El desafío de los patrones

La histórica alianza entre el liderazgo panista y los grupos empresariales sufrió un boquete por el reclamo del presidente Calderón para que los magnates no eludan el pago de impuestos.
Los acuerdos alcanzados ayer en la Cámara de Diputados en materia fiscal serán leído por algunos como el fin de la polémica, pero una mirada más cercana permite identificar grietas que en el futuro volverán a causar convulsiones en nuestra vida pública.

La más notable de ellas es la serie de afrentas intercambiadas entre los dirigentes de esas entelequias que son las cámaras empresariales, usadas por los grandes magnates para cabildear su relación con el poder público.

En más de una ocasión, el presidente Calderón salió al paso de las presiones privadas para cancelar el aumento al IVA, el ISR y el fin de la consolidación fiscal. Y decidió para ello golpear la autoridad moral de los grandes consorcios, sobre los que reveló que en muchos casos no tributan más allá del 1.7% de sus ingresos. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, remataría que ello es posible gracias a un complejo esquema no de evasión sino de “elusión” fiscal.

La furia expresada por los privados no tiene precedente en los años recientes, y acaso es sólo comparable con los diferendos surgidos durante la administración de Luis Echeverría –“si los empresarios ya se cansaron, que entreguen sus fábricas a los trabajadores”, les dijo. “¿Hacia dónde, señor Presidente”, rezaba un desplegado de prensa firmado por líderes empresariales durante la gestión de Adolfo López Mateos, a quien los señores del dinero también atribuían ideas izquierdizantes.

Pero era impensable una confrontación entre empresarios y una administración surgida del Partido Acción Nacional. Insólitos son también los niveles de crítica sobre el gobierno. Si en público lo califican de incompetente y despilfarrador, en privado se reitera un señalamiento audaz: “Nosotros lo pusimos, y así nos paga”, en clara alusión al apoyo empresarial en el proceso electoral de 2006.

Es imposible desligar la actitud de Calderón de la agenda de cambios anunciada tras las pasadas elecciones, cuando el Presidente subrayó la necesidad de avanzar pese a fuerzas que buscan preservar privilegios.

México no es el único país de la región latinoamericana en donde el gobierno y los barones del capital se están enfrentando por la exasperación que está imponiendo la crisis. Lo que ocurra en las próximas semanas nos confirmará si nos hallamos ante una rebelión de los patrones contra el régimen, o si se someterán a un nuevo entorno que espera de ellos mayor corresponsabilidad ante los problemas del país.

Apuntes: Transparencia en riesgo

EL IFAI, la herramienta democrática más importante aportada por la alternancia en el gobierno, llevó a cabo una nueva jornada anual –la sexta desde que fue creado- dedicada a temas de transparencia. En el foro, la comisionada presidenta Jacqueline Peschard alertó sobre resistencias y riesgos de regresión. En la administración Calderón hay varios campeones de la opacidad; los encabeza la Procuraduría General de la República. Pero operadores gubernamentales cabildean en el Congreso a fin de reformar la ley del IFAI para que sus resoluciones sean sometidas al aval de una autoridad superior, lo que representaría un golpe de muerte para esa joven institución.

EN SAGARPA, cuyo nuevo titular, Francisco Mayorga, es rehén y beneficiario de los grupos de interés interno, despertó alerta la renuncia de Jeffrey Max Jones, quien como subsecretario puso como ejemplo el modelo de negocio del narcotráfico. Aquellos que conocen lo que ocurre en esa dependencia saben que las “cortesías” de sus funcionarios con el crimen organizado en el ámbito rural no son producto de un “lapsus” sino de profundos nexos.

EN EL DF se produjo un nuevo episodio en la vieja pugna entre las panistas Mariana Gómez del Campo, hoy coordinadora de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, y Gabriela Cuevas, diputada federal. Ya ambas chocaron cuando la segunda encabezó la delegación Miguel Hidalgo. El nuevo jaloneo impidió que Gómez del Campo se sumara al reclamo de apoyo por más recursos para la ciudad que impulsa ante San Lázaro el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.