Expedientes Abiertos: Gritarle al Congreso

El poder más beneficiado con la transición; el que impuso al gobierno obligaciones de transparencia, ha bloqueado para sí su propia transición y es el más opaco de todos

El cíclico escándalo por excesos en el Congreso de la Unión –con creciente énfasis en la Cámara de Diputados- ofrece un doble misterio: por qué uno de los poderes del Estado ha permanecido refractario a principios de rendición de cuentas, y por qué los ciudadanos lo hemos permitido.

La revelación del diputado federal panista Gerardo Priego, que en días pasados regresó más de un millón de pesos que el resto de sus 500 compañeros se habrían embolsado justo en tiempos de obligada austeridad pública, no hace sino aportar nuevas pruebas de que estamos frente a un poder que no ha sido capacitado para usar su propio poder; que se burla del público y desafía el principio clásico de regularse a sí mismo.

No se trata de hechos aislados. La relación de privilegios y excesos en este ámbito exaspera al más paciente. Simples gastos administrativos de las fracciones parlamentarias -del tipo que el Poder Ejecutivo debe tener disponibles en Internet de acuerdo con la Ley de Transparencia- son sistemáticamente ocultados o declarados bajo reserva hasta por 12 años.

El gran ausente es el ciudadano que llevó al poder a estos legisladores tan reacios a rendir cuentas. Para madurar, una democracia exige de los electores una actitud vigilante, que con frecuencia incluye inundar al Congreso con cartas y reclamos.

Lo que ocurrirá en las próximas semanas en una excelente oportunidad para ello.

Una vez constituida, la Cámara de Diputados se convertirá en ventanilla en la que miembros del gabinete presidencial, gobernadores, rectores de universidades, directivos de organismos descentralizados y otros funcionarios se someterán al tan tortuoso como opaco proceso de cabildear en busca de beneficios para sus presupuestos.

Miles de millones de pesos serán asignados en forma discrecional, incluso caprichosa, con base en pactos políticos, dentro de una negociación en la que el propio gobierno federal resulta subordinado, las más de las veces en contra de los prioridades que pueda tener el gasto nacional.

Justo hace seis años, ese tipo de manejos empezó a fondear en el estado de México la locura de gastos que construyó el fenómeno de Arturo Montiel, en cuyo favor la cámara transfirió fondos a diversos proyectos y dependencias estatales –incluso casas de estudio-, que acabaron alimentando el enloquecido tren de gastos de mandatario, quien ambicionó la Presidencia de la República hasta que sus propios correligionarios lo demolieron al exhibir su caprichoso estilo de vida.

El eje de la disputa por los fondos públicos es la Comisión de Presupuesto de la cámara, que le corresponderá manejar al PRI por su nuevo peso parlamentario. Esa comisión despierta tanta codicia como la coordinación de toda la bancada. El diputado federal mexiquense Luis Videgaray Caso, polvo de aquellos lodos de Arturo Montiel y ex funcionario del gobernador Enrique Peña Nieto, está siendo impulsado con alarde de recursos para encabezar tal comisión. Parecen fundados los temores de que la historia se repita. Que estemos teniendo recuerdos del futuro.

Apuntes

UN FANTASMA recorre la administración Calderón: el fantasma de los ceses. Desde el exterior se le advertía cuando el PAN llegó a la cita electoral de julio pasado con 15 puntos de desventaja que mostraban todas las encuestas, menos las que Rafael Giménez realizaba para el gobierno como coordinador de Opinión Pública. El pánico se aceleró cuando a la luz del desastre en las urnas, el Presidente se reunió con integrantes clave del gabinete, en evaluaciones uno a uno. Ahora los propios funcionarios hablan de despidos, el equipo se halla pasmado, en espera de lo inevitable. Las versiones se concentran en Semarnat, Turismo, Economía y PGR, incluso en Hacienda.