En diciembre pasado, cuando PRI y PRD impulsaron en el Senado una reforma para refrendar concesiones a radiodifusores, en el PAN surgió una rebelión. Durante una reunión privada en Los Pinos, un grupo de legisladores panistas denunció que aquella propuesta contaba con el apoyo soterrado de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.
El balance fue que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, recibió instrucciones presidenciales de frenar el asunto haciendo valer su influencia sobre el Congreso, lo que hizo. No sabía entonces que cuatro meses después tendría que repetir la tarea, en condiciones mucho más complejas.
En aquella reunión se acordó que gobierno y PAN trabajarían una propuesta “integral”. El planteamiento aterrizó en el escritorio de Gómez Mont en febrero, en vísperas del nuevo periodo legislativo, de la mano de senadores como Gustavo Madero, Ricardo García Cervantes, Santiago Creel, y del diputado Javier Corral. El funcionario pidió tiempo para hacer consultas dentro del gobierno, y se fijó el término de la Semana Mayor para una nueva cita.
El documento fue entregado a Molinar Horcasitas, quien organizó una ronda de consultas. Fuentes cercanas a esa evaluación dijeron a Expedientes Abiertos que hubo un “rechazo pleno” de las televisoras, con el argumento de que se pretende regular contenidos. En cambio, el grupo de Carlos Slim –la iniciativa le impone tarifas de interconexión pero le ofrece acceso a servicios de televisión- expresó “apertura” a la negociación.
Entre los convocados estuvieron integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), organismo que según la propuesta, desparecería para dar paso a otro, con más atribuciones. Esta columna consultó a tres de los comisionados: uno se refirió a la propuesta como un “engendro jurídico”; otro dijo que sería “muy complicado” integrar un órgano regulador que resuelva sobre contenidos y criterios técnicos. El tercero expuso que prepararía una declaración de apoyo a la iniciativa “en lo que corresponde a telecomunicaciones”.
Tras la Semana Santa, en una nueva reunión, Gómez Mont dijo a los legisladores que la proximidad de las elecciones hacía inviable la propuesta, y les sugirió conversar con el dirigente panista César Nava, el cual se manifestó en el mismo sentido.
Un día antes, PRI y PRD habían reanudado gestiones en el Senado para impulsar la propuesta frenada en diciembre sobre refrendos a radiodifusores. Con ese antecedente, durante el encuentro con Nava Gustavo Madero advirtió que pese a la resistencia del gobierno, él presentaría la iniciativa en el Senado, a lo se sumó Corral, para hacerlo en San Lázaro.
En la bancada del PRD en Xicoténcatl se asegura que su coordinador, Carlos Navarrete, consultó con el presidente Calderón si su gobierno respaldaba la iniciativa de Madero y Corral, logrando como respuesta un ambiguo asentimiento. Ello atrajo respaldo perredista, lo que dejó solo al senador Carlos Sotelo, aliado con el líder senatorial priísta Manlio Fabio Beltrones en la propuesta de apoyo a los radiodifusores.
El nudo marino que resultó de todo esto anuló un impulso y el otro. Nuevamente, las fuerzas en torno al tema sumaban cero. En la tarea de un abrumado árbitro, el secretario Gómez Mont convocó a inicios de la semana pasada a la dirigencia de la cámara de la radio y la televisión, a la que se sumaron varios importantes radiodifusores. Ante ellos confirmó que el tema estaba en punto muerto. Pero les advirtió que el gobierno retomaría esta visión pasadas las elecciones; pidió evitar “actos ilegítimos de demérito” y sí en cambio, presentar “argumentos y tesis” en contra de la propuesta pues el tema, dijo, avanzará.
Ya se verá si es capaz de llevar estas palabras al campo de los hechos.
Apuntes
EN EL DF la Asamblea despachó en horas y casi sin debate, tres leyes (desarrollo urbano, establecimientos mercantiles, participación ciudadana) esenciales para la ciudad y sometidas a los apetitos de grupos perredistas. El paquete incluyó destrabar la Supervía Poniente, lo que deja de lado objeciones que van desde daños ecológicos al Desierto de los Leones, hasta alerta porque la obra, estimada en 5 mil millones de pesos, será asignada sin licitación a uno de los constructores preferidos del gobierno de la ciudad.
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