PAN: El desafío a Calderón

¿Quién aprovechó la rabieta de Roberto Gil Zuarth? ¿Sólo los ambiciosos Jorge Manzanares y Patricia Flores, o están ahí también algunos poderosos de Monterrey?



Aquellos que hasta hace unas semanas mostraban reservas ante el arribo de Gustavo Madero a la presidencia de Acción Nacional, por su cercana relación con el presidente Felipe Calderón, han descubierto que la otra alternativa es un grupo de mercaderes que busca tomar por asalto al partido en el poder.

El diputado Roberto Gil Zuarth, considerado una estrella panista en ascenso, al que se le atribuye una rabieta por no ser designado secretario de Gobernación, lo que lo habría hecho lanzarse en pos de la dirigencia panista, decidió ponerse en manos de una facción formada a la sombra de Calderón, pero de la cual el mandatario ha tomado clara distancia en reuniones privadas, según comentaron a este espacio testigos directos.

Tal facción incluye al estratega electoral Jorge Manzanera, a “La Jefa” Patricia Flores y, según las evidencias disponibles, a diversos empresarios de Nuevo León cuyos intereses representa el actual alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal.

Llama la atención el oscuro ingeniero Manzanera Quintana. Los registros disponibles lo ubican a inicios de los 90 como número dos del PAN en Chihuahua, al lado de Manuel Espino. A mediados de esa década ya era secretario Electoral en el PAN nacional cuando Calderón fue presidente, y operador central de campañas del blanquiazul desde 1997, sea bajo encargo de su partido, sea haciendo negocios con su empresa “Desarrollo y Operación de Campañas”, S.A. (DOCSA), que lo mismo organiza un mitin, compra voluntades, controla casillas o litiga ante autoridades electorales. Por años, en cada plaza donde el PAN ganaba, Manzanera y DOCSA obtenían contratos millonarios por asesoría.

Su estrella se derrumbó en 2009, cuando era secretario general adjunto con Germán Martínez y había colocado en la secretaría Electoral a su mano derecha, Alejandro Villalobos. En los comicios de ese año Acción Nacional fue humillado: retrocedió en más de cuatro millones de votos, además de perder gubernaturas y otras plazas clave.

Este tema recobró vigencia apenas el sábado último, durante una reunión del Consejo Nacional panista, el mismo órgano que en diciembre designará a quien relevará a César Nava en la presidencia.

Como el Consejo tenía en agenda revisar las deudas surgidas del proceso 2009, Manzanera, Germán Martínez y otros buscaron impedir el quórum necesario para que el organismo sesionara. No pudieron, lo que quizá anticipe lo que ocurrirá en la elección de presidente.

Fue necesario esperar dos horas para que el Consejo iniciara discusiones, que revelaron un panorama incómodo: Martínez y Manzanera gastaron 600 millones de pesos en el proceso electoral, 400 de ellos obtenidos mediante un préstamo bancario que vence en 2012, en plena campaña presidencial. Otro dato: durante su gestión como presidente, Martínez se asignó sueldo de secretario de Estado.

Así opera el equipo Manzanera-Flores-Larrazábal, que se ha echado a cuestas la campaña de Gil Zuarth, impugnada por otros dos contendientes, la senadora Judith Díaz y por Francisco Ramírez Acuña, pues el referido diputado federal no cumple principios establecidos en los Estatutos de su partido.

Este equipo ya operó en septiembre pasado cuando logró imponer como dirigente juvenil del blanquiazul al neoleonés Jonathan García. En esta ocasión presumiblemente no tienen los votos necesarios para ganar la presidencia nacional panista por sobre Gustavo Madero. Pero han decidido jugar a las vencidas con el bloque mayoritario del PAN y con el propio presidente Calderón.



Apuntes: CNDH imprudente


LA TRANSPARENCIA no vive sus mejores momentos. Entidades federales como la PGR, Función Pública y Hacienda se resisten a la apertura y presionan en busca de una regresión. En este contexto, en marzo pasado el IFAI, órgano garante de la transparencia y la protección de datos personales, ordenó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) revelar la lista de créditos fiscales cancelados. Lo que ha seguido forma un catálogo de maniobras administrativas y judiciales por parte de la autoridad para no cumplir con su obligación. A ese baile se sumó la CNDH, que encabeza Raúl Plascencia, la cual auspició una queja de ciudadanos beneficiados por cancelaciones del SAT. La CNDH pidió al SAT no liberar la información respectiva, a lo que el SAT se allanó, muy contento. Con ello la CNDH parece prestarse a una burla a la ley y a resoluciones judiciales que limitan sus atribuciones en este campo. El IFAI protestó. El asunto acabará en la Corte, que ha ido eludiendo tomar postura en estos temas.