La agenda nacional no reposa más en las dirigencias de los partidos; navega entre pasillos, curules y oficinas del Parlamento. Es una revolución silenciosa que ha empezado a cambiar el rostro de la política.
“Partidos parlamentarios”, les llaman los politólogos, para subrayar que el núcleo duro de su vida interna no gravita sobre sus burocracias sino en los liderazgos de las cámaras del Congreso.
El contacto con la vida parlamentaria consume hoy mayores recursos materiales y humanos al gobierno –y a un enorme número de entidades privadas- de lo que nunca supuso la comunicación con los partidos, cuyos dirigentes han pasado a un segundo término e incluso, no son indispensables para procesar asuntos complejos.
Antes incluso de que las elecciones del pasado 5 de julio se hubieran celebrado, en el Senado se abrió una ruta detrabajo para afinar las reglas del juego en la disputa por el 2012. La Junta de Coordinación Política que preside el priísta Manlio Fabio Beltrones, montó una Mesa de Evaluación de la reforma electoral del 2007, para lo cual se ha convocado a diversos expositores –entre ellos, el martes último, al reconocido profesor y periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al autor de este espacio.
Tal ejercicio demostrará que como ocurrió desde la gestación de la reforma, el tema electoral se concentrará en el Congreso, y en particular en su cámara alta. No sólo por la nueva dinámica que le describo, sino por una penosa debilidadde otras instancias, especialmente el IFE, el tribunal electoral y si usted me apura, el gobierno mismo, que han decidido ausentarse de las trincheras en las que esta reforma es defendida.
La multicitada reforma tuvo su polo opositor en los medios electrónicos, muy especialmente la televisión, la cual empieza a encontrar cómo darle la vuelta a las prohibiciones vigentes, con maniobras antes las cuales la autoridad electoral ha lucido frágil y sin casta.
Los comicios desarrollados este año a nivel local fueron un anticipo de lo que ha empezado a ocurrir con rumbo a la sucesión presidencial: promoción abierta de precandidatos, descarada subordinación de los políticos a la pantalla televisiva, flujo de recursos públicos sin transparencia alguna.
Paso a paso, con sus resoluciones y su carencia de pundonor, el IFE y el Tribunal van abriendo espacio para esas prácticas, como ocurrió con el aval de los magistrados electorales para las campañas de legisladores del Partido Verde en todo el país, con el argumento de que esa actividad –con obvias implicaciones electorales- debe estar regida por la legislación parlamentaria.
La moda televisiva de los “infomerciales” y el uso de precampañas con contenidos chatarra, a lo que se han sometido personajes de los tres principales partidos, es una desafío para la reforma vigente, de ahí que no baste con advertir que la misma será defendida en sus actuales términos, sino que habría que avanzar en reglamentos adicionales para que su letra y su espíritu sean respetados.
Ello debe hacerse aprovechando el liderazgo que en este momento protagonizan los senadores, en particular actores como el citado Beltrones, los panistas Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, o el perredista Carlos Navarrete.
La nueva correlación de fuerzas en el Congreso hará que el PRI concentre en sus manos decisiones estratégicas, como no lo había hecho desde 1997, cuando por vez primera perdió la mayoría en San Lázaro.
Ello resultará favorecido también por el creciente peso de los gobernadores priístas en la promoción de una agenda que tocará al Congreso procesar, pero que no tendrá ni en el PAN ni en el PRD fuerzas con el peso ni con la cohesión necesaria para conducir las cosas.
Singularmente, en materia de medios electrónicos, es sólo en el PRI donde radica la memoria histórica de cuando el Estado era capaz de trazar una política propia para el uso de las concesiones públicas de que disfrutan estos medios. Esto provocó excesos, es cierto, como convertir a los medios en “soldados” del gobierno, pero ahora es al revés. Y nadie puede suponer que ello representa un avance democrático.
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