Quizá sea el formato: abierto, de cara al país. Si bien encierra los beneficios de toda casa de cristal, al carecer de privacidad debilita la profundidad de las propuestas, inhibe los cuestionamientos al actual orden de cosas y complica el seguimiento de compromisos.
Acaso sea la atmósfera de improvisación. Con apenas unas horas de antelación –unos días, en el mejor de los casos-, se cita a representantes de sectores, con el apremio de llevar propuestas de solución a una problemática que ha tenido atrapado al mundo por más de medio siglo. Y se les impone micrófono y reflectores lo mismo a líderes de organizaciones sociales que a jerarcas religiosos, o a integrantes de otros poderes, como el Judicial o gobernadores.
Tal vez no han cicatrizado agravios de los procesos electorales que este año tensaron políticamente y atrajeron pugnas entre actores locales, el gobierno federal y líderes de los partidos, incluso en torno a personajes concretos, como mandatarios estatales o el jefe de Gobierno del DF, que tuvieron un gran protagonismo en el auspicio de candidaturas.
Es posible que sea la suma de esos factores y otros más. El punto es que este ejercicio presidencial para oxigenar el debate sobre la batalla contra el crimen organizado, el narcotráfico y el consumo de drogas está despertando pocas certezas y muchas suspicacias, que se expresan en preguntas específicas.
Cómo expresar ahí -dijeron gobernadores consultados por este espacio- que un eje del problema es la “otra guerra”, la que libran en forma cada vez más abierta los jefes del Ejército, la Policía Federal y la PGR para hacer que prevalezca si postura sobre la estrategia a seguir, lo que deriva en ausencia de estrategia.
Cómo plantear en público al Presidente, sin causar pánico nacional –comentaron ministros de la Corte y funcionarios del Consejo de la Judicatura-, que los jueces federales ya no desean tomar casos ligados con narcotráfico; que en estados clave afectados por el crimen, como en Sinaloa, los juzgados federales se están quedando vacíos por renuncias, ante amenazas, “levantones” y agresiones, incluso asesinatos. Que funcionarios federales trasladan reos de alto peligro o deciden construir cárceles sin tener en cuenta el impacto que generan en el ámbito de los jueces.
En la misma línea de preocupaciones se han recogido pronunciamientos de casi todos los sectores que han acudido al llamado de Los Pinos. Es previsible que este fenómeno se agudice cuando el ciclo sea cerrado con la presencia de líderes parlamentarios, colocados al final de la ronda con el ánimo expreso de hacerlos recoger las iniciativas planteadas en estos foros.
La determinación del presidente Calderón ha abierto las ventanas por las que entra aire fresco en esta discusión, pero el ejercicio puede reducirse a relumbrón mediático y perderse una oportunidad valiosa, si al final son cerrados de nuevo los espacios de discusión, en lugar de aprovechar la positiva coyuntura para generar condiciones en favor de una deliberación de más largo aliento.
Apuntes: SCT, en el ácido
LA COFETEL mantenía anoche incomunicados a sus cinco integrantes, quienes deben resolver hoy sobre la licitación de espectro radioeléctrico que ganó en solitario el consorcio Televisa-Nextel, a un precio considerado una ganga. Los comisionados, que encabeza Mony de Swan, y el propio titular de la SCT, Juan Molinar, enfrentan una durísima presión política y corporativa para que el proceso sea declarado desierto, así como acciones judiciales que podrían impedirles seguir adelante con su peculiar visión sobre cómo incorporar a nuevos competidores al negocio de telefonía móvil e Internet.
LOS RELATORES de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA, Frank la Rue y Catalina Botero, atestiguan durante su visita de inspección a México claros rezagos en derechos esenciales, lo que incluye retrocesos en materia de acceso a la información pública, abusos contra la población por parte de fuerzas del orden, asesinatos contra periodistas, concentración de medios y freno a radiodifusoras comunitarias. La diplomacia mexicana opera para que el reporte oficial de la visita no destaque la apatía y el desorden que dominan en el gobierno sobre estos temas.
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