancelar por decreto la existencia de un sindicato centenario y aguerrido como el SME traerá seguramente largas secuelas. Sólo hace falta asomarse a la historia gremial para imaginarlo. O hurgar en las versiones extraoficiales sobre empresas privadas que desean explotar la fibra óptica de la compañía de luz, con el intenso cabildeo de dos ex secretarios de Energía, Fernando Canales y Ernesto Martens.

Pero lo que en verdad será trascendente es si el gobierno documenta su vocación renovadora con acciones coherentes respecto de entidades que también monopolizan nuestra vida pública, como otras mafias sindicales -¿quién nos da las cifras del SNTE y los petroleros?-, o los diversos monopolios aferrados a nuestros bolsillos, como los de la televisión, la telefonía o el cemento.

Una marcha a fondo, consecuente, justa e inteligente, no merecerá sino aplausos. Doblegarse nuevamente ante los poderosos impondrá a estas acciones del régimen apenas la categoría de un melodrama barato y proyectará el mensaje de una complicidad con intereses oscuros.

Apuntes: Réplica de Soberanes

EN CARTA al autor de esta columna, en relación con la entrega del pasado lunes (“Las cenizas de la CNDH”), el ombudsman nacional, doctor José Luis Soberanes, sostiene que los términos de lo expresado son “idénticos” –recogidos en forma “antiperiodística” y “acrítica”, dice - a los que exponen ONGs que no identifica pero que describe con intereses ilegítimos, sin contrapeso y con pretensiones inaceptables.

La carta, que puede usted encontrar íntegra en la página de Internet de este diario y en el blog de la columna (http://www.expedientesabiertos09.blogspot.com/), revela la existencia de documentos en los que estas enigmáticas ONGs exhiben interés para recibir fondos de fuentes internacionales “para actuar en nombre de la sociedad civil mexicana” (?).

Asimismo, califica como “pueril” el señalamiento de que ha construido una especie de cacicazgo entre las comisiones estatales de Derechos Humanos. Soberanes, que se halla en su derecho de reclamar el tratamiento recibido en este espacio, pasa por alto en su misiva puntualizaciones sobre lo que considero otros indicadores del deterioro en el que dejará a la institución.

Pero su texto se adhiere, a querer o no, a la convicción expresada aquí de ampliar el debate sobre la que ocurre con la vigencia de los derechos humanos en el país y con el desempeño de la Comisión. Habrá tiempo de continuar la polémica.