Intimidados por la televisión, legisladores y gobernantes exhiben ya fisuras en su compromiso para impulsar una ley que subsane lagunas jurídicas y amplíe las opciones en el campo de la radiodifusión
El gobierno calderón, el congreso y los partidos se han embarcado en un doble juego de espejos ante el extendido reclamo de que haya un nuevo marco legal en el campo de la radio y la televisión. Por un lado, sugieren que existen avances notables, en una ruta discreta como la que permitió la reforma electoral. Pero por el otro, generan evidencias de que el panorama político y económico los obligará, otra vez, a ceder al poder de los concesionarios.
El reciente escándalo que implicó al senador priísta Jorge Mendoza, ex alto ejecutivo de Televisión Azteca, fue producto de estas tensiones soterradas. El legislador gestionó ante el Servicio Postal Mexicano el envío de 1.5 millones de cartas a ciudadanos de Nuevo León, entidad que aspira a gobernar. Pero la denuncia fue cocinada por su compañero priísta Ángel Aguirre, aprovechada por PAN y PRD, para que luego los espacios de Televisa —de los que esperaba protección— llevaran a Mendoza al patíbulo mediático.
Otro actor en esta tragicomedia es el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, quien “en corto” advierte que de su cuenta corre que no pase una nueva ley en la materia. “Va pa’ trás, papá” —tal es su léxico—, debe haber dicho a sus aliados radiodifusores, con quienes tan obsequioso ha sido a lo largo de su carrera política y administrativa.
En Los Pinos se discuten ya acciones compensatorias, como emprender una depuración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cuya actual membresía es un engendro de la ley frenada por la Corte. Se asegura que las televisoras ya tienen “amarrado” a sus intereses a un miembro del primer círculo presidencial.
Adicionalmente, el gobierno habría determinado atender el reclamo de un pequeño pero muy inquieto sector de dueños de estaciones de radio en la banda de Amplitud Modulada, asignándoles frecuencias en FM, las llamadas “combo”.
Todo formaría parte de un paquete para no irritar más a las televisoras en especial, pues este año será de dificultades económicas, en el próximo habrá elecciones intermedias, y los políticos quieren que nadie mueva demasiado las aguas. Así las cosas, tanto brinco no habría respondido a una visión renovadora, sino sólo a un afán restaurador de control sobre la televisión, al viejo estilo priísta.
Pocos temas como la llamada Ley de Medios describió durante el pasado sexenio la manera en que ambas cámaras legislativas y la administración Fox fueron arrodilladas por empresarios del sector, a los que a lo largo de los años el Estado puso en sus manos la pistola con la que ahora apuntan a la cabeza de la clase política.
La también conocida como ley Televisa —por el activismo que protagonizaron sus ejecutivos en este tema— fue aprobada por el Legislativo en marzo de 2006 y sumisamente publicada por el Ejecutivo en abril siguiente. En mayo, un grupo de senadores, destacadamente el panista Javier Corral, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, cuyos integrantes cobraron dimensión de estadistas en junio de 2007 cuando tomaron resoluciones que virtualmente invalidan tal legislación.
Semanas después, en julio, el Senado constituyó un Grupo de Trabajo Plural que discute este tema, aunque se sabe que la operación real se halla en los líderes de los principales partidos: Santiago Creel (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD).
La Siberia televisiva
Los tres conocen la “ley del hielo” de las televisoras: en casi cuatro meses no han merecido un solo minuto de cobertura en noticiarios; vamos, su rostro no aparece siquiera en un “paneo” o recorrido visual que hace una cámara aparentemente al azar. Es la Siberia electrónica.
Los tres pagan así el haber impulsado la ley electoral, que frena la promoción política con fondos del erario y cancela a la televisión no sólo 300 millones de dólares en época electoral, sino también una serie de manejos que ésta usaba para imponer sus intereses a los políticos.
En esto nadie se extraña, las cartas estuvieron sobre la mesa: Creel y Beltrones, especialmente, recibieron aproximaciones para asegurarles que si bloqueaban la reforma tendrían amplia promoción en la tele, “casi” tan importante como la que se otorga a esos dos gobernantes estatales que, se asegura, pagaron cada uno 85 millones de dólares a una sola televisora, disfrazados vaya usted a saber cómo, a fin de que todo México se entere de lo que hacen y dicen.
Esa reforma electoral, por cierto, es la que sigue impugnando un grupo de empresarios y de intelectuales ligados a las propias televisoras, con el argumento de que afecta la libertad de expresión, por prohibir anuncios de particulares.
Si son consecuentes, deberían presentar demandas para defender los anuncios de las cigarreras, los programas de contenido sexual en horarios para menores, o la publicidad de los productos para combatir la disfunción eréctil…
Apuntes: laberintos para la inversión
- EL PRESIDENTE Calderón anunció que para compensar los efectos de la recesión económica originada en Estados Unidos, se alentará la inversión foránea. Sin embargo, en el sector turístico hay un ambiente fúnebre, pues leyes hechas sobre las rodillas, la burocracia y la corrupción están frenando al menos 50 proyectos por cientos de millones de dólares, en todo el país. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, busca ser gestor de las iniciativas defendibles, pero se ha topado con los intereses fincados en la Semarnat, que dirige Juan Rafael Elvira. Uno de los ejes del problema —aunque no el único— lo representa la normatividad que protege al mangle, muy similar a la que se había aprobado en 2004 y luego tuvo que ser ajustada ante los absurdos que generaba. No en balde, si usted se fija bien, las alcaldías de los tres principales polos turísticos del país —Cancún, Los Cabos y Acapulco— están en manos del PRD.
- FERNANDO OJESTO Martínez, ex presidente del tribunal federal electoral, buscó los favores del presidente Felipe Calderón para arribar a una de las áreas clave de la UNAM, la Facultad de Derecho. Ojesto expuso al mandatario su solicitud de ayuda, quizá apostando a que Calderón haya olvidado los devaneos de don Fernando durante los meses en los que se cuestionó la elección de 2006. El actual director de Derecho, Fernando Serrano, concluirá su labor en abril, dentro de un reconocimiento general. El aspirante natural al puesto es Jorge Islas, quien hasta hace poco era abogado general de la casa de estudios.
- LA TRANSPARENCIA en los manejos de los asuntos públicos en los estados sigue enfrentando las veleidades de los gobernadores. La reforma constitucional en la materia, cuyo plazo de gracia ya corre, prevé crear un sistema electrónico de acceso para facilitar las peticiones por parte del público. Los conocidos como Infomex (Información México) deben razonablemente ser administrados por las comisiones locales de acceso —como ya ocurre en Chihuahua, Jalisco, DF y en el ámbito federal—, pero no faltan gobiernos reacios al tema, que ahora los quieren sujetar a sus caprichos. Sería una excelente oportunidad, por otro lado, para que estos órganos, incluido el IFAI, impulsaran nuevas iniciativas para conquistar su autonomía constitucional, lo que ya sucede en Morelos, Coahuila, Tlaxcala, Jalisco y Chihuahua.
- CONSUMIDORES, académicos y expertos en el tema de las telecomunicaciones firman hoy un desplegado que impone un nuevo enfoque al tema: los usuarios deben tener voz en un debate dominado hasta ahora sólo por los intereses de los proveedores de estos servicios (telefonía fija y celular, internet, radiodifusión). Sólo con la participación de los ciudadanos se puede construir un contrapeso a los actuales monopolios en varios de esos campos, que han generado baja cobertura, mala calidad y altas tarifas.
- LAS MEDICINAS, le he informado, son el eje de una pugna por un negocio multimillonario en dólares. En breve pueden surgir noticias de la Comisión Federal de Competencia, que encabeza Eduardo Pérez Motta, ante el cual el gobierno federal ha presentado una demanda contra esquemas de especulación creados por las empresas distribuidoras de medicamentos, que al parecer se ponen de acuerdo para subir los precios.
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