La sensación de acoso e incapacidad que proyecta la administración Calderón frente a la delincuencia organizada, envía a la población el mensaje de que el crimen organizado es ya invencible y que debemos asumir que el país estará perdido en la actual espiral de violencia por años o décadas. Los 75 compromisos —de hecho, son más de 100— presentados en lo que empieza a ser una rutinaria ceremonia en la que se reúnen gobernantes, legisladores, otros políticos y algunos invitados de palo, integran una lista de propósitos cuya extensión logra distraer a la opinión pública que, sin embargo, al llegar los 100 días ofrecidos para presentar resultados, no sabrá distinguir entre lo esencial y lo accesorio.
Diversos expertos advierten que debería bastar un esfuerzo para mejorar los indicadores básicos en la procuración y administración de la justicia. Sólo uno de cada 30 delitos es denunciando, el resto integra la llamada “cifra negra” que los ciudadanos debemos cargar por desconfianza en las autoridades. De las acusaciones penales, sólo una de cada 10 es consignada ante un juez, quien emite las respectivas órdenes de aprehensión, pero de éstas, sólo dos de cada 10 son cumplidas. Muchas otras son utilizadas para la extorsión de los acusados, no necesariamente culpables. Si sólo lográramos que las cifras de la secuencia denuncia-consignación-arresto-condena fueran accesibles, bastaría para que las cosas empezaran a cambiar.
Para buscar otras medidas, se puede revisar la llamada Convención de Palermo contra el crimen de impacto internacional. Colombia ha cumplido con cerca de 75% de las cláusulas previstas en esta convención, y sus niveles de criminalidad han bajado notablemente. México figura, junto con Afganistán y Paquistán, entre las naciones que menos han cumplido.
Pero no sólo los funcionarios públicos incompetentes o corruptos deben figurar en la lista de los otros criminales a los que debemos agradecer el actual estado de cosas.
En las dos semanas que han corrido ya desde aquel evento que buscó reunir a la República, los signos de descomposición no han mostrado cambio alguno, como no sea para empeorar. Es el caso, por ejemplo, del rol que deben jugar las organizaciones ciudadanas, un factor indispensable para construir un impulso que realmente cambie las cosas.
La marcha “Iluminemos México” arrojó luz también sobre las diferencias y mezquindades que los dirigentes de estos organismos alimentan desde hace años. Y si la altura de miras en este sector mostraba ya deterioro, la idea de crear un instituto ciudadano que vigile el tema de la seguridad acabó por desatar apetitos nada cívicos por oficinas lujosas, canonjías y presupuestos.
Otro ámbito en el que deberíamos estar esperanzados para encontrar salidas en este tema lo constituyen las comisiones de derechos humanos del país, pero ahí está creciendo una pugna por la sucesión al frente de la CNDH, que encabeza José Luis Soberanes, a quien todavía le quedan 14 meses en el puesto.
En tal contexto y quizá precisamente por el mismo, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convocó el jueves pasado a un selecto grupo de estos frágiles liderazgos ciudadanos, con el propósito no expreso de empezar a envolverlos en un esquema que deberá avalar los resultados que la autoridad presente sobre el cumplimiento de sus compromisos.
El país precisará nuevos y mayores impulsos para dar lugar a cambios reales en este campo. La fuerza motriz deberá venir de la gente organizada, la cual, como última instancia, siempre tendrá a las urnas en las elecciones intermedias de julio próximo como medio para lanzar el mensaje que considere más adecuado.
Apuntes
- LOS CAMBIOS finalmente producidos en el sector de las telecomunicaciones, con la llegada de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous a la Cofetel, y de Purificación Carpinteyro a la subsecretaría del ramo en la SCT que encabeza Luis Téllez, pueden tener el efecto de una benéfica bomba de profundidad en el sector, si por fin el presidente Calderón se decide a cumplir sus promesas de campaña en este ramo esencial de la economía.
- EL INFORME de Enrique Peña Nieto en el estado de México, que reunió lo mismo a Marcelo Ebrard que a Juan Camilo Mouriño, entre otros muchos personajes, en un acto de cara al Congreso local, ofrece una señal de posibles salidas a la crispación política que sufrimos desde los comicios de 2006.
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