Incapaz frente al problema de la inseguridad pública; enredada en una crisis interna de sus corporaciones policiales, la administración Calderón sufrirá esta semana un revés mayor desde el Poder Legislativo.
Las decisiones provenientes de las cámaras concretarán una singular alianza entre PRI y PRD, y no entrarán en la lógica tradicional de sabotear iniciativas presidenciales, sino que harán tareas de gobierno al intentar un nuevo equilibrio que, a querer o no, resultará adverso al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Si no hay sorpresas de por medio, los legisladores decidirán quitarle el control del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un fondo dotado con más de 12 mil millones de pesos, que representa un importante foco de poder en la relación con los estados. Su manejo irá a dar a Gobernación o a una entidad de nueva creación. De ser el primer caso, ello haría renacer el peso político de la dependencia que hoy encabeza Fernando Gómez Mont.
Como se anunció ya, adicionalmente priístas y perredistas —bajo la conducción de Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete— se unirán para sepultar la propuesta gubernamental para establecer una policía de mando único en el país, a cuya cabeza estaría el propio García Luna.
Estos dos solos hechos culminarán una de las etapas más arduas vividas en el primer tercio de la presidencia de Calderón, y arrojarán luz sobre la espesa salsa de contradicciones en que parece hundido el gobierno.
Una novela de suspenso, con entregas seriadas, podría redactarse para detallar el cabildeo —con buenas y malas artes— desarrollado para enaltecer las bondades de las propuestas gubernamentales. Luego de que PRI y PRD pactaron ir juntos en este tema, fue necesario que el coordinador del sol azteca en San Lázaro, Javier González Garza, aislara de las negociaciones a uno de sus compañeros, ante sospechas de que había pactado compromisos inexplicables.
En esta estrategia debe insertarse la difusión del documento entregado por el gobierno al Congreso donde se alerta que en promedio, 50% de los policías de todas las corporaciones del país reprueban los exámenes de control de confianza. Sin embargo, los legisladores ya saben que son miles los elementos, incluso en el ámbito federal, a los que se exenta de esos exámenes mediante cartas responsivas firmadas por sus jefes.
Otro telón de fondo de esta historia lo constituyó el hecho de que todos los días nos estemos desayunando con la historia de un nuevo alto mando policial, sea de Seguridad Pública, sea de la Procuraduría General de la República, ha sido destituido por existir denuncias en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La pugna entre los titulares de ambas instituciones, el citado García Luna y Eduardo Medina Mora, ha hecho subir el volumen a acusaciones provenientes de testigos protegidos, a los que se otorga credibilidad no sólo cuando revelan lo que personalmente les consta, sino lo que alguna vez escucharon, incluso lo que imaginan que ocurrió.
Esos borbotones de lodo —algunos de los cuales se disolverán por falta de elementos sólidos— podrían haber influido en la abrupta salida de César Nava de la secretaría particular del presidente Calderón, lo que despojó a éste de una pieza clave. Pero el propio mandatario decidió defender públicamente a García Luna. A la luz de ello, será difícil no interpretar que un debilitamiento de este funcionario acabe golpeando la imagen del Presidente mismo.
Apuntes
- TURBULENCIAS de diverso origen atraen nubes de tormenta sobre lo que fueron dos apacibles solares en la zona metropolitana del Distrito Federal. El primero, en el municipio de Huixquilucan, hasta ahora gobernado por el PRI a través de Adrián Fuentes, cuyos dos principales jefes policiacos están presos por nexos con el narcotráfico, incluida su complicidad en el crimen de 24 personas decapitadas en La Marquesa. A su vez, en la delegación Miguel Hidalgo, donde el PAN se afianzó con Gabriela Cuevas, ésta encara no sólo protestas vecinales sino una sorda pugna con la dirigente capitalina del blanquiazul, Mariana Gómez del Campo. ¿Qué dirán los electores en los comicios del próximo año?
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