lunes, 29 de diciembre de 2008

Diplomacia: el otro rostro


En memoria de don Gaspar Rivera Barrios

Los capos mexicanos no sólo aturden al gobierno aquí. Su presencia en otras naciones acorrala a nuestra diplomacia oficial y envía el mensaje de un régimen que lucha por su sobrevivencia.

La última semana de noviembre, el presidente Felipe Calderón viajó a Argentina. Conforme a reportes disponibles, el tema esencial de las reuniones con su similar Cristina Kirchner no fueron los renovados nexos latinoamericanos, sino simple y llanamente, la angustia compartida por el poderío de los narcos mexicanos en todo el subcontinente.

Informes aportados a este espacio apuntan que Calderón presentó a Kirchner un reporte confidencial sobre nuestros ya mundialmente famosos cárteles. En al menos un tramo de esta reunión estuvo presente el embajador estadounidense en Buenos Aires, quien habría complementado la exposición con datos de inteligencia militar.

Luego de los seis años desastrosos del gobierno de Vicente Fox, que junto con su canciller, Jorge Castañeda, llevaron la relación con Latinoamérica a su nivel más bajo en décadas, la diplomacia de Calderón debió empezar a construir debajo del agua, por la frialdad con que gobiernos de izquierdas en la región registraron el desarrollo y resultado de las elecciones presidenciales de 2006.

Pese a las escasas expectativas depositadas en ella, la canciller Patricia Espinosa hizo su trabajo: concertó charlas telefónicas entre mandatarios, desmontó crisis, abrió puentes y metió a México de nuevo en la agenda regional, aunque en el camino quedaron los cadáveres de algunos de nuestros embajadores, a los que se les atribuyó falta de lealtad o de eficacia ante la emergencia de los difíciles meses iniciales. Al final del día, los gobiernos del área, especialmente aquellos de origen más progresista, abrían el paso nuevamente a la presencia mexicana.

Las condiciones podían anticipar un periplo triunfador de Calderón por el sur del continente, pero al escalarse aquí la violencia del crimen organizado la visión sobre México se ha trastornado en forma dramática, no sólo en la región sino el conjunto del planeta. La imagen que se recoge es la del poderío de los barones nacionales de la droga, su capacidad de fuego, su poder ilimitado… y los riesgos que todo esto arroja para la estabilidad del Estado mexicano.

Durante semanas se ha tomado nota de que en múltiples naciones hay presencia de cárteles mexicanos, incluso en sitios como Italia, que acumulan una experiencia de décadas en el combate a las mafias. Pero aun ahí los han sorprendido los sanguinarios extremos de que son capaces Los Zetas y otros grupos mexicanos.

Las sucesivas alertas provenientes de organismos internacionales se orientan a poner en duda la capacidad de algunas naciones cuyos gobiernos pueden simplemente desmoronarse ante el poderío de violencia y corrupción que son capaces de demostrar estos cárteles.

Este es el contexto que dominó los pronunciamientos, en la semana recién terminada, del presidente estadounidense George W. Bush y la menos notoria del ex candidato presidencial republicano John McCaine, sobre el riesgo que supone esta crisis para los ciudadanos estadounidenses.

“La guerra está en nuestro vecindario”, le advirtió Bush al mandatario electo Barack Obama, mientras que McCaine fue más lacónico: “En México hay un gobierno que está luchando por su sobrevivencia”.

Uno podría sorprenderse de que aquí no hayan existido reacciones oficiales en contra de tales posturas. Acaso las vísperas navideñas debilitaron nuestro afán nacionalista. Pero dicho sea con justicia, era difícil actuar con solvencia moral cuando en esos mismos días las noticias estaban dominadas por las decapitaciones de soldados y la detención de una reina de belleza sospechosamente coronada en Sinaloa, pese a que al parecer todo mundo sabía que era pareja de un mafioso.

De esta manera, el rostro de nuestro país ante el mundo, que alguna vez representó la dignidad diplomática en favor de los exiliados y de las naciones doblegadas por las tiranías, ahora se presenta como un mensajero que sufre el yugo del narcotráfico, y exhibe ante la humanidad a un régimen incapaz de enfrentar este peligro.

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lunes, 22 de diciembre de 2008

El PAN en su torbellino

Tres tensiones alteran la vida interna del partido en el gobierno, y pueden inducir una convulsión: el jaloneo rumbo a las elecciones, las disputas entre foxistas y calderonistas, y el precoz apetito por la sucesión presidencial.

Angustiado por el peligro real de resultar aún más acotado tras las elecciones del próximo año y descubrirse con una delgadísima base política, el Partido Acción Nacional protagoniza crecientes pugnas internas que han implicado, incluso, a su más destacado miembro, Felipe Calderón, el presidente de la República, quien gusta de colocarse como el último fusible a reventar en los conflictos.

En los últimos días tan sólo, el mandatario decidió enderezar ataques contra su antecesor, Vicente Fox, primero durante una reunión interna en la que anunció, como un signo de avance político, que no intervendría en los procesos electorales. Y apenas la semana recién terminada atribuyó a los gobiernos recientes haber “administrado” la presencia del crimen organizado en el país, lo que desató una tormenta con personajes del foxismo.

En otro frente, la muerte súbita del número dos del régimen, Juan Camilo Mouriño, funcionó como un catalizador para la desazón de los panistas. Pero no de todos: todavía no concluían los homenajes para el desaparecido secretario de Gobernación cuando miembros del equipo de Calderón se promovían no sólo para despachar en la casona de Bucareli, sino para presentarse como el candidato más viable del panismo a la sucesión presidencial de 2012.

El recién estrenado activismo del propio dirigente del partido, Germán Martínez, y del ex secretario presidencial César Nava, que junto con varios miembros del gabinete tienen sus propias ambiciones futuristas, da cuenta de hasta dónde ha llegado la descomposición en este ámbito.

La inminente confección de los listados de candidatos para los comicios intermedios y en los estados donde habrá elecciones locales, provocará que el panismo siga cuesta abajo en su rodada. En al menos tres de las seis entidades donde habrá cambio de gobernador, los problemas internos obligarán a la dirigencia nacional a decidir por sobre los líderes locales quién será el candidato.

Precisamente porque se sabe que en esta oportunidad serán muchos menos los que lleguen a la Cámara de Diputados bajo las siglas del PAN, los apetitos han empezado a lucir encarnizados, como lo demuestran los señalamientos recientes del ex dirigente panista Manuel Espino.

Nada bueno traerá para el partido en el gobierno la crisis económica que se extiende ya por todo el mundo, y cuyos efectos finales aún parece que estamos lejos de conocer. El agravio de los ciudadanos ante la pérdida de su empleo y de otros indicadores de calidad de vida encontrarán en el gobierno y en el logo blanquiazul entidades sobre las cuales cebar su enojo.

Algunas de las claves para este deterioro pueden encontrarse en la más reciente reunión del Consejo Ejecutivo Nacional panista, donde resurgieron las voces que —como la muy claridosa de Javier Corral— alertaron sobre la incapacidad del gobierno para enfrentar los desbordados intereses de poderes fácticos, sean de carácter mediático, banquero o de otros ámbitos empresariales.

Esta visión advierte que quienes se hallan hoy a cargo de los intereses de la República parecen entender que para gobernar hay que claudicar ante los poderosos. Y que si se desean cambios, primero hay que ver qué recursos dejan la voracidad y la arrogancia de aquellos que no parecen nunca satisfechos.

Es probable que el PAN y sus principales líderes, Felipe Calderón incluido, encaren el peligro de un revés de grandes dimensiones en las próximas elecciones, tan profundo que los aleje de la posibilidad de conservar la Presidencia después de 2012. Está en ellos decidir si ese trance los encuentra en medio de una batalla para cambiar las cosas en el país, o los halla salvaguardando los mismos intereses que han postrado a la nación durante décadas.

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lunes, 15 de diciembre de 2008

PRD: la ruptura latente


El segmento más racional del principal partido de izquierdas en México ha logrado mantenerlo unido tras el forzado arribo de Jesús Ortega a la dirigencia. Pero son legión los que ya trabajan en la fractura final.

Quizás el PRD lograba su gobernabilidad interna luego de ocho meses de unas elecciones turbulentas. Tal vez no. Pero el hecho es que el 13 de noviembre, los integrantes del Tribunal Electoral, que encabeza María del Carmen Alanís, determinaron dinamitar la vida de esa agrupación política.

Jesús Ortega arribó sorpresivamente a la presidencia de un partido extenuado, pero que empezaba a construir un acomodo para sus facciones, la principal de las cuales —Nueva Izquierda, que conduce Ortega mismo— controla 40% de los puestos clave en la organización.

La cabeza de Los Chuchos lanzó el mensaje de que estaba dispuesto a negociar todo menos su nuevo puesto, el primero que conquistaba, pues por años fracasó en cuanta contienda doméstica intervino.

Tras complejas conversaciones, los orteguistas y el ala moderada del sector afín a Andrés Manuel López Obrador construyeron un acuerdo que otorgaba al ex candidato presidencial y a Alejandro Encinas 40% de los cargos directivos y de las candidaturas para la renovación de la Cámara de Diputados el próximo año, más un segmento clave en las postulaciones de entidades con elecciones locales, como el estado de México. Desde ahí ha surgido un factor de equilibrio en la persona del senador perredista Héctor Bautista, quien con su propia corriente, Alternativa Democrática Nacional, se ubica ya como aspirante a la sucesión del priísta Enrique Peña Nieto.

Esos acuerdos iniciales no hicieron verano, por la ácida desconfianza de López Obrador sobre Ortega, al que acusa de negociar en múltiples frentes con el gobierno. Ello explica la negativa de su principal operador, Alejandro Encinas, para aceptar la secretaría general del partido. En esa atmósfera, se abrió la puerta para que el tabasqueño, Encinas y sus seguidores abandonaran en bloque al PRD y entraran, por la puerta que ya abría Dante Delgado, a la coalición Convergencia-Partido del Trabajo.

El rompimiento quedó latente. López Obrador y Encinas se mantienen en el PRD, y pactaron con Ortega una negociación de candidaturas por debajo de lo que inicialmente habían definido.

En el primer círculo del compacto grupo del lopezobradorismo se trabaja; sin embargo, bajo la convicción de que una vez pasadas las elecciones, se producirá el desgajamiento, lo que incluirá la migración de una sustantiva parte de la bancada que el PRD logre en las urnas el próximo año. Ello heriría de muerte al principal logro alcanzado en la historia de las izquierdas mexicanas.

APUNTES

  • LA MUERTE hizo coincidir en el tiempo a tres personalidades emblemáticas, cada una con su propia, intensa historia: Carlos Abascal, un hombre que por el camino del humanismo logró tomar distancia de una visión radical ultraconservadora. Esta última exhibe tal arraigo en su entorno que unos días después de la desaparición del líder panista, el himno sinarquista fue entonado en una importante fiesta de su familia. Una corriente antípoda dijo adiós en las últimas horas a doña Amalia Solórzano, viuda del general Lázaro Cárdenas y madre de Cuauhtémoc Cárdenas. Una mujer admirable, cuyo perfil discreto no le impidió protagonizar páginas relevantes en la historia contemporánea. Y en este grupo es válido incluir a Cecilia Loría, incansable luchadora que no formó filas en ideologías, sino del lado de la sociedad civil, donde impulsó la defensa de género, entre otras muchas buenas causas…
  • “EL PRI parece obstaculizar la propuesta de ley para federalizar los crímenes contra periodistas”, establecía el comentario final del pasado lunes, que por causa de algún duende juguetón no fue incluido. Le decía ahí que ni el líder de la bancada tricolor en San Lázaro, Emilio Gamboa, ni el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, acompañaron con hechos sus ofrecimientos de apoyo. A ellos se sumó el fiscal especial de la PGR para estos casos, Octavio Orellana, quien presentó un patético informe que exhibe su incompetencia e insensibilidad sobre el tema.

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lunes, 1 de diciembre de 2008

La bofetada del Congreso

Incapaz frente al problema de la inseguridad pública; enredada en una crisis interna de sus corporaciones policiales, la administración Calderón sufrirá esta semana un revés mayor desde el Poder Legislativo.

Las decisiones provenientes de las cámaras concretarán una singular alianza entre PRI y PRD, y no entrarán en la lógica tradicional de sabotear iniciativas presidenciales, sino que harán tareas de gobierno al intentar un nuevo equilibrio que, a querer o no, resultará adverso al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Si no hay sorpresas de por medio, los legisladores decidirán quitarle el control del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un fondo dotado con más de 12 mil millones de pesos, que representa un importante foco de poder en la relación con los estados. Su manejo irá a dar a Gobernación o a una entidad de nueva creación. De ser el primer caso, ello haría renacer el peso político de la dependencia que hoy encabeza Fernando Gómez Mont.

Como se anunció ya, adicionalmente priístas y perredistas —bajo la conducción de Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete— se unirán para sepultar la propuesta gubernamental para establecer una policía de mando único en el país, a cuya cabeza estaría el propio García Luna.

Estos dos solos hechos culminarán una de las etapas más arduas vividas en el primer tercio de la presidencia de Calderón, y arrojarán luz sobre la espesa salsa de contradicciones en que parece hundido el gobierno.

Una novela de suspenso, con entregas seriadas, podría redactarse para detallar el cabildeo —con buenas y malas artes— desarrollado para enaltecer las bondades de las propuestas gubernamentales. Luego de que PRI y PRD pactaron ir juntos en este tema, fue necesario que el coordinador del sol azteca en San Lázaro, Javier González Garza, aislara de las negociaciones a uno de sus compañeros, ante sospechas de que había pactado compromisos inexplicables.

En esta estrategia debe insertarse la difusión del documento entregado por el gobierno al Congreso donde se alerta que en promedio, 50% de los policías de todas las corporaciones del país reprueban los exámenes de control de confianza. Sin embargo, los legisladores ya saben que son miles los elementos, incluso en el ámbito federal, a los que se exenta de esos exámenes mediante cartas responsivas firmadas por sus jefes.

Otro telón de fondo de esta historia lo constituyó el hecho de que todos los días nos estemos desayunando con la historia de un nuevo alto mando policial, sea de Seguridad Pública, sea de la Procuraduría General de la República, ha sido destituido por existir denuncias en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La pugna entre los titulares de ambas instituciones, el citado García Luna y Eduardo Medina Mora, ha hecho subir el volumen a acusaciones provenientes de testigos protegidos, a los que se otorga credibilidad no sólo cuando revelan lo que personalmente les consta, sino lo que alguna vez escucharon, incluso lo que imaginan que ocurrió.

Esos borbotones de lodo —algunos de los cuales se disolverán por falta de elementos sólidos— podrían haber influido en la abrupta salida de César Nava de la secretaría particular del presidente Calderón, lo que despojó a éste de una pieza clave. Pero el propio mandatario decidió defender públicamente a García Luna. A la luz de ello, será difícil no interpretar que un debilitamiento de este funcionario acabe golpeando la imagen del Presidente mismo.

Apuntes

  • TURBULENCIAS de diverso origen atraen nubes de tormenta sobre lo que fueron dos apacibles solares en la zona metropolitana del Distrito Federal. El primero, en el municipio de Huixquilucan, hasta ahora gobernado por el PRI a través de Adrián Fuentes, cuyos dos principales jefes policiacos están presos por nexos con el narcotráfico, incluida su complicidad en el crimen de 24 personas decapitadas en La Marquesa. A su vez, en la delegación Miguel Hidalgo, donde el PAN se afianzó con Gabriela Cuevas, ésta encara no sólo protestas vecinales sino una sorda pugna con la dirigente capitalina del blanquiazul, Mariana Gómez del Campo. ¿Qué dirán los electores en los comicios del próximo año?

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lunes, 24 de noviembre de 2008

Campeones de la incompetencia

Quizás usted no se ha enterado, pero en la Cámara de Diputados camina una iniciativa presidencial para reformar la Constitución y dotar a la Procuraduría General de la República de amplísimos poderes para controlar indagatorias en causas penales, con una variante tan amplia que ha generado sospecha y preocupación entre los especialistas en derecho.

Esta propuesta, para adicionar el artículo 73 constitucional, propone que la PGR atraiga delitos del fuero común “cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión…”.

En sentido estricto, dicen juristas consultados por este espacio, se propone un régimen en el cual el fiscal federal pueda investigar lo que más le convenga, como ocurre en algunos sistemas autoritarios. Se considera que los conceptos de seguridad nacional, derechos humanos y libertad de expresión son envoltura de regalo en una caja de la que salen muy malos olores.

En un carril paralelo, este miércoles llegará también a San Lázaro una propuesta de reforma legal suscrita por los integrantes de la comisión legislativa que da seguimiento a crímenes contra periodistas. En esencia, la iniciativa busca llevar al ámbito federal las investigaciones por este tipo de atentados, encuadrados como ataques a la libertad de expresión.

Bajo la presidencia del panista Gerardo Priego, esta comisión ha sido incapaz de sostener un trabajo de calidad y un compromiso serio. Se tomó tres años para acabar un documento, y difícilmente tendrá ahora el músculo político y moral para impulsar su propuesta, cuando los diputados ya están dominados por las especulaciones del próximo año electoral.

A la sombra de esta historia, periodistas mexicanos siguen siendo ejecutados. Otros más abandonan sus comunidades, bajo amenaza de muerte. Como una ola, medios de todo el país caen en la autocensura para evitar riesgos frente a las mafias. Pero quizá la mayor tragedia la constituya la apatía frente a este panorama, de la autoridad, la sociedad e incluso del gremio periodístico que labora en zonas que considera seguras.

El crimen más reciente hizo víctima al reportero Armando Rodríguez, baleado el pasado día 13 en Ciudad Juárez. El domingo 16, dos granadas fueron arrojadas contra el diario El Debate de Sinaloa. Estos hechos atrajeron las respectivas denuncias y reclamos, pero pocas esperanzas de una acción real por parte de la autoridad.

En la propia PGR existe una fiscalía especial, que ante la presión política ha atraído varios casos, ninguno de los cuales ha sido aclarado. Pese a diversos llamados, incluso en el ámbito internacional, el procurador Eduardo Medina Mora se ha negado a modificar las atribuciones de esta fiscalía, que le darían más eficacia.

Funcionarios y legisladores son en este tema verdaderos campeones de la incompetencia. Y a querer o no, adalides de la impunidad.

APUNTES

  • UNA REUNIÓN CUMBRE entre un funcionario integrante del gabinete del presidente Calderón y representantes del cártel de los Beltrán Leyva ocupa las conversaciones de observadores internacionales que dan seguimiento al tema del narcotráfico en el país. De acuerdo con esta versión no confirmada, tal encuentro habría ocurrido en los días previos al derrumbe del avión en el que viajaban Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos.
  • ¿POR QUÉ SERÁ que al bloque más conservador del panismo le urge sepultar políticamente a César Nava, el secretario particular del presidente Calderón, y poner en su lugar a uno de los suyos?
  • EL GRUPO MVS, que encabeza Joaquín Vargas, prepara un doble campanazo al lanzar un nuevo sistema de televisión restringida —al parecer sin la sociedad con Carlos Slim—, lo que de cualquier suerte representará una competencia real. Y por otro lado, en enero reincorpora una de sus señales principales de FM a la radio hablada, y lleva ya muy avanzada una negociación con Carmen Aristegui.

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lunes, 17 de noviembre de 2008

Los entenados de Diego

La principal sombra en el arranque del nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es su cercanía con Diego Fernández de Cevallos y su estilo de hacer política, ligada a los negocios.

Cuando ganó la Presidencia de la República, en el verano de 1994, a Ernesto Zedillo lo abrumaba la presión por esclarecer el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Al crimen del sonorense (marzo de ese año) y del cardenal Posadas (mayo), se había sumado el del dirigente priísta José Francisco Ruiz Massieu (septiembre), lo que trajo una acusación de su hermano Mario de que el PRI estaba atrás de al menos esa última muerte.

Los demonios estaban sueltos. Zedillo tomó entonces una decisión que luego consideraría fue el peor error de su administración, según lo confesó a varios de sus colaboradores.

Con la idea de mandar un mensaje de imparcialidad en torno a las indagaciones, decidió nombrar a un procurador independiente. Semanas antes del inicio de su gobierno, invitó a Diego Fernández de Cevallos, un reconocido abogado, su adversario en las elecciones de ese año —postulado por Acción Nacional— y personaje muy cercano al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con fuentes autorizadas, Fernández de Cevallos aceptó el puesto, pero días después, todavía dentro del periodo de transición, se presentó al cuartel zedillista acompañado de Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza, los hombres más importantes del PAN en ese momento.

Le dijeron al presidente electo priísta que no era pertinente que Diego se sumara al gobierno, pues ello comprometería la imagen de Acción Nacional. Mirando de frente a Diego, Zedillo le dijo que lo había invitado a él como persona, no a su partido. Se habló de alternativas. Y ahí Zedillo escuchó un nombre por vez primera: Antonio Lozano Gracia, entonces diputado federal, que recorría una incipiente trayectoria llevado de la mano por Fernández de Cevallos.

Desde entonces, Zedillo y su equipo asumieron que al tratar con Lozano lo hacían con Diego. El nuevo procurador pidió autonomía para integrar a su equipo, lo que incluyó a Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal especial para el caso de los atentados, quien —dijo Lozano— había sido ampliamente recomendado por Juan Velázquez, uno de los abogados más cercanos a Carlos Salinas de Gortari.

Meses después, Zedillo supo que había caído en una trampa cuando Lozano le consultó la detención de Raúl Salinas de Gortari como autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu: si lo aprobaba, sellaba un rompimiento histórico con el ex presidente; si lo rechazaba, sería acusado de complicidad.

Luego vendrían la comedia de La Paca, las excavaciones, los espíritus y, finalmente, el despido de Lozano, quien duró justo dos años en el puesto. El saldo de esa historia incluye a Salinas de Gortari, que podría disfrutar una imagen de estadista, pero convertido en cabildero de segundo nivel, dominado por el odio contra Zedillo.

Pero la historia puede tener también sus resonancias hoy y representar recuerdos para el futuro. Las forzadas condiciones en las que el presidente Felipe Calderón debió abrir su primer círculo de colaboradores para incluir a Fernando Gómez Mont Ureta como secretario de Gobernación, lo obligaron a acercarse al círculo de Fernández de Cevallos, con el que ha cultivado discrepancias al menos desde 1991, cuando los tres fueron miembros de la bancada panista en la Cámara de Diputados, que Diego coordinó.

El tiempo mostrará qué prevalece en esta historia, si los talentos personales del nuevo funcionario, o su militancia en una facción del PAN que empezaba a alinearse en ruta de colisión con el gobierno de Calderón.

APUNTES

  • OTRO GÓMEZ MONT Ureta, Miguel, director de Fonatur, tiene en las manos una bomba que en caso de explotar dejará efectos colaterales en la familia. Se trata del proyecto para convertir en polo de desarrollo turístico la zona de Escuinapa, Sinaloa. El tema es polémico, pero lo será más si se confirma que el gobierno ha decidido comprar en el área una enorme extensión de terreno al ex gobernador Antonio Toledo Corro, por una cantidad superior a los 100 millones de dólares.
  • PESAR extendido dejó la muerte de Paco Ignacio Taibo I, autor de más de 60 libros, periodista, por años editor de la sección Cultura de EL UNIVERSAL, y defensor de causas justas durante décadas. Su historia demuestra cómo pueden mezclarse la pasión y la inteligencia con el buen corazón.

lunes, 10 de noviembre de 2008

Las decisiones pendientes

En medio de la algarabía de un festejo, o frente al llanto de un funeral, es labor del periodismo hacer preguntas, exhibir dudas. Esto ayuda a la comunidad a reaccionar, y a la autoridad a no olvidar su misión.

¿Es prudente espaciar más días la designación de un nuevo secretario de Gobernación?

En toda crisis —y mire usted que en México se nos juntan ya— es deseable que los actores implicados conozcan con la mayor oportunidad cómo el gobierno pretende manejar la situación, y parte central de ello se deriva del nombre de los colaboradores. Mientras antes, mejor.

Por otra parte, la tensión y las ambiciones naturales pueden hacer que el proceso tome derroteros no deseados. Vea usted por qué se lo digo:

A la sombra de las extendidas exequias por la súbita muerte de Juan Camilo Mouriño, grupos dentro y fuera del PAN, dentro y fuera del gobierno, han buscado durante las últimas horas ocupar una posición desde la cual puedan influir sobre quién será y qué hará el nuevo ocupante del Palacio de Covián.

Pese al desmantelamiento a que este puesto ha sido sometido desde la administración Fox, el escritorio de quien formalmente es el responsable de la política interna despierta codicias y no pocas fijaciones; entre otras, que sigue siendo el mejor escenario para quien aspire a ocupar la Presidencia de la República.

De entrada, la clase política panista luce agrupada en tres bloques: el que encabeza el dirigente Germán Martínez, de tan gris desempeño. Pese a ello, quisieran el cargo para él o para algunos de sus cercanos, como Juan Molinar Horcasitas. El segundo grupo son aquellos que se saben desplazados por el actual gobierno, y apuestan que frente al sacudimiento, Calderón dé un viraje hacia el cementerio de dinosaurios panistas y llame a Diego Fernández de Cevallos. Están, por último, los que se saben fuera del primer círculo calderonista, como Josefina Vázquez Mota, que en estos días espera… y desespera.

La gravedad del momento, la hondura de la crisis en materia de seguridad, la cercanía de unas elecciones que se anuncian ya desastrosas para Acción Nacional, están haciendo que desde el PRI se acerque una mano salvadora que puede resultar ponzoñosa, con nombres como los de Diódoro Carrasco o de otro personaje del mismo perfil.

¿Se inclinará al Presidente de nuevo por un incondicional, pese a los riesgos ya comprobados de la novatez?

Quienes lo conocen, creen que es difícil que Calderón cambie a estas alturas su estilo o emprenda un experimento, aunque con ello pudiera inaugurar nuevos tiempos en un país que ya cumplió una década sin capacidad de formar mayorías que se traduzcan en mayor gobernabilidad y más eficacia en el régimen.

De ahí que casi desde finales de semana se empezaron a perfilar nombres como el de Carlos Medina Plascencia, el actual embajador Jorge Zermeño o el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Ninguno garantiza más que ciertas dotes de conciliador, pero son poco menos que amateurs en materias como seguridad interna. Con todo, es más que probable que Calderón recuerde el consejo de Havel, que ya le empezaba a funcionar con Mouriño: es preferible una temporada de inexperiencia que una deslealtad permanente.

APUNTES

  • EN MÁS de un sector quedó mal sabor de boca por el escaso reconocimiento a la memoria de José Luis Santiago Vasconcelos, el ex fiscal antidrogas mexicano cuya trayectoria fue más reconocida en el extranjero que aquí. Nunca se aclararon las versiones de un conflicto con el procurador Eduardo Medina Mora, que lo llevó a salir de esa dependencia, en condiciones inseguras aun para su vida. Fue abierto el arropamiento que le extendió el Ejército, al grado de recibir sus restos para ser velados en compañía de su familia.
  • YA SE CONSUMÓ la reforma petrolera, pero corporaciones internacionales del sector, como Petrobras —que tan entusiasta fue ofreciendo ayuda—, avisaron ya a quien corresponde que no buscarán participar en la obtención de contratos de exploración. Lo que los desinteresados brasileños querían era que sus hallazgos fueran pagados en especie, conforme el volumen de crudo que encontraran. Y aquí eso no pasó. Ni modo.

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lunes, 3 de noviembre de 2008

Con las urnas a la vista

El PRD ha vivido de espaldas a que la política impone dos condiciones: cada tres años, la prueba de las urnas, y cada día, la legitimidad de las decisiones adoptadas.

Durante los dos últimos años, el Partido Revolucionario Institucional ha apostado a transigir con la administración Calderón, no en un juego de poder sino asumiendo cuotas reales de poder en la conducción del país. Ha respaldado decisiones de un régimen de minoría. En los hechos, ha sido gobierno.

En sentido contrario, el Partido de la Revolución Democrática y sus líderes han enfatizado la ruta de la confrontación. Han debido escoger entre atender a la tercera parte del electorado, que en 2006 vio en Andrés Manuel López Obrador una esperanza de cambios reales, o atender los dictados de 17% de los ciudadanos, que representan el piso, el voto duro del perredismo en el país.

Está por terminar el año electoral de 2008. Los resultados arrojan hasta ahora notables ventajas para el PRI, que concluirá el periodo siendo gobierno en 18 entidades, donde habita 57% de los mexicanos. El Institucional y sus principales figuras (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, incluso Enrique Peña Nieto) tienen motivos de más para sentirse satisfechos.

El cerrojazo de este proceso serán los comicios de Hidalgo, donde se prevé que el PRI se anote otro triunfo. Antes, en los comicios locales de Coahuila, Humberto Moreira y familia armaron carro completo. Puede hablarse de buenas o malas artes, pero hay fenómenos a los que habría que acercar la lupa, como Torreón, donde el PAN fue arrasado. Durante años ganó un distrito local captando entre 20 mil y 35 mil sufragios. Ahora contó apenas mil 500 votos y, por supuesto, perdió.

¿Por qué los panistas se quedaron en casa? ¿Harán lo mismo el próximo 5 de julio?

En muchos sentidos, el PRD es un hoyo negro. No hay una ruta definida, como no sea la que López Obrador intuye e impone. La ruptura de terciopelo que se evidenció en el Congreso con el tema petrolero arroja señales ambiguas sobre lo que vendrá.

Encuestas serias como las de Roy Campos, Liévano Sáenz o Jorge Buendía confirman que en su núcleo duro —ese 17%—, el perredismo sigue inamovible, pero nadie sabe qué está pasando con el millón de personas que Andrés Manuel López Obrador dice haber afiliado a su movimiento, pero que no aparecieron como votos agregados en las urnas durante este año.

Según estos estudios, el PRD es el partido que mayor rechazo recibe. Sobre el que más ciudadanos advierten que nunca votarían por él.

Pero el mayor misterio gira en torno a si el PAN se hundirá en los próximos comicios, bajo el desgaste de la crisis económica, o si logrará evitar que Calderón vea en los hechos su presidencia truncada al cumplir apenas la mitad del periodo.

APUNTES

  • UN NUEVO ROSTRO se muestra en el sector telecomunicaciones luego de los cambios en la Cofetel, que preside Héctor Osuna, y en la SCT, cuyo titular es Luis Téllez. En sólo una semana surgieron dos resoluciones lesivas a los intereses de Telmex, el actor dominante del sector. Una de ellas fusionará las áreas de larga distancia telefónica en el país, lo que evitará cargos por este concepto en ciudades cercanas. La otra limita la fusión del consorcio telefónico con Multivisión, de Joaquín Vargas, que de concretarse habría captado al menos 12% del mercado de la televisión, una cancha que legalmente le está vedada al ingeniero Carlos Slim. La pregunta no es si este es el camino correcto, sino si Osuna y Téllez soportarán las correspondientes presiones.
  • QUIEN RESULTE ganador en las elecciones de Estados Unidos, mañana, traerá en su portafolios planes para una redefinición de la relaciones con México. Pero el giro más dramático se dará si Barack Obama llega a la Casa Blanca. Este hombre de contagiosa sonrisa ejercerá una presión sin precedentes sobre el gobierno Calderón en el tema del narcotráfico y la inseguridad. Si desea una probadita de esto, asómese a la primera plana de ayer de The New York Times, donde se alerta sobre el fracaso institucional mexicano ante el crimen.

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lunes, 27 de octubre de 2008

Calderón ante el derrumbe

Todavía no se expresan aquí los verdaderos efectos de la crisis financiera mundial, pero sí se asoma una actitud medrosa de la autoridad, renuente a regular los apetitos de aquellos que nunca pierden.

No existe sector de la economía que no planee despidos masivos en los siguientes meses. Los programas de vivienda, orgullo del régimen están paralizados, sin explicación alguna. Los bancos montaron a ojos de todos un ducto de dólares baratos hacia sus matrices extranjeras. La especulación y el acaparamiento cosechan triunfos todos los días. El dinero se acabó.

La duda del momento no es si la crisis aún está por golpearnos. El dilema radica en si el gobierno tendrá la capacidad de emprender medidas pragmáticas que, como está ocurriendo en Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, lo harán intervenir en un mercado que ahora menos que nunca se regulará solo.

En la esencia del momento se halla la capacidad de la autoridad para inspirar confianza en los inversionistas y en el público en general. Pero también la cercanía del proceso electoral de 2009, donde el balance de las urnas puede arrojar un gobierno con los menores márgenes de maniobra que haya conocido México.

“Las dificultades previstas para este 2008 impondrán a Los Pinos el dilema de impulsar cambios verdaderos o correr el riesgo de tener una Presidencia de sólo tres años”, se publicó en este espacio el 31 de diciembre de 2007, en una entrega cuyo título, “El ‘año horrible’ de Calderón”, atrajo duras críticas, por pesimista.

No le recetaré a usted el recurso bobo de una auto-cita; el punto es subrayar que aquel diagnóstico sombrío se quedó notablemente corto: la recesión que ya se anunciaba con indicios que aquí eran vistos de soslayo, está en vías de convertirse en el peor terremoto económico de los últimos 50 años. Algo nunca visto por las últimas dos generaciones en el mundo entero.

El gobierno de Calderón ha anunciado un programa de infraestructura que apunta en el rumbo correcto, pues imprimirá fortaleza a la economía. Pero no será suficiente. A contrapelo, la construcción de vivienda se paralizó virtualmente de un día a otro. Los bancos han cancelado o limitado líneas de financiamiento ya pactadas, y el propio Infonavit está recibiendo a sus derechohabientes con la noticia de que el dinero se agotó, o fue puesto bajo el colchón de la administración.

En la línea de la desconfianza, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, podría adelantar en febrero su salida —programada para noviembre— y hacer un forzado mutis a fin de ocupar una posición en una institución financiera internacional. Con ello subrayaría la creciente distancia que guarda con Calderón y con su secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Más allá de las virtudes o defectos de Ortiz, su partida hará recordar los primeros días del gobierno de Zedillo, cuando Jaime Serra Puche sólo ocupó la cartera de Hacienda el suficiente tiempo para desatar una devaluación y echarle la culpa a la guerrilla zapatista.

A la sombra de este proceso, sectores monopólicos como las empresas cementeras del país, encabezadas por Cemex, ya decretaron el tercer aumento en sus precios en lo que va del año.

Este tipo de actos, y el desgarramiento de vestiduras que despertaron las críticas de Carstens a los especuladores contra el peso, imponen temores al gobierno sobre el camino a tomar.

Nuevamente, el dubitativo Hamlet en palacio. ¿Qué será de nosotros?

APUNTES

  • PATRICIO PATRÓN, el titular de la Profepa, volverá en los próximos días al escenario de los escándalos. A las evidencias de que miembros de su familia son investigados por la DEA, se sumará que su política de clausuras contra construcciones hoteleras que dañan la ecología en el Caribe mexicano ha sido omisa cuando se trata de proyectos manejados a trasmano por uno de sus hermanos. El mismo que gusta alardear de que cuentan con la protección del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por el presunto hecho de que tienen negocios entre ambas familias.
  • PESAR por la muerte de Gustavo Iruegas, quien en los momentos de la torpeza diplomática del sexenio foxista, con Jorge Castañeda como operador e instigador, encarnó la dignidad de la diplomacia mexicana.

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lunes, 20 de octubre de 2008

Universidades malolientes

En un momento crítico para la economía, mucho ayudaría que las instituciones de enseñanza superior abandonaran su tradicional opacidad y rindieran cuentas sobre cómo manejan los recursos que les confía la nación.

De cara a la estrechez en las capacidades del erario para 2009, las universidades públicas del país, encabezadas por la UNAM, han desfilado por la Cámara de Diputados federal y por los Congresos locales en pos de mayores o al menos iguales subsidios para su tarea.

Cuando este proceso concluya, las arcas públicas tendrán compromisos por cerca de 40 mil millones de pesos para apoyar la educación superior del país. En los archiveros de los legisladores quedarán muchos kilos de estados financieros, planes y proyectos, pero no aparecerá el menor propósito sobre mayores obligaciones de las casas de estudios para abrir su información —contable, académica, laboral— y mostrarla a los contribuyentes, que tanto dinero gastan en su manutención.

La ley de acceso a la información cumplió ya cinco años, y su alcance se profundizó con las reformas constitucionales de 2007. En los ordenamientos federales y locales se alude con diversos enfoques a las universidades, pero éstas han formado un bloque impenetrable. Hoy es más fácil saber cuánto gana el Presidente de la República que el sueldo y los gastos de cualquier rector del país, ya no digamos la calidad de los profesores contratados o los arreglos alcanzados con sus respectivos sindicatos.

El problema no es menor, si se considera que sólo en las últimas cuatro décadas el cuerpo académico de las universidades pasó de 10 mil profesores a 270 mil, mientras que la cifra de alumnos se catapultó de 75 mil a 2 millones 600 mil. Se trata de un segmento importante de nuestro cuerpo social, especialmente porque es el ámbito en el que se forman nuevos ciudadanos que, para serlo en verdad, deberían desarrollarse en un ambiente donde todos —autoridades, maestros, empleados y estudiantes— se inclinen en favor de la transparencia.

Sin embargo, el impulso parece ir a contracorriente. En todo el país la conciencia cívica a favor del acceso a la información se expresa ya en solicitudes de datos a las casas de estudio, las que se niegan a abrirse bajo el falso argumento de la autonomía universitaria.

Un caso concreto lo representa la Universidad de Guadalajara, donde la disputa por la rectoría incluye un sordo jaloneo en contra de moderados avances que se habían registrado a favor de la transparencia durante el pasado reciente, lo que lastimó al popular cacicazgo que ha dominado a la institución por varios años. Y ello ocurre en otros muchos estados, como Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Sinaloa.

En este mismo sentido, líos laborales en el muy prestigiado Colegio de México han derivado en un creciente reclamo por conocer a fondo los manejos de una institución que, para infortunio del país, se ha ido anquilosando, al grado de que la edad promedio de sus profesores se acerca ya a los 60 años. “Transparencia Colmex”, se llama a sí mismo un pequeño grupo de activistas preocupado por la falta de principios democráticos en una institución que debería ser muestra de ellos.

Transparencia y vida universitaria es el título de un cuadernillo recién salido a la luz, escrito por Manuel Gil Antón —uno de los estudiosos del tema más acuciosos en México—, con los auspicios del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Se trata de una aportación relevante al tema, que merece ser secundado por esfuerzos fuera y dentro de las propias casas de estudio.

El reclamo no alcanza sólo a las universidades públicas. En las casas de estudio privadas reposa hoy la expansión de la enseñanza superior, ante el estancamiento que sufre la matrícula en aquéllas. Pero las instituciones privadas y sus profesores también reciben fondos públicos, por vía de becas o de primas salariales, a lo que se agrega el carácter de bien público que tiene la educación.

La sociedad debe arrojar luz sobre el conjunto de este sector, del que ya surgen algunos hedores, muestra de un proceso de descomposición del que autoridades y ciudadanos no podemos ser cómplices.

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lunes, 13 de octubre de 2008

Arranque en la oscuridad

El narcotráfico no es más suceso remoto; ha llegado a la vida cotidiana de la gente y buscará ser actor central en año electoral, que oficialmente ya comenzó.

Todos los días surgen testimonios sobre puntos de contacto entre la población y bandas del crimen organizado. El tema ya no es asunto de los “ajustes de cuentas”, que la autoridad usa para escurrir responsabilidad. Los mafiosos son nuestros vecinos, concurren a nuestros restaurantes favoritos. Permean nuestro entorno.

En la primera semana de septiembre —de acuerdo con testimonios confirmados—, una banda criminal citó a dos centenares de pequeños empresarios que viajaron desde distintos puntos de un estado del Bajío hasta el auditorio de una ciudad turística. Ahí se les informó que a partir de ese día contaban con “protección” de la principal banda de la región, a cambio de una cuota mensual. Les advirtieron que los policías municipales y estatales, los alcaldes y el gobernador estaban enterados, “por lo que no tiene sentido quejarse ante nadie”.

Desde diversos puntos de la República surgen informes verosímiles sobre encuentros similares entre la población y el narcotráfico. Expertos ligados a instancias internacionales alertan que estas bandas han penetrado a los cuerpos policiacos y al sistema de justicia en diversos estados, al grado de que entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Tamaulipas o Zacatecas están con las manos amarradas y se han vuelto una especie de feudos refractarios a los esfuerzos federales para combatir al crimen organizado.

En al menos dos estados, Sinaloa y Campeche, existen precandidatos a la respectiva gubernatura a los que se les atribuyen, de manera extensa, nexos con el narcotráfico.

En el ámbito federal los indicios sobre la influencia del dinero sucio no son mejores. La autoridad cuenta ya con elementos que confirman que en el secuestro y posterior asesinato del joven hijo de la familia Martí participaron agentes de la AFI y de otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Genaro García Luna. Algunas de las pruebas cruciales no han sido aportadas por pesquisas judiciales, sino por indagaciones privadas. Asimismo, aumentan las versiones sobre sólidos señalamientos contra algunos funcionarios de la SIEDO, la entidad especializada en la lucha contra el narcotráfico en la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora.

El pasado día 3, el Instituto Federal Electoral declaró el inicio del proceso electoral de 2009. Diversos calendarios locales han sido ajustados para lograr que por vez primera un solo día, el 5 de julio, concurramos a las urnas no sólo para los comicios intermedios que renovarán la Cámara de Diputados. Esa misma fecha 11 estados tendrán también elecciones, seis de ellos de gobernador. En total, estarán en disputa más de mil 500 puestos de elección popular.

Lo anterior representará un desafío enorme para impedir que el dinero del narcotráfico se inocule sin remedio en el torrente sanguíneo de la política mexicana. El principal frente de preocupación lo representan sin duda el Congreso y las gubernaturas. Si los partidos caen en la tentación de cambiar votos por mayores espacios para el crimen, más nos valdría declararlos repúblicas independientes, pues dentro de ellos surgirán versiones criollas de la mafia rusa.

APUNTES

  • PESE A LOS autoproclamados avances en las intenciones del voto, el PRI tendrá el próximo año escollos insalvables en estados que alguna vez gobernó. Es el caso de San Luis Potosí, donde sigue siendo controlado por la misma cofradía que lo hundió hace cinco años y abrió el paso para la llegada del panista Marcelo de los Santos. Salvo una sorpresa, el PAN debe conservar el poder, pero encara una guerra intestina entre los aspirantes, que hasta ahora encabeza el calderonista Alejandro Zapata.
  • UNA PESADILLA están resultando las reuniones de los gobernadores en San Lázaro para negociar su participación en el presupuesto. Lo que antes era una gestión bien operada devino en minicomparecencias reiterativas, primero con las bancadas de cada estado, luego con las dirigencias de las fracciones y, por último, con la comisión camaral respectiva. ¿A quién se le ocurrió el formato?

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lunes, 6 de octubre de 2008

Alianza educativa: la tentación

La presión sobre el liderazgo gremial de Elba Esther Gordillo se agrava cada día, a causa de una estrategia gubernamental pésimamente comunicada; el riesgo es dar marcha atrás a un cambio de suyo tímido en el sector.

Cuando el Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE) no cumple aún cinco meses, y cuyas metas apenas comienzan a concretarse, casi la mitad de las secciones del sindicato magisterial exhiben la peor crisis interna desde que la maestra Gordillo tomó el poder del gremio, hace casi tres lustros.

El gobierno fue incapaz de difundir correctamente las bondades de un Acuerdo que tiene al menos cinco ejes, entre los cuales sólo se hizo trascender la realización de exámenes a maestros que aspiran a cubrir plazas vacantes. La aparentemente impecable postura oficial en contra de la costumbre de muchos mentores de “heredar” su plaza ignoró que ello se debe a que en muchos casos los profesores pagaron por ella a coyotes, y que es su único patrimonio real en comunidades marginadas.

Halagados por el coro de elogios entonado por “analistas” y “especialistas” que en muchos casos cobran como asesores de la dependencia, en la SEP mostraron suficiente contento y no repararon en el conflicto que venía.

Gordillo comprometió su capital político en un pacto con el presidente Felipe Calderón, y durante meses mostró a favor del ACE, casi en solitario, mayor activismo que el protagonizado incluso por la secretaria del área, Josefina Vázquez Mota. Pero la dimensión del problema puede obligar a todos a regresar a la mesa de negociaciones, con la tentación de sepultar el Acuerdo, así sea en forma disimulada.

Esta semana será crucial para el conflicto con los mentores de Morelos, cuya cercanía con la capital de la República les ha permitido ejercer mayor presión sobre las autoridades.

No hay progreso real en busca de un retorno a clases, pero sí avanza la radicalización de posturas, incluida la idea de usar a fantasmales organismos de paterfamilias como ariete contra los paristas.

Poco o nada ayudan en este asunto las limitaciones políticas del gobernador panista morelense, Marco Antonio Adame, a diferencia de lo ocurrió con su homólogo de Quintana Roo, Félix González Canto, quien logró asilar una protesta similar en su entidad.

Singularmente, mientras todo esto ocurre, la causa de la profesora Gordillo prospera en otros objetivos que se había marcado, como el paulatino desplazamiento de la central burocrática FSTSE ante organismos como las juntas de conciliación y arbitraje y el ISSSTE, donde ha logrado colocar a gente de ella, surgida de un nuevo núcleo de agrupaciones. El proceso seguramente incluirá el control de diversas sedes sindicales que ocupa actualmente esa federación que se ha visto cada vez más mermada por las artes políticas y los amarres de la poderosa maestra.

Todo ello parece estar enmarcado en la alianza Calderón-Gordillo, cuyos alcances aún no conocemos plenamente. Pero sabremos pronto su capacidad de resistencia.

Apuntes

  • SE ACUMULAN los indicios sobre la penetración del narcotráfico en el aparato gubernamental de todos los niveles. El 40% de los municipios del país, según reportes de expertos, han rendido sus cuerpos policiales al crimen. En al menos media docena de estados se habla ya de Estado fallido, pues el dinero sucio ató y amordazó a las autoridades de esas entidades, donde los cárteles son, en los hechos, gobierno. Las mafias han empezado a pasearse por oficinas federales, donde una y otra banda gozan de segmentos de influencia, mientras las cabezas de las dependencias libran una sorda guerra donde cada bando arroja al otro lodo, el cual es esparcido con prontitud por plumas afines. La posibilidad de una depuración de fondo se agota un poco más cada día. El caos se asoma.
  • LA ASAMBLEA de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arranca hoy en Madrid, España. Los informes sobre atentados contra periodistas coinciden: en México prevalecen las peores condiciones para el ejercicio del periodismo. Solamente en los últimos seis meses fueron asesinados tres periodistas más: Alejandro Fonseca (Tabasco), Felícitas Martínez y Teresa Bautista (Oaxaca). Y ante representantes de más de mil 200 publicaciones se alertará: nada hay sobre las promesas del presidente Calderón de federalizar los crímenes contra la libertad de expresión; la fiscalía especial creada para estos casos no ha hecho nada en dos años, y la comisión especial de la Cámara de Diputados significó igualmente un engaño.

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lunes, 29 de septiembre de 2008

¿Unidad sin debate?

En medio de la mayor crisis en materia de seguridad, y cuando la economía mundial se derrumba, la administración Calderón levanta la bandera de la unidad, pero sin ideas ni propuestas.

Las proclamas lanzadas desde el gobierno para que todos —propios y extraños, críticos y panegiristas— nos envolvamos en la bandera que enarbola el Presidente de la República por el solo hecho de serlo, ha empezado a exhibir agujeros que no podrán ser colmados con discursos y posturas sentimentales.

El gobierno dice tener propuestas contra la inseguridad, como crear una especie de policía nacional, pero no establece una mesa de discusiones abiertas a la sociedad, pese a tratarse de un asunto de rango aún más urgente que el tema petrolero. De esta manera, se cierran espacios, se inhibe la atmósfera de colaboración y se despoja a la sociedad de su derecho a tomar la palabra.

El resultado es lo que hemos empezado a ver estos días.

Un grupo de dirigentes partidistas acudió en días pasados a Los Pinos. Destacaba Beatriz Paredes, del PRI, quien se descubrió en un salón con sólo voces gubernamentales, como el líder panista Germán Martínez, y representantes de partidos casi marginales.

En las horas siguientes, la casa presidencial se dio a la tarea de organizar una cita del presidente Calderón con los coordinadores parlamentarios para el lunes pasado. El PRD —que sigue siendo incapaz de pactar acuerdos al interior, mucho más hacia fuera— anunció nuevamente su ausencia, pero esta vez tampoco el PRI aceptó. El encuentro fue cancelado.

Vino luego la petición de audiencia por parte del líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones y otros miembros claves de su bancada. “¿Tema?”, les preguntaron. “Deseamos ayudar, pero queremos que el Presidente nos diga cuál es el rumbo”, respondieron. La reunión se acordó para el viernes, pero todavía en la víspera les propusieron mutar el formato hacia una cordial comida con el mandatario. Junta de trabajo, insistieron los priístas.

Hablaron, pero hasta donde fue posible saber, no avanzaron. Calderón insistió sobre una propuesta en materia policial que ya habían deslizado antes a los gobernadores, sin debate público. Los mandatarios del Institucional se mostraron reacios, y las posturas se distanciaron, como quedó demostrado en la junta de Conago en Sonora, en la que se canceló la presencia del propio Calderón.

Hoy habrá una reunión sólo de líderes priístas, incluidos los gobernadores. Se espera que ahí queden desatados los últimos nudos para la reforma petrolera, que PAN y PRI —y quizá un bloque del PRD— sacarán adelante en la primera quincena de octubre, aunque no será lo que el gobierno esperaba.

En este encuentro habrá también señales sobre si el PRI sigue acercando sus posturas a las del gobierno, si vira hacia un rompimiento, o si hace las dos cosas; esto es, si toma distancia sin hacerlo público, en espera de lo que decidan las urnas en 2009.

Pero no se equivoca Calderón cuando llama a estar a la altura del momento: los mexicanos darán fe de si la mediocridad de sus élites políticas permite algún avance real en favor de la población, o si no son capaces siquiera de presentar ante la nación una sola idea, un solo afán, acaso una propuesta.

Apuntes

  • NO ES SÓLO MORELOS donde enfrenta resistencias la Alianza por la Educación que impulsan el gobierno y Elba Esther Gordillo. Las opciones son una regresión disimulada para evitar al régimen un nuevo frente de problemas, o sostener la voluntad de un cambio real.
  • LOS CELULARES y la iniciativa del Senado para transparentar la información de los usuarios, como un paso clave en materia de seguridad pública, desató una nueva guerra de cabildeo que unió a compañías tradicionalmente rivales, como Telcel y Telefónica, cuyos principales directivos hacen gestiones para evitar la regulación, por considerar que ello desalentará la compra de estos aparatos. Este martes se votará la ley respectiva en la Cámara Alta.
  • ESTE LUNES, cuando el periodista Miguel Ángel Granados Chapa reciba del Congreso de Hidalgo la presea Pedro María Anaya, podría anunciarse que el Senado le impondrá igualmente la medalla Belisario Domínguez.

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lunes, 22 de septiembre de 2008

Gobernadores-Calderón: la otra guerra

La administración Calderón y una larga lista de gobiernos locales, incluso de su propio partido, están en ruta de colisión por la crisis en la inseguridad pública. Los señalamientos mutuos son cada vez más públicos y ásperos.

En charlas privadas, el presidente Calderón se queja cada vez más, y más amargamente, de los gobernadores. Lo menos que dice de ellos es que se lavan las manos en el tema del narcotráfico, y que transfieren al gobierno federal la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar sucesos que ocurren en sus entidades; en muchos casos, con la complicidad de policías y otros servidores públicos locales.

El asunto se agudizó luego de que 26 mandatarios reunidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunciaron en contra de una iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que frenará su envío al Congreso. De ser aprobada, esta propuesta depositaría en la secretaría federal del ramo, a cargo de Genaro García Luna, un poder jamás visto en manos policiales, cuyas atribuciones —como la de conducir sus propias pesquisas— le darían virtual autonomía sobre el Ministerio Público y obligarían a redefinir el concepto mismo de soberanía de los estados miembros de la Federación.

En este contexto, empiezan a surgir voces como la del gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás, quien en declaraciones a este diario condenó que el gobierno de Calderón muestre lenta capacidad de respuesta ante el avance de la violencia, lo que, dijo, ha agudizado el problema en los años recientes.

El problema es que para tener la lengua larga hay que mostrar una cola corta. Porque González Parás es ubicado como uno de los gobernantes más tolerantes con el avance del crimen organizado en su estado.

Las inquietudes al respecto estallaron en junio de 2007, cuando fue asesinado el diputado local Mario Ríos, un personaje al que se le atribuyeron por años ligas con el narcotráfico, lo que nunca obstó para que entre sus promotores figuraran el dirigente priísta Roberto Madrazo y Pablo César González, quien aparece en el organigrama estatal como “coordinador de la Secretaría Particular y de Agenda” de González Parás. Los señalamientos han ido más allá, al grado de rozar al hermano del gobernador, Luis González Parás, cuya operación política es tema público.

En otro bloque de gobernadores se hallan aquellos que son conscientes de la complicidad entre sus fuerzas policiales y las mafias, y que se presentan como víctimas de esta situación. Se trata de mandatarios que hacen el camino de Santiago hasta Los Pinos, en busca de ayuda, la cual en muchas ocasiones no llega.

Un gobernador panista se ha quejado de que en tres diversas ocasiones ha pedido audiencia al presidente Calderón para clamar por un mayor despliegue de fuerzas federales y militares en su estado. Lo más que ha logrado es que lo reciba el secretario particular, César Nava, quien no ha podido hacer mucho más que mostrarle su solidaridad moral.

Con un poco de mejor suerte corrió el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, a quien le restan dos años en el cargo, pero ha expresado que se siente rehén de su propia policía. La semana pasada la policía federal y el Ejército iniciaron una limpia de policías municipales en el estado, que en su mayoría son controladas por mafias que se han ido asentando en esta entidad otrora tranquila, sin que la autoridad sea capaz de hacer nada para detener este proceso.

Y si la infiltración del crimen es seria en las policías estatales, resulta abrumadora en el ámbito de los cuerpos de seguridad municipales, que bien pueden convertirse en el verdadero punto débil de toda la estrategia nacional de seguridad.

Revise usted si no las declaraciones del alcalde priísta en el municipio residencial mexiquense de Huixquilucan, Adrián Fuentes, quien niega las implicaciones que para su comuna supone el que un número sustantivo de los ejecutados hallados en los parajes de La Marquesa fueran originalmente secuestrados en esa demarcación.

Esta confrontación entre el gobierno federal y las regiones no ofrece señal alguna de disminuir, sino todo lo contrario. Sin duda hay ahí un ámbito en el que los llamados a la unidad deberían tomar cuerpo de inmediato.

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lunes, 15 de septiembre de 2008

¿Un narcogobernador para Sinaloa?

Cuando en ese estado se aproxima la sucesión sexenal, no hay debate sobre ideas, partidos o personalidades, sino estupor: puede llegar al poder un personaje con una trayectoria dominada por sospechas de ligas con el narcotráfico.

Casi 15% de la carne que se comercializa en el país lleva su marca. Logro indudable para un empresario que, sin embargo, parece obsesionado con el afán de conquistar no sólo el poder económico, sino también el político.

Hace una década declaró en su círculo interno que buscaría ser gobernador de Baja California. Algo le cerró el paso, y puso la vista en Sinaloa. Fue diputado federal por el PRI, líder de los empresarios agropecuarios en el país y ahora es alcalde de la capital, Culiacán. Es la carta abierta del gobernador Jesús Aguilar Padilla para la sucesión. En poco más de un año debe haber candidaturas formales.

Se trata de Jesús Vizcarra Calderón, pariente directo de Jesús Inés Calderón Quintero, un conocido narcotraficante muerto en marzo de 1988. De acuerdo con versiones nunca esclarecidas, la fortuna del criminal desparecido, sumada a apoyos de nombres ligados al crimen organizado como Ismael Mayo Zambada, podrían haber impulsado los negocios del señor Vizcarra, quien, por cierto, ha revolucionado el mercado al frente de su compañía Sukarne, la cual tiene ramificaciones en varios países.

Vizcarra ha condimentado durante el último lustro los corrillos políticos y sociales de la provinciana Culiacán, donde la aristocracia local lo ha visto, no sin estupor, introducirse en círculos exclusivos de las buenas familias, o asentarse en el fraccionamiento Álamos, pese a los esfuerzos para impedírselo.

La clase política del estado, especialmente la de extracción priísta, se divide ya entre aquellos leales al gobernador Aguilar, que impulsa a Vizcarra para sucederlo, y aquellos que, como los ex gobernadores Juan Millán y Francisco Labastida, o el líder senatorial Manlio Fabio Beltrones, han decidido impedirlo, sea por el riesgo que ello supone, sea porque se han agrupado tras otros candidatos, notablemente el senador Mario López Valdez, un exitoso comerciante estatal, más conocido por sus siglas: Malova.

Más allá de la fronteras de Sinaloa, la historia de candidatos a puestos de elección popular con nexos ciertos o aparentes con el narcotráfico se repite en todo el país. El flujo de dinero sucio hacia campañas políticas locales es ya un hecho demostrable.

Esta realidad ha ido construyendo espacios en la geografía nacional cada vez más refractarios a los esfuerzos del combate contra las mafias. Presenciamos un creciente fenómeno en el que grupos locales constituyen feudos donde se vive otra realidad, ligada al dinero del narcotráfico, que en esas zonas es intocable gracias a los políticos. En ese fenómeno se halla el germen que puede destrozar a la nación.

APUNTES

  • LLEGARON LAS “COMBOS”. Un grupo de radiodifusores acudió a Los Pinos hacia el fin de semana, donde fueron informados de un acuerdo presidencial para otorgar estaciones FM a concesionarios de AM de todo el país, quienes por años han asegurado que su negocio agoniza. El líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa al respecto que le sumó bonos, pero el tema fue resuelto por la vía administrativa, y supondrá cambiar el título de concesión de estos empresarios, a los que sin embargo se les aplicará un cobro. Si no hay reversa de última hora, el decreto se publicará hoy en el Diario Oficial.
  • UN DISCRETO pero largo coloquio sostuvieron el miércoles pasado en un pequeño restaurante de las Lomas de Chapultepec la profesora Elba Esther Gordillo y el “niño terrible” del PAN, Manuel Espino.
  • GUSTAVO MADERO, nuevo presidente del Senado y coordinador de la bancada del PAN, inició cambios: incorporó como vocera a Adriana Cuevas, quien le es cercana desde hace años. Ella relevó a Felipe de Jesús González, que fue un eficaz apoyo para Santiago Creel. A este último le llueve en su milpita, al grado de que se buscó bloquear su arribo como miembro de la Comisión de Radio y Televisión.
  • SE ACUMULAN los apoyos para que la medalla Belisario Domínguez que otorga el propio Senado, sea impuesta a Miguel Ángel Granados Chapa, sin duda el periodista con mayor reconocimiento en el país, por sus aportaciones al debate democrático.

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lunes, 8 de septiembre de 2008

Los otros criminales

La falta de indicadores transparentes que permitan a los ciudadanos evaluar el desempeño de policías, investigadores y jueces, se halla en el centro del fracaso del Estado ante el narcotráfico. Padecemos no sólo a los delincuentes, sino a los corruptos.

La sensación de acoso e incapacidad que proyecta la administración Calderón frente a la delincuencia organizada, envía a la población el mensaje de que el crimen organizado es ya invencible y que debemos asumir que el país estará perdido en la actual espiral de violencia por años o décadas. Los 75 compromisos —de hecho, son más de 100— presentados en lo que empieza a ser una rutinaria ceremonia en la que se reúnen gobernantes, legisladores, otros políticos y algunos invitados de palo, integran una lista de propósitos cuya extensión logra distraer a la opinión pública que, sin embargo, al llegar los 100 días ofrecidos para presentar resultados, no sabrá distinguir entre lo esencial y lo accesorio.

Diversos expertos advierten que debería bastar un esfuerzo para mejorar los indicadores básicos en la procuración y administración de la justicia. Sólo uno de cada 30 delitos es denunciando, el resto integra la llamada “cifra negra” que los ciudadanos debemos cargar por desconfianza en las autoridades. De las acusaciones penales, sólo una de cada 10 es consignada ante un juez, quien emite las respectivas órdenes de aprehensión, pero de éstas, sólo dos de cada 10 son cumplidas. Muchas otras son utilizadas para la extorsión de los acusados, no necesariamente culpables. Si sólo lográramos que las cifras de la secuencia denuncia-consignación-arresto-condena fueran accesibles, bastaría para que las cosas empezaran a cambiar.

Para buscar otras medidas, se puede revisar la llamada Convención de Palermo contra el crimen de impacto internacional. Colombia ha cumplido con cerca de 75% de las cláusulas previstas en esta convención, y sus niveles de criminalidad han bajado notablemente. México figura, junto con Afganistán y Paquistán, entre las naciones que menos han cumplido.

Pero no sólo los funcionarios públicos incompetentes o corruptos deben figurar en la lista de los otros criminales a los que debemos agradecer el actual estado de cosas.

En las dos semanas que han corrido ya desde aquel evento que buscó reunir a la República, los signos de descomposición no han mostrado cambio alguno, como no sea para empeorar. Es el caso, por ejemplo, del rol que deben jugar las organizaciones ciudadanas, un factor indispensable para construir un impulso que realmente cambie las cosas.

La marcha “Iluminemos México” arrojó luz también sobre las diferencias y mezquindades que los dirigentes de estos organismos alimentan desde hace años. Y si la altura de miras en este sector mostraba ya deterioro, la idea de crear un instituto ciudadano que vigile el tema de la seguridad acabó por desatar apetitos nada cívicos por oficinas lujosas, canonjías y presupuestos.

Otro ámbito en el que deberíamos estar esperanzados para encontrar salidas en este tema lo constituyen las comisiones de derechos humanos del país, pero ahí está creciendo una pugna por la sucesión al frente de la CNDH, que encabeza José Luis Soberanes, a quien todavía le quedan 14 meses en el puesto.

En tal contexto y quizá precisamente por el mismo, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convocó el jueves pasado a un selecto grupo de estos frágiles liderazgos ciudadanos, con el propósito no expreso de empezar a envolverlos en un esquema que deberá avalar los resultados que la autoridad presente sobre el cumplimiento de sus compromisos.

El país precisará nuevos y mayores impulsos para dar lugar a cambios reales en este campo. La fuerza motriz deberá venir de la gente organizada, la cual, como última instancia, siempre tendrá a las urnas en las elecciones intermedias de julio próximo como medio para lanzar el mensaje que considere más adecuado.

Apuntes

  • LOS CAMBIOS finalmente producidos en el sector de las telecomunicaciones, con la llegada de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous a la Cofetel, y de Purificación Carpinteyro a la subsecretaría del ramo en la SCT que encabeza Luis Téllez, pueden tener el efecto de una benéfica bomba de profundidad en el sector, si por fin el presidente Calderón se decide a cumplir sus promesas de campaña en este ramo esencial de la economía.
  • EL INFORME de Enrique Peña Nieto en el estado de México, que reunió lo mismo a Marcelo Ebrard que a Juan Camilo Mouriño, entre otros muchos personajes, en un acto de cara al Congreso local, ofrece una señal de posibles salidas a la crispación política que sufrimos desde los comicios de 2006.

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lunes, 1 de septiembre de 2008

La lección de la Corte

Durante 16 meses, las partes implicadas en el tema del aborto apostaron a un debate sometido a las reglas de la democracia. Incluso los radicales se moderaron. El resultado debe ser ejemplo para los muchos temas que seguimos arrastrando.

Desde abril de 2007, cuando la Asamblea del Distrito Federal aprobó las reformas legales que permiten la interrupción de embarazo antes de las 12 semanas —lo que atraería la impugnación de la PGR y la CNDH—, el país desahogó una polémica con el potencial suficiente para partir en dos a la nación.

No hay ciudadano sin una posición sobre el tema. De sobra eran conocidos actores como la Iglesia y los activistas de Pro-Vida, por un lado, o los movimientos feministas y agrupaciones radicales de izquierda, por otro, con capacidad suficiente todos para emprender acciones a gran escala en favor de sus posiciones. Pero la opción tomada fue diferente.

En marzo pasado iniciaron audiencias en la Corte para escuchar los diversos posicionamientos: en 124 de ellos se rechazó que la reforma legal capitalina fuera constitucional; 60 la defendieron. Singularmente, casi 65% de los participantes fueron hombres, y menos de 40% mujeres, pues los varones determinan aún lo que debe o no ocurrir aquí con su contraparte de género.

Quizá nunca el país haya seguido tan de cerca las deliberaciones de los 11 ministros, lo que es posible gracias a un largo —aunque inacabado— proceso de apertura y transparencia en ese órgano del Estado, donde durante décadas se pensó que los jueces no tenían obligación de rendir cuentas de sus actos y sólo hablar a través de sus sentencias.

El resultado de esas discusiones lo conocemos todos. Les haya gustado o no, las partes se sometieron a las reglas del juego. El clero mexicano, en los hechos encabezado por el cardenal Norberto Rivera, subrayó desde luego su testimonio, pero mostró distancia de extremos que en otros países arrojaron a multitudes a las calles y agudizaron la polarización social. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, explicó bien que todos se atuvieron a una última instancia, cuya resolución se acata.

La lección de la Corte en el caso del aborto debe ser un llamado de atención a nuestros políticos de todo signo, incapaces de establecer espacios de deliberación y acuerdo. Esto representaría alejarse del periodo de confrontación que nos domina desde 2006, que se manifiesta en impugnaciones ciegas de la izquierda contra un régimen constituido, o en el recurso bobo, tan extendido en nuestra prensa, de achacar a Andrés Manuel López Obrador todos los males del país.

Lo ocurrido en la Corte igualmente representa un mensaje a la sociedad para que reclame con mayor vigor el ensanchamiento de la esfera pública, donde los ciudadanos tengamos mayor voz y voto sobre los asuntos centrales de la nación.

Es natural esperar que los gobernantes de todos los niveles, especialmente el federal, recojan el guante que representa ese desafío y conduzcan al país con visión de Estado, y ya no más como grupos de camorreros incompetentes.

APUNTES

  • ADIÓS A UN GUERRERO. Gilberto Rincón Gallardo murió prematuramente este fin de semana. Nacido en una familia de clase alta, simpatizó primero con el PAN, pero su formación en leyes por la UNAM lo hizo virar a la izquierda, donde durante décadas fue, entre otras muchas cosas, artífice de espacios de unidad. Militó en el Partido Comunista, y fue uno de los arquitectos del PSUM, que devino en PMS y luego en PRD, al que abandonó convencido de que las ambiciones y las pugnas internas lo lastraban sin remedio. Su última batalla fue en favor de las comunidades de discapacitados, con reclamos constantes por la miopía del gobierno frente a este tema. Descanse en paz.
  • LA CORTE, por cierto, tiene otros asuntos pendientes. La lista incluye temas tan graves como el peso del poder económico en las elecciones (los amparos contra la reforma electoral), la evasión de grandes empresas usando los paraísos fiscales, y por si faltara algo, los límites a los que debe ajustarse el despliegue policiaco y militar durante disturbios populares (caso Atenco).

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lunes, 25 de agosto de 2008

PAN: el partido inútil

Acción Nacional ha encarnado por décadas, para millones de mexicanos, el anhelo de cambios frente al anquilosamiento político y el poder unipersonal del presidente. En el primer tercio de su segundo periodo en el poder, luce acotado, sin líderes ni agenda, de espalda a la nación.

En unas semanas arrancará la batalla partidista con rumbo a los comicios intermedios de 2009, que incluirán la renovación del Congreso federal, diversas gubernaturas y cámaras locales. Los resultados previstos son aciagos para Acción Nacional, el partido en el poder.

Todas las noches, desde Los Pinos, en un operativo coordinado por Rafael Giménez, empresas encuestadoras hacen cientos de llamadas telefónicas para tomar el pulso nacional sobre lo que el presidente Calderón debe hacer o decir. Las intervenciones presidenciales están sometidas, cada día, a esos dictados de la opinión pública, que es voluble, caprichosa y esquiva.

Los pronósticos de un desastre electoral blanquiazul apuntan a beneficiar especialmente al PRI, el partido con el que la administración Calderón ha practicado una especie de cogobierno, obligado por la necesidad de construir mayorías para reformas legislativas.

Pero el programa panista de gobierno no termina por definirse, y si lo hace se inclina por batallas menores y acuerdos de corto plazo, con los mismos aliados que el PRI tuvo por tantos años —el colmo lo representa el cacicazgo de Elba Esther Gordillo. ¿Para esto dio el PAN una “brega de eternidad”, como lo pedían sus fundadores?

Subordinado a los llamados poderes fácticos, a los que no se toca ni con el pétalo de una declaración, el panismo luce paralizado por el miedo a perder el poder. Es un miedo que lo domina y lo castra. Una visión de más altura recomendaría que es mejor ser derrotado en medio de una batalla digna, que agazapado y medroso, con las armas rendidas de antemano.

Para redondear el panorama, el PAN se ha visto sujeto tempranamente a los apetitos del primer círculo calderonista, un reducto hermético y por lo visto hasta ahora, incompetente. Ahí se decidió, a inicios de junio, el cese de Santiago Creel como coordinador de su fracción en el Senado.

El jueves 6 de ese mes, el dirigente formal del panismo, Germán Martínez, dijo a Creel que lo echaba, y le dio tres razones: una supuesta rebelión en la bancada, fallas en el manejo de la negociación de la reforma petrolera, y la mala relación con las televisoras. Martínez dijo que había “al menos 20” senadores panistas inconformes, pero soltó sólo tres nombres: Fernando Elizondo, Judith Díaz Delgado, ambos de Nuevo León, y Gabriela Ruiz. Los tres se deslindarían luego, por escrito o verbalmente, de esa supuesta disidencia.

Está visto que la negociación petrolera no se hizo en Xicoténcatl sino en Los Pinos, y ahora se sabe que las televisoras no pidieron la cabeza de Creel, aunque sí lo hostigaban. La causa real de la decisión era simplemente el enojo porque Creel fuera el único panista ubicado con posibilidades hacia el 2012. El asunto ha servido para catalizar una crisis de profundidad en el PAN, como lo demuestra la renuncia de Javier Corral al Consejo Ejecutivo del partido.

Hay sin duda demasiado peso sobre los hombros de Germán Martínez, quien quizá para entender mejor las cosas, el fin de semana fue a ver la película La otra reina, sobre Ana Bolena, una historia de sórdidas luchas por el poder, fraguadas mediante intrigas de palacio.

APUNTES: LA HORA DE COFETEL

  • EL “SÍNDROME HAMLET”, que produce en el gobierno el mal de la indecisión, se expresa en la demora para reestructurar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador del sector. El jueves se cumplió una semana de que la Corte publicó el “engrose” de una resolución que reconoce a Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar el derecho a ser miembros del organismo. Ambos están con ese ánimo, pero esperan una señal de la casa presidencial, que no acaba de llegar.
  • PERSONALIDADES de diversos ámbitos firmaron una carta en la que se solidarizan con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que encara un tortuoso y amañado proceso por difamación montado desde hace años por el ahora diputado federal hidalguense Gerardo Sosa, a quien los jueces han beneficiado construyendo con este caso un ejemplo de abusos.

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lunes, 18 de agosto de 2008

El Estado sordo

Por conducto de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, la administración Calderón avanza en una propuesta para que la Federación controle todos los cuerpos policiacos del país. La idea fracasará, por ingenua e ineficaz.

El tiempo se le agota al gobierno federal, que convocó esta semana a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Según se confió a este espacio, el eje de la negociación será la Plataforma México, una poderosa base de datos que incluye el perfil de las policías del país y la información disponible sobre bandas criminales. De acuerdo con la ley, sólo el Sistema Nacional de Seguridad Pública puede procesar la información ahí contenida. Pero ya buscan cómo darle la vuelta para que esa plataforma sea controlada por García Luna.

Al poderoso funcionario se le atribuye haber convencido al presidente Calderón de impulsar una escalada policiaca y militar contra el narcotráfico, con resultados dudosos hasta ahora. García Luna impuso igualmente su idea de una policía federal única, lo que ha desplazado a la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora; debilitado al Ministerio Público y deteriorado las consignaciones ante los jueces, como alertó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En los gobiernos estatales corre la especie de que 800 nuevos mandos policiales están bajo entrenamiento en la academia de la SSP en San Luis Potosí, listos para sustituir a las cabezas de las principales corporaciones estatales y municipales en el país. A ello se sumaría una unidad antisecuestros con un cuerpo de élite de 300 elementos, asignados a cinco puestos de mando en el país. De confirmarse, tal intención se estrellará con la voluntad de más de un gobernador, sea por una lógica reserva ante una imposición, sea por la existencia de tejidos de complicidad con el crimen organizado.

La tragedia surgida con el caso del joven Fernando Martí aporta a este proceso un factor que puede hacer la diferencia: la presión ciudadana sobre un Estado que exhibe sordera ante la exigencia de soluciones reales. Soluciones que quizá se logren —como ocurrió en Italia— sólo cuando la sociedad mantenga el grito de que ya llegamos a un punto de saturación.

Apenas en octubre pasado, los equipos de García Luna y de Medina Mora participaron en un seminario internacional en la ciudad de México, auspiciado por Naciones Unidas, donde autoridades y expertos de diversas naciones explicaron estrategias exitosas contra los secuestros. Inglaterra, Colombia o Italia coincidieron en la necesidad de coordinar mejor a las policías con el Ministerio Público y crear leyes para confiscar los capitales de secuestradores, tan bien salvaguardados en bancos. La transcripción de las intervenciones cubre casi 180 cuartillas, que aquí deben haber tirado a la basura por el pleito existente entre la SSP y la PGR.

Un nuevo actor en este escenario lo constituyen sectores empresariales hartos de los secuestros. La situación se ha desbordado en una decena de estados, notablemente Chihuahua, donde en semanas recientes hubo reclamos fuertes y amenazas de fuga de inversiones, durante una visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, donde el mandatario pidió, especialmente al sector maquilador, un periodo de espera antes de irse del país.

En la ciudad de México la inquietud empresarial parece en ruta de colisión con el gobierno. Frente al reclamo público, la autoridad optó por incitar un linchamiento contra el negociador Ernesto Mendieta, un asesor de alto nivel de Citibank y la familia Harp, la cual lo acercó con los Martí.

Mendieta ha empezado a dar declaraciones para negar que se haya amparado y ofrecer algunas revelaciones. Pero se guarda diversos proyectiles. Como el hecho de que la autoridad conocía que la llamada Banda de la Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí, utilizó durante meses el montaje de falsos retenes policiacos en avenidas importantes de la ciudad de México, con hombres y mujeres vestidos con uniformes de la AFI. Y que en al menos cinco casos previos se habían llevado también al chofer, enviando su cadáver a la familia. Pero nadie hizo nada.

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lunes, 11 de agosto de 2008

El Estado secuestrado

La dimensión de la inseguridad no es descrita sólo por la impunidad y el número de muertos. El clima de violencia sirve a los políticos para ajustar sus propias cuentas, y hay regiones enteras del país donde la autoridad se halla al servicio del narcotráfico.

Durante las últimas semanas Sinaloa ha conocido ejecuciones distintas a las que presenció durante décadas. El asesinato de niños y modestos trabajadores, lo mismo que amagos de operativos federales sobre residencias de reconocidos funcionarios locales, como miembros del gabinete estatal o el alcalde de Culiacán, arrojan una certeza entre los pobladores: se trata de políticos usando las balas como herramienta de confrontación.

Durante una entrevista con Martha Eugenia Ortiz y Geovana Gaxiola, periodistas de este diario, el gobernador Jesús Aguilar Padilla se permitió la ligereza de hacer un símil entre el beisbol y la lucha contra el narcotráfico, pero no habló de la pugna que su gobierno sostiene con operadores de su antecesor, Juan S. Millán, quienes están en busca de echar a Aguilar del poder. Así de simple.

Habrá oportunidad de profundizar en esta historia, pero sirva para ilustrar la manera en que la influencia del narcotráfico encona y ensangrienta ya en México la lucha por el poder.

La principal motivación para ello obedece al apetito por entrar en contacto con el dinero de los cárteles, donde —como ocurrió en Colombia— crece el número de capos interesados en “hacerse cargo del poder del Estado”, según lo describió el 14 de julio el director del Cisen, Guillermo Valdés, en declaraciones al diario inglés Financial Times.

Estimaciones de investigadores en la materia, como Eduardo Buscaglia, consultor de la ONU, o Samuel González, alertan que más de la tercera parte de los alcaldes del país recibieron dinero sucio para arribar al cargo. ¿Cuántos diputados, senadores, gobernadores? Según estos mismos especialistas, cada día se reducen las posibilidades de que el Estado mexicano sea capaz de emprender una depuración de la clase política infectada por este cáncer. Y en estos políticos —no en los sicarios ni en los mafiosos— radica uno de los mayores obstáculos para erradicar al narcotráfico.

Las preocupaciones ciudadanas en materia de inseguridad se centran hoy en los secuestros. Una justa indignación por el asesinato del joven Fernando Martí Haik convoca ya a concentraciones de repudio, y se esperan manifestaciones y marchas de repudio hacia finales de mes o principios de septiembre. La familia afectada ha decidido radicar fuera del país.

Sólo en el Distrito Federal, durante los últimos ocho años más de 60 víctimas de secuestro fueron asesinadas por sus captores. Ni siquiera hay cifras confiables por lo que se refiere al resto del país.

Pese al drama humano que representan estos casos, el mayor peligro lo constituye el hecho de que el Estado muestre una debilidad creciente frente al crimen, que se exhiba penetrado por el crimen y sea cada vez más incapaz de reaccionar frente a los personajes —políticos, policiales, empresariales— que han logrado aislar de la acción gubernamental regiones completas y ramos de actividad en el país donde la autoridad, simplemente, no lo es.

Apuntes:pugna por medicinas

  • EL ANUNCIO del presidente Calderón, que abre la frontera a retrovirales para tratar el sida, es resultado de un forcejeo entre gobierno y laboratorios farmacéuticos. Muchas de estas compañías venden aquí a precios más altos de a como lo hacen en otras naciones. Dos de ellas, Abbott y Bristol-Myers Squibb, simplemente despreciaron las gestiones del secretario de Salud, José Ángel Córdova, para bajar precios. Otras han venido anunciando reducciones. Pero la batalla va para largo.
  • EL ARRIBO de Gerardo Ruiz Mateos a Economía tendrá más de una lectura. Su antecesor, Eduardo Sojo, fue impugnado por sectores empresariales desde antes de ser nombrado, y el cambio se consideró sano en esta época de problemas. Pero Ruiz Mateos se había convertido en Los Pinos en un dique para toda propuesta de competitividad que afectara los intereses de los monopolios, especialmente en las áreas de telecomunicaciones y cemento. ¿Cómo hará para impulsar el tema en su nuevo puesto, como anunció Calderón?

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