lunes, 13 de septiembre de 2010

Desdén por grupos vulnerables

A Colombia le tomó 15 años crear una estrategia para proteger de la violencia organizada a diversos sectores. El Estado mexicano da traspiés al respecto.

La Secretaría de Gobernación ha iniciado cabildeos con el Congreso para crear un órgano que extienda medidas de protección para periodistas amenazados bandas criminales.

La idea puede ser sensata, pero luce animada tan sólo para fines mediáticos, sin metodología ni alcances claros. Incluso, la “letra pequeña” de la propuesta prevé acciones que pueden ser lesivas contra la libertad de expresión, que formalmente busca proteger.

En el año 2000, tras lustros de violencia a cargo de la guerrilla, el narcotráfico y las bandas paramilitares, el Estado colombiano creó un programa que identificó a 16 sectores de la población con mayor vulnerabilidad frente a la violencia. Ello incluye a defensores de derechos humanos, a alcaldes en zonas controladas por la criminalidad, a periodistas, a sindicalistas y a líderes comunitarios expulsados de sus poblaciones. Se trata de proteger a miembros de la sociedad cuya tarea representa en estas circunstancias un dique contra la descomposición. De ahí que su eliminación física pueda atraer un impacto mayor en la sociedad.

Este es el espejo en el que nos debemos ver en México. Es preciso que el país cuenta con una estrategia similar, que detecte sectores en riesgo y construya un entramado de medidas de prevención y protección, que frene la actual escalada de muertes que presenciamos entre personajes clave dentro de la población civil.

En los 10 años que ha operado el referido programa en Colombia, cientos de integrantes de poblaciones en riesgo han sido entrenados para no incurrir en mayores peligros, han recibido radios de comunicación para comunicarse con la policía, usado por lapsos breves vehículos blindados o tenido la protección de guardaespaldas. En este 2010, 170 de ellos están bajo este esquema. En promedio, sólo 2% del total de beneficiados por el programa eran periodistas.

A diferencia de Colombia, que es Estado central, no una Federación, en México sería preciso construir una red de estos programas, por lo menos en aquellos estados mayormente afectados por la violencia.

Pero existirían muchos aspectos por resolver. Por ejemplo, qué hacer si la amenaza viene del propio ámbito local, incluso de esferas públicas de alto nivel estatal. En la experiencia colombiana se acepta que una deficiencia de su programa es que no incluye un componente contra la impunidad de los criminales. Y tampoco se protege a la familia de los personajes amenazados, muchos de los cuales no se pueden dar el lujo –como han hecho tantos gobernadores mexicanos- de sacar del país a su esposa e hijos.

El modelo que se discute en el gobierno mexicano se concentra en periodistas y se discute si incluirá a defensores de derechos humanos. Una versión de esta propuesta, mostrada a relatores de ONU y OEA, busca imponer a los medios compromisos sobre los que no existe consenso alguno. Entre otros, la creación de un colegio de periodistas que acredite tal condición a quienes ejercen este oficio.

La colegiación obligatoria de periodistas ha sido una larga tentación autoritaria en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia en contra. Se trata, de plano, de una pésima idea.

Urge que la autoridad transparente los alcances de sus propuestas, aliente el debate público sobre éstas y construya una estrategia en verdad integral de protección a sectores vulnerables frente al crimen organizado.

Apuntes
“LA BARBIE”, el sanguinario capo cuya presencia en horario triple “A” de las televisoras sólo sirvió para que millones de personas notaran su risa burlona, sigue causando bajas a las fuerzas del Estado. El presidente Calderón desmintió ante CNN que la captura haya sido realmente una entrega, pero no aludió al presunto reporte policiaco según el cual la detención fue producto de un incidente de tránsito. El tema rebasó al vocero oficial para temas de seguridad, Alejandro Poiré, quien aún no cumple un mes en el cargo. Otro aspecto incomprensible de esta historia es por qué si se conocen desde hace años los crímenes de Edgard Valdés, está arraigado. ¿No había órdenes de aprehensión en su contra, que obligaran a entregarlo a un juez desde el primer momento?

No hay comentarios:

Publicar un comentario