lunes, 28 de diciembre de 2009

Pacto sin inocencia


Por primera ocasión desde que en 1997 inició la confrontación entre Congreso y Ejecutivo, los líderes políticos se han puesto de acuerdo en una reforma de fondo. Al fin.

Dos personajes clave en la política mexicana, el presidente Felipe Calderón y el líder parlamentario Manlio Fabio Beltrones, cuyos partidos, el PRI y el PAN, pueden hacer aprobar en las cámaras aun la reforma constitucional más compleja, gracias a la abrumadora mayoría que detentan, han arribado a coincidencias fundamentales que transformarán al país en múltiples órdenes.

Ambos han expresado su voluntad y han coincidido en la urgencia de de dar paso a una reforma política que recoja reclamos que se expresaban previamente a la alternancia en el poder del 2000, y que al concretarse gravitarán en el sistema electoral del país, en la configuración del propio Congreso, en la reelección de diputados y alcaldes…

La propuesta no tiene paternidad expresa, de ahí que los caminos para un acuerdo sin malicia sean más anchos: Calderón la hizo suya al anunciar una serie de iniciativas en el contexto de su tercer año de gobierno, pero ya antes Beltrones la había esbozado en diversas declaraciones y en un amplio artículo periodístico aparecido en el arranque del recién concluido periodo de sesiones.

Otro actor con simbolismo indudable en esta vertiente, Porfirio Muñoz Ledo, acumula lustros de experiencia en este tema, al grado de ser el político en activo con mayor conocimiento del mismo. Mucho antes de la llegada de Fox a Los Pinos, Muñoz Ledo auspiciaba encuentros y documentos de enorme profundidad en torno a la reforma del estado, con vistas a lo que él imaginaba como un nuevo Congreso Constituyente que daría paso a estos mismos puntos.

Las coincidencias en las posturas de todos ellos son abrumadoras: Reducción en el tamaño de las cámaras, sin lista nacional en el Senado y con 100 diputados plurinominales menos. Reelección inmediata en los cargos citado, referéndum…

A la luz de un consenso semejante, las diferencias son menores: en la misma orientación de los postulados de Beltrones se hallaba la necesidad de una relación más fluida entre Congreso y Ejecutivo, para evitar la “congeladora”. Pero también, Calderón entiende que sus propuestas tienen que estar acompañadas con un proceso de mayor transparencia en la designación del gabinete, y que debe existir mayor rendición de cuentas, lo que puede llevar a estudiar una acotada revocación del mandato.

Los temas de impacto electoral están ahí ya. Tienen la capacidad de evitar una nueva crisis como la de 2006, en particular no repetir en 2009 esa pesadilla. Así lo han sostenido, en documentos específicos, tanto Calderón como Beltrones.

Las coincidencias son abrumadoras, al grado de que la identidad en documentos signados por cada uno de ellos podría estremecer al analista más circunspecto.

Por fin, tenemos un acuerdo. Podemos recuperar la confianza en nuestros políticos, que han sabido estar a la altura del momento histórico que amenazaba con descarrilar al país hacia el despeñadero.

Por fin, un consenso abrumador entre las principales fuerzas políticas. Nombremos el 2010 Año del Acuerdo.

Un momento, por favor…

Recordemos que hoy es 28 de diciembre, que se dedica a las almas incautas. Algo de ello hay en este texto, pero no en su esencia: nunca en el pasado reciente parece haber habido tanta coincidencia en lo que los políticos proponen en materia de reforma del estado. Pero quizá tampoco hayamos conocido antes tan escasa estatura en sus miras ni tanta malicia, a favor de míseros intereses y de espalda al país. Acaso debamos guardar los festejos para otra época.

Apuntes: Año ominoso


PERIODISTAS. Todavía puede agravarse en lo que resta de este año, pero es probable que la cifra de profesionales de la información asesinados en este 2009 cierre en justo una docena, cifra que se redondea con el crimen perpetrado contra el reportero Alberto Velásquez, en Tulum, Quintana Roo, el pasado día 22. A ello deben agregarse ocho desapariciones de diaristas, y siete atentados con explosivos contra diversos medios del país.


Desde que inició la administración Calderón, el conteo alcanza 57 muertes, el más grave en la historia moderna del país. Es un problema que exhibe la incompetencia oficial ante el crimen y la impunidad, pero también requiere respuestas más eficaces por parte del gremio periodístico y de la industria editorial.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Morelos podrido


No se trata de partidos o personalidades: la entidad vecina a la capital de la República exhibe la manera en que el crimen organizado penetró todo y a todos puso de rodillas.

Reportes recientes –como los publicados ayer por en EL UNIVERSAL por Francisco Gómez y Justino Miranda- redondean un cuadro patético: el operativo contra el capo Arturo Beltrán Leyva requirió echar mano de la Marina porque el resto de la estructura de seguridad que el Estado mexicano podía desplegar en la zona, el Ejército incluido, estaba subordinada al enemigo.


La historia de Morelos de los cinco últimos años es la crónica de cómo el crimen organizado rindió a todas las instancias diseñadas para cumplir el fin primero y último del Estado: velar por la vida, la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos. Primero fueron las policías municipales, luego la policía ministerial, los directivos de Seguridad Pública estatal, la Procuraduría local, funcionarios antinarcóticos de la PGR…


En mayo pasado, cuando policías federales allanaron, a unos metros del Palacio de Gobierno donde despacha el panista Marco Antonio Adame, una residencia en busca de Alberto Pineda Villa, operador de los Beltrán Leyva en Morelos-, la pus, signo de putrefacción, brotaba ya dondequiera. Documentos hallados en ese domicilio demostraban la protección que otorgaban al narcotráfico los cuerpos estatales de seguridad, lo que llevó a la remoción de sus directivos, lo que atrajo una serie de ejecuciones de jefes policiacos estatales y municipales en diversos puntos de la entidad.


Pero esto no es sólo una historia de policías y ladrones que pierda interés por la caída de Beltrán Leyva. En Morelos como en un creciente número de estados, el olor del dinero sucio maniata a las autoridades, marea a la clase política, fractura grupos de poder y agrieta lealtades en grado tal que se debe reflexionar si el simple ejercicio de la política sigue siendo viable en esos entornos.


A la luz de este proceso de degradación debe explicarse la fiesta de frivolidad encarnada por el ex gobernador panista Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), al que se le llegó a atribuir un romance con una hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, que junto con Vicente Carrillo Leyva disfrutaron del cobijo oficial en el estado.


En 2000, Estrada Cajigal logró imponer a su sucesor y correligionario Adame a sus principales funcionarios de seguridad –peones todos de los cárteles-, varios de los cuales permanecían en sus puestos cuando hace algunos meses la autoridad federal los llevó a prisión. Curiosamente, su abogado es Guillermo Pasquel, el mismo que defendió a Estrada Cajigal ante una artificiosamente débil indagación de la PGR cuando se le acusó de nexos con el crimen organizado.


El nexo de Adame con Estrada Cajigal acabó eventualmente roto, y se precipitó también un ruptura en la llamada “Sagrada Familia”, el bloque de panistas tradicionales que históricamente controló a Acción Nacional en la entidad.


En un acto melodramático, Estrada Cajigal renunció en marzo al PAN, en el marco del proceso electoral local de julio pasado. Sumó entonces fuerzas, nexos y compromisos con una fracción del PRI, que regentea en el estado Guillermo del Valle.


Hoy, unos y otros, gobierno estatal, PAN, PRI, Congreso local y gobiernos municipales, exhiben inestabilidad política, en buena medida por la presión y el hambre de dinero sucio. Pero Morelos no es el único estado en semejante postración.

Apuntes: Enigma en la SEP


CON UN PIE fuera de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González, yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, cierra un ciclo en la estrategia de la poderosa profesora, cuyas apariciones públicas se han ido espaciando misteriosamente. González Sánchez, originario de Sinaloa, ha visitado asiduamente su entidad natal durante los meses recientes, y se le empieza a ver como posible candidato del Panal, el partido de la maestra, para las elecciones locales del próximo año. Sería un ingrediente turbador más en un proceso que ya parece anunciar la fractura del PRI en la designación del sucesor del gobernador Jesús Aguilar. Ello puede derivar en varias candidaturas cercanas al oficialismo, sea por su descomposición, sea como una maquiavélica estrategia para diluir la fuerza de un aspirante realmente opositor. Hace cinco años, el actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, estuvo a punto de ganar esa entidad para el panismo.

lunes, 14 de diciembre de 2009

La tozudez de Felipe

Por necedad o por convicción, Calderón removió a Guillermo Ortiz e impuso con ello a la primera generación de panistas en el control del sistema financiero.




Cuando este martes el Senado ratifique a Agustín Carstens al frente del Banco de México, Felipe Calderón habrá consumado su golpe político más importante desde la conquista de la Presidencia, acaso sólo comparable – y de lejos- con el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la extinción de su sindicato, el SME.

El PAN ha iniciado su décimo año en Los Pinos, pero hasta ahora apenas había tocado con el pétalo de alguna sugerencia el búnker desde el cual una casta dorada de políticos y burócratas -priístas en su abrumadora mayoría- controlan las finanzas del país. Nadie puede saber si nos traerá beneficios o desastres, pero es un hecho que el panismo ha empezado a perderle el miedo a ejercer el poder.

Muchos fueron testigos durante el gobierno del primer presidente panista, Vicente Fox, de las condiciones que le impuso Francisco Gil Díaz para aceptar la Secretaría de Hacienda. “Esa sí fue autonomía, no sólo política y operativa. Incluyó cierto grado de humillación sobre Fox y el resto del gabinete”, comentó a este espacio un estrecho colaborador del ex mandatario.


La relación entre Calderón y Ortiz nunca fue buena. Y se registró una ruptura pública cuando un sector del panismo, que incluía al hoy Presidente, consideró inviable la permanencia de Ortiz en Banco de México tras el rescate bancario del Fobaproa, tan apoyado por otro segmento del blanquiazul, en las personas del citado Fox y de Diego Fernández de Cevallos. Menos notorio, no fue menor el diferendo de Calderón con Gil Díaz por la opacidad de los fidecomisos creados desde Hacienda con fondos de las aduanas, sin que nadie pudiera auditarlos.


Ya en el actual gobierno la comunicación entre el Banco de México y el gobierno Calderón fue virtualmente nula, pese a que Ortiz y Gil Díaz influyeron en la designación en Hacienda de Carstens, un hijo pródigo de la burocracia dorada que domina el sector financiero mexicano.

Los pronunciamientos de Calderón y de Carstens sobre una nueva etapa, con coordinación y trabajo conjunto, no sólo anticipan el fin de ese ciclo sino el tutelaje de Carstens sobre el nuevo secretario de Hacienda, el novato Ernesto Cordero, sin duda el hombre de mayor cercanía con el Presidente.


Sectores enterados fuera y dentro del gobierno identifican en Hacienda uno de los nudos que le ha permitido al PRI preservar amplios segmentos de poder. En los entretelones del erario se tejen privilegios para gobernadores y empresarios, y se benefician carreras políticas.


El PAN no ha querido o no ha podido romper esos feudos dentro de Hacienda, y es un enigma si lo hará ahora. Ello definirá la suerte, por ejemplo, de dos poderosos operadores priístas en la dependencia: el subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade, y el coordinador de asesores, José Antonio González Anaya.

El primero fue descrito a este espacio como quien coordinó la escandalosa exención fiscal a los futuros concesionarios de nuevas frecuencias para telefonía celular. Y del segundo se dijo que es quien abre o cierra el acceso de los gobernadores a los resquicios del presupuesto federal, de ahí que simultáneamente encabece la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. De acuerdo con la misma fuente, los otros subsecretarios, Alejandro Werner y Dionisio Pérez Jácome, gozarían de la confianza presidencial.

En semanas recientes, cuando el presupuesto 2010 era discutido en el Congreso, Calderón convocó a Los Pinos a notables de varios sectores para dar su versión de las cosas. Algunos de los asistentes a esos encuentros refieren un desusado protagonismo presidencial para exponer los temas, pese a sus escasas credenciales profesionales en economía, y pese también a que en las reuniones estuvo siempre Carstens, quien difícilmente abrió la boca.


De ahí que otro misterio de hoy lo constituya la medida en que Calderón intentará radicar en sus manos las decisiones sobre política económica, o si Carstens sabrá realmente construir su propio espacio de independencia, para que como propuso alguna vez en un ensayo sobre el tema, “el gobierno se asegure de que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras al apoyar la autonomía del banco central”.

lunes, 7 de diciembre de 2009

Embestida precoz de la telebancada

Esta semana detonará la maniobra para sacar adelante una nueva Ley de Medios, impulsada por PRI, PRD y quizá, un sector del gobierno Calderón.


No es una novedad que ya se le haya bautizado como “mini Ley Televisa”, en alusión al grosero despliegue de fuerza con que esa corporación mediática y sus aliados impusieron su voluntad en 2006 al Congreso de la Unión para abrir nuevas líneas de negocio y blindarse jurídicamente.

No es sorpresivo tampoco que ante la influencia de las televisoras para designar a operadores suyos en diversos grupos parlamentarios en la actual legislatura, la llamada telebancada impulse iniciativas que anulen lo dispuesto por la Corte en 2007, gracias a la acción de constitucionalidad promovida un año antes para frenar, en el máximo tribunal, lo arrancado a legisladores y partidos por el poder de las televisoras.

Lo sorpresivo es quizá que estos poderes mediáticos hagan un nuevo alarde y promuevan su intentona en el Senado de la República, donde han logrado que el PRI –con el peso de Manlio Fabio Beltrones incluido- y el PRD avalen un paquete de propuestas que de entrar en vigencia, restituirían privilegios a los medios electrónicos, como el otorgamiento de refrendos permanentes, sin licitación de por medio, contra lo que dictaminó la Corte en junio de ese 2007 al derogar el artículo 16 de la ley en la materia, que ahora busca reponerse sin memoria ni sonrojo.

Con el mismo sello de la casa que en 2006 logró una aprobación unánime en Diputados, en el Senado el asunto tiene prisa. Existe ya un proyecto de dictamen aprobatorio que se buscó votar la semana pasada en la Comisión de Radio y Televisión que preside el perredista Carlos Sotelo, para llevarlo al pleno mañana martes. Los senadores panistas Ricardo García Cervantes, Santiago Creel y Marko Cortés impugnaran tal precipitación ante el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, lo que retrasó temporalmente el proceso.

De aprobarlo la cámara alta, el asunto tendría un día de campo en San Lázaro, donde medio centenar de legisladores, de diversos partidos, exhiben compromisos escandalosos con la radio y la televisión. A juzgar por la arrogancia del sector -que en días pasados hizo que sus operadores políticos se pasearan en el Senado-, seguramente se busca resolver el tema antes del próximo día 15, cuando el Congreso entra en receso.

El enigma real aquí es cuál es la posición del gobierno Calderón, y si estas propuestas reflejan la reciente promesa del Presidente de una reforma profunda en el campo de las telecomunicaciones.

Las iniciativas de PRI y PRD incluyen muy tímidos avances para medios comunitarios, un asunto que, se sabe, preocupa al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Si con ello se deja contento a Los Pinos, es probable que veamos una nueva “cargada” a favor de estas reformas regresivas, que arrastraría a un segmento del PAN en el Senado, como ocurrió con la exención fiscal para quien incursione en las nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil, lo que, se anticipa, supondrá privilegios adicionales para Televisa y sus aliados en este proyecto, presumiblemente la española Telefónica, que dirige Francisco Gil Díaz.

Esa exención –calculada en 6 mil millones de pesos- fue públicamente impulsada por el PRI y enfrentada por PAN y PRD en el Senado, hasta que el referido Gómez Mont dijo a los senadores del blanquiazul que el propio presidente Calderón avalaba la iniciativa, lo que derivó en una forzadísima retirada de Acción Nacional en Xicoténcatl. Una nueva “línea” de esta naturaleza franquearía el paso a la Ley de Medios que ahora confeccionan formalmente PRI y PRD.

Lo que ocurra en las próximos horas evidenciará si el país es capaz ya de resistir estos avances que depredan y someten al Estado, o si casi cuatro años de debate en la materia han sido inútiles ante los intereses creados que engarzan a unos y otros.