En los próximos días el gobierno decidirá si se doblega ante la presión de un poderoso grupo empresarial. Esto mandará una señal a los hombres más ricos del país, en su mayoría acostumbrados a imponerse sobre el Estado.
La atención está centrada en el refrendo de la concesión para la compañía telefónica Iusacell, de Ricardo Salinas. Los permisos ya cumplieron un año vencidos, y hay dos posturas en disputa: Sectores del gobierno han demostrado técnicamente que la empresa debe pagar al menos 400 millones de dólares por la renovación, pero ésta advierte que ya se amparó contra cualquier cobro.
En la misma fila en que hoy está Iusacell se hallan otras compañías en espera de refrendo, como Nextel o MVS, pero este asunto influirá en la actitud que el gobierno asumirá ante los apetitos empresariales lo que resta del sexenio.
Una sola secretaría, la de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Luis Téllez, deberá canalizar permisos para negocios por casi 70 mil millones de dólares durante la presente administración. Ello incluye a sectores como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones. Téllez es el interlocutor principal de ocho de los 10 hombres más ricos del país, si se considera el ránking que elabora la revista de negocios Expansión.
En mayo pasado, el frágil régimen de Ecuador —que hoy encabeza Rafael Correa—, cuyo anterior presidente fue expulsado a pedradas por la población, tuvo la capacidad de imponer un precio de 480 millones de dólares por renovar durante 15 años la concesión para que operara una compañía telefónica filial de Telmex. Esa cifra debería servir en el futuro para calcular —con sus debidas proporciones— lo que el fisco mexicano debe recabar por licencias, concesiones y refrendos, que en el pasado virtualmente fueron obsequiados a capitales privados.
La presión es sin duda brutal. Cuando llegó al cargo, tras seis años de trabajar para la iniciativa privada, Téllez respondió así cuando su equipo le advirtió que perdería a muchos de sus amigos: “Ya me conseguiré otros”. Sin embargo, hay señales de que esas amistades perduran, sólidamente. Y no se circunscriben sólo a Téllez, sino a muchos personajes del gobierno. Caso notable es el de Gerardo Ruiz Mateos, el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia, uno de los tres hombres más cercanos al Presidente y considerado poderoso aliado de grandes empresarios dentro de Los Pinos.
Pero esta presión no se reduce al ámbito del Poder Ejecutivo. En el Congreso son ampliamente conocidos los legisladores al servicio de los magnates del país. Una muestra menor de ello fue el frenón registrado la semana recién terminada para evitar que la ley de radio y televisión fuera ajustada a lo que ya dispone la propia Constitución.
En esta misma línea actúa la obsequiosidad de muchos miembros del Poder Judicial de la Federación con los dueños de tan acaudalados intereses, lo que ha merecido incluso alarmados reportes de instituciones como el Banco Mundial.
Ante los ministros de la Corte se halla hoy una disputa legal entre la Secretaría de Hacienda y Cemex, del empresario Lorenzo Zambrano. La firma es señalada de fabricarse a sí misma un paraíso fiscal al depositar en una compañía suiza el usufructo de su marca.
Todo esto se trata de un orden de cosas que viene del pasado y que se niega a cambiar. Son los intereses de los inmensamente ricos, capaces de devorar o de plano saquear el patrocinio del Estado, alejados de toda transparencia, en lo oscurito.
Apuntes
- LA MINISTRA Margarita Luna Ramos trabaja en el dictamen sobre si fue constitucional desaparecer al órgano de transparencia en Querétaro. Nos aseguran que revertirá esa decisión.
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