lunes, 1 de junio de 2009

Alcaldes: tragedia y simulación


La el gobierno Calderón sólo refutará protestas por el arresto de alcaldes michoacanos si exhibe pruebas sólidas y amplía el ataque de los nexos política-narcotráfico. 

      Durante años, investigaciones nacionales y del extranjero han alertado al país sobre la fragilidad de sus municipios. Los viejos mecanismos de control sobre los alcaldes se debilitaron, lo que derivó en corrupción, abusos de todo tipo e impunidad cuando se protege al narcotráfico.

      Esto no ocurre sólo en 10 alcaldías de Michoacán, ni es propio de comunas donde gobierne un solo partido. Al menos en 1,400 municipios del país –aproximadamente 60% del total-  hay presencia del crimen organizado.

      Lo mismo en reportes de Naciones Unidas que en informes de la Auditoría Superior de la Federación se ha informado que en los municipios -el núcleo básico de su organización política, de los que surgen diputados, senadores y gobernadores- se gestan los vínculos de complicidad entre gobernantes y las mafias del país.

      Expertos como Edgardo Buscaglia y Samuel González han descrito al detalle esta tragedia y sostenido que existen prácticas internacionales para impulsar una “depuración” de cuerpo político, cuya corrupción será cada vez más profunda y más difícil de erradicar.

       Todos los partidos saben esto. Es un tema que se discute en el gobierno Calderón desde hace años. La idea de un consenso entre fuerzas políticas para frenar este cáncer sólo comenzó a avanzar con el arribo de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación, pues la estrategia previa estuvo monopolizada por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

       El primer golpe, urgente, fue dado ya en Michoacán. Habrá que demostrar que se tenían las evidencias necesarias. Y avanzar con más casos. Lo contrario sería incurrir en una simulación. Hay enormes sospechas sobre alcaldes implicados en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, en Guerrero, Veracruz o Tamaulipas, por mencionar sólo a seis estados. ¿En cuántos de ellos el gobernador encubre el problema, por temor o complicidad? ¿Y los diputados? ¿Y los senadores?  

  Apuntes  

  • REFUERZOS AL PRD, en el Distrito Federal, fueron decretados por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ante la debilidad de las campañas del sol azteca en delegaciones clave. Por ello comisionó de tiempo completo al director del Instituto de la Juventud, Javier Hidalgo, para fortalecer a Ana Gabriela Guevara, en Miguel Hidalgo, donde pese a ser velocista, nomás no alcanza a su adversario panista, Demetrio Sodi. Lo mismo ocurrió con Héctor Serrano, subsecretario de Programas Delegacionales, enviado a Coyoacán, donde el blanquiazul Obdulio Ávila no deja dormir tranquilo al abanderado perredista, Raúl Flores. 
  • MANUEL ESPINO, el polémico ex presidente del PAN, afina un nuevo libro que, se afirma, fue la causa de que se le hayan cerrado los caminos hacia una diputación federal. Al parecer el contenido será explosivo, y representará una nueva señal de la pugna interna por el control de Acción Nacional. 
  • EN EL EDOMEX la batalla electoral empieza a exhibir tonos de “guerra sucia”, lo que incluye cientos de miles de llamadas telefónicas a familias de Naucalpan contra el gobierno municipal del panista José Luis Durán Reveles, cuyo equipo atribuye la maniobra al secretario general de Gobierno estatal, el “montielista” Luis Miranda. 
  • LA CNDH concita el interés de una cada vez más larga lista de aspirantes a suceder a José Luis Soberanes. Entre ellos destacan Emilio Álvarez Icaza y Genaro Góngora, quienes están por concluir sus actuales encomiendas como ombudsman capitalino y ministro de la Corte, respectivamente. La decisión sobre el relevo recaerá en el Congreso, lo que despierta ya riesgos de que el tema sea partidizado. 
  • RECTIFICACIÓN: En la columna del 18 de mayo (“Tiempo de tiburones”) incluí los nombres de María Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Arturo Sánchez Gutiérrez y Leonardo Valdez  como aquellos que el 29 de marzo y el 6 de abril se habían opuesto a sancionar los anuncios del Partido Verde, lo que derivó en la resolución del tribunal electoral que dio muerte a la reforma electoral. Pero fue exactamente lo contrario: aprobaron la multa. Quienes rechazaron la misma fueron los consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez Alcántar y Francisco Javier Guerrero, tenidos por cercanos al PRI y a sus aliados verdes, lo mismo que a la señora televisión. Una sincera disculpa. 

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