La presión sobre el liderazgo gremial de Elba Esther Gordillo se agrava cada día, a causa de una estrategia gubernamental pésimamente comunicada; el riesgo es dar marcha atrás a un cambio de suyo tímido en el sector.
Cuando el Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE) no cumple aún cinco meses, y cuyas metas apenas comienzan a concretarse, casi la mitad de las secciones del sindicato magisterial exhiben la peor crisis interna desde que la maestra Gordillo tomó el poder del gremio, hace casi tres lustros.
El gobierno fue incapaz de difundir correctamente las bondades de un Acuerdo que tiene al menos cinco ejes, entre los cuales sólo se hizo trascender la realización de exámenes a maestros que aspiran a cubrir plazas vacantes. La aparentemente impecable postura oficial en contra de la costumbre de muchos mentores de “heredar” su plaza ignoró que ello se debe a que en muchos casos los profesores pagaron por ella a coyotes, y que es su único patrimonio real en comunidades marginadas.
Halagados por el coro de elogios entonado por “analistas” y “especialistas” que en muchos casos cobran como asesores de la dependencia, en la SEP mostraron suficiente contento y no repararon en el conflicto que venía.
Gordillo comprometió su capital político en un pacto con el presidente Felipe Calderón, y durante meses mostró a favor del ACE, casi en solitario, mayor activismo que el protagonizado incluso por la secretaria del área, Josefina Vázquez Mota. Pero la dimensión del problema puede obligar a todos a regresar a la mesa de negociaciones, con la tentación de sepultar el Acuerdo, así sea en forma disimulada.
Esta semana será crucial para el conflicto con los mentores de Morelos, cuya cercanía con la capital de la República les ha permitido ejercer mayor presión sobre las autoridades.
No hay progreso real en busca de un retorno a clases, pero sí avanza la radicalización de posturas, incluida la idea de usar a fantasmales organismos de paterfamilias como ariete contra los paristas.
Poco o nada ayudan en este asunto las limitaciones políticas del gobernador panista morelense, Marco Antonio Adame, a diferencia de lo ocurrió con su homólogo de Quintana Roo, Félix González Canto, quien logró asilar una protesta similar en su entidad.
Singularmente, mientras todo esto ocurre, la causa de la profesora Gordillo prospera en otros objetivos que se había marcado, como el paulatino desplazamiento de la central burocrática FSTSE ante organismos como las juntas de conciliación y arbitraje y el ISSSTE, donde ha logrado colocar a gente de ella, surgida de un nuevo núcleo de agrupaciones. El proceso seguramente incluirá el control de diversas sedes sindicales que ocupa actualmente esa federación que se ha visto cada vez más mermada por las artes políticas y los amarres de la poderosa maestra.
Todo ello parece estar enmarcado en la alianza Calderón-Gordillo, cuyos alcances aún no conocemos plenamente. Pero sabremos pronto su capacidad de resistencia.
Apuntes
- SE ACUMULAN los indicios sobre la penetración del narcotráfico en el aparato gubernamental de todos los niveles. El 40% de los municipios del país, según reportes de expertos, han rendido sus cuerpos policiales al crimen. En al menos media docena de estados se habla ya de Estado fallido, pues el dinero sucio ató y amordazó a las autoridades de esas entidades, donde los cárteles son, en los hechos, gobierno. Las mafias han empezado a pasearse por oficinas federales, donde una y otra banda gozan de segmentos de influencia, mientras las cabezas de las dependencias libran una sorda guerra donde cada bando arroja al otro lodo, el cual es esparcido con prontitud por plumas afines. La posibilidad de una depuración de fondo se agota un poco más cada día. El caos se asoma.
- LA ASAMBLEA de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arranca hoy en Madrid, España. Los informes sobre atentados contra periodistas coinciden: en México prevalecen las peores condiciones para el ejercicio del periodismo. Solamente en los últimos seis meses fueron asesinados tres periodistas más: Alejandro Fonseca (Tabasco), Felícitas Martínez y Teresa Bautista (Oaxaca). Y ante representantes de más de mil 200 publicaciones se alertará: nada hay sobre las promesas del presidente Calderón de federalizar los crímenes contra la libertad de expresión; la fiscalía especial creada para estos casos no ha hecho nada en dos años, y la comisión especial de la Cámara de Diputados significó igualmente un engaño.
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