Algo nuevo se cocina en el entendimiento entre la administración Calderón y los medios electrónicos. Y el ejemplo de otros países perturba a muchos.
No es casual que entre esos expertos se hallen dirigentes de la Asociación Internacional de Radiodifusión, la entidad que recoge no sólo las experiencias sino los intereses representados en esta industria, y cuya visión puede representar en su momento un aval para las propuestas legislativas que impulse Los Pinos, según pudo saberse en fuentes que participan aquí en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Entre las empresas mexicanas del sector y en el ámbito político todo, viene creciendo la certidumbre de que el gobierno dará un manotazo que sirva de complemento y equilibrio político no sólo a su decisión de aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas, sino también al veto impuesto a Carlos Slim para participar en el negocio de la televisión.
Este será el tema “fantasma” del encuentro internacional de radiodifusoras que se realizará esta semana con la presencia del presidente Calderón, el mismo al que los empresarios agrupados en la Cámara de la Radio y la Televisión le ofrecieron hace algunas semanas una larguísima ovación de pie; el mismo también cuyos gestos serán seguramente escrutado al detalle en este nuevo encuentro.
La reunión de la SIP en Buenos Aires ha estado dominada –además de la crisis galopante en los periódicos- por el estupor ante la nueva ley de medios impulsada por el gobierno Kirchner y recién aprobada por el Congreso, la cual limita el número y tipo de concesiones que un grupo puede acumular, lo que obliga a consorcios como el Grupo Clarín a malbaratar una parte sustancial de sus activos y renunciar a la posición monopólica que ostenta en televisión abierta y restringida, así como en estaciones de radio. La nueva legislación permite igualmente al gobierno controlar cierto tipo de contenidos.
En esa línea, en Ecuador el gobierno de Rafael Correa está por hacer aprobar una ley todavía más lesiva, pues incluye un consejo rector de los medios –periódicos incluso- que otorgará licencias anuales de funcionamiento, impondrá la colegiación de periodistas y abrirá la puerta a otros mecanismos de control igualmente graves. Y Colombia, Nicaragua y El Salvador ya dan pasos en el mismo camino.
El tema ya no son las locuras del venezolano Hugo Chávez, que la comunidad internacional da por descontadas. Lo que está sucediendo en Argentina sí puede influir en el resto de la región, México incluido, e irónicamente ofrecer al presidente Calderón y su equipo un mayor margen de maniobra y de negociación con los consorcios mediáticos de la radio y la televisión.
Hasta ahora las consultas que Gómez Mont y Molinar Horcasitas han cursado en las instancias referidas parecen concentrarse en los temas de cómo tener mayor flexibilidad ante radios comunitarias sin perder su control, y la necesidad de crear un sistema de refrendo de concesiones más eficaz y justo.
El marco regulatoria existente en ambos campos impone tal rigidez que está llevando al gobierno a encarcelar a grupos indígenas que montan una minúscula radio en una zona marginal. Y es causa también de que decenas de concesiones de empresas radiofónicas no hayan sido renovadas pese a tener años vencidas, en algunos casos.
Apuntes: La cuenta fatal
MÉXICO volvió a concentrar la mayor alerta de la SIP debido al número de periodistas asesinados en su territorio y a la impunidad que domina estos casos, cuya gravedad no es vista en ningún otro país que se precie de ser democrático: Trece diaristas victimados en el último año, ocho sólo en seis meses. Más de 50 desde que inició el gobierno Calderón.
Se confirma el debilitamiento si no es que la extinción del Estado en amplias regiones donde simplemente rige la ley de la selva, donde grupos criminales y autoridades cómplices se dedican silenciar a periodistas.
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