Una cédula incómoda

Un documento gubernamental, con carácter “clasificado”, abre interrogantes sobre los motivos y los alcances de la Cédula de Identidad Ciudadana que impulsa la administración Calderón.  

      Casi 20 años después de establecerse como reforma constitucional –decretada en abril de 1990-, la propuesta de establecer una Cédula de Identidad para todos los ciudadanos enfrenta nuevas objeciones, en particular porque olvida que en este lapso nuestra vida política y el perfil del gobierno se han modificado dramáticamente.

      En círculos políticos y académicos circula un documento de trabajo “clasificado”, con fecha julio de 2007, elaborado por las secretarías de Gobernación, Hacienda y de la Función Pública, que de entrada consigna un punto clave de aquel decreto: “En tanto no se establezca el servicio de la Registro Nacional de Ciudadanos, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”. Y la nueva propuesta establece: “Por lo tanto, se extingue la Credencial para Votar…”.

      No incluye este documento una sola alusión a la reforma política concretada en 1996, que dio lugar al  Instituto Federal Electoral, cuyo motivo central fue quitar de las manos del gobierno la organización de los procesos electorales. Y una de las herramientas más poderosa para esto es el control de las credenciales para votar.

      El documento aludido, que puede usted encontrar íntegro en el blog de esta columna (expedientesabiertos09.blogspot.com), excluye al IFE al establecer que “la responsabilidad del proyecto corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Segob”, justo la entidad a la que tomó décadas, desde finales de los años 70, limitar su injerencia sobre el manejo de las elecciones.

      Lo mismo puede decirse de las bases de datos del propio IFE, que teóricamente deben ser ajenas a todo interés diferente, pero que son descritas como insumo base para el desarrollo del proyecto, que igual lo hace con las bases del sistema de salud y otros registros públicos en los que figuran datos personales que nunca fueron aportados por los ciudadanos pensando que caerían en manos de una autoridad política.

      Otro tema lo representa el control de los programas asistenciales del gobierno, los cuales también acumulan décadas de señalamientos de manipulación para efectos clientelares y electorales. El referido proyecto no sólo soslaya evidencias de desvíos en programas como Procampo -tan ampliamente documentados-, sino que camina a contrapelo de las propuestas para otorgar mayor transparencia a la asignación y ejercicio de esos recursos, tanto a nivel federal como los que ejercen esos enclaves de cacicazgo político en que se han convertido los gobiernos estatales.

      Se trata de una idea antigua, que nunca avanzó por preocupaciones similares, y que hoy sólo puede ser transitable con un enfoque múltiple, ajustado a las nuevas realidades del país.

Apuntes

• CÉSAR NAVA arribó sin mayores sustos a la dirigencia panista. Le corresponde  concluir el periodo de Germán Martínez. En 18 meses deberá pasar nuevamente por el  Consejo Nacional –cuya composición ya será otra- para buscar un segundo término que le permita conducir el proceso de sucesión del presidente Calderón. 
  
• EL PAN, por cierto, debe esclarecer por qué mientras los gobernadores priístas ganaron 8 de cada 10 de las diputaciones federales disputadas en sus estados, en San Luis Potosí el panista Marcelo de los Santos pareció jugarle las contras al blanquiazul, y en Morelos Marco Antonio Adame no movió a su equipo ni en defensa propia. 
  
• EL PRI de Sinaloa se cimbra por el “destape” prematuro del senador Mario López Valdez, orquestado por el ex mandatario Juan Millán. Una ruptura interna podría agravar lo ocurrido hace seis años, cuando el Institucional apenas logró un apretadísimo y controvertido triunfo. 
  
• EL IFAI encabezará los nombramientos presidenciales para cubrir vacantes en áreas clave como la Corte, la CNDH y el Banco de México. En el organismo federal de transparencia, que preside Jacqueline Peschard, se renovarán en septiembre dos posiciones de consejeros. El Senado dispone de un mes para objetar las designaciones, por lo que es posible que esta misma semana se den a conocer. Resulta deseable que se perfilen verdaderos conocedores del tema. Debe también ser hora de que los nombres seleccionados no surjan sólo de la metrópoli, sino también de los estados, lo que ayudaría a combatir la opacidad vigente en las regiones.