lunes, 25 de agosto de 2008

PAN: el partido inútil

Acción Nacional ha encarnado por décadas, para millones de mexicanos, el anhelo de cambios frente al anquilosamiento político y el poder unipersonal del presidente. En el primer tercio de su segundo periodo en el poder, luce acotado, sin líderes ni agenda, de espalda a la nación.

En unas semanas arrancará la batalla partidista con rumbo a los comicios intermedios de 2009, que incluirán la renovación del Congreso federal, diversas gubernaturas y cámaras locales. Los resultados previstos son aciagos para Acción Nacional, el partido en el poder.

Todas las noches, desde Los Pinos, en un operativo coordinado por Rafael Giménez, empresas encuestadoras hacen cientos de llamadas telefónicas para tomar el pulso nacional sobre lo que el presidente Calderón debe hacer o decir. Las intervenciones presidenciales están sometidas, cada día, a esos dictados de la opinión pública, que es voluble, caprichosa y esquiva.

Los pronósticos de un desastre electoral blanquiazul apuntan a beneficiar especialmente al PRI, el partido con el que la administración Calderón ha practicado una especie de cogobierno, obligado por la necesidad de construir mayorías para reformas legislativas.

Pero el programa panista de gobierno no termina por definirse, y si lo hace se inclina por batallas menores y acuerdos de corto plazo, con los mismos aliados que el PRI tuvo por tantos años —el colmo lo representa el cacicazgo de Elba Esther Gordillo. ¿Para esto dio el PAN una “brega de eternidad”, como lo pedían sus fundadores?

Subordinado a los llamados poderes fácticos, a los que no se toca ni con el pétalo de una declaración, el panismo luce paralizado por el miedo a perder el poder. Es un miedo que lo domina y lo castra. Una visión de más altura recomendaría que es mejor ser derrotado en medio de una batalla digna, que agazapado y medroso, con las armas rendidas de antemano.

Para redondear el panorama, el PAN se ha visto sujeto tempranamente a los apetitos del primer círculo calderonista, un reducto hermético y por lo visto hasta ahora, incompetente. Ahí se decidió, a inicios de junio, el cese de Santiago Creel como coordinador de su fracción en el Senado.

El jueves 6 de ese mes, el dirigente formal del panismo, Germán Martínez, dijo a Creel que lo echaba, y le dio tres razones: una supuesta rebelión en la bancada, fallas en el manejo de la negociación de la reforma petrolera, y la mala relación con las televisoras. Martínez dijo que había “al menos 20” senadores panistas inconformes, pero soltó sólo tres nombres: Fernando Elizondo, Judith Díaz Delgado, ambos de Nuevo León, y Gabriela Ruiz. Los tres se deslindarían luego, por escrito o verbalmente, de esa supuesta disidencia.

Está visto que la negociación petrolera no se hizo en Xicoténcatl sino en Los Pinos, y ahora se sabe que las televisoras no pidieron la cabeza de Creel, aunque sí lo hostigaban. La causa real de la decisión era simplemente el enojo porque Creel fuera el único panista ubicado con posibilidades hacia el 2012. El asunto ha servido para catalizar una crisis de profundidad en el PAN, como lo demuestra la renuncia de Javier Corral al Consejo Ejecutivo del partido.

Hay sin duda demasiado peso sobre los hombros de Germán Martínez, quien quizá para entender mejor las cosas, el fin de semana fue a ver la película La otra reina, sobre Ana Bolena, una historia de sórdidas luchas por el poder, fraguadas mediante intrigas de palacio.

APUNTES: LA HORA DE COFETEL

  • EL “SÍNDROME HAMLET”, que produce en el gobierno el mal de la indecisión, se expresa en la demora para reestructurar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador del sector. El jueves se cumplió una semana de que la Corte publicó el “engrose” de una resolución que reconoce a Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar el derecho a ser miembros del organismo. Ambos están con ese ánimo, pero esperan una señal de la casa presidencial, que no acaba de llegar.
  • PERSONALIDADES de diversos ámbitos firmaron una carta en la que se solidarizan con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que encara un tortuoso y amañado proceso por difamación montado desde hace años por el ahora diputado federal hidalguense Gerardo Sosa, a quien los jueces han beneficiado construyendo con este caso un ejemplo de abusos.

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lunes, 18 de agosto de 2008

El Estado sordo

Por conducto de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, la administración Calderón avanza en una propuesta para que la Federación controle todos los cuerpos policiacos del país. La idea fracasará, por ingenua e ineficaz.

El tiempo se le agota al gobierno federal, que convocó esta semana a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Según se confió a este espacio, el eje de la negociación será la Plataforma México, una poderosa base de datos que incluye el perfil de las policías del país y la información disponible sobre bandas criminales. De acuerdo con la ley, sólo el Sistema Nacional de Seguridad Pública puede procesar la información ahí contenida. Pero ya buscan cómo darle la vuelta para que esa plataforma sea controlada por García Luna.

Al poderoso funcionario se le atribuye haber convencido al presidente Calderón de impulsar una escalada policiaca y militar contra el narcotráfico, con resultados dudosos hasta ahora. García Luna impuso igualmente su idea de una policía federal única, lo que ha desplazado a la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora; debilitado al Ministerio Público y deteriorado las consignaciones ante los jueces, como alertó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En los gobiernos estatales corre la especie de que 800 nuevos mandos policiales están bajo entrenamiento en la academia de la SSP en San Luis Potosí, listos para sustituir a las cabezas de las principales corporaciones estatales y municipales en el país. A ello se sumaría una unidad antisecuestros con un cuerpo de élite de 300 elementos, asignados a cinco puestos de mando en el país. De confirmarse, tal intención se estrellará con la voluntad de más de un gobernador, sea por una lógica reserva ante una imposición, sea por la existencia de tejidos de complicidad con el crimen organizado.

La tragedia surgida con el caso del joven Fernando Martí aporta a este proceso un factor que puede hacer la diferencia: la presión ciudadana sobre un Estado que exhibe sordera ante la exigencia de soluciones reales. Soluciones que quizá se logren —como ocurrió en Italia— sólo cuando la sociedad mantenga el grito de que ya llegamos a un punto de saturación.

Apenas en octubre pasado, los equipos de García Luna y de Medina Mora participaron en un seminario internacional en la ciudad de México, auspiciado por Naciones Unidas, donde autoridades y expertos de diversas naciones explicaron estrategias exitosas contra los secuestros. Inglaterra, Colombia o Italia coincidieron en la necesidad de coordinar mejor a las policías con el Ministerio Público y crear leyes para confiscar los capitales de secuestradores, tan bien salvaguardados en bancos. La transcripción de las intervenciones cubre casi 180 cuartillas, que aquí deben haber tirado a la basura por el pleito existente entre la SSP y la PGR.

Un nuevo actor en este escenario lo constituyen sectores empresariales hartos de los secuestros. La situación se ha desbordado en una decena de estados, notablemente Chihuahua, donde en semanas recientes hubo reclamos fuertes y amenazas de fuga de inversiones, durante una visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, donde el mandatario pidió, especialmente al sector maquilador, un periodo de espera antes de irse del país.

En la ciudad de México la inquietud empresarial parece en ruta de colisión con el gobierno. Frente al reclamo público, la autoridad optó por incitar un linchamiento contra el negociador Ernesto Mendieta, un asesor de alto nivel de Citibank y la familia Harp, la cual lo acercó con los Martí.

Mendieta ha empezado a dar declaraciones para negar que se haya amparado y ofrecer algunas revelaciones. Pero se guarda diversos proyectiles. Como el hecho de que la autoridad conocía que la llamada Banda de la Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí, utilizó durante meses el montaje de falsos retenes policiacos en avenidas importantes de la ciudad de México, con hombres y mujeres vestidos con uniformes de la AFI. Y que en al menos cinco casos previos se habían llevado también al chofer, enviando su cadáver a la familia. Pero nadie hizo nada.

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lunes, 11 de agosto de 2008

El Estado secuestrado

La dimensión de la inseguridad no es descrita sólo por la impunidad y el número de muertos. El clima de violencia sirve a los políticos para ajustar sus propias cuentas, y hay regiones enteras del país donde la autoridad se halla al servicio del narcotráfico.

Durante las últimas semanas Sinaloa ha conocido ejecuciones distintas a las que presenció durante décadas. El asesinato de niños y modestos trabajadores, lo mismo que amagos de operativos federales sobre residencias de reconocidos funcionarios locales, como miembros del gabinete estatal o el alcalde de Culiacán, arrojan una certeza entre los pobladores: se trata de políticos usando las balas como herramienta de confrontación.

Durante una entrevista con Martha Eugenia Ortiz y Geovana Gaxiola, periodistas de este diario, el gobernador Jesús Aguilar Padilla se permitió la ligereza de hacer un símil entre el beisbol y la lucha contra el narcotráfico, pero no habló de la pugna que su gobierno sostiene con operadores de su antecesor, Juan S. Millán, quienes están en busca de echar a Aguilar del poder. Así de simple.

Habrá oportunidad de profundizar en esta historia, pero sirva para ilustrar la manera en que la influencia del narcotráfico encona y ensangrienta ya en México la lucha por el poder.

La principal motivación para ello obedece al apetito por entrar en contacto con el dinero de los cárteles, donde —como ocurrió en Colombia— crece el número de capos interesados en “hacerse cargo del poder del Estado”, según lo describió el 14 de julio el director del Cisen, Guillermo Valdés, en declaraciones al diario inglés Financial Times.

Estimaciones de investigadores en la materia, como Eduardo Buscaglia, consultor de la ONU, o Samuel González, alertan que más de la tercera parte de los alcaldes del país recibieron dinero sucio para arribar al cargo. ¿Cuántos diputados, senadores, gobernadores? Según estos mismos especialistas, cada día se reducen las posibilidades de que el Estado mexicano sea capaz de emprender una depuración de la clase política infectada por este cáncer. Y en estos políticos —no en los sicarios ni en los mafiosos— radica uno de los mayores obstáculos para erradicar al narcotráfico.

Las preocupaciones ciudadanas en materia de inseguridad se centran hoy en los secuestros. Una justa indignación por el asesinato del joven Fernando Martí Haik convoca ya a concentraciones de repudio, y se esperan manifestaciones y marchas de repudio hacia finales de mes o principios de septiembre. La familia afectada ha decidido radicar fuera del país.

Sólo en el Distrito Federal, durante los últimos ocho años más de 60 víctimas de secuestro fueron asesinadas por sus captores. Ni siquiera hay cifras confiables por lo que se refiere al resto del país.

Pese al drama humano que representan estos casos, el mayor peligro lo constituye el hecho de que el Estado muestre una debilidad creciente frente al crimen, que se exhiba penetrado por el crimen y sea cada vez más incapaz de reaccionar frente a los personajes —políticos, policiales, empresariales— que han logrado aislar de la acción gubernamental regiones completas y ramos de actividad en el país donde la autoridad, simplemente, no lo es.

Apuntes:pugna por medicinas

  • EL ANUNCIO del presidente Calderón, que abre la frontera a retrovirales para tratar el sida, es resultado de un forcejeo entre gobierno y laboratorios farmacéuticos. Muchas de estas compañías venden aquí a precios más altos de a como lo hacen en otras naciones. Dos de ellas, Abbott y Bristol-Myers Squibb, simplemente despreciaron las gestiones del secretario de Salud, José Ángel Córdova, para bajar precios. Otras han venido anunciando reducciones. Pero la batalla va para largo.
  • EL ARRIBO de Gerardo Ruiz Mateos a Economía tendrá más de una lectura. Su antecesor, Eduardo Sojo, fue impugnado por sectores empresariales desde antes de ser nombrado, y el cambio se consideró sano en esta época de problemas. Pero Ruiz Mateos se había convertido en Los Pinos en un dique para toda propuesta de competitividad que afectara los intereses de los monopolios, especialmente en las áreas de telecomunicaciones y cemento. ¿Cómo hará para impulsar el tema en su nuevo puesto, como anunció Calderón?

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lunes, 4 de agosto de 2008

Petróleo: la esquiva reforma

La convicción común de que debe cambiar la política petrolera cobró ya calado al interior de los tres principales partidos. Pero problemas nuevos, como la presión de los gobernadores, complicarán el proceso.

En los próximos días se verá que fue prematuro echar las campanas a vuelo con la idea de que la corriente negociadora del Partido de la Revolución Democrática, que encabezan Los Chuchos, había logrado torcer la mano a Andrés Manuel López Obrador para sentarlo a la mesa de negociaciones sobre la reforma petrolera.

El propio presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, un convencido “chuchista”, adelantó la fecha del 15 de agosto para que el perredismo presente sus propias iniciativas de reforma, pero hasta ayer había una pugna que quizá sea resuelta con la decisión de sólo llevar ante el Congreso de la Unión un pronunciamiento político, que no represente compromiso alguno del sol azteca para sentarse a la mesa, salvo si se le garantiza de antemano que prosperarán algunas de sus objeciones centrales a las propuestas de PAN y PRI.

Según transcurran los días, deberemos acostumbrarnos a hablar no de la iniciativa de cada partido, en singular, sino de “las iniciativas”, pues debe distinguirse el alcance de las seis o siete propuestas de reforma de ley que tanto el gobierno como el priísmo pretenden echar adelante. Cada una tiene sus implicaciones, cada una sus riesgos y ventajas.

Será difícil, por ejemplo, que veamos resucitar la idea de que particulares construyan y administren refinerías u oleoductos. Pero es viable imaginar una coincidencia tripartidista en favor de que se modifique la ley orgánica de Pemex y la ley de presupuesto federal, para otorgar mayores recursos y autonomía financiera a la mal llamada “paraestatal”. En realidad, Pemex es operada como una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda, ámbito en el que el PAN y el gobierno enfrentarán problemas si se buscan cambios de fondo.

Así, el verdadero debate apenas se acerca. En el PRD el tema del petróleo los unió, pero ahora agudizará sus fracturas internas. Sin embargo, ni Acción Nacional ni el Institucional pueden decir que tienen bajo control sus propias huestes.

En ambos frentes se sabe ya que la discusión sobre el petróleo se contaminará a partir de septiembre, con los reclamos de los gobernadores por más recursos, especialmente en un momento con creciente inflación y recortes disfrazados por parte de la administración Calderón.

Ni panistas ni priístas pueden dar por hecho un voto de consenso en sus respectivas bancadas, donde hay malestar por la forma cupular en que los directivos están manejando las negociaciones.

Ante ello, es recomendable dejar espacio para las sorpresas. Ya lo verá usted.

Apuntes

  • URGE TRANSPARENCIA sobre la ruta del dinero en las estrategias emprendidas por las partes enfrentadas en el tema de la reforma petrolera. El gobierno de la ciudad de México, que encabeza Marcelo Ebrard, calculó en poco más de 40 millones de pesos las erogaciones por las consultas del domingo 27, pero falta detallar lo que costaron las campañas de publicidad, movilizaciones y otros rubros. Donde tampoco se aclaran cifras es en el gobierno federal. Sólo la malograda etapa de spots sobre el “tesorito enterrado” habría representado pagos por 500 millones de pesos. Y en la oscuridad también se hallan los honorarios de las agencias consultoras que pese a sus fallidos resultados, siguen acumulando jugosos contratos otorgados por el panismo, desde la época del “águila mocha” de Fox, ¿se acuerda usted?
  • LA MUERTE del joven hijo de la familia Martí, a manos de un grupo de secuestradores, funciona ya como una bomba de profundidad sobre la estrategia del gobierno de Calderón en materia de seguridad pública. Las cosas vienen de mal en peor, y muestra de ello son las renuncias en la Procuraduría General de la República, que conduce Eduardo Medina Mora. La más vistosa de ellas, la de José Luis Santiago Vasconcelos, quien era descrito como el hombre que más sabía sobre crimen organizado en el país.

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