lunes, 12 de abril de 2010

Competencia ya

Nos tomó casi 20 años descubrir que se precisa un organismo que frene el saqueo social que representan los monopolios privados. ¿El Congreso podrá esta vez?

Desde 2006, cuando la llamada Ley Televisa arrodilló a los legisladores de ambas cámaras del Congreso, Felipe Calderón incluyó el tema de la competencia en sus conversaciones con diversos actores. El entonces candidato panista a la Presidencia refería en pláticas privadas su contrariedad con los monopolios, lo mismo en las telecomunicaciones (televisión, telefonía) que en otros muchos campos de la economía, como el cemento, los servicios bancarios, los refrescos y el transporte.

Iniciado su gobierno en diciembre de aquel año, el mandatario compartió con varios legisladores clave su deseo de fortalecer a dos organismos centrales, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), desde entonces encabezada por Héctor Osuna, a quien se atribuye servidumbre para con las televisoras, y la Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Motta, a quien se observa débil y aislado ante los poderes corporativos.

Desde los primeros meses de su administración, sin embargo, Calderón empezó perder ímpetu en el tema antimonopolios. Ello se atribuyó a los compromisos que habría asumido en su arduo camino hacia la Presidencia con algunos hombres del dinero, por conducto de su actual secretario de Economía, Gerardo Ruiz, quien según múltiples testimonios, desde sus primeros días en Los Pinos militó en contra de cualquier cambio que trajera mayor competitividad al país.

La pinza era cerrada por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien había sido consejero de muchas empresas que en su nuevo puesto le tocaba regular. “Si pierdo a estos amigos, conseguiré otros”, gustaba de decir a sus colaboradores cuando debía presentar un discurso enjundioso. La verdad es que como su antecesor, Pedro Cerisola, Téllez nunca dejó de cuidar a sus amigos, hasta que uno de ellos, sintiéndose marginado de algunos negocios, decidió emprender en su contra una campaña de espionaje y desprestigio que acabó echándolo del gobierno.

Tras muchos meses de espera por un litigio artificiosamente prolongado, el arribo a la Cofetel de Rafael del Villar y de Gonzalo Martínez Pous, más el aval de la Corte, parecía anunciar un cambio en ese ámbito, pero Calderón volvió a dudar. El nuevo secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, un político con oficio y sin compromiso con los múltiples intereses que regula la dependencia, parece a la expectativa de que su jefe determine el camino a seguir.

En ese contexto surgió la propuesta de Ley de Competencia que por vez primera dotaría a la CFC de herramientas al nivel de lo que ocurre con cualquier país moderno. Un marco normativo que la propia Comisión espera desde que fue creada, hace 17 años.

El tema ahora es si el Congreso será capaz de legislar de frente a los grupos que han logrado llevar a varios de sus incondicionales a no pocas curules en la Cámara de Diputados y escaños en el Senado. Resulta extraño que la propuesta presidencial haya sido enviada a San Lázaro, donde el proceso resultará más arduo y contaminado, en lugar de a Xicoténcatl, donde parecía haber más aliados y mayor consenso favorable.

De toda suerte, veremos qué papel juegan en el tema nuestros legisladores y si ahora sí, están a la altura de lo que el país espera de ellos.

Apuntes

OTRO TEMA de relevancia para los consumidores está dirimiéndose en la Cámara de Diputados. Se trata de una ley de datos personales que ha estado atorada en la Comisión de Gobernación que preside el diputado panista Javier Corral. Aquí también amplios intereses comerciales se oponen a que haya límites a la manipulación de bases de datos con las referencias propiedad de millones de personas.

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