Cuando concluya el verano presenciaremos la muerte o fusión de muchas compañías aéreas; desde ahora, la pregunta es si el gobierno busca amortiguar daños o ser la mano negra del proceso.
Durante los últimos tres años las empresas del sector han volado bajo en México. No fueron capaces de asimilar la nueva competencia representada en siete nuevas líneas aéreas surgidas en ese lapso, y sus índices de ocupación figuran aún entre los más bajos del mundo.
El precio de la turbosina, que casi se ha duplicado y representa ya hasta 40% de sus costos de operación, las atrapó en el peor momento posible. Los ingresos por la temporada vacacional les darán un respiro y luego vendrá lo que vemos en el resto del mundo: quiebras, fusiones, desaparición de compañías.
El martes 22, EL UNIVERSAL alertó que han sido canceladas 44 rutas aéreas, pero es sólo el inicio. En Estados Unidos, al menos 100 ciudades pequeñas y medianas han quedado incomunicadas por aire a causa de esta situación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que conduce Luis Téllez, obligó a Magnicharter a suspender operaciones por falta de seguridad. Y el pasado miércoles 23 frenó igualmente a Aerocalifornia y a una chartera de Continental Airlines, por pagos no cubiertos.
Llamó la atención que estos golpes hayan estado dirigidos contra la compañía de más alta ocupación el país —Magnicharter—, mientras que Aerocalifornia es el chivo expiatorio preferido. En 2006 fue suspendida también por insegura, pero desde Los Pinos se calculó que ello obligaría a su propietario a deshacerse del canal de televisión que también poseía, lo que al final ocurrió.
Existe en el sector, y fuera de él, el temor de que la estrategia del gobierno sea catalizar esta crisis en favor de algunas líneas, para configurar un nuevo panorama donde el Estado determine quién muere y quién sale fortalecido de este infierno.
Hay igualmente una presión de las aerolíneas para que Hacienda autorice un subsidio a la turbosina, lo que ha encontrado apoyo en el Congreso, pese a que con esto se beneficiaría a 5% de la población que usa estos servicios.
En medio de la crisis surgen voces que favorecen la idea de que el gobierno intervenga en el sector, de manera temporal pero estableciendo un terreno parejo. Ello supondría convocar a los dueños de las empresas del sector a una especie de pacto, que congele niveles de ocupación y tarifas durante al menos seis meses.
La autoridad velaría por el cumplimiento de este pacto. Se evitarían prácticas depredatorias y que el Estado actuara como juez y parte. Esto ocurrió ya en 1995, tras el “error de diciembre”, y en 2001, a consecuencia de los atentados terroristas en Estados Unidos. No vivirá mucho quien no vea el epílogo de este drama.
APUNTES
- SANTIAGO LEVY, quien fue un crítico de la política social desde que Luis Donaldo Colosio despachaba en Sedesol, publicó un libro con duros señalamientos sobre este tema. Desde Washington, donde ahora radica, manda un obús demoledor sobre Oportunidades, el Seguro Popular y el resto de los programas gubernamentales en este ámbito. La obra se puede conseguir por ahora sólo en inglés.
- EL PAN celebró su Consejo Nacional sin mayores sobresaltos. Pero cada vez son mayores las evidencias de una crisis interna. Y si no, pregunte usted a los personajes del blanquiazul que han acudido a las reuniones convocadas por Fernando Canales Clariond, ex gobernador y ex secretario de Estado, quien habla de un partido capturado por el gobierno.
- LA COFEPRIS, el órgano de la Secretaría de Salud responsable de administrar los registros de medicamentos, empieza a dar señales de independencia con el nuevo director, Miguel Ángel Toscano, quien debería hacer público el cochinero que encontró tras la gestión, en el sexenio pasado, de Ernesto Enríquez Rubio, quien hoy trabaja para el PRI.
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