lunes, 29 de septiembre de 2008

¿Unidad sin debate?

En medio de la mayor crisis en materia de seguridad, y cuando la economía mundial se derrumba, la administración Calderón levanta la bandera de la unidad, pero sin ideas ni propuestas.

Las proclamas lanzadas desde el gobierno para que todos —propios y extraños, críticos y panegiristas— nos envolvamos en la bandera que enarbola el Presidente de la República por el solo hecho de serlo, ha empezado a exhibir agujeros que no podrán ser colmados con discursos y posturas sentimentales.

El gobierno dice tener propuestas contra la inseguridad, como crear una especie de policía nacional, pero no establece una mesa de discusiones abiertas a la sociedad, pese a tratarse de un asunto de rango aún más urgente que el tema petrolero. De esta manera, se cierran espacios, se inhibe la atmósfera de colaboración y se despoja a la sociedad de su derecho a tomar la palabra.

El resultado es lo que hemos empezado a ver estos días.

Un grupo de dirigentes partidistas acudió en días pasados a Los Pinos. Destacaba Beatriz Paredes, del PRI, quien se descubrió en un salón con sólo voces gubernamentales, como el líder panista Germán Martínez, y representantes de partidos casi marginales.

En las horas siguientes, la casa presidencial se dio a la tarea de organizar una cita del presidente Calderón con los coordinadores parlamentarios para el lunes pasado. El PRD —que sigue siendo incapaz de pactar acuerdos al interior, mucho más hacia fuera— anunció nuevamente su ausencia, pero esta vez tampoco el PRI aceptó. El encuentro fue cancelado.

Vino luego la petición de audiencia por parte del líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones y otros miembros claves de su bancada. “¿Tema?”, les preguntaron. “Deseamos ayudar, pero queremos que el Presidente nos diga cuál es el rumbo”, respondieron. La reunión se acordó para el viernes, pero todavía en la víspera les propusieron mutar el formato hacia una cordial comida con el mandatario. Junta de trabajo, insistieron los priístas.

Hablaron, pero hasta donde fue posible saber, no avanzaron. Calderón insistió sobre una propuesta en materia policial que ya habían deslizado antes a los gobernadores, sin debate público. Los mandatarios del Institucional se mostraron reacios, y las posturas se distanciaron, como quedó demostrado en la junta de Conago en Sonora, en la que se canceló la presencia del propio Calderón.

Hoy habrá una reunión sólo de líderes priístas, incluidos los gobernadores. Se espera que ahí queden desatados los últimos nudos para la reforma petrolera, que PAN y PRI —y quizá un bloque del PRD— sacarán adelante en la primera quincena de octubre, aunque no será lo que el gobierno esperaba.

En este encuentro habrá también señales sobre si el PRI sigue acercando sus posturas a las del gobierno, si vira hacia un rompimiento, o si hace las dos cosas; esto es, si toma distancia sin hacerlo público, en espera de lo que decidan las urnas en 2009.

Pero no se equivoca Calderón cuando llama a estar a la altura del momento: los mexicanos darán fe de si la mediocridad de sus élites políticas permite algún avance real en favor de la población, o si no son capaces siquiera de presentar ante la nación una sola idea, un solo afán, acaso una propuesta.

Apuntes

  • NO ES SÓLO MORELOS donde enfrenta resistencias la Alianza por la Educación que impulsan el gobierno y Elba Esther Gordillo. Las opciones son una regresión disimulada para evitar al régimen un nuevo frente de problemas, o sostener la voluntad de un cambio real.
  • LOS CELULARES y la iniciativa del Senado para transparentar la información de los usuarios, como un paso clave en materia de seguridad pública, desató una nueva guerra de cabildeo que unió a compañías tradicionalmente rivales, como Telcel y Telefónica, cuyos principales directivos hacen gestiones para evitar la regulación, por considerar que ello desalentará la compra de estos aparatos. Este martes se votará la ley respectiva en la Cámara Alta.
  • ESTE LUNES, cuando el periodista Miguel Ángel Granados Chapa reciba del Congreso de Hidalgo la presea Pedro María Anaya, podría anunciarse que el Senado le impondrá igualmente la medalla Belisario Domínguez.

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lunes, 22 de septiembre de 2008

Gobernadores-Calderón: la otra guerra

La administración Calderón y una larga lista de gobiernos locales, incluso de su propio partido, están en ruta de colisión por la crisis en la inseguridad pública. Los señalamientos mutuos son cada vez más públicos y ásperos.

En charlas privadas, el presidente Calderón se queja cada vez más, y más amargamente, de los gobernadores. Lo menos que dice de ellos es que se lavan las manos en el tema del narcotráfico, y que transfieren al gobierno federal la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar sucesos que ocurren en sus entidades; en muchos casos, con la complicidad de policías y otros servidores públicos locales.

El asunto se agudizó luego de que 26 mandatarios reunidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunciaron en contra de una iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que frenará su envío al Congreso. De ser aprobada, esta propuesta depositaría en la secretaría federal del ramo, a cargo de Genaro García Luna, un poder jamás visto en manos policiales, cuyas atribuciones —como la de conducir sus propias pesquisas— le darían virtual autonomía sobre el Ministerio Público y obligarían a redefinir el concepto mismo de soberanía de los estados miembros de la Federación.

En este contexto, empiezan a surgir voces como la del gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás, quien en declaraciones a este diario condenó que el gobierno de Calderón muestre lenta capacidad de respuesta ante el avance de la violencia, lo que, dijo, ha agudizado el problema en los años recientes.

El problema es que para tener la lengua larga hay que mostrar una cola corta. Porque González Parás es ubicado como uno de los gobernantes más tolerantes con el avance del crimen organizado en su estado.

Las inquietudes al respecto estallaron en junio de 2007, cuando fue asesinado el diputado local Mario Ríos, un personaje al que se le atribuyeron por años ligas con el narcotráfico, lo que nunca obstó para que entre sus promotores figuraran el dirigente priísta Roberto Madrazo y Pablo César González, quien aparece en el organigrama estatal como “coordinador de la Secretaría Particular y de Agenda” de González Parás. Los señalamientos han ido más allá, al grado de rozar al hermano del gobernador, Luis González Parás, cuya operación política es tema público.

En otro bloque de gobernadores se hallan aquellos que son conscientes de la complicidad entre sus fuerzas policiales y las mafias, y que se presentan como víctimas de esta situación. Se trata de mandatarios que hacen el camino de Santiago hasta Los Pinos, en busca de ayuda, la cual en muchas ocasiones no llega.

Un gobernador panista se ha quejado de que en tres diversas ocasiones ha pedido audiencia al presidente Calderón para clamar por un mayor despliegue de fuerzas federales y militares en su estado. Lo más que ha logrado es que lo reciba el secretario particular, César Nava, quien no ha podido hacer mucho más que mostrarle su solidaridad moral.

Con un poco de mejor suerte corrió el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, a quien le restan dos años en el cargo, pero ha expresado que se siente rehén de su propia policía. La semana pasada la policía federal y el Ejército iniciaron una limpia de policías municipales en el estado, que en su mayoría son controladas por mafias que se han ido asentando en esta entidad otrora tranquila, sin que la autoridad sea capaz de hacer nada para detener este proceso.

Y si la infiltración del crimen es seria en las policías estatales, resulta abrumadora en el ámbito de los cuerpos de seguridad municipales, que bien pueden convertirse en el verdadero punto débil de toda la estrategia nacional de seguridad.

Revise usted si no las declaraciones del alcalde priísta en el municipio residencial mexiquense de Huixquilucan, Adrián Fuentes, quien niega las implicaciones que para su comuna supone el que un número sustantivo de los ejecutados hallados en los parajes de La Marquesa fueran originalmente secuestrados en esa demarcación.

Esta confrontación entre el gobierno federal y las regiones no ofrece señal alguna de disminuir, sino todo lo contrario. Sin duda hay ahí un ámbito en el que los llamados a la unidad deberían tomar cuerpo de inmediato.

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lunes, 15 de septiembre de 2008

¿Un narcogobernador para Sinaloa?

Cuando en ese estado se aproxima la sucesión sexenal, no hay debate sobre ideas, partidos o personalidades, sino estupor: puede llegar al poder un personaje con una trayectoria dominada por sospechas de ligas con el narcotráfico.

Casi 15% de la carne que se comercializa en el país lleva su marca. Logro indudable para un empresario que, sin embargo, parece obsesionado con el afán de conquistar no sólo el poder económico, sino también el político.

Hace una década declaró en su círculo interno que buscaría ser gobernador de Baja California. Algo le cerró el paso, y puso la vista en Sinaloa. Fue diputado federal por el PRI, líder de los empresarios agropecuarios en el país y ahora es alcalde de la capital, Culiacán. Es la carta abierta del gobernador Jesús Aguilar Padilla para la sucesión. En poco más de un año debe haber candidaturas formales.

Se trata de Jesús Vizcarra Calderón, pariente directo de Jesús Inés Calderón Quintero, un conocido narcotraficante muerto en marzo de 1988. De acuerdo con versiones nunca esclarecidas, la fortuna del criminal desparecido, sumada a apoyos de nombres ligados al crimen organizado como Ismael Mayo Zambada, podrían haber impulsado los negocios del señor Vizcarra, quien, por cierto, ha revolucionado el mercado al frente de su compañía Sukarne, la cual tiene ramificaciones en varios países.

Vizcarra ha condimentado durante el último lustro los corrillos políticos y sociales de la provinciana Culiacán, donde la aristocracia local lo ha visto, no sin estupor, introducirse en círculos exclusivos de las buenas familias, o asentarse en el fraccionamiento Álamos, pese a los esfuerzos para impedírselo.

La clase política del estado, especialmente la de extracción priísta, se divide ya entre aquellos leales al gobernador Aguilar, que impulsa a Vizcarra para sucederlo, y aquellos que, como los ex gobernadores Juan Millán y Francisco Labastida, o el líder senatorial Manlio Fabio Beltrones, han decidido impedirlo, sea por el riesgo que ello supone, sea porque se han agrupado tras otros candidatos, notablemente el senador Mario López Valdez, un exitoso comerciante estatal, más conocido por sus siglas: Malova.

Más allá de la fronteras de Sinaloa, la historia de candidatos a puestos de elección popular con nexos ciertos o aparentes con el narcotráfico se repite en todo el país. El flujo de dinero sucio hacia campañas políticas locales es ya un hecho demostrable.

Esta realidad ha ido construyendo espacios en la geografía nacional cada vez más refractarios a los esfuerzos del combate contra las mafias. Presenciamos un creciente fenómeno en el que grupos locales constituyen feudos donde se vive otra realidad, ligada al dinero del narcotráfico, que en esas zonas es intocable gracias a los políticos. En ese fenómeno se halla el germen que puede destrozar a la nación.

APUNTES

  • LLEGARON LAS “COMBOS”. Un grupo de radiodifusores acudió a Los Pinos hacia el fin de semana, donde fueron informados de un acuerdo presidencial para otorgar estaciones FM a concesionarios de AM de todo el país, quienes por años han asegurado que su negocio agoniza. El líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa al respecto que le sumó bonos, pero el tema fue resuelto por la vía administrativa, y supondrá cambiar el título de concesión de estos empresarios, a los que sin embargo se les aplicará un cobro. Si no hay reversa de última hora, el decreto se publicará hoy en el Diario Oficial.
  • UN DISCRETO pero largo coloquio sostuvieron el miércoles pasado en un pequeño restaurante de las Lomas de Chapultepec la profesora Elba Esther Gordillo y el “niño terrible” del PAN, Manuel Espino.
  • GUSTAVO MADERO, nuevo presidente del Senado y coordinador de la bancada del PAN, inició cambios: incorporó como vocera a Adriana Cuevas, quien le es cercana desde hace años. Ella relevó a Felipe de Jesús González, que fue un eficaz apoyo para Santiago Creel. A este último le llueve en su milpita, al grado de que se buscó bloquear su arribo como miembro de la Comisión de Radio y Televisión.
  • SE ACUMULAN los apoyos para que la medalla Belisario Domínguez que otorga el propio Senado, sea impuesta a Miguel Ángel Granados Chapa, sin duda el periodista con mayor reconocimiento en el país, por sus aportaciones al debate democrático.

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lunes, 8 de septiembre de 2008

Los otros criminales

La falta de indicadores transparentes que permitan a los ciudadanos evaluar el desempeño de policías, investigadores y jueces, se halla en el centro del fracaso del Estado ante el narcotráfico. Padecemos no sólo a los delincuentes, sino a los corruptos.

La sensación de acoso e incapacidad que proyecta la administración Calderón frente a la delincuencia organizada, envía a la población el mensaje de que el crimen organizado es ya invencible y que debemos asumir que el país estará perdido en la actual espiral de violencia por años o décadas. Los 75 compromisos —de hecho, son más de 100— presentados en lo que empieza a ser una rutinaria ceremonia en la que se reúnen gobernantes, legisladores, otros políticos y algunos invitados de palo, integran una lista de propósitos cuya extensión logra distraer a la opinión pública que, sin embargo, al llegar los 100 días ofrecidos para presentar resultados, no sabrá distinguir entre lo esencial y lo accesorio.

Diversos expertos advierten que debería bastar un esfuerzo para mejorar los indicadores básicos en la procuración y administración de la justicia. Sólo uno de cada 30 delitos es denunciando, el resto integra la llamada “cifra negra” que los ciudadanos debemos cargar por desconfianza en las autoridades. De las acusaciones penales, sólo una de cada 10 es consignada ante un juez, quien emite las respectivas órdenes de aprehensión, pero de éstas, sólo dos de cada 10 son cumplidas. Muchas otras son utilizadas para la extorsión de los acusados, no necesariamente culpables. Si sólo lográramos que las cifras de la secuencia denuncia-consignación-arresto-condena fueran accesibles, bastaría para que las cosas empezaran a cambiar.

Para buscar otras medidas, se puede revisar la llamada Convención de Palermo contra el crimen de impacto internacional. Colombia ha cumplido con cerca de 75% de las cláusulas previstas en esta convención, y sus niveles de criminalidad han bajado notablemente. México figura, junto con Afganistán y Paquistán, entre las naciones que menos han cumplido.

Pero no sólo los funcionarios públicos incompetentes o corruptos deben figurar en la lista de los otros criminales a los que debemos agradecer el actual estado de cosas.

En las dos semanas que han corrido ya desde aquel evento que buscó reunir a la República, los signos de descomposición no han mostrado cambio alguno, como no sea para empeorar. Es el caso, por ejemplo, del rol que deben jugar las organizaciones ciudadanas, un factor indispensable para construir un impulso que realmente cambie las cosas.

La marcha “Iluminemos México” arrojó luz también sobre las diferencias y mezquindades que los dirigentes de estos organismos alimentan desde hace años. Y si la altura de miras en este sector mostraba ya deterioro, la idea de crear un instituto ciudadano que vigile el tema de la seguridad acabó por desatar apetitos nada cívicos por oficinas lujosas, canonjías y presupuestos.

Otro ámbito en el que deberíamos estar esperanzados para encontrar salidas en este tema lo constituyen las comisiones de derechos humanos del país, pero ahí está creciendo una pugna por la sucesión al frente de la CNDH, que encabeza José Luis Soberanes, a quien todavía le quedan 14 meses en el puesto.

En tal contexto y quizá precisamente por el mismo, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convocó el jueves pasado a un selecto grupo de estos frágiles liderazgos ciudadanos, con el propósito no expreso de empezar a envolverlos en un esquema que deberá avalar los resultados que la autoridad presente sobre el cumplimiento de sus compromisos.

El país precisará nuevos y mayores impulsos para dar lugar a cambios reales en este campo. La fuerza motriz deberá venir de la gente organizada, la cual, como última instancia, siempre tendrá a las urnas en las elecciones intermedias de julio próximo como medio para lanzar el mensaje que considere más adecuado.

Apuntes

  • LOS CAMBIOS finalmente producidos en el sector de las telecomunicaciones, con la llegada de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous a la Cofetel, y de Purificación Carpinteyro a la subsecretaría del ramo en la SCT que encabeza Luis Téllez, pueden tener el efecto de una benéfica bomba de profundidad en el sector, si por fin el presidente Calderón se decide a cumplir sus promesas de campaña en este ramo esencial de la economía.
  • EL INFORME de Enrique Peña Nieto en el estado de México, que reunió lo mismo a Marcelo Ebrard que a Juan Camilo Mouriño, entre otros muchos personajes, en un acto de cara al Congreso local, ofrece una señal de posibles salidas a la crispación política que sufrimos desde los comicios de 2006.

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lunes, 1 de septiembre de 2008

La lección de la Corte

Durante 16 meses, las partes implicadas en el tema del aborto apostaron a un debate sometido a las reglas de la democracia. Incluso los radicales se moderaron. El resultado debe ser ejemplo para los muchos temas que seguimos arrastrando.

Desde abril de 2007, cuando la Asamblea del Distrito Federal aprobó las reformas legales que permiten la interrupción de embarazo antes de las 12 semanas —lo que atraería la impugnación de la PGR y la CNDH—, el país desahogó una polémica con el potencial suficiente para partir en dos a la nación.

No hay ciudadano sin una posición sobre el tema. De sobra eran conocidos actores como la Iglesia y los activistas de Pro-Vida, por un lado, o los movimientos feministas y agrupaciones radicales de izquierda, por otro, con capacidad suficiente todos para emprender acciones a gran escala en favor de sus posiciones. Pero la opción tomada fue diferente.

En marzo pasado iniciaron audiencias en la Corte para escuchar los diversos posicionamientos: en 124 de ellos se rechazó que la reforma legal capitalina fuera constitucional; 60 la defendieron. Singularmente, casi 65% de los participantes fueron hombres, y menos de 40% mujeres, pues los varones determinan aún lo que debe o no ocurrir aquí con su contraparte de género.

Quizá nunca el país haya seguido tan de cerca las deliberaciones de los 11 ministros, lo que es posible gracias a un largo —aunque inacabado— proceso de apertura y transparencia en ese órgano del Estado, donde durante décadas se pensó que los jueces no tenían obligación de rendir cuentas de sus actos y sólo hablar a través de sus sentencias.

El resultado de esas discusiones lo conocemos todos. Les haya gustado o no, las partes se sometieron a las reglas del juego. El clero mexicano, en los hechos encabezado por el cardenal Norberto Rivera, subrayó desde luego su testimonio, pero mostró distancia de extremos que en otros países arrojaron a multitudes a las calles y agudizaron la polarización social. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, explicó bien que todos se atuvieron a una última instancia, cuya resolución se acata.

La lección de la Corte en el caso del aborto debe ser un llamado de atención a nuestros políticos de todo signo, incapaces de establecer espacios de deliberación y acuerdo. Esto representaría alejarse del periodo de confrontación que nos domina desde 2006, que se manifiesta en impugnaciones ciegas de la izquierda contra un régimen constituido, o en el recurso bobo, tan extendido en nuestra prensa, de achacar a Andrés Manuel López Obrador todos los males del país.

Lo ocurrido en la Corte igualmente representa un mensaje a la sociedad para que reclame con mayor vigor el ensanchamiento de la esfera pública, donde los ciudadanos tengamos mayor voz y voto sobre los asuntos centrales de la nación.

Es natural esperar que los gobernantes de todos los niveles, especialmente el federal, recojan el guante que representa ese desafío y conduzcan al país con visión de Estado, y ya no más como grupos de camorreros incompetentes.

APUNTES

  • ADIÓS A UN GUERRERO. Gilberto Rincón Gallardo murió prematuramente este fin de semana. Nacido en una familia de clase alta, simpatizó primero con el PAN, pero su formación en leyes por la UNAM lo hizo virar a la izquierda, donde durante décadas fue, entre otras muchas cosas, artífice de espacios de unidad. Militó en el Partido Comunista, y fue uno de los arquitectos del PSUM, que devino en PMS y luego en PRD, al que abandonó convencido de que las ambiciones y las pugnas internas lo lastraban sin remedio. Su última batalla fue en favor de las comunidades de discapacitados, con reclamos constantes por la miopía del gobierno frente a este tema. Descanse en paz.
  • LA CORTE, por cierto, tiene otros asuntos pendientes. La lista incluye temas tan graves como el peso del poder económico en las elecciones (los amparos contra la reforma electoral), la evasión de grandes empresas usando los paraísos fiscales, y por si faltara algo, los límites a los que debe ajustarse el despliegue policiaco y militar durante disturbios populares (caso Atenco).

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