Tomó casi un siglo dotar de poder real al Congreso y a la Corte, y crear órganos autónomos como el IFE; sus titulares deben hoy decidir: componenda efímera o un sitio en la historia
En el breve lapso de los siguientes días, los integrantes de la Corte, los miembros del Congreso, el IFE y también el gobierno de Felipe Calderón deberán demostrar no sólo de qué están hechos, sino cuál es su postura sobre el mandato que han recibido.
Esta misma semana, el máximo tribunal de justicia del país discutirá un asunto que mandará al conjunto del aparato institucional una clara señal de cómo comportarse ante los poderosos intereses de las televisoras.
El tema es la demanda de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, quienes reclaman se les restituya el derecho de ser integrantes de la entidad que regula el negocio de las telecomunicaciones —la Cofetel—, a la que no pudieron arribar pese a la designación que en su favor había hecho el Poder Ejecutivo. Ello se debió a una objeción del Senado en la pasada legislatura, presumiblemente doblado por presiones de quienes desean ver a la Cofetel como órgano subordinado a sus instrucciones. La presencia de Del Villar y de Martínez Pous en la Cofetel ayudaría a darle un vuelco en favor de su real independencia.
El ministro ponente para este caso, José de Jesús Gudiño, ha preparado un dictamen que, según observadores cercanos, niega el amparo de la justicia a Del Villar y a Martínez Pous, bajo el argumento de que no pueden reclamar ser instalados en un puesto que nunca ocuparon, lo que si bien puede ser cierto en técnica jurídica y laboral, omite considerar las implicaciones que el tema supone. Es deseable que el ministro Gudiño revise su posición, o que el pleno de sus compañeros vote en sentido contrario a la misma.
Lo que resuelva la Corte será relevante en lo que está ocurriendo en torno a una posible nueva ley de medios, cuyos dilemas le comentaba ya en la pasada entrega de estos Expedientes.
El presidente Calderón tiene ya sobre su escritorio diversos escenarios sobre lo que puede hacer con la Cofetel. De acuerdo con lo acordado por la Corte en junio de 2007 al frenar la también llamada ley Televisa el Ejecutivo puede disponer la reestructuración total de esa entidad.
El Presidente ha recibido acercamientos por parte de los partidos, que le sugieren remover por completo a los actuales consejeros, y repartirse los nuevos nombramientos, como se hizo con el IFE. Pero el gobierno no quiere entrar de nuevo en esa pesadilla ni politizar a un órgano técnico. Su apuesta está echada a favor del eventual amparo para Del Villar y Martínez Pous, que entrarían a la Cofetel. Y luego vendría, sí, el cese de Héctor Osuna Jaime, quien personifica el ejemplo más burdo de la imposición de las televisoras.
Una buena señal surgió el miércoles cuando los promotores principales del recién creado Frente Nacional a favor de una nueva ley de medios hicieron presencia en el Senado y fueron recibidos por el presidente de la Cámara Alta, el panista Santiago Creel, así como por senadores de los principales partidos que discuten este tema.
No sucede lo mismo en San Lázaro, donde los diputados están siendo llamados al redil por gobernadores que han pactado una alianza con las televisoras a cambio de una mal disfrazada promoción personal —violando en forma y espíritu la reforma electoral—. Y en esto no hay distingos partidistas, pues existen reportes de cabildeos por parte de los equipos de mandatarios de todos los colores, como el priísta Enrique Peña Nieto, del estado de México; el perredista Marcelo Ebrard, del DF, y el panista Emilio González, de Jalisco.
En diversos sectores, como le informé ya, se ha tomado nota de que el principal operador en contra de una nueva ley de medios —que acataría las resoluciones de la Corte en esta materia— es el coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa Patrón, quien no sólo ha advertido que una iniciativa en la materia no pasará, sino que, a decir de sectores cercanos, ha estimulado el veto de las televisoras contra los coordinadores de los tres principales partidos, incluso el del suyo, Manlio Fabio Beltrones, cuya añeja alianza con Gamboa parece haber entrado en una etapa de nubarrones.
Próximo reclamo a Mouriño
Esta misma semana, en el Senado se conocerá un informe interno que da cuenta del rigor de la ley del hielo aplicada por los concesionarios de la televisión contra los representantes de un órgano del Estado. En los últimos 100 días, establece tal informe, más de 20 mil noticias han sido difundidas por los dos principales noticiarios de las televisoras. De ese total, Beltrones, Creel y Carlos Navarrete —este último coordinador del PRD— han merecido apenas algunas decenas de “menciones”, lo que no necesariamente supone que su imagen haya salido a cuadro. De esas “menciones”, muchas son simples insultos.
Es previsible que a la luz de este informe el Senado envíe al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, una consulta simple: ¿Las concesiones otorgadas por el Estado pueden ser usadas para atacar al propio Estado, en defensa de intereses privados?
Para redondear este ominoso panorama, el nuevo presidente del IFE, Leonardo Valdés, parece aportar todos los días su propia dosis de pusilanimidad. Con el mandato formal de hacer valer la ley en materia electoral, don Leonardo ya sacó del fuego las castañas de los spots no reportados por los partidos. Y ahora se entretiene con el envío de cartas a una larga lista de personalidades públicas.
En sus misiva, Valdés Zurita recuerda a sus destinatarios que la ley electoral fue reformada, transcribe el artículo constitucional enmendado y luego insta con eufemismos al personaje en cuestión —a quien le dice estar “seguro de su compromiso”—, para que “provea lo conducente en el ámbito de sus atribuciones” a fin de que esta ley se cumpla.
Eso es valentía, señores, no tonterías.
Apuntes: Los apuros de la transparencia
- LOS LEGISLADORES están por incurrir en una nueva violación constitucional, por esa extraña moda de poner fecha límite a la creación de nuevas leyes. Así ocurrió con la reforma del Estado, luego con la renovación del IFE y ahora con el tema de la transparencia. La enmienda a la Carta Magna en esta materia establece el 21 de julio como límite para que todas las leyes en este campo cubran un piso mínimo, lo que obliga a imprimir ajustes incluso en la normatividad federal. Pero no hay para cuándo. El IFAI, que conduce Alonso Lujambio, hizo una propuesta amplia y de fondo, pero que no ha logrado consenso ni en el gobierno ni en el Congreso. Para empeorar las cosas, hay voces panistas que quisieran cortar las alas a la transparencia y hacer que las resoluciones del IFAI sean reducidas a meras “recomendaciones”, para ser revisadas por un tribunal administrativo, lo que representaría una regresión gigantesca.
- EL PRD entra en la recta final para la renovación de su dirigencia. No se sorprenda si en los siguientes días hay un acercamiento mayor entre Jesús Ortega y la familia Cárdenas que, de triunfar en la lisa por sobre Alejandro Encinas, podría garantizar el arribo del ex gobernador michoacano Lázaro Cárdenas a la coordinación parlamentaria de ese partido en la próxima legislatura de 2009. Por ahí van las cosas para el hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no hacia su designación al frente de Pemex, como se ha manejado.
- CUBA se pone nuevamente de moda, una vez que se confirmó el retiro del comandante Fidel Castro y el arribo al poder de su hermano Raúl. A mediados de marzo viajará a la isla la canciller Patricia Espinosa, a lo que sin duda seguirá una visita de Estado del presidente Calderón, y la presencia también en La Habana de líderes parlamentarios, invitados ya por sus homólogos de la Asamblea Nacional. Se cerrará así un ríspido periodo y se abrirá la posibilidad de que México influya en el sin duda inminente periodo de transición cubano.
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