lunes, 30 de agosto de 2010

Migrantes: complicidad e hipocresía

En toda una década, la transcurrida durante la presencia no sólo del PAN en el gobierno sino de una intensa pluralidad partidista en el Congreso de la Unión, el tema de las corrientes migratorias por nuestro país no mereció sino algunos comunicados oficiales, más declaraciones aisladas de algún legislador.

En la comunidad religiosa, académica y de derechos humanos, sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida que enfrenta la comunidad migrante, en especial la centro y sudamericana —400 mil personas anualmente, según cálculos de la ONU— ha hecho crecer la alarma y la indignación ante evidencias de que mafias y autoridades construyeron un negocio a partir del secuestro, la extorsión y la masacre sistemática de una población miserable, inerme, notablemente vulnerable. En los hechos, un crimen de lesa humanidad, en las narices del Estado mexicano.

Hoy, ante la masacre de migrantes en un rancho de Tamaulipas, el país se entera que hacia 2003 este drama rebasaba ya las fronteras de lo racional. Que en 2006 se multiplicaban denuncias en el sur y sureste del país contra bandas que secuestraban migrantes para exprimir a sus familias los últimos dólares. En 2007, tras una denuncia de la Iglesia y varias agrupaciones de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el tema.

En 2009, Mauricio Farah, entonces funcionario de la CNDH, publicó un estremecedor reporte acompañado de testimonios escritos y en audio. El documento consigna que hasta 10 mil secuestros de esta naturaleza podrían estarse presentando cada seis meses. Que policías locales y estatales retienen a los migrantes —a veces por centenares— para entregarlos a las mafias. Que en numerosas comunidades todos, menos la autoridad, saben dónde se plagia a los migrantes, cómo se les traslada a las casas de seguridad y dónde están éstas. Que cuando el Ejército descubre alguna de esas casas, los responsables son liberados casi inmediatamente por el agente del Ministerio Público.

En los testimonios recogidos en el trabajo conducido por Mauricio Farah —y que se repiten en los refugios para migrantes indocumentados establecidos en el norte del país— se da cuenta de la brutalidad que hoy caracteriza el trato hacia esa comunidad. A ello se agrega el desdén del legislador ante los reclamos para reformar la Ley General de Población, que promueve el hostigamiento y la discriminación contra los migrantes. Todo agudiza la hipocresía de quienes hacen llamados para que en Estados Unidos se respeten la condición humana y los derechos de nuestros propios migrantes.

Los migrantes masacrados en Tamaulipas habían sido secuestrados en Chiapas. Su exterminio no es sólo un ejemplo de barbarie. Parece un mensaje más de las mafias asesinas. ¿Habrá una respuesta del Estado, de la nación entera, ante esta vergüenza mundial? El silencio y la falta de acciones sólo pueden ser muestras de complicidad y cobardía.

Apuntes: Manotazo priísta

EL DIPUTADO tricolor José Carlos Ramírez Marín, de origen yucateco, será designado este miércoles —si no hay cambios de última hora— presidente de la Mesa Directiva, lo que sepultará el acuerdo concertado a principios de la legislatura, según el cual el cargo lo ocuparían, en ese orden, PAN, PRD y PRI. El Institucional no sólo castiga así las alianzas electorales sino que manda la señal de que hará política dentro de los otros partidos para debilitar la posibilidad de que el próximo año surjan nuevamente estos bloques.

GUSTAVO MADERO, insípido líder senatorial, medroso precandidato a la gubernatura de su estado, Chihuahua, arrancó campaña hacia la presidencia del PAN, aupado en las anca de Los Pinos. José González Morfín, a quien también se ubicaba en esa ruta, será el sucesor de Madero como coordinador blanquiazul en la Cámara alta.

EN MONTERREY, luego de que la iniciativa privada publicó un desplegado en protesta contra el crimen, las mafias parecieron responder contra personal de seguridad de un importante corporativo. Y se multiplican las voces para que el gobierno de Rodrigo Medina aclare dónde se pudrió la suerte de la que fuera la ciudad símbolo de modernidad y esfuerzo.

lunes, 23 de agosto de 2010

Nuevo León: la voz del patrón

El reclamo del empresariado regiomontano resiste varias lecturas. Se trata de la exigencia de un sector acostumbrado a hacerse obedecer por los políticos.

Hundido en el narcotráfico, maniatado por la corrupción policial y la incompetencia de los gobernantes, Nuevo León se desliza hacia el riesgo de que se consoliden grupos paramilitares financiados por capitales privados, ante la falta de eficacia de los cuerpos federales de seguridad pública. Este fenómeno, ya conocido en otras naciones afectadas por el crimen organizado, no representa ni de lejos una solución, sino el agravamiento de la pesadilla.

En meses recientes se multiplicó el número de licencias de portación de armas extendidas a cuerpos privados de seguridad en la entidad, tras una petición que habría sido hecha directamente el presidente Calderón por los empresarios de Nuevo León. Hoy al parecer han decidido ir más allá. La caricatura intentada por el acaudalado alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, con su cuerpo de “niños malos”, es ya el huevo de la serpiente.

Los patrones regiomontanos han tenido siempre peso en el país. A nivel local, son clave para determinar quién llegará a la gubernatura. Y en más de una ocasión han echado del cargo a quien pierde su confianza.

Estos capitanes de empresa figuraron entre los principales mecenas de la campaña de Felipe Calderón. ¿Es posible que alguno de ellos estén teniendo la afiebrada idea de que pueden dar un manotazo en la mesa al Presidente?.

En un desplegado publicado el pasado día 18, la iniciativa privada local “exige” al gobierno federal tres batallones más de soldados y uno de marinos (algo así como 20,000 elementos adicionales) para enfrentar la actual ola de inseguridad, que incluye crímenes, secuestros y extorsiones. Asimismo, hace reclamos al gobierno de Rodrigo Medina y a los alcaldes del estado, uno de los cuales, el panista Edelmiro Cavazos, fue secuestrado la víspera y encontrado muerto el mismo día del desplegado. Sus asesinos habrían sido integrantes de su propia policía, implicados con las mafias del narco, como se presume lo están el resto de las corporaciones municipales y la propia del estado.

Claridoso casi al extremo, el referido desplegado es omiso en un punto central: carece de la mínima autocrítica

El crecimiento del crimen en Nuevo León se ajustó al patrón: Zona de trasiego de drogas, consumo desatado entre jóvenes y clases adineradas. Los narcos usaron zonas residenciales para “disimular” a sus familias, y compraron en efectivo residencias a vecinos y empresarios, que recibieron gozosos el dinero y abrazaron a los nuevos ricos como amigos, socios y compañeros de juegos de sus hijos e hijas.

A un ex gobernador del estado nunca pareció inquietarle el reporte de inteligencia de que una de sus hijas convivía en la escuela con los retoños de un conocido mafioso. Hoy ya nadie se asombra de los ejemplos de tolerancia que surgieron en los tres últimos lustros desde el gobierno y la sociedad regiomontana hacia los barones de la droga. Entender esto y enfrentarlo ayudará a encontrar salidas para la pesadilla.

Apuntes

JOSÉ ANDRES CASCO es un personaje que desde hace muchos años habita las penumbras de la administración federal, como operador de polémicos negocios, especialmente en el ámbito agropecuario. La Secretaría de la Función Pública recién anunció acciones legales en su contra por negocios ilícitos cuando Casco se desempeñó en el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), uno de los muchos cargos que ocupó gracias a sus protectores, lo que incluye a Luis Téllez, a Javier Usabiaga y a Francisco Mayorga, actual titular de Sagarpa, donde Casco influye a trasmano en el manejo de ese barril sin fondo que se llama Aserca.

ADIOS A NAVA. El actual presidente del PAN, César Nava, no continuará en el cargo. El desgaste de su relación con el presidente Calderón es insostenible, según fuentes consultadas por este espacio. En la asamblea de diciembre habrá relevo, cuyo nombre ya se baraja en Los Pinos. Cómo andarán las cosas que va punteando el tímido líder senatorial Gustavo Madero. Francisco Ramírez Acuña la busca también, por fuera, pero se duda que le alcancen los votos.

lunes, 16 de agosto de 2010

Diálogos sin confianza

Luce infectada por la suspicacia la ronda de encuentros convocados por el presidente Calderón con el propósito de oxigenar el debate sobre el combate al crimen.

Quizá sea el formato: abierto, de cara al país. Si bien encierra los beneficios de toda casa de cristal, al carecer de privacidad debilita la profundidad de las propuestas, inhibe los cuestionamientos al actual orden de cosas y complica el seguimiento de compromisos.

Acaso sea la atmósfera de improvisación. Con apenas unas horas de antelación –unos días, en el mejor de los casos-, se cita a representantes de sectores, con el apremio de llevar propuestas de solución a una problemática que ha tenido atrapado al mundo por más de medio siglo. Y se les impone micrófono y reflectores lo mismo a líderes de organizaciones sociales que a jerarcas religiosos, o a integrantes de otros poderes, como el Judicial o gobernadores.

Tal vez no han cicatrizado agravios de los procesos electorales que este año tensaron políticamente y atrajeron pugnas entre actores locales, el gobierno federal y líderes de los partidos, incluso en torno a personajes concretos, como mandatarios estatales o el jefe de Gobierno del DF, que tuvieron un gran protagonismo en el auspicio de candidaturas.

Es posible que sea la suma de esos factores y otros más. El punto es que este ejercicio presidencial para oxigenar el debate sobre la batalla contra el crimen organizado, el narcotráfico y el consumo de drogas está despertando pocas certezas y muchas suspicacias, que se expresan en preguntas específicas.

Cómo expresar ahí -dijeron gobernadores consultados por este espacio- que un eje del problema es la “otra guerra”, la que libran en forma cada vez más abierta los jefes del Ejército, la Policía Federal y la PGR para hacer que prevalezca si postura sobre la estrategia a seguir, lo que deriva en ausencia de estrategia.

Cómo plantear en público al Presidente, sin causar pánico nacional –comentaron ministros de la Corte y funcionarios del Consejo de la Judicatura-, que los jueces federales ya no desean tomar casos ligados con narcotráfico; que en estados clave afectados por el crimen, como en Sinaloa, los juzgados federales se están quedando vacíos por renuncias, ante amenazas, “levantones” y agresiones, incluso asesinatos. Que funcionarios federales trasladan reos de alto peligro o deciden construir cárceles sin tener en cuenta el impacto que generan en el ámbito de los jueces.

En la misma línea de preocupaciones se han recogido pronunciamientos de casi todos los sectores que han acudido al llamado de Los Pinos. Es previsible que este fenómeno se agudice cuando el ciclo sea cerrado con la presencia de líderes parlamentarios, colocados al final de la ronda con el ánimo expreso de hacerlos recoger las iniciativas planteadas en estos foros.

La determinación del presidente Calderón ha abierto las ventanas por las que entra aire fresco en esta discusión, pero el ejercicio puede reducirse a relumbrón mediático y perderse una oportunidad valiosa, si al final son cerrados de nuevo los espacios de discusión, en lugar de aprovechar la positiva coyuntura para generar condiciones en favor de una deliberación de más largo aliento.

Apuntes: SCT, en el ácido

LA COFETEL mantenía anoche incomunicados a sus cinco integrantes, quienes deben resolver hoy sobre la licitación de espectro radioeléctrico que ganó en solitario el consorcio Televisa-Nextel, a un precio considerado una ganga. Los comisionados, que encabeza Mony de Swan, y el propio titular de la SCT, Juan Molinar, enfrentan una durísima presión política y corporativa para que el proceso sea declarado desierto, así como acciones judiciales que podrían impedirles seguir adelante con su peculiar visión sobre cómo incorporar a nuevos competidores al negocio de telefonía móvil e Internet.

LOS RELATORES de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, Frank la Rue y Catalina Botero, atestiguan durante su visita de inspección a México claros rezagos en derechos esenciales, lo que incluye retrocesos en materia de acceso a la información pública, abusos contra la población por parte de fuerzas del orden, asesinatos contra periodistas, concentración de medios y freno a radiodifusoras comunitarias. La diplomacia mexicana opera para que el reporte oficial de la visita no destaque la apatía y el desorden que dominan en el gobierno sobre estos temas.

lunes, 9 de agosto de 2010

¿Se lo decimos al Presidente?

A la memoria de Fidel Samaniego.
Periodista ejemplar y compañero solidario.

“Díganme quién falla”, clamó el presidente Calderón el pasado miércoles, reunido con jerarcas religiosos ante quienes planteó su certeza de que los hombres de Iglesia saben quiénes son los alcaldes, los jefes de policía, incluso los gobernadores cómplices del crimen organizado. Es muy posible que lo sepan, pero es improbable que se lo vayan a decir.

Quizá ninguno de los asesores que le prepararon ese encuentro haya dicho al mandatario que desde hace muchos meses dignatarios eclesiásticos, especialmente del norte del país, entre ellos Raúl Vera, discuten en privado las experiencias de la Iglesia en realidades como la lucha de Italia contra las mafias, donde los sacerdotes han tenido un papel clave del lado de la sociedad y el gobierno para erradicar a los criminales.

Producto de esas deliberaciones surgió la denuncia en Durango sobre las frecuentes visitas del Chapo Guzmán —cuyas estrategias e impunidad, por cierto, lo hacen cada vez parecido al colombiano Pablo Escobar. Pero esa voz de alerta sólo despertó la apatía oficial y una andanada de críticas semioficiales contra el obispo que con su dicho estaba exponiendo la vida.

Habría que informar al Presidente que en sectores religiosos circula un reporte sobre la fuga del citado Chapo Guzmán, en los primeros meses de la administración Fox. Se cita que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco alertó públicamente que se preparaba una fuga con la connivencia de autoridades del penal de Puente Grande, muy cercanas a funcionarios federales que hoy siguen en la administración pública. El entonces delegado de la PGR en el estado sí fue cesado: le tomó 10 horas informar de la evasión a su jefe, el procurador Rafael Macedo.

En este mismo ciclo de encuentros, Calderón ha dejado correr la bola sobre la legalización de la mariguana. Alguien debería recordarle al Presidente que apenas en marzo, durante su visita a Washington, dijo en entrevista con la CNN que un debate sobre este tema es “inútil” si no es comenzado por Estados Unidos. También habría que decirle al Presidente que el mundo no habla de “legalizar” sino de “despenalizar” el consumo de drogas blandas, especialmente la mariguana, lo que ya ocurre en muchos lugares de la Unión Americana, menos en el hipócrita discurso oficial, idéntico en el último medio siglo.

Pero acaso el más desafortunado “Diálogo” del mandatario haya sido con los medios de comunicación. De la reunión, privada, surgió un comunicado oficial que revela que el gobierno indujo supuestos compromisos a cumplir por parte de directivos periodísticos, sin citar ninguna aportación de la parte oficial.

Alguien debe decir al Presidente, urgentemente, que esos compromisos son imposibles de cumplir en su mayoría, especialmente por la torpe y miope estrategia oficial de comunicación en materia de combate al crimen organizado. Pero especialmente, porque no corresponde al gobierno sino a los propios medios decidir en libertad, las acciones que en lo individual, como gremio o industria, deben asumir ante esta realidad.

Apuntes: Mini-maximatos

LOS ESTADOS que eligieron gobernador este año presencian un burdo acomodo a la medida del mandatario saliente, en todas aquellas entidades en donde el PRI ya gobernaba. Se construyen así maximatos regionales que quitarán oxígeno a la vida pública, impedirán la movilidad política y eternizarán intereses creados. Curiosamente, en los estados en donde ganó la oposición en alianza las cosas pueden pintar peor, si triunfan las presiones de gobernadores del pasado que intervinieron en favor de los candidatos ganadores, todos de origen priísta. Es el caso de Melquidades Morales, en Puebla, y de José Murat, en Oaxaca. Ya se verá si se los pueden sacudir, respectivamente, Rafael Moreno Valle y Gabino Cué. Pero quizá el caso más agudo sea Sinaloa, donde Mario López, el popular Malova, luce acorralado por el grupo del ex gobernador Juan Millán, presto a copar cargos y presupuestos.

LA SUPERVÍA, una obra vial clave para conectar al sur-poniente del DF, cargaba ya un pésimo manejo de comunicación con la comunidad interesada, pero ahora surgió “fuego amigo” sobre el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien es objeto de presiones por parte de grupos radicales del PRD para impedirle, entre otros afanes, dejar como sucesor a Mario Delgado, ex tesorero y ahora secretario de Educación.

lunes, 2 de agosto de 2010

La prensa secuestrada

El cautiverio de periodistas de medios con impacto nacional es, pese a su gravedad, una pálida imagen de lo que enfrentan desde hace años diaristas de todo el país.

Puede ser difícil, pero acaso podamos imaginar el impacto que en angustia e incertidumbre trajo entre sus familias y colegas, el secuestro por varios días de periodistas que laboran en Televisa y Milenio Televisión.

Podría resultar mucho más difícil entender cómo sigue adelante la vida de las familias y los compañeros de al menos una docena de periodistas de los estados que un mal día fueron hechos desaparecer y que luego de meses, incluso años, nada se sabe de ellos. Sus historias encaran no sólo la apatía de las autoridades sino el desdén e incluso el escepticismo de muchos de sus colegas, que calman su conciencia con la presunción de que aquellos pares suyos quizá andaban en malos pasos con el crimen.

¿Qué decir de la muerte impune de medio centenar de periodistas durante la administración del presidente Calderón? ¿De las limitaciones operativas y jurídicas de la fiscalía federal creada al efecto? ¿De la impotencia y en ocasiones, la complicidad de los gobiernos estatales donde esos periodistas se desempeñaban? ¿De la miopía de los Congresos, los estatales y el federal, que deben ofrecer un nuevo marco jurídico para enfrentar este drama que daña no sólo la vida de los informadores sino los derechos de las comunidades a los que ellos buscaban servir?.

Directivos de Televisa y Milenio Televisión determinaron en soledad la conducta a seguir frente a exigencias de los secuestradores, lo que seguramente supuso un colosal desafío para la responsabilidad social de esos medios, y de otros muchos que frente a los hechos, adoptaron determinaciones para publicar o no ciertas informaciones, apoyados en su libertad, convicciones y marco ético.

Desde hace años, periodistas en diversas regiones del país reciben cotidianamente presiones por parte del crimen organizado para ocultar o privilegiar ciertas noticias, especialmente aquellas ligadas a los “narcomensajes”, que los mafiosos tienen por pieza clave de su estrategia de propaganda e intimidación. Es muy larga ya la lista de ciudades donde esto ocurre, lo que supone que en ellas triunfa la autocensura y el periodismo languidece.

Amarga tarea tendrá quien decida juzgar a unos o a otros, sea que se trate de una televisora nacional o una modesta publicación local. Pero bien hará el conjunto de la sociedad si toma nota de los peligros que esta situación impone para los cimientos de una democracia y la estabilidad de toda institución. El buen periodismo ejerce una tutela insustituible del derecho ciudadano a saber lo que ocurre en la esfera pública, lo cual representa el nutriente básico de su libertad de expresión.

En las últimas horas han surgido voces y letras lúcidas, como las externadas este fin de semana por Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Puig. Ambos aludieron a esquemas de solidaridad gremial en otros países y deploraron que el periodismo mexicano esté “infectado” de una competencia mal entendida, con un “ánimo inquinoso” (Granados) por el que cada medio viene “actuando y decidiendo solo” (Puig).

Nada permite suponer, antes al contrario, que el tipo de incidentes sufrido por periodistas de Milenio y Televisa será un acto aislado y único, antes al contrario, desafortunadamente. Es urgente por ello una interlocución eficaz y profesional, que privilegie los retos comunes, dejando de lado la larga lista de mezquindades que parece dominar al gremio y la industria periodística y que, por cierto, explica en buena media el rezago empresarial y político que en México caracteriza a la prensa respecto de otros medios.

Canales ágiles de comunicación y una atmósfera mínima de solidaridad de frente a los violentos y a la incapacidad gubernamental contra la impunidad, pueden empezar a sentar las bases de un nuevo paradigma en las relaciones entre los periodistas mexicanos.

Ese nuevo paradigma debe generar posicionamientos comunes y criterios compartidos, sin afectar la soberanía que cada medio tiene para darse sus propias políticas editoriales, y especialmente la libertad que debe ejercer frente a todo tipo de poder, especialmente el poder público, porque sólo así podrá desempeñar la tarea que la sociedad, con su confianza, le ha encomendado.