lunes, 14 de junio de 2010

Los dilemas de la Corte

El dictamen sobre la guardería ABC transforma la relación Estado-derechos humanos. Sin embargo, impone una “tabla rasa” popular y efectista, quizá no justa.

Con una vida renovada desde su reforma del ’94, la Suprema Corte de Justicia había conocido pocos debates tan intensos, y tan de fondo, como el surgido por el dictamen del ministro Arturo Zaldívar sobre la tragedia en la guardería “ABC” de Hermosillo, en junio de 2009.

Nuestra Constitución otorga a la Corte una facultad singularísima –juristas consultados no recuerdan otro caso en el mundo- que subraya su calidad de “ultimo candado” en el funcionamiento del Estado en materia de derechos humanos.

“Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a las autoridades de todo el país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer”, establece un párrafo, impecable, del texto de Zaldívar Lelo de Larrea, quien con esta postura inaugura realmente su trayectoria como ministro del máximo tribunal. Designado en diciembre pasado, tuvo antes un acreditado desempeño como constitucionalista, al frente de un exclusivo despacho especializado en promoción de amparos.

En un entorno de impunidad galopante, la determinación del pleno de la Corte sobre este dictamen, programada para hoy lunes, puede ser la luz al final del túnel en temas de justicia, pero también establecerá nuevas dimensiones a la facultad de investigación de la propia Corte. En el pasado reciente, ese mismo órgano resolvió casos como Oaxaca, Atenco y Lydia Cacho –el de New’s Divine ni siquiera lo atrajo- bajo una óptica que ahora luce miope a la luz del dictamen de Zaldívar.

Pese a resultar relevante, eficaz y desde luego popular, dicho dictamen ha despertado inquietud en juristas expertos, entre ellos algunos que profesan amistad y respeto por Zaldívar. Léase si no, el artículo del doctor Pedro Salazar, experto de Jurídicas de la UNAM. (“¿Quién es responsable de qué cosa?”. El Universal, 8 de junio).

El eje de estas preocupaciones es la duda sobre si la asignación de responsabilidades puede ser la misma en todos los casos de funcionarios mencionados. ¿Es igualmente responsable el ex gobernador Eduardo Bours, que con su vulgar arrogancia desestimó los hechos, protegió a implicados, desoyó versiones de que el incendio pudo ser intencional; comparado, por ejemplo, con el director del IMSS, Daniel Karam, quien el día de la tragedia tenía tres meses en el puesto, los que seguramente consagró a lidiar con la crisis por la influenza?

¿Cómo detectar a quienes entre los años 2000 y 2010 duplicaron el número de licencias para la operación de estas guarderías subrogadas?, con dos implicaciones que figuran en reportes oficiales: hasta 90% de ellas no cumplen con la normatividad establecida; y otra: es muy larga la lista de políticos y personajes locales, de todos los partidos, entre los beneficiados con esas licencias.

Estos son alguno de los claroscuros del tema que atraerá este día la atención nacional hacia la Corte. Un asunto que sin duda también catalizará la pugna interna hacia la renovación en la presidencia del organismo, en enero próximo. Pero eso es otra historia.

Apuntes

ELECCIONES. Ganen o pierdan, la alianzas opositoras están dando lugar a los procesos más competidos en varios estados, en particular en Oaxaca y Puebla, donde nueva encuestas revelan empates técnicos. El PAN por sí solo ha logrado lo mismo con su candidata en Tlaxcala. En Veracruz y Sinaloa hay denuncias por parcialidad de órganos locales. En el primer caso se determinó que los debates entre los aspirantes no serán televisados, lo que resulta absurdo. En Sinaloa un bombazo en el local del PAN en Culiacán desnudó el hostigamiento proveniente de la campaña oficial, lo que incluye amenazas contra editores de los diarios “El Debate”, que ya tuvieron repercusión internacional por un comunicado de la SIP.

SUPERVÍA. La vialidad que impulsa Marcelo Ebrard para conectar Santa Fe con el sur del DF quedó en vilo luego de que un juez concedió uno de los varios amparos presentados contra el proyecto. Opacidad y mala comunicación han hecho que la propia comunidad que presuntamente resultaría beneficiada tenga dudas sobre esta iniciativa.

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