Una iniciativa de reforma constitucional puso en estado de guerra a las grandes compañías, que buscan matar desde su germen una herramienta contra los abusos
Muy pocos habían escuchado hablar de acciones colectivas antes de febrero pasado, cuando dos legisladores —un senador y un diputado— decidieron presentar, casi simultáneamente, una propuesta de reforma constitucional para arraigar en nuestro marco jurídico un instrumento que existe en Estados Unidos desde hace 70 años, o desde hace tres décadas en Brasil, entre otras naciones que como España, Colombia, Uruguay, Perú o Venezuela, cuentan ya con el mismo.
El senador priísta Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa plantearon una iniciativa para dar paso a disposiciones legales que han probado ser una poderosa defensa de los consumidores ante abusos de los proveedores de servicios, lo que se ha demostrado, estimula la competitividad de las empresas, disminuye los precios, castiga el comportamiento de los monopolios y representa la única manera para que las personas de menores recursos tengan la posibilidad de defenderse colectivamente ante una eventual injusticia.
Desde 1992 la Procuraduría Federal del Consumidor tiene autoridad legal para promover ante tribunales acciones de grupos de consumidores. Sin embargo, en 15 años, la Profeco, medrosa como es, ha echado mano de tal potestad en sólo dos ocasiones: en los casos de Air Madrid y contra Líneas Aéreas Azteca.
Pero mientras este esfuerzo parece construirse en México centímetro a centímetro, las compañías que se sienten como posibles afectadas montaron en unas cuantas semanas una ofensiva en múltiples frentes —desde el gobierno hasta la academia, pasando por el Congreso— para matar desde la raíz este intento orientado a conquistar una justicia menos costosa y más ágil, a favor de los consumidores —que somos todos.
Compañías telefónicas, de televisión por satélite y cable, tiendas departamentales y almacenes de autoservicio son hasta ahora las cabezas más visibles, cuyos cabilderos han emplazado a la Corte, a Los Pinos, a la Secretaría de Economía y a las cámaras de Senadores y Diputados a frenar lo que ellos quieren presentar sólo como un riesgo de demandas abusivas o chantajes por parte de abogados ambiciosos.
El poderoso grupo de cabilderos logró ya una cita este miércoles en el Senado para exigir sea frenada la iniciativa de reforma al artículo 17 constitucional, la cual se reduce a un tímido párrafo: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de los derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.
Herejía pura, deben decir los grandes grupos privados, muchos de los cuales, como las cadenas de autoservicio, están acostumbrados a este tipo de regulaciones en otros países. El punto es que en México, simplemente, se asumen con el poder suficiente para impedirlo.
Cómo estarán las cosas que la presión se extiende hasta un grupo de académicos del prestigioso ITAM, quienes participan con el Senado en el estudio de estas propuestas. El principal benefactor de este reconocido centro de estudios es Alberto Bailleres, hijo de don Raúl Bailleres —fundador del instituto en 1946—, y también propietario de El Palacio de Hierro, de la minera Peñoles y de la aseguradora GNP, entre otras firmas que eventualmente podrían ser objeto de acciones colectivas. Esto estimula seguramente la presión de los cabilderos que, esperemos, debe chocar con convicciones de orden superior.
En este contexto, el 28 de marzo la Corte tomó la trascendente decisión de albergar un seminario internacional sobre este tema, que permitió dar sentido y calado al debate sobre las acciones colectivas, descritas por el presidente del alto tribunal, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, como “una alternativa viable para la tutela efectiva de los intereses de diversos grupos sociales”.
Estas buenas intenciones están empedrando el tortuoso camino del trabajo legislativo en este campo. Las gestiones del senador Murillo y del diputado Guerra no parecen caminar coordinadamente. No está claro tampoco el consenso al respecto entre las principales bancadas, aunque ya existen pronunciamientos valiosos del priísta Manlio Fabio Beltrones y del perredista Carlos Navarrete, coordinadores de sus respectivos grupos. Si bien el senador panista Fernando Elizondo ha mostrado simpatía, hay aún ambigüedad en el sector que encabeza Santiago Creel, lo que al parecer refleja una actitud gubernamental dubitativa.
Este asunto correrá el riesgo de ser convertido en moneda de cambio por parte de los poderosos, a menos que la sociedad, formada toda por consumidores, levante su voz y dé a entender a todos que alcanzó ya la madurez, y que desea asumir con plenitud sus derechos.
Apuntes: Ley de humo
- OTRO ORDENAMIENTO que se halla en el limbo es la ley federal que limita el consumo de tabaco en lugares públicos, como restaurantes. El presidente Felipe Calderón ha ejercido el llamado “veto de bolsillo” contra la normatividad aprobada en el Congreso, y sobre las causas hay dos versiones: la primera, que Los Pinos presentará argumentos en el sentido de que se trata de una ley anticonstitucional. Y el segundo, que está en negociaciones un subsidio especial para los productores de Nayarit, estado con monocultivo de tabaco, cuyos campesinos resultarán afectados con la nueva disposición. Pero también aquí se extiende el brumoso y apestoso tufillo del cabildeo cigarrero, a cargo de las dos compañías líderes en el sector, Philip Morris y la British American Tobacco, que aquí ondean las banderas de Marlboro y Camels, respectivamente.
- LA NUEVA LEY DE MEDIOS, que la administración Calderón buscaba sacar en el periodo de sesiones recién concluido, es al parecer un cadáver insepulto, pues son muy escasas las posibilidades de que el asunto sea retomado en el periodo que arranca en septiembre, ante la tensión que despertarán las elecciones intermedias de 2009. Ello llevará a la cancha del gobierno la pelota, pues deberá tomar decisiones de carácter reglamentario y por decreto, como es el caso de las más de 170 concesiones de radio vencidas que nadie se atreve a cancelar, a renovar o a licitar.
- LOS PETROLEROS, en este momento el gremio más hermético del país, han logrado que los temas de corrupción sean dejados al margen de las propuestas formales de reforma energética. Para ello se han valido de dos piezas clave: el senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la comisión respectiva en la Cámara Alta —beneficiario de aquel Pemexgate, ¿se acuerda?—, y el propio Manlio Fabio Beltrones, sin duda el aliado político más poderoso del dirigente sindical del sector, Carlos Romero Deschamps.
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