lunes, 26 de mayo de 2008

La Iniciativa Mérida se volvió una trampa

“Mejor que se queden con su dinero”, es la frase que se repite en oficinas gubernamentales desde que un comité del Senado estadounidense anunció que impondría una decena de condiciones para autorizar la entrega de no más de 350 millones de dólares a nuestro país para apuntalar el combate al crimen organizado.

El malestar que ello atrajo en el equipo de Felipe Calderón haría recomendable que diversos canales fueran empleados para informar a nuestros vecinos del norte que el país ya no está interesado en semejante generosidad. Ello, sin embargo, pondría al descubierto que Calderón se equivocó cuando en marzo de 2007, durante su encuentro con George Bush en Mérida, decidió asumir una vieja propuesta estadounidense de recibir fondos para acentuar el clima de colaboración mutua en este campo.

En aquella ocasión, al llegar a la capital yucateca, Bush había dejado en casa un hartazgo por su régimen, que ya iba en picada en las encuestas de aceptación. Su tarjeta de presentación incluía seguramente el mote de lame duck o pato cojo, con el que los estadounidenses se refieren metafóricamente a un personaje incapaz de encarar las responsabilidades que tiene asignadas.

En ese hombre en vías de convertirse en un autista político, se apoyó Calderón para relanzar su estrategia de cooperación con la nación corresponsable del infierno que representa para México el crimen organizado. Hoy no hay duda de que fue un error presidencial.

Estados Unidos no es sólo el principal polo de atracción de drogas en el mundo. Es también el origen de casi 70% de las armas que usan los criminales aquí, y un asiento importante para el lavado de capitales, que representa el combustible permanente de los criminales.

Pese a ello, Washington ha logrado por décadas que México sea el centinela para tratar de evitar la llegada de narcóticos a la frontera, lo que ha metido al país en una guerra que no puede ganar en las actuales condiciones.

Cuando la Iniciativa Mérida vio la luz, los voceros gubernamentales se apresuraron a calcular que habría fondos para nuestro país por algo así como mil 400 millones de dólares, pues este caso, juzgaban, era de superior importancia que Colombia, a donde se van algo así como 600 millones de dólares, y aun Centroamérica ha recibido algunos cientos de millones.

En la Procuraduría General de la República de Eduardo Medina Mora se calculaba que bastarían 700 millones de dólares para un fortalecimiento de la AFI, con más elementos y equipo. Hoy están en la mesa escasos 350 millones, atados a condiciones humillantes. Medina Mora, por cierto, virtualmente ya no tiene fuerzas policiales a su mando, radicadas ahora en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna.

Se ha dicho que aceptar las condiciones del Senado estadounidense —que aún pueden crecer— sería regresar a los accidentados 90, cuando cada año México iba al banquillo de los acusados en la forma de una “certificación” antidrogas. Pero la verdad es que no es así; esto es peor.

Mérida debe pasar al archivo de los encuentros fallidos. No ha sido el único. El próximo año se cumplirá un siglo de reuniones bilaterales de presidentes de México y Estados Unidos, desde aquella Porfirio Díaz-William Taft. No es mucho lo que ha salido de esa cantera. Habría que abrir otro expediente para estos casos: el expediente de la dignidad.

Apuntes: Los Bribiesca en Cancún

  • UNA LARGA TAPIA avanza en un segmento privilegiado de la zona hotelera de Cancún. Protegerá lo que se anuncia como el hotel Península, uno de los más lujosos del mundo. Durante meses se supo que el proyecto estaba suspendido por irregularidades ambientales detectadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Un buen día, el apellido Bribiesca fue ligado con esta obra espectacular. Y luego de que Patricio Patrón tomara posesión como nuevo titular de Profepa, en enero pasado, las sanciones fueron suspendidas y las obras tomaron nuevos bríos. No han corrido la misma suerte decenas de proyectos en la región, que no tienen de su lado a los hijos de Marta Sahagún de Fox. Aún peor, la ola de invasiones de predios urbanos y de playa que afecta la región es una nueva amenaza para las inversiones turísticas. Ello no obstó para que el secretario del ramo, Rodolfo Elizondo, hiciera a Cancún una festiva visita la semana pasada, declarando que no pasa nada y que el número de visitantes seguirá creciendo. Tampoco el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, luce preocupado, y para demostrarlo recién salió de vacaciones a España, faltaba más.
  • JORGE ZERMEÑO, actual embajador en España, estaría haciendo maletas para regresar a México, donde según las versiones disponibles se incorporaría al gabinete. ¿Para dónde le gusta a usted? El coahuilense siempre tuvo la esperanza de entrar al primer equipo, luego de mostrar un desempeño destacado en la Cámara de Diputados durante la tormentosa sesión del primero de diciembre de 2006 cuando tomó posesión Felipe Calderón. Lo que entonces pareció una hombrada fue en realidad el resultado de una fina negociación entre los principales partidos representados en San Lázaro. ¿Quiere usted más claves?
  • EL PRD sigue en su laberinto. Y no cesan las discusiones sobre la intervención de gobernadores priístas en el proceso de marzo pasado. Cómo estarán las cosas que cada vez son más los nombres de autoridades electas a nivel local del partido del sol azteca que desempeñan a la vez un cargo en el régimen estatal, de origen priísta. A ello se suman los absurdos que se siguen acumulando en torno a los resultados electorales, como casillas donde votaron mil personas, lo que quiere decir que se emitió un sufragio cada 30 segundos durante las 10 horas de la jornada. Hay una casilla así en Chiapas, donde Jesús Ortega sacó 988 votos, y Alejandro Encinas 0. Zapato, pues.
  • EL TRIBUNAL Federal Electoral ha recibido ya varios recursos —el más reciente, el lunes 19— de parte de Televisión Azteca, que busca evitar las sanciones y directrices que le impone a todos los medios electrónicos la nueva legislación electoral, que es operada por el IFE. La nueva denuncia de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego será dictaminada por el magistrado Salvador Nava.
  • TV UNAM está dando el ejemplo al ser espacio de debate sobre el tema petrolero, en una serie de programas que conduce en forma inteligente la periodista Carmen Aristegui.

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lunes, 19 de mayo de 2008

Busca IP aplastar a los consumidores

A Carlos Monsiváis, en sus dorados 70

Una iniciativa de reforma constitucional puso en estado de guerra a las grandes compañías, que buscan matar desde su germen una herramienta contra los abusos

Muy pocos habían escuchado hablar de acciones colectivas antes de febrero pasado, cuando dos legisladores —un senador y un diputado— decidieron presentar, casi simultáneamente, una propuesta de reforma constitucional para arraigar en nuestro marco jurídico un instrumento que existe en Estados Unidos desde hace 70 años, o desde hace tres décadas en Brasil, entre otras naciones que como España, Colombia, Uruguay, Perú o Venezuela, cuentan ya con el mismo.

El senador priísta Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa plantearon una iniciativa para dar paso a disposiciones legales que han probado ser una poderosa defensa de los consumidores ante abusos de los proveedores de servicios, lo que se ha demostrado, estimula la competitividad de las empresas, disminuye los precios, castiga el comportamiento de los monopolios y representa la única manera para que las personas de menores recursos tengan la posibilidad de defenderse colectivamente ante una eventual injusticia.

Desde 1992 la Procuraduría Federal del Consumidor tiene autoridad legal para promover ante tribunales acciones de grupos de consumidores. Sin embargo, en 15 años, la Profeco, medrosa como es, ha echado mano de tal potestad en sólo dos ocasiones: en los casos de Air Madrid y contra Líneas Aéreas Azteca.

Pero mientras este esfuerzo parece construirse en México centímetro a centímetro, las compañías que se sienten como posibles afectadas montaron en unas cuantas semanas una ofensiva en múltiples frentes —desde el gobierno hasta la academia, pasando por el Congreso— para matar desde la raíz este intento orientado a conquistar una justicia menos costosa y más ágil, a favor de los consumidores —que somos todos.

Compañías telefónicas, de televisión por satélite y cable, tiendas departamentales y almacenes de autoservicio son hasta ahora las cabezas más visibles, cuyos cabilderos han emplazado a la Corte, a Los Pinos, a la Secretaría de Economía y a las cámaras de Senadores y Diputados a frenar lo que ellos quieren presentar sólo como un riesgo de demandas abusivas o chantajes por parte de abogados ambiciosos.

El poderoso grupo de cabilderos logró ya una cita este miércoles en el Senado para exigir sea frenada la iniciativa de reforma al artículo 17 constitucional, la cual se reduce a un tímido párrafo: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de los derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.

Herejía pura, deben decir los grandes grupos privados, muchos de los cuales, como las cadenas de autoservicio, están acostumbrados a este tipo de regulaciones en otros países. El punto es que en México, simplemente, se asumen con el poder suficiente para impedirlo.

Cómo estarán las cosas que la presión se extiende hasta un grupo de académicos del prestigioso ITAM, quienes participan con el Senado en el estudio de estas propuestas. El principal benefactor de este reconocido centro de estudios es Alberto Bailleres, hijo de don Raúl Bailleres —fundador del instituto en 1946—, y también propietario de El Palacio de Hierro, de la minera Peñoles y de la aseguradora GNP, entre otras firmas que eventualmente podrían ser objeto de acciones colectivas. Esto estimula seguramente la presión de los cabilderos que, esperemos, debe chocar con convicciones de orden superior.

En este contexto, el 28 de marzo la Corte tomó la trascendente decisión de albergar un seminario internacional sobre este tema, que permitió dar sentido y calado al debate sobre las acciones colectivas, descritas por el presidente del alto tribunal, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, como “una alternativa viable para la tutela efectiva de los intereses de diversos grupos sociales”.

Estas buenas intenciones están empedrando el tortuoso camino del trabajo legislativo en este campo. Las gestiones del senador Murillo y del diputado Guerra no parecen caminar coordinadamente. No está claro tampoco el consenso al respecto entre las principales bancadas, aunque ya existen pronunciamientos valiosos del priísta Manlio Fabio Beltrones y del perredista Carlos Navarrete, coordinadores de sus respectivos grupos. Si bien el senador panista Fernando Elizondo ha mostrado simpatía, hay aún ambigüedad en el sector que encabeza Santiago Creel, lo que al parecer refleja una actitud gubernamental dubitativa.

Este asunto correrá el riesgo de ser convertido en moneda de cambio por parte de los poderosos, a menos que la sociedad, formada toda por consumidores, levante su voz y dé a entender a todos que alcanzó ya la madurez, y que desea asumir con plenitud sus derechos.

Apuntes: Ley de humo

  • OTRO ORDENAMIENTO que se halla en el limbo es la ley federal que limita el consumo de tabaco en lugares públicos, como restaurantes. El presidente Felipe Calderón ha ejercido el llamado “veto de bolsillo” contra la normatividad aprobada en el Congreso, y sobre las causas hay dos versiones: la primera, que Los Pinos presentará argumentos en el sentido de que se trata de una ley anticonstitucional. Y el segundo, que está en negociaciones un subsidio especial para los productores de Nayarit, estado con monocultivo de tabaco, cuyos campesinos resultarán afectados con la nueva disposición. Pero también aquí se extiende el brumoso y apestoso tufillo del cabildeo cigarrero, a cargo de las dos compañías líderes en el sector, Philip Morris y la British American Tobacco, que aquí ondean las banderas de Marlboro y Camels, respectivamente.
  • LA NUEVA LEY DE MEDIOS, que la administración Calderón buscaba sacar en el periodo de sesiones recién concluido, es al parecer un cadáver insepulto, pues son muy escasas las posibilidades de que el asunto sea retomado en el periodo que arranca en septiembre, ante la tensión que despertarán las elecciones intermedias de 2009. Ello llevará a la cancha del gobierno la pelota, pues deberá tomar decisiones de carácter reglamentario y por decreto, como es el caso de las más de 170 concesiones de radio vencidas que nadie se atreve a cancelar, a renovar o a licitar.
  • LOS PETROLEROS, en este momento el gremio más hermético del país, han logrado que los temas de corrupción sean dejados al margen de las propuestas formales de reforma energética. Para ello se han valido de dos piezas clave: el senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la comisión respectiva en la Cámara Alta —beneficiario de aquel Pemexgate, ¿se acuerda?—, y el propio Manlio Fabio Beltrones, sin duda el aliado político más poderoso del dirigente sindical del sector, Carlos Romero Deschamps.

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lunes, 12 de mayo de 2008

El PRD que sí debe desaparecer

El crecimiento del organismo abrió la puerta a la improvisación, agudizó el apetito de las corrientes, multiplicó la corrupción y activó un cáncer que debe ser extirpado

Uno de los principales integrantes del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática —responsable de un área operativa clave en la organización— era hace poco tiempo un anónimo cuadro de base cuya tarea consistía en sacar copias de documentos y atender encargos similares. Su lugar en el escalafón partidista se catapultó cuando sus anteriores jefes dejaron la estructura del partido para ocupar puestos públicos, curules y escaños en los congresos federal y locales.

Hace menos tiempo aún, un militante perredista que nunca tuvo un empleo formal y que acumuló méritos grafiteando muros y pateando puertas de oficinas públicas, un buen día se descubrió apoltronado en un sillón de diputado, con sueldo de legislador, oficina, viajes, secretaria y otras delicias. Cuando su periodo terminó entró en tal sicosis que no sólo mantuvo el control de su oficina sino que decidió vivir en la misma. Su enajenación lo llevó a buscar dinero fácil y acabó siendo asesinado en circunstancias nunca aclaradas.

En Oaxaca y Veracruz, por mencionar sólo algunos de los casos más públicos, los dirigentes del PRD están públicamente en la nómina oficial del gobierno estatal. La administración del gobernador veracruzano, Fidel Herrera, inventó una comisión para “impulsar” la reforma del Estado, que lo único que ha promovido es el bienestar de sus integrantes, todos ellos líderes partidistas, del PRD incluido, quienes devengan un sueldo cercano a los 200 mil pesos mensuales a cambio de aportar sus inspiradoras reflexiones sobre hacia dónde debe avanzar nuestra democracia.

En todo el país las corrientes internas del partido entienden el equilibrio interno en términos de distribución de un botín, independientemente de lo que haya sobre la mesa: candidaturas, prerrogativas oficiales, prebendas gubernamentales, vehículos, asistentes o “dinero negro”.

Algunas de esas corrientes, notablemente Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, han mostrado mayor soltura para traducir en apoyos políticos externos y en dinero constante y sonante, su habilidad negociadora. Una muestra de ello fue el despliegue de recursos mostrado por su grupo en días pasados para celebrar el 19 aniversario del PRD, lo que incluyó una concentración masiva de simpatizantes, renta de autobuses, espacios publicitarios en medios de comunicación y un largo etcétera.

La podredumbre y la canalla política, sin embargo, no son patrimonio exclusivo de ninguna corriente dentro del PRD. Se derivan de un problema estructural, cultural y si se desea, de una crisis de crecimiento, luego de que ese partido conquistó el gobierno de varias entidades, incluida la más importante, la capital del país, y que hace apenas dos años haya estado a punto de conquistar la Presidencia de la República, por conducto de Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño y el otro artífice de toda esta historia, Cuauhtémoc Cárdenas, concentran la atención sobre lo que vendrá en el PRD, que no puede ser otra cosa que una presidencia interina que convoque a un congreso de refundación donde se depuren prácticas, se quite protagonismo a las corrientes y se dé paso a una verdadera institución.

Antes tendrá que resolverse el pasmo en el que ese partido está atorado desde sus elecciones internas del 16 de marzo. El pasado miércoles Cárdenas hizo un nuevo pero tardío llamado a evitar que actores externos resuelvan sobre su vida institucional. Se refería por supuesto al tribunal federal electoral, pero también a la serie de actores que han decidido meter la mano con el propósito de controlar un proceso que hoy se presenta harto incierto.

Ortega y su equipo tienen una estrategia sofisticada para trabajar con el tribunal. Se asegura que el magistrado Constancio Carrasco es el responsable de empujar las cosas a favor del político hidrocálido, pero no por interés propio, sino por deseo de Los Pinos, donde se ha cometido el error de tomar partido en esta historia. En el equipo figuran igualmente operadores experimentados como Horacio Duarte y Jesús Zambrano, pero también el coordinador senatorial Carlos Navarrete, quien se ha proyectado como el político más serio y respetable de todo ese grupo.

Una vez cumplida la instrucción del tribunal de efectuar el cómputo de todos los votos de los comicios internos —quizá con una ligera ventaja para Ortega—, iniciará el proceso de impugnaciones, que derivará no sólo en nuevas fricciones, sino que al final del día las cifras pueden beneficiar nuevamente a Alejandro Encinas, quien quizá deba recurrir igualmente al Trife.

De todo esto, gane quien gane, surgirá un partido enfermo y exhausto, que entrará en agonía si no impulsa una asamblea que lo abra a nuevas fuerzas y rostros y estimule su verdadera refundación.

Apuntes: El maestro de César Nava

  • EL SUBPROCURADOR de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro, fue un factor clave en el desarrollo profesional de César Nava, secretario particular del presidente Felipe Calderón y uno de los personajes más influyentes en el primer círculo de Los Pinos. Nava fue tomado de la mano por Castro Lozano, con quien laboró en más de una ocasión en la consejería jurídica de la Presidencia, desde donde fue impulsado para ocupar la Gerencia Jurídica de Pemex, siendo director Raúl Muñoz Leos, quien ahora tantos ataques recibe del equipo calderonista; pero es otra historia. Castro Lozano es un acreditado abogado panista, pero su ciclo como subprocurador parece agotado desde hace meses y el cambio no se produce al parecer porque Nava defiende a su antiguo tutor. El 21 de abril, durante una reunión con una misión internacional que estudia aquí ataques contra periodistas, el subprocurador Castro se equivocó todo lo que pudo, al grado de acusar de “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, promotora de radios comunitarias, a la que se le respeta dentro y fuera del país. Calderón ya recibió una queja formal por ello, avalada por instituciones internacionales.
  • SEMANA NEGRA, la vivida por el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard: el Distrito Federal fue escenario del asesinato de jefes policiacos tanto a nivel federal como local; las imágenes de vecinos de El Salado destrozando patrullas recorrieron el mundo; debió tomar distancia de la gira de Calderón que incluyó una “pre-inauguración” del Tren Suburbano, y en el colmo, recibió elogios malintencionados del ex presidente Carlos Salinas. Por cierto, en la obra del tren hay una historia nunca aclarada, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces a cargo de Pedro Cerisola, asignó el contrato en condiciones oscuras a la compañía Alhston, de origen francés, lo que atrajo un escándalo internacional que obligó a cambiar las cosas en favor de la española CAF.
  • LAS CRÍTICAS de Javier González Garza, coordinador perredista en San Lázaro, contra la gestión de su compañera Ruth Zavaleta al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, anticipan una fractura entre El Güero y el grupo de Los Chuchos. Ya se verá.

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lunes, 5 de mayo de 2008

Oaxaca: ¿Justicia o transacción?

Urge poner al descubierto a lo que parecen ser bandas paramilitares locales; pero podríamos estar viendo sólo juegos con fichas de cambio

“Con un simple garnuchazo”, respondió alguna vez Carlos Abascal —entonces secretario de Gobernación del foxismo—, cuando se le preguntó si estuvo al alcance de su mano sacar del cargo al gobernador de Puebla, Mario Marín, hundido entonces en la crisis que le provocaron sus propios excesos en el caso Lydia Cacho.

Como todos sabemos, el gobierno no facilitó entonces el derrocamiento de ese mandatario reducido a la caricatura del Góber Precioso. Lo que hizo, en cambio, fue lo que todos suponemos: negociar.

Con Oaxaca nos encontramos en un escenario similar, pero mucho más grave, en la medida en que también hay agravios serios a derechos humanos, a lo que se suma la muerte de un número no determinado de personas (quizá decenas) a manos de fuerzas ligadas al gobierno estatal.

Así lo ponen de manifiesto los vagos datos que está filtrando la Procuraduría General de la República que conduce Eduardo Medina Mora. La filtración podría ser un problema si no estuviera basada en una trágica realidad que se describe en unas cuantas líneas:

Hay un oscuro grupo paramilitar local, forjado durante la administración de José Murat y consolidado con el gobierno de Ulises Ruiz. Lo forman Jorge Franco Vargas, secretario de Gobierno durante el estallido de la crisis magisterial en el estado (mayo-noviembre 2006), lo que lo tornó insostenible en el puesto, pero hoy encabeza al PRI estatal y es precandidato a una diputación federal.

Manuel Moreno Rivas, ex director de la Policía Ministerial (Judicial), ha sido el principal brazo ejecutor de este grupo, durante las protestas de la APPO, en las que murieron 26 personas, y aun después de que fue obligado también a dejar el puesto. Ahora está en la “vida privada”, desde donde, se asegura, controla a una banda que realiza secuestros y asesinatos por contrato. Él tuvo otros momentos de fama: en marzo de 2005 fue el escolta presentado con un inverosímil disparo en la pierna producto de un nunca demostrado atentado en contra del entones gobernador José Murat.

Se asegura que un secretario de Moreno Rivas es el “testigo protegido” de la PGR que implica al propio Moreno y a otros más en la detención, tortura y muerte de los líderes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cuyo paradero exige conocer el grupo guerrillero.

A la Procuraduría General de la República no le haría falta un Sherlok Holmes para poner al descubierto las atrocidades de este grupo irregular con soporte gubernamental, capacidad de fuego y la impunidad necesaria para ser considerado una fuerza paramilitar en detenciones extralegales y ejecuciones encubiertas. La historia de las guerras sucias tienen un nombre esclarecedor para ello: brigadas de la muerte.

La pregunta es si el gobierno de Calderón actuará en favor de la justicia o de su conveniencia política, como lo hizo en su momento la administración Fox en el caso poblano y en el mismo de Oaxaca. Y según como van las cosas… al parecer lo que estamos viendo es una mesa de juego donde todos estos temas no son más que fichas de cambio.

Y mire usted por qué se lo digo:

Mario Marín y Ulises Ruiz le deben su sobrevivencia política a las gestiones que su partido, el PRI, y en particular su presidenta, Beatriz Paredes, y el líder senatorial Manlio Fabio Beltrones, han llevado a cabo eficazmente ante Los Pinos y la Secretaría deGobernación.

En una coyuntura como la actual, donde en unos cuantos meses tendremos de nueva cuenta el tema energético en el Congreso, la postura del Institucional resultará clave si se desea avanzar en esta y otras reformas.

Acaso no debamos llamar a escándalo por el hecho de que el gobierno arribe a una negociación con un partido opositor en favor de lo que considere un bien superior.

El problema es que en este caso, del otro lado de la balanza se hallan temas con tantas aristas como los derechos humanos, asesinatos sin aclarar y el espinoso diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, grupo que hasta que no se demuestre lo contrario, hoy tiene todas las cartas credenciales para ser considerado una banda terrorista.

Bajo tales condiciones, pueden prosperar las voces que alertan sobre lo caro que saldría, en este entorno, negociar con el Partido Revolucionario Institucional y ver hacia otro lado para no ensuciarse en cuestiones de terrorismo y grupos paramilitares. Algunas de estas voces, acaso pecando de ingenuas, simplemente creen que lo mejor, lo más legítimo, es simplemente actuar en favor de la verdad y la justicia. Así nomás.

Apuntes: Paraíso anulado

  • CANCÚN no sólo debía soportar la incompetencia oficial ante el crimen organizado; no era suficiente que el principal punto de entrada de divisas del país ahuyente la inversión con una “ley del mangle” que no entienden ni sus creadores. El nuevo gobierno municipal del perredista-empresario Gregorio Sánchez debía aportar su sello y arrancó con un disparo en el número de invasiones de predios. No son espontáneas ni sólo en áreas urbanas; incluyen ya a proyectos hoteleros de playa, y atrás hay políticos que compran a líderes de invasores y sobornan a funcionarios del Registro de la Propiedad para ubicar “buenos lugares”. Frente a ello, el gobierno estatal del priísta Félix González Canto se tapa ojos y oídos.
  • LA CORTE decidió concentrar todas las impugnaciones ligadas con la reforma electoral: las de los partidos, las de empresarios acostumbrados a pagar “propaganda negra” y las de los intelectuales que defienden tal derecho. Incluso algunos medios chapotean ya en esa espesa salsa de contradicciones. Salvo una sorpresa de último momento, los ministros rechazarán en paquete todas las impugnaciones.
  • OTRO TRIBUNAL que se apresta a cumplir su tarea es el federal electoral, entre cuyos miembros existe desde hace semanas la convicción de que el accidentado proceso del PRD debe ser anulado. Los dos contendientes tuvieron la oportunidad de decidirlo por sensatez; las instancias internas tuvieron los argumentos legales para decretarlo así. Fracasadas ambas instancias, la decisión deberá venir de fuera, según todos los indicios disponibles.
  • DOS EVENTOS relevantes apenas rozaron las páginas de los diarios: la capacidad de convocatoria para el cumpleaños 40 de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, por cuya casa de Contadero desfiló una legión de personalidades, encabezadas por el presidente Calderón. El otro suceso de relieve, de muy distinto orden, fue la muerte de don Isidro López del Bosque, fundador del Grupo Industrial Saltillo y empresario clave en el noreste del país.

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