lunes, 27 de octubre de 2008

Calderón ante el derrumbe

Todavía no se expresan aquí los verdaderos efectos de la crisis financiera mundial, pero sí se asoma una actitud medrosa de la autoridad, renuente a regular los apetitos de aquellos que nunca pierden.

No existe sector de la economía que no planee despidos masivos en los siguientes meses. Los programas de vivienda, orgullo del régimen están paralizados, sin explicación alguna. Los bancos montaron a ojos de todos un ducto de dólares baratos hacia sus matrices extranjeras. La especulación y el acaparamiento cosechan triunfos todos los días. El dinero se acabó.

La duda del momento no es si la crisis aún está por golpearnos. El dilema radica en si el gobierno tendrá la capacidad de emprender medidas pragmáticas que, como está ocurriendo en Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, lo harán intervenir en un mercado que ahora menos que nunca se regulará solo.

En la esencia del momento se halla la capacidad de la autoridad para inspirar confianza en los inversionistas y en el público en general. Pero también la cercanía del proceso electoral de 2009, donde el balance de las urnas puede arrojar un gobierno con los menores márgenes de maniobra que haya conocido México.

“Las dificultades previstas para este 2008 impondrán a Los Pinos el dilema de impulsar cambios verdaderos o correr el riesgo de tener una Presidencia de sólo tres años”, se publicó en este espacio el 31 de diciembre de 2007, en una entrega cuyo título, “El ‘año horrible’ de Calderón”, atrajo duras críticas, por pesimista.

No le recetaré a usted el recurso bobo de una auto-cita; el punto es subrayar que aquel diagnóstico sombrío se quedó notablemente corto: la recesión que ya se anunciaba con indicios que aquí eran vistos de soslayo, está en vías de convertirse en el peor terremoto económico de los últimos 50 años. Algo nunca visto por las últimas dos generaciones en el mundo entero.

El gobierno de Calderón ha anunciado un programa de infraestructura que apunta en el rumbo correcto, pues imprimirá fortaleza a la economía. Pero no será suficiente. A contrapelo, la construcción de vivienda se paralizó virtualmente de un día a otro. Los bancos han cancelado o limitado líneas de financiamiento ya pactadas, y el propio Infonavit está recibiendo a sus derechohabientes con la noticia de que el dinero se agotó, o fue puesto bajo el colchón de la administración.

En la línea de la desconfianza, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, podría adelantar en febrero su salida —programada para noviembre— y hacer un forzado mutis a fin de ocupar una posición en una institución financiera internacional. Con ello subrayaría la creciente distancia que guarda con Calderón y con su secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Más allá de las virtudes o defectos de Ortiz, su partida hará recordar los primeros días del gobierno de Zedillo, cuando Jaime Serra Puche sólo ocupó la cartera de Hacienda el suficiente tiempo para desatar una devaluación y echarle la culpa a la guerrilla zapatista.

A la sombra de este proceso, sectores monopólicos como las empresas cementeras del país, encabezadas por Cemex, ya decretaron el tercer aumento en sus precios en lo que va del año.

Este tipo de actos, y el desgarramiento de vestiduras que despertaron las críticas de Carstens a los especuladores contra el peso, imponen temores al gobierno sobre el camino a tomar.

Nuevamente, el dubitativo Hamlet en palacio. ¿Qué será de nosotros?

APUNTES

  • PATRICIO PATRÓN, el titular de la Profepa, volverá en los próximos días al escenario de los escándalos. A las evidencias de que miembros de su familia son investigados por la DEA, se sumará que su política de clausuras contra construcciones hoteleras que dañan la ecología en el Caribe mexicano ha sido omisa cuando se trata de proyectos manejados a trasmano por uno de sus hermanos. El mismo que gusta alardear de que cuentan con la protección del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por el presunto hecho de que tienen negocios entre ambas familias.
  • PESAR por la muerte de Gustavo Iruegas, quien en los momentos de la torpeza diplomática del sexenio foxista, con Jorge Castañeda como operador e instigador, encarnó la dignidad de la diplomacia mexicana.

Ir a la publicación original

lunes, 20 de octubre de 2008

Universidades malolientes

En un momento crítico para la economía, mucho ayudaría que las instituciones de enseñanza superior abandonaran su tradicional opacidad y rindieran cuentas sobre cómo manejan los recursos que les confía la nación.

De cara a la estrechez en las capacidades del erario para 2009, las universidades públicas del país, encabezadas por la UNAM, han desfilado por la Cámara de Diputados federal y por los Congresos locales en pos de mayores o al menos iguales subsidios para su tarea.

Cuando este proceso concluya, las arcas públicas tendrán compromisos por cerca de 40 mil millones de pesos para apoyar la educación superior del país. En los archiveros de los legisladores quedarán muchos kilos de estados financieros, planes y proyectos, pero no aparecerá el menor propósito sobre mayores obligaciones de las casas de estudios para abrir su información —contable, académica, laboral— y mostrarla a los contribuyentes, que tanto dinero gastan en su manutención.

La ley de acceso a la información cumplió ya cinco años, y su alcance se profundizó con las reformas constitucionales de 2007. En los ordenamientos federales y locales se alude con diversos enfoques a las universidades, pero éstas han formado un bloque impenetrable. Hoy es más fácil saber cuánto gana el Presidente de la República que el sueldo y los gastos de cualquier rector del país, ya no digamos la calidad de los profesores contratados o los arreglos alcanzados con sus respectivos sindicatos.

El problema no es menor, si se considera que sólo en las últimas cuatro décadas el cuerpo académico de las universidades pasó de 10 mil profesores a 270 mil, mientras que la cifra de alumnos se catapultó de 75 mil a 2 millones 600 mil. Se trata de un segmento importante de nuestro cuerpo social, especialmente porque es el ámbito en el que se forman nuevos ciudadanos que, para serlo en verdad, deberían desarrollarse en un ambiente donde todos —autoridades, maestros, empleados y estudiantes— se inclinen en favor de la transparencia.

Sin embargo, el impulso parece ir a contracorriente. En todo el país la conciencia cívica a favor del acceso a la información se expresa ya en solicitudes de datos a las casas de estudio, las que se niegan a abrirse bajo el falso argumento de la autonomía universitaria.

Un caso concreto lo representa la Universidad de Guadalajara, donde la disputa por la rectoría incluye un sordo jaloneo en contra de moderados avances que se habían registrado a favor de la transparencia durante el pasado reciente, lo que lastimó al popular cacicazgo que ha dominado a la institución por varios años. Y ello ocurre en otros muchos estados, como Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Sinaloa.

En este mismo sentido, líos laborales en el muy prestigiado Colegio de México han derivado en un creciente reclamo por conocer a fondo los manejos de una institución que, para infortunio del país, se ha ido anquilosando, al grado de que la edad promedio de sus profesores se acerca ya a los 60 años. “Transparencia Colmex”, se llama a sí mismo un pequeño grupo de activistas preocupado por la falta de principios democráticos en una institución que debería ser muestra de ellos.

Transparencia y vida universitaria es el título de un cuadernillo recién salido a la luz, escrito por Manuel Gil Antón —uno de los estudiosos del tema más acuciosos en México—, con los auspicios del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Se trata de una aportación relevante al tema, que merece ser secundado por esfuerzos fuera y dentro de las propias casas de estudio.

El reclamo no alcanza sólo a las universidades públicas. En las casas de estudio privadas reposa hoy la expansión de la enseñanza superior, ante el estancamiento que sufre la matrícula en aquéllas. Pero las instituciones privadas y sus profesores también reciben fondos públicos, por vía de becas o de primas salariales, a lo que se agrega el carácter de bien público que tiene la educación.

La sociedad debe arrojar luz sobre el conjunto de este sector, del que ya surgen algunos hedores, muestra de un proceso de descomposición del que autoridades y ciudadanos no podemos ser cómplices.

Ir a la publicación original

lunes, 13 de octubre de 2008

Arranque en la oscuridad

El narcotráfico no es más suceso remoto; ha llegado a la vida cotidiana de la gente y buscará ser actor central en año electoral, que oficialmente ya comenzó.

Todos los días surgen testimonios sobre puntos de contacto entre la población y bandas del crimen organizado. El tema ya no es asunto de los “ajustes de cuentas”, que la autoridad usa para escurrir responsabilidad. Los mafiosos son nuestros vecinos, concurren a nuestros restaurantes favoritos. Permean nuestro entorno.

En la primera semana de septiembre —de acuerdo con testimonios confirmados—, una banda criminal citó a dos centenares de pequeños empresarios que viajaron desde distintos puntos de un estado del Bajío hasta el auditorio de una ciudad turística. Ahí se les informó que a partir de ese día contaban con “protección” de la principal banda de la región, a cambio de una cuota mensual. Les advirtieron que los policías municipales y estatales, los alcaldes y el gobernador estaban enterados, “por lo que no tiene sentido quejarse ante nadie”.

Desde diversos puntos de la República surgen informes verosímiles sobre encuentros similares entre la población y el narcotráfico. Expertos ligados a instancias internacionales alertan que estas bandas han penetrado a los cuerpos policiacos y al sistema de justicia en diversos estados, al grado de que entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Aguascalientes, Tamaulipas o Zacatecas están con las manos amarradas y se han vuelto una especie de feudos refractarios a los esfuerzos federales para combatir al crimen organizado.

En al menos dos estados, Sinaloa y Campeche, existen precandidatos a la respectiva gubernatura a los que se les atribuyen, de manera extensa, nexos con el narcotráfico.

En el ámbito federal los indicios sobre la influencia del dinero sucio no son mejores. La autoridad cuenta ya con elementos que confirman que en el secuestro y posterior asesinato del joven hijo de la familia Martí participaron agentes de la AFI y de otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Genaro García Luna. Algunas de las pruebas cruciales no han sido aportadas por pesquisas judiciales, sino por indagaciones privadas. Asimismo, aumentan las versiones sobre sólidos señalamientos contra algunos funcionarios de la SIEDO, la entidad especializada en la lucha contra el narcotráfico en la Procuraduría General de la República, que dirige Eduardo Medina Mora.

El pasado día 3, el Instituto Federal Electoral declaró el inicio del proceso electoral de 2009. Diversos calendarios locales han sido ajustados para lograr que por vez primera un solo día, el 5 de julio, concurramos a las urnas no sólo para los comicios intermedios que renovarán la Cámara de Diputados. Esa misma fecha 11 estados tendrán también elecciones, seis de ellos de gobernador. En total, estarán en disputa más de mil 500 puestos de elección popular.

Lo anterior representará un desafío enorme para impedir que el dinero del narcotráfico se inocule sin remedio en el torrente sanguíneo de la política mexicana. El principal frente de preocupación lo representan sin duda el Congreso y las gubernaturas. Si los partidos caen en la tentación de cambiar votos por mayores espacios para el crimen, más nos valdría declararlos repúblicas independientes, pues dentro de ellos surgirán versiones criollas de la mafia rusa.

APUNTES

  • PESE A LOS autoproclamados avances en las intenciones del voto, el PRI tendrá el próximo año escollos insalvables en estados que alguna vez gobernó. Es el caso de San Luis Potosí, donde sigue siendo controlado por la misma cofradía que lo hundió hace cinco años y abrió el paso para la llegada del panista Marcelo de los Santos. Salvo una sorpresa, el PAN debe conservar el poder, pero encara una guerra intestina entre los aspirantes, que hasta ahora encabeza el calderonista Alejandro Zapata.
  • UNA PESADILLA están resultando las reuniones de los gobernadores en San Lázaro para negociar su participación en el presupuesto. Lo que antes era una gestión bien operada devino en minicomparecencias reiterativas, primero con las bancadas de cada estado, luego con las dirigencias de las fracciones y, por último, con la comisión camaral respectiva. ¿A quién se le ocurrió el formato?

Ir a la publicación original

lunes, 6 de octubre de 2008

Alianza educativa: la tentación

La presión sobre el liderazgo gremial de Elba Esther Gordillo se agrava cada día, a causa de una estrategia gubernamental pésimamente comunicada; el riesgo es dar marcha atrás a un cambio de suyo tímido en el sector.

Cuando el Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE) no cumple aún cinco meses, y cuyas metas apenas comienzan a concretarse, casi la mitad de las secciones del sindicato magisterial exhiben la peor crisis interna desde que la maestra Gordillo tomó el poder del gremio, hace casi tres lustros.

El gobierno fue incapaz de difundir correctamente las bondades de un Acuerdo que tiene al menos cinco ejes, entre los cuales sólo se hizo trascender la realización de exámenes a maestros que aspiran a cubrir plazas vacantes. La aparentemente impecable postura oficial en contra de la costumbre de muchos mentores de “heredar” su plaza ignoró que ello se debe a que en muchos casos los profesores pagaron por ella a coyotes, y que es su único patrimonio real en comunidades marginadas.

Halagados por el coro de elogios entonado por “analistas” y “especialistas” que en muchos casos cobran como asesores de la dependencia, en la SEP mostraron suficiente contento y no repararon en el conflicto que venía.

Gordillo comprometió su capital político en un pacto con el presidente Felipe Calderón, y durante meses mostró a favor del ACE, casi en solitario, mayor activismo que el protagonizado incluso por la secretaria del área, Josefina Vázquez Mota. Pero la dimensión del problema puede obligar a todos a regresar a la mesa de negociaciones, con la tentación de sepultar el Acuerdo, así sea en forma disimulada.

Esta semana será crucial para el conflicto con los mentores de Morelos, cuya cercanía con la capital de la República les ha permitido ejercer mayor presión sobre las autoridades.

No hay progreso real en busca de un retorno a clases, pero sí avanza la radicalización de posturas, incluida la idea de usar a fantasmales organismos de paterfamilias como ariete contra los paristas.

Poco o nada ayudan en este asunto las limitaciones políticas del gobernador panista morelense, Marco Antonio Adame, a diferencia de lo ocurrió con su homólogo de Quintana Roo, Félix González Canto, quien logró asilar una protesta similar en su entidad.

Singularmente, mientras todo esto ocurre, la causa de la profesora Gordillo prospera en otros objetivos que se había marcado, como el paulatino desplazamiento de la central burocrática FSTSE ante organismos como las juntas de conciliación y arbitraje y el ISSSTE, donde ha logrado colocar a gente de ella, surgida de un nuevo núcleo de agrupaciones. El proceso seguramente incluirá el control de diversas sedes sindicales que ocupa actualmente esa federación que se ha visto cada vez más mermada por las artes políticas y los amarres de la poderosa maestra.

Todo ello parece estar enmarcado en la alianza Calderón-Gordillo, cuyos alcances aún no conocemos plenamente. Pero sabremos pronto su capacidad de resistencia.

Apuntes

  • SE ACUMULAN los indicios sobre la penetración del narcotráfico en el aparato gubernamental de todos los niveles. El 40% de los municipios del país, según reportes de expertos, han rendido sus cuerpos policiales al crimen. En al menos media docena de estados se habla ya de Estado fallido, pues el dinero sucio ató y amordazó a las autoridades de esas entidades, donde los cárteles son, en los hechos, gobierno. Las mafias han empezado a pasearse por oficinas federales, donde una y otra banda gozan de segmentos de influencia, mientras las cabezas de las dependencias libran una sorda guerra donde cada bando arroja al otro lodo, el cual es esparcido con prontitud por plumas afines. La posibilidad de una depuración de fondo se agota un poco más cada día. El caos se asoma.
  • LA ASAMBLEA de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arranca hoy en Madrid, España. Los informes sobre atentados contra periodistas coinciden: en México prevalecen las peores condiciones para el ejercicio del periodismo. Solamente en los últimos seis meses fueron asesinados tres periodistas más: Alejandro Fonseca (Tabasco), Felícitas Martínez y Teresa Bautista (Oaxaca). Y ante representantes de más de mil 200 publicaciones se alertará: nada hay sobre las promesas del presidente Calderón de federalizar los crímenes contra la libertad de expresión; la fiscalía especial creada para estos casos no ha hecho nada en dos años, y la comisión especial de la Cámara de Diputados significó igualmente un engaño.

Ir a la publicación original