La agonía de las aerolíneas

Cuando concluya el verano presenciaremos la muerte o fusión de muchas compañías aéreas; desde ahora, la pregunta es si el gobierno busca amortiguar daños o ser la mano negra del proceso.

Durante los últimos tres años las empresas del sector han volado bajo en México. No fueron capaces de asimilar la nueva competencia representada en siete nuevas líneas aéreas surgidas en ese lapso, y sus índices de ocupación figuran aún entre los más bajos del mundo.

El precio de la turbosina, que casi se ha duplicado y representa ya hasta 40% de sus costos de operación, las atrapó en el peor momento posible. Los ingresos por la temporada vacacional les darán un respiro y luego vendrá lo que vemos en el resto del mundo: quiebras, fusiones, desaparición de compañías.

El martes 22, EL UNIVERSAL alertó que han sido canceladas 44 rutas aéreas, pero es sólo el inicio. En Estados Unidos, al menos 100 ciudades pequeñas y medianas han quedado incomunicadas por aire a causa de esta situación.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que conduce Luis Téllez, obligó a Magnicharter a suspender operaciones por falta de seguridad. Y el pasado miércoles 23 frenó igualmente a Aerocalifornia y a una chartera de Continental Airlines, por pagos no cubiertos.

Llamó la atención que estos golpes hayan estado dirigidos contra la compañía de más alta ocupación el país —Magnicharter—, mientras que Aerocalifornia es el chivo expiatorio preferido. En 2006 fue suspendida también por insegura, pero desde Los Pinos se calculó que ello obligaría a su propietario a deshacerse del canal de televisión que también poseía, lo que al final ocurrió.

Existe en el sector, y fuera de él, el temor de que la estrategia del gobierno sea catalizar esta crisis en favor de algunas líneas, para configurar un nuevo panorama donde el Estado determine quién muere y quién sale fortalecido de este infierno.

Hay igualmente una presión de las aerolíneas para que Hacienda autorice un subsidio a la turbosina, lo que ha encontrado apoyo en el Congreso, pese a que con esto se beneficiaría a 5% de la población que usa estos servicios.

En medio de la crisis surgen voces que favorecen la idea de que el gobierno intervenga en el sector, de manera temporal pero estableciendo un terreno parejo. Ello supondría convocar a los dueños de las empresas del sector a una especie de pacto, que congele niveles de ocupación y tarifas durante al menos seis meses.

La autoridad velaría por el cumplimiento de este pacto. Se evitarían prácticas depredatorias y que el Estado actuara como juez y parte. Esto ocurrió ya en 1995, tras el “error de diciembre”, y en 2001, a consecuencia de los atentados terroristas en Estados Unidos. No vivirá mucho quien no vea el epílogo de este drama.

APUNTES

• SANTIAGO LEVY, quien fue un crítico de la política social desde que Luis Donaldo Colosio despachaba en Sedesol, publicó un libro con duros señalamientos sobre este tema. Desde Washington, donde ahora radica, manda un obús demoledor sobre Oportunidades, el Seguro Popular y el resto de los programas gubernamentales en este ámbito. La obra se puede conseguir por ahora sólo en inglés.
  
• EL PAN celebró su Consejo Nacional sin mayores sobresaltos. Pero cada vez son mayores las evidencias de una crisis interna. Y si no, pregunte usted a los personajes del blanquiazul que han acudido a las reuniones convocadas por Fernando Canales Clariond, ex gobernador y ex secretario de Estado, quien habla de un partido capturado por el gobierno.
  
• LA COFEPRIS, el órgano de la Secretaría de Salud responsable de administrar los registros de medicamentos, empieza a dar señales de independencia con el nuevo director, Miguel Ángel Toscano, quien debería hacer público el cochinero que encontró tras la gestión, en el sexenio pasado, de Ernesto Enríquez Rubio, quien hoy trabaja para el PRI.

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La decisión de Marcelo

En las horas posteriores a la tragedia, Ebrard optó por encabezarno la simulación, sino la indignación, por lo que los ceses en su equipo eran inevitables. Pero hay determinaciones aún pendientes, igual de cruciales.

En la mañana del sábado 21 de junio, cuando el pasmo rodeaba aún la tragedia surgida la víspera en la discoteca New’s Divine, el jefe del gobierno capitalino se reunió con el ombudsman Emilio Álvarez Icaza, a quien hizo tres planteamientos cuyo alcance puede no sólo redefinir la vigencia de los derechos humanos y transformar las políticas policiales, sino cambiar el perfil mismo del gobierno del PRD en la ciudad.

“Se cometieron errores graves, en la policía y en la Procuraduría”, expuso en aquel encuentro privado Marcelo Ebrard, tomando distancia de las maniobras que en dicho momento protagonizaban tanto el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, como el procurador Rodolfo Félix Valdés —eternamente divididos—, para escurrir toda responsabilidad o endilgarla a la contraparte.

“Métete”, le solicitó Marcelo Ebrard a Álvarez Icaza, quien ya había iniciado una investigación de oficio, la cual recogía en ese momento un respaldo sin precedentes. Ebrard iría más allá: pidió al ombudsman dar seguimiento a los trabajos de la Procuraduría; es decir, investigar la investigación.

Hacia el lunes 30 los indicios de una confabulación policiaca incluían videos trucados, bloqueo del expediente judicial, extravío de fotografías de las jóvenes vejadas tanto en instalaciones de Seguridad Pública como del Ministerio Público, inexistencia de manuales de procedimiento y manipulación de actuaciones ministeriales, al grado de que funcionarios de la Procuraduría se tomaron declaración ellos mismos. Hubo reportes incluso de amenazas contra visitadores de la CDHDF y activistas de ONG que colaboraban con ellos.

Para esa fecha, en el equipo cercano a Ebrard se daba como un hecho la salida de Ortega, y se barajaban varios nombres para su sucesor, entre ellos el del secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, y el de Manuel Mondragón. Horas después se asumía que también el procurador era insostenible.

Álvarez Icaza presentó el martes último un reporte inicial de sus indagaciones, las más amplias y profusas desde que tomó el cargo, en 2001. En agosto concluirá el balance sobre las investigaciones judiciales efectuadas, lo que seguramente aportará conclusiones inquietantes, como que el informe entregado a la Presidencia de la República por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estuvo lleno de mentiras. Y otra: han seguido fluyendo videos reveladores, uno de ellos de al menos una hora de duración, según se aseguró a este espacio el fin de semana. El “video oficial”, “único, sin cortes y original”, es de 21 minutos. Ya se demostró que fue objeto de al menos medio centenar de ediciones.

Marcelo Ebrard habrá de tomar varias decisiones adicionales si decide ir a fondo en esto, y hallar en el infortunio algo positivo para los capitalinos e incluso para mantener su gobierno a flote. Frenarse ahora sembrará nuevas tragedias y traerá a su administración una enorme vulnerabilidad política.

Las ideas al respecto dominan ya el debate en círculos de la academia, los defensores de los derechos humanos, la Asamblea, los medios de comunicación y, desde luego, hacia el interior del propio gobierno.

Esta ruta de nuevas decisiones pasa por una redefinición de cómo funcionan las policías en el DF. Pero esto no lo podrá hacer Ebrard solo, precisará la participación de la sociedad, legisladores y expertos, para definir, entre otras muchas cosas, políticas internas públicas, contrapesos y transparencia para el desempeño de las policías.

Habrá que asumir también que no es concebible una política de gobierno hacia los jóvenes que los dota de becas, escuelas y conciertos públicos, pero por otro lado hay rutinas policiales que hacen de esos mismos jóvenes objeto de estereotipos, humillaciones y marginación. Y sin duda un tercer eje indispensable es la mayor observancia de los derechos humanos como parte de una política pública integral.

Por ese camino, esta ciudad y su gobierno pueden aún llegar a buen puerto.

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Espías, Beltrones y petróleo

Son apenas medio centenar de páginas, metódicamente compiladas. No contienen revelaciones explosivas, sino un plan para aplastar a un adversario mediante propaganda negra. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha aceptado que en su autoría están manos de empleados del gobierno.

La noticia de la semana, la revelación de que el líder de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, fue objeto de espionaje por parte de oficinas gubernamentales, no correrá la misma suerte que los escándalos de un día. El tema agudizó el enfriamiento que ya se registraba entre el Institucional y Los Pinos, y encarecerá para el régimen las negociaciones de la reforma petrolera.

Beltrones dio declaraciones el viernes en las que confirmó que documentos que revelan espionaje sobre su persona le fueron hechos llegar, y que en los mismos pueden encontrarse evidencias de su “origen gubernamental”, como dijo.

Lo que se reservó fue que esos documentos le fueron mostrados ya a Mouriño Terrazo quien, de acuerdo con fuentes cercanas a Beltrones, reconoció que se trata de un producto de oficinas del gobierno, y ofreció investigar.

Contra lo que se puede usted imaginar, estos documentos no transcriben una conversación telefónica o un seguimiento sobre las actividades de Beltrones en determinada jornada. Es algo mucho más grave.

Se trata de un informe en dos partes, la primera de las cuales detalla supuestas o reales vulnerabilidades del senador priísta y de una veintena más de personajes cercanos a él, incluidos parientes, otros legisladores y algunos de sus operadores políticos centrales, como Felipe Solís Acero. Se refieren ahí negocios, socios y otros flancos donde se presume debilidad. La segunda parte aporta propuestas de estrategias para utilizar la información referida si se busca aplastar políticamente a los implicados: en qué medios sembrar tal o cual dato a fin de desatar un infierno mediático en cuyos círculos se incinere este grupo de adversarios.

A la vista de este material surgen dos conclusiones. La primera, que los documentos no contienen información validada, pues mucha de la misma se basa en las versiones que por décadas han corrido en torno a Beltrones y su equipo. Alguna no ha sido verificada nunca, otra es simplemente mentira o producto de una confusión obvia. Detallar los casos específicos precisaría varias entregas de este espacio.

La otra conclusión es que se trata de un material concebido para hacer la guerra a un adversario, no a un personaje que como ocurre con el caso de Beltrones, se ha constituido en un aliado estratégico de Los Pinos, al grado de integrar, a la cabeza real de su partido, el PRI, una suerte de cogobierno con la administración Calderón.

“Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”, recomendaba Maquiavelo, por lo que esos papeles pueden haber sido elaborados en tiempos de concordia PAN-PRI, pero pensando en que pueden llegar tiempos de guerra. Otra opción es que un sector del gobierno, reacio a aceptar la alianza con los priístas, esté trabajando para dinamitarla.

Apuntes

• ACCIONES COLECTIVAS es el nombre de un nuevo derecho ciudadano, que nos permite asociarnos con nuestros semejantes para reclamar servicios de calidad a grandes proveedores, como las tiendas de autoservicio, telefónicas o similares, incluido el gobierno. Una legislación para normar este nuevo derecho es impulsada en el Congreso, pero al parecer el cabildeo de los poderosos está logrando abortar el proceso, con apoyo de la administración Calderón. Algo de esto deben saber el senador priísta Jesús Murillo, quien promueve la normatividad, y el secretario de Economía, Eduardo Sojo, donde también se concentran las presiones.
  
• ESTA SEMANA será crítica para los intentos de imponer reformas regresivas a las leyes en materia de acceso a la información en Morelos y Sinaloa. Habrá que estar pendientes.
  
• CARMEN ARISTEGUI, sin duda la conductora radiofónica más destacada en los últimos años, cumple seis meses fuera del aire. Directivos de dos cadenas que han querido contratarla hicieron consultas en Los Pinos, de donde salieron llenos de arrepentimiento.

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