lunes, 11 de agosto de 2008

El Estado secuestrado

La dimensión de la inseguridad no es descrita sólo por la impunidad y el número de muertos. El clima de violencia sirve a los políticos para ajustar sus propias cuentas, y hay regiones enteras del país donde la autoridad se halla al servicio del narcotráfico.

Durante las últimas semanas Sinaloa ha conocido ejecuciones distintas a las que presenció durante décadas. El asesinato de niños y modestos trabajadores, lo mismo que amagos de operativos federales sobre residencias de reconocidos funcionarios locales, como miembros del gabinete estatal o el alcalde de Culiacán, arrojan una certeza entre los pobladores: se trata de políticos usando las balas como herramienta de confrontación.

Durante una entrevista con Martha Eugenia Ortiz y Geovana Gaxiola, periodistas de este diario, el gobernador Jesús Aguilar Padilla se permitió la ligereza de hacer un símil entre el beisbol y la lucha contra el narcotráfico, pero no habló de la pugna que su gobierno sostiene con operadores de su antecesor, Juan S. Millán, quienes están en busca de echar a Aguilar del poder. Así de simple.

Habrá oportunidad de profundizar en esta historia, pero sirva para ilustrar la manera en que la influencia del narcotráfico encona y ensangrienta ya en México la lucha por el poder.

La principal motivación para ello obedece al apetito por entrar en contacto con el dinero de los cárteles, donde —como ocurrió en Colombia— crece el número de capos interesados en “hacerse cargo del poder del Estado”, según lo describió el 14 de julio el director del Cisen, Guillermo Valdés, en declaraciones al diario inglés Financial Times.

Estimaciones de investigadores en la materia, como Eduardo Buscaglia, consultor de la ONU, o Samuel González, alertan que más de la tercera parte de los alcaldes del país recibieron dinero sucio para arribar al cargo. ¿Cuántos diputados, senadores, gobernadores? Según estos mismos especialistas, cada día se reducen las posibilidades de que el Estado mexicano sea capaz de emprender una depuración de la clase política infectada por este cáncer. Y en estos políticos —no en los sicarios ni en los mafiosos— radica uno de los mayores obstáculos para erradicar al narcotráfico.

Las preocupaciones ciudadanas en materia de inseguridad se centran hoy en los secuestros. Una justa indignación por el asesinato del joven Fernando Martí Haik convoca ya a concentraciones de repudio, y se esperan manifestaciones y marchas de repudio hacia finales de mes o principios de septiembre. La familia afectada ha decidido radicar fuera del país.

Sólo en el Distrito Federal, durante los últimos ocho años más de 60 víctimas de secuestro fueron asesinadas por sus captores. Ni siquiera hay cifras confiables por lo que se refiere al resto del país.

Pese al drama humano que representan estos casos, el mayor peligro lo constituye el hecho de que el Estado muestre una debilidad creciente frente al crimen, que se exhiba penetrado por el crimen y sea cada vez más incapaz de reaccionar frente a los personajes —políticos, policiales, empresariales— que han logrado aislar de la acción gubernamental regiones completas y ramos de actividad en el país donde la autoridad, simplemente, no lo es.

Apuntes:pugna por medicinas

  • EL ANUNCIO del presidente Calderón, que abre la frontera a retrovirales para tratar el sida, es resultado de un forcejeo entre gobierno y laboratorios farmacéuticos. Muchas de estas compañías venden aquí a precios más altos de a como lo hacen en otras naciones. Dos de ellas, Abbott y Bristol-Myers Squibb, simplemente despreciaron las gestiones del secretario de Salud, José Ángel Córdova, para bajar precios. Otras han venido anunciando reducciones. Pero la batalla va para largo.
  • EL ARRIBO de Gerardo Ruiz Mateos a Economía tendrá más de una lectura. Su antecesor, Eduardo Sojo, fue impugnado por sectores empresariales desde antes de ser nombrado, y el cambio se consideró sano en esta época de problemas. Pero Ruiz Mateos se había convertido en Los Pinos en un dique para toda propuesta de competitividad que afectara los intereses de los monopolios, especialmente en las áreas de telecomunicaciones y cemento. ¿Cómo hará para impulsar el tema en su nuevo puesto, como anunció Calderón?

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